Stella Calloni*
La Corte Suprema de Justicia de Argentina
declaró por mayoría de tres jueces contra dos, que el beneficio del 2 por 1 que
permite contar doble los días que se pasan sin sentencia firme a partir del
segundo año de detención, es aplicable para la penas por delitos de lesa
humanidad, lo que beneficia a los condenados por esos crímenes durante la
dictadura militar (1976-1983).
La decisión, que provocó un fuerte impacto en los organismos de
derechos humanos locales y del mundo, y en sectores políticos, fue firmada por
Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti –ambos jueces
nombrados por el presidente Mauricio Macri– y se abstuvieron Ricardo
Lorenzetti, presidente de la Corte, y el juez Juan Carlos Maqueda, que
consideran que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.
Esto es abominable. El gobierno intenta borrarnos, advirtió
Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en su primera
reacción, antes de una conferencia de prensa.
También estiman que no es una coincidencia que la cúpula de la
Iglesia católica planteara la reconciliación entre las familias de las víctimas
del terrorismo de Estado y la de los militares responsables de estos crímenes,
condenados por juicios históricos.
Basurean la memoria de nuestros hijos. Es un día nefasto,
sostuvo Taty Almeyda, de Madres Línea Fundadoras, que el pasado 30 de abril
cumplieron 40 años de lucha contra la impunidad, la memoria, la verdad y la
justicia.
En la conferencia de prensa señalaron que esa reducción no es
aplicable a los delitos de lesa humanidad. Es una estafa a la moral social, nos
están destruyendo no sólo en lo económico, sino en lo moral. Estoy indignada,
sorprendida. Nos están destruyendo física y moralmente. Es un retroceso. Es una
justicia impura, dijo De Carlotto, y expuso: estos delitos no prescriben hasta
saber el destino de los desaparecidos y de los nietos apropiados.
La presidenta de Abuelas denunció que la resolución del máximo
tribunal deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por
delitos de lesa humanidad queden en libertad.
Destacó que a los organismos les llama la atención que la juez
Elena Highton de Nolasco haya cambiado la postura que mantuvo en años
anteriores en causas por delitos de lesa humanidad. Votó en el sentido opuesto
y en línea con los vientos de impunidad vigentes, dijo. También convocó a todo
el pueblo a “defender los derechos conquistados que son la clave para
garantizar el ‘nunca más’ en nuestra sociedad”.
Para Charly Pisoni, de la organización HIJOS, este fallo
demostró que los organismos defensores de derechos humanos tenían razón cuando
objetaron las designaciones de los jueces Rosatti y Rosenkrantz, porque no
tenían la idoneidad moral para ocupar esos cargos. Esta decisión hace que
nuevamente nos encontremos con los asesinos de nuestros padres en las calles,
señaló.
Horacio Verbistky, presidente del Centro de Estudios Legales y
Sociales dijo que se trata de “una ofensiva llevada adelante con notable
hipocresía. No puede haber reconciliación porque ninguno de los genocidas
admitió los crímenes ni pidió perdón ni buscó reparar el daño causado, añadió.
En el otro extremo, Cecilia Pando, defensora de la dictadura que
considera a los detenidos por delitos de lesa humanidad, como presos políticos,
tuiteó exultante: ¡Excelente fallo de la Corte!
También el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj,
defendió el fallo y dijo que siempre estuvo de acuerdo con que los derechos
humanos son para todos y por sobre todos nosotros está el marco regulatorio de
la ley.
*Corresponsal de La Jornada de México en Argentina
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