Los regímenes de excepción son el tipo de sistema político
que corresponde a los gobiernos de restauración liberal. En Argentina, en
Brasil, en Ecuador, se revelan como el modelo político compatible con gobiernos
que reaccionan en contra de los gobiernos populares, antineoliberales.
Son sistemas basados en la judicialización de la política,
como forma de criminalizar a los líderes populares, así como a los movimientos
sociales y a las formas alternativas de medios de comunicación. Una alianza
entre los medios monopólicos de comunicación, los partidos de derecha, sectores
del Poder Judicial y de la policía son el bloque político que implementa los
regímenes de excepción.
Un rasgo típico de esos regímenes de excepción es la
persecución a los líderes populares, por lo que representan como defensa de los
programas antineoliberales, de extensión de los derechos sociales y políticos,
de soberanía nacional, de crecimiento económico y de expansión del mercado
interno de consumo de masas.
Típicos de la coyuntura política actual son los intentos de
excluir a los líderes más populares que esos países han tenido en este siglo de
la posibilidad de que puedan volver a ser candidatos a presidentes. Lo que ha
pasado recién en Ecuador es una expresión más de que regímenes que adhieren a
proyectos antipopulares y antidemocráticos tienen como obsesión excluir la
posibilidad de enfrentarse a candidaturas que representan exactamente lo que
ellos tratan de contradecir.
Lo que confirma que el gobierno de Moreno traiciona el
mandato que ha recibido es que nada de lo que hace –incluso el referendo–
estaba en su programa electoral y deja de defender lo que sí estaba en ese
programa. Pone la responsabilidad de la situación económica en los supuestos
gastos excesivos del gobierno de Rafael Correa, precisamente como dice la
derecha ecuatoriana. Y como hacen las derechas de Argentina y de Brasil.
Para defender ese tipo de posición, no puede enfrentarse a
Correa, que representa exactamente lo opuesto. Entonces tiene como objetivo
central su exclusión como posible candidato que proponga el retorno del
programa más exitoso de la historia de Ecuador.
Así como también la derecha boliviana se empecina en
intentar que Evo Morales pueda ser candidato de nuevo. Sabe que no puede
enfrentarlo en una campaña democrática, por eso le gustaría excluirlo. A la vez
que desarrolla la campaña mediática –en la prensa tradicional y en internet–
más sucia que Bolivia ha conocido, similar a la que hizo para el referendo con
la absurda invención de una supuesta amante e hijo clandestino de Evo.
Trata de rebelar a sectores de clase media que se sienten
incomodados por la afirmación de los derechos de la masa indígena del pueblo
boliviano, por eso desarrolla campañas racistas, de discriminación, con
mentiras y acusaciones falsas. Sabe que es la única manera de conquistar apoyos
para disputar con Evo Morales, responsable del gobierno que ha transformado de
la manera más extraordinaria a Bolivia.
De la misma manera, en Argentina se busca criminalizar a
Cristina Kirchner, para intentar excluirla, vía judicialización de la política,
de la posibilidad de que vuelva a disputar la presidencia del país y ejercer
plenamente su liderazgo popular, sin las absurdas acusaciones con que intentan
ensuciar su prestigio y su apoyo popular. Conforme el gobierno de Macri va
perdiendo apoyo, resultado sobre todo de su política económica antipopular
favorable a los bancos, necesita intensificar los ataques a Cristina, para
buscar que no se imponga la comparación central en el país, entre el gobierno
antineoliberal de ella y el gobierno neoliberal de Macri.
Lula es objeto de la más monstruosa campaña de persecución
política, paralela al apoyo popular expresado en todas las encuestas, que lo
convierte en el único líder brasileño en condiciones de pacificar el país y
retomar un proyecto que ha hecho crecer la economía con una distribución de
renta como Brasil nunca había conocido. Se suceden los procesos, al mismo
tiempo que explotan los escándalos en torno a los mismos jueces que lo acusan,
por recibir sobrepagos para vivienda –aun teniendo fastuosas casas propias–,
como forma de superar el techo salarial que podrían recibir. Moro lo justifica
como forma de aumentar los sueldos millonarios que ya tienen.
Se suman así las persecuciones a Lula, a Evo Morales, a
Rafael Correa, a Cristina, como formas de intentar excluirlos de la disputa
política via judicial e intentos de destrucción de imagen pública. Es otro
rasgo de los regímenes de excepción que se han instalado en Argentina, en
Brasil y que ahora surge en Ecuador y que es el proyecto de la derecha en
Bolivia.
La izquierda, el movimiento popular, todos los que defienden
la democracia en nuestros países, tienen que empeñarse a fondo en la
resistencia en contra de los regímenes de excepción, en la denuncia de su
carácter antidemocrático, en su objetivo de restauración neoliberal. De ese
enfrentamiento depende el futuro del continente por mucho tiempo.
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