La prensa mundial dedica a diario extensos espacios (de
preferencia titulares y columnas de opinión) para resaltar todas las
dificultades por las que atraviesa el pueblo venezolano. Al hacerlo, siempre
culpa de ello a la gestión del presidente, Nicolás Maduro. Periodistas,
opinólogos, cantantes, actores, académicos y políticos opinan con fruición en
los principales medios del mundo acerca de Venezuela. Pero esa obsesión
mediática con el país caribeño siempre oculta una variable clave para cualquier
análisis mínimamente riguroso: el bloqueo.
Al igual que ha ocurrido por décadas con Cuba, se juzga y
critica el proceso político y la situación venezolana como si no existiera esa
tremenda variable. No es novedad que un país cuyo Gobierno intenta hacer una
política interior y exterior de manera independiente y que, además, plantea una
crítica al sistema capitalista sea bloqueado brutalmente. Le ocurre a Cuba
desde hace mas de 50 años. Le ocurrió al Gobierno de Salvador Allende quien,
desde el inicio de su mandato, tuvo que lidiar con un bloqueo económico
internacional que impulsó el congelamiento de las ventas del cobre en el
exterior. De hecho, en su discurso de diciembre de 1972 ante las Naciones
Unidas, Allende denunció “el bloqueo financiero y económico ejercido por los
Estados Unidos”. Lo mismo hizo este año el presidente Maduro en las 73a Asamblea
General de las Naciones Unidas.
La estrategia es la misma: bloquear política y
económicamente a los países disidentes (o sea, soberanos) y ocultar
mediáticamente el bloqueo, así como sus consecuencias, ante la opinión publica
mundial. Le ha pasado a Cuba, le ocurrió a Chile y le sucede a Venezuela.
Sin embargo, en cada caso el bloqueo adquiere expresiones y
modalidades particulares. Para el caso de Venezuela podemos distinguir cuatro:
1) bloqueo a través de decretos extraterritoriales, 2) bloqueo a través de
intermediarios, 3) bloqueo mediante agencias de calificación de riesgo y, 4)
bloqueo informativo impulsado por las corporaciones mediáticas.
La primera modalidad se formalizó el 9 de marzo de 2015,
cuando Barack Obama firmó un decreto ejecutivo que declaró a Venezuela como una
“amenaza inusual y extraordinaria”. Literalmente, este decreto dice: “Por medio
de la presente, informo que he emitido una Orden Ejecutiva declarando una
emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria para la
seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada por la
situación en Venezuela”. Esa orden ejecutiva se ha ido extendiendo en el tiempo
y ampliando en sus efectos. En mayo de 2018, Donald Trump, en respuesta a la
insolencia chavista de convocar (una vez más) a elecciones, decretó sanciones
del Departamento del Tesoro para prohibir la compra, por parte de ciudadanos
estadounidenses, de cualquier deuda del Gobierno de Venezuela, incluidas las
cuentas por cobrar. Estas sanciones incluyen al Banco Central y a la estatal
petrolera PDVSA. Al día de hoy, Venezuela no puede hacer uso del Dólar como
moneda internacional, ni puede negociar ninguna transacción internacional a
través de dicha divisa. Esto implica la imposibilidad de negociar la deuda
externa, ya que la mayoría de los contratos de deuda pertenecen a jurisdicción
estadounidense.
En esa línea, gran parte del sistema financiero
internacional ha venido propiciando, en los últimos años, un esquema de bloqueo
hacia las operaciones financieras de Venezuela. Se han sucedido cancelaciones
unilaterales de contratos de corresponsalía bancaria del Citibank, Comerzbank,
Deutsche Bank, etc. Desde julio de 2017, el agente de pago de los bonos
emitidos por PDVSA, Delaware, informó que su banco corresponsal (PNC Bank) en
Estados Unidos se negaba a recibir fondos provenientes de la estatal petrolera.
La segunda forma, el bloqueo mediante intermediarios, es una
expresión propia de estos tiempos. El objetivo es evitar que cualquier
intermediario que realiza transacciones con Venezuela las lleve a cabo,
impidiendo toda interacción y relacionamiento de Venezuela con empresas de los
Estados Unidos. Y no sólo de allí: el Novo Banco (Portugal) notificó en agosto
de 2017 la imposibilidad de realizar operaciones en dólares con instituciones
públicas venezolanas por bloqueo de intermediarios. Se impide, así, que los
intermediarios de pago actúen, bloqueando cualquier acción de pago. Esta
modalidad ha tenido consecuencias humanitarias en tanto se han visto afectadas,
por ejemplo, las compras de medicamentos y de alimentos.
En 2017, 300 mil dosis de insulina pagadas por el Estado
venezolano no llegaron al país porque el Citibank boicoteó la compra de este
insumo. El banco estadounidense se negó a recibir los fondos que Venezuela
estaba depositando para pagar la importación de este inmenso cargamento,
necesario para los pacientes con diabetes. En consecuencia, la insulina quedó
paralizada en un puerto internacional, a pesar de que existían los recursos
para adquirir el medicamento. A eso se suma que el laboratorio colombiano BSN
Medical impidió la llegada de un cargamento de Primaquina, medicina usada para
tratar la malaria. Un total de 23 operaciones en el sistema financiero
internacional fueron devueltas (entre ellas 39 millones de dólares para
alimentos, insumos básicos y medicamentos). Finalmente, desde noviembre del año
pasado, 1.650 millones de dólares de Venezuela destinados a la compra de
alimentos y medicinas están secuestrados por parte de la empresa de servicios
financieros Euroclear, en cumplimiento de las sanciones del Departamento del
Tesoro de EE. UU.
El bloqueo de intermediarios no sólo apunta a las
operaciones financieras. También afecta la movilidad de los venezolanos en los
más diversos ámbitos. Desde 2014 se han ido de Venezuela Air Canada, Tiara Air,
Alitalia, Gol, Lufthansa, Latam Airlines Aero México, United Airlines, Avianca,
Delta Airlines, Aerolíneas Argentinas, etc. Es cada vez mas difícil llegar por
aire a Venezuela.
También las agencias de viaje se unen al cerco. Por ejemplo:
15 boxeadores venezolanos no pudieron presentarse al evento clasificatorio para
los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 (CAC), debido a la imposibilidad
de llegar a un acuerdo con las agencias, las cuales pusieron varias
limitaciones, entre ellas, el precio del pasaje: éste pasó de 300 a 2.100
dólares por persona al enterarse la empresa que se trataba del traslado de la
Federación Venezolana de Boxeo. Cuando, luego, un privado ofreció un vuelo
chárter para trasladar al equipo, Colombia y Panamá no autorizaron el uso de
sus espacios aéreos, por lo que México también decidió negarse a ceder su
espacio para el vuelo. Antes había ocurrido una situación similar con la
selección femenina de voleibol. Este año, Guatemala negó visados a la selección
de rugby venezolana para participar en el Sudamericano 4 Naciones B y, también,
a la selección nacional de lucha para el Campeonato Panamericano.
También se bloquea las expresiones culturales: a principios
de año, el banco italiano Intensa Sanpaolo bloqueó los recursos para la
participación del pabellón de Venezuela en la XVI Bienal de Arquitectura de
Venecia. Como un “crimen cultural” lo calificó el Ministro Ernesto Villegas
quien logró, tras arduas gestiones y denuncias, romper ese cerco.
Y no sólo vemos trabas para que manifestaciones culturales y
deportivas venezolanas salgan al exterior y representen a sus país, puesto que
el boicot también opera a la inversa: artistas y deportistas de otros países se
niegan a ir a Venezuela y, con desparpajo, hablan acerca del Gobierno
venezolano y del chavismo. Tal vez Miguel Bosé y Jaime Bayly son los ejemplos
más esperpénticos en ese sentido. Este boicot cultural y deportivo es muy
efectivo a la hora de incidir en la opinión pública mundial y una poderosa
herramienta para la construcción de un sentido común negativo hacia Venezuela,
debido a la popularidad de quienes como Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Kevin
Spacey, Gloria Stefan o Francisco Cervelli (receptor de los Pittsburg Pirates)
diseminan propaganda negativa, en un contexto de bloqueo multidimensional.
La tercera modalidad se expresa a través de la arbitraria e
injusta calificación de riesgo que hacen las agencias. El riesgo país (RP)
otorgado por las agencias de calificación es improcedente si observamos el
cumplimiento de Venezuela con el pago de la deuda externa. En los últimos 4
años la República ha honrado sus compromisos de pago por un total de 73.359
millones de dólares. No obstante, el RP ha seguido subiendo. Como denuncia el
economista Alfredo Serrano, “van 32 meses en los últimos 14 años en los que el
RP contra Venezuela ha subido, a pesar del incremento del precio del petróleo.
En la actualidad, el RP, dado por JP Morgan (EMBI +), se encuentra en 4.820
puntos, es decir, 38 veces más de lo que le asignan a Chile, aun cuando este
país tiene una ratio de deuda/PIB similar al venezolano. Todo esto encarece y
prácticamente impide cualquier posibilidad de obtención de créditos”.
Estos tres bloqueos están teñidos de cinismo y paradojas:
mientras que, por un lado, la prensa mundial denuncia ‘hambruna y crisis
humanitaria’ en Venezuela, por otro, en acción coordinada, países e
instituciones proestadounidenses bloquean el ingreso de medicamentos y
alimentos al país. Mientras el Grupo de Lima, Estados Unidos y la Unión Europea
muestran consternación por la emigración venezolana, las lineas aéreas de esos
mismos países abandonan el territorio. Y, en tanto se cumplen los compromisos
de pago, aumenta el riesgo país.
Es una absurda inversión de la realidad. Sin embargo, por
muy absurda que sea se sostiene ideológicamente gracias a la cuarta modalidad
de bloqueo: el mediático. Este bloqueo también es muy paradojal pues Venezuela
es el país del que más hablan los medios de las corporaciones internacionales.
Se trata, pues, de un ‘bloqueo ruidoso’, diferente, por ejemplo, al bloqueo
silencioso que hay respecto de Guantánamo, de las masacres en Yemen y Palestina
o de los constantes asesinatos de periodistas en México. Por el contrario, con
Venezuela hay profusión informativa, continuidad de agenda escandalera y festín
verborrágico .
Efectivamente, durante el 2017, sobre una muestra de 90
medios estadounidenses, se contabilizaron 3.880 noticias negativas sobre
Venezuela, es decir, una media de 11 diarias, encabezadas por Bloomberg y el
Miami Herald. En cuanto a las agencias, Reuters y AFP juntas reúnen el 91% de
las noticias negativas. A su vez, el diario El País de España mencionó a
Venezuela en ¡249! de las 365 ediciones del 2017, casi a diario y siempre
negativamente. Y si eso parece una exageración, falta el adjetivo adecuado para
calificar lo de la cadena alemana Deutsche Welle (DW): ésta publicó 630
noticias sobre el presidente Maduro…¡casi 2 diarias! Para el caso de la prensa
latinoamericana son los medios de México, Colombia y Chile (es decir, los
principales integrantes de la Alianza del Pacífico), los que más y con menor
rigor periodístico informan: 4.200 noticias negativas aparecieron en México el
2017, 3.188 en Colombia y 3.133 en Chile.
¡Ninguna mencionó el bloqueo!
El cerco mediático opera generando inmenso ruido y, a la
vez, invisibilizando tanto al bloqueo como al pueblo chavista. Ambos no existen
en los medios de las corporaciones y, al no existir ambos, la opinión pública
mundial, que mayoritariamente accede a información sobre Venezuela a través de
la agenda informativa hegemónica, es proclive a formarse una visión sesgada de
la realidad.
Esa es la fórmula del bloqueo actual, impulsado a modo de
política exterior por los Estados Unidos contra los países periféricos que,
como Venezuela, buscan construir con soberanía sus propios caminos. Podemos ver
una continuidad con los casos de Cuba y Chile durante el siglo 20, pero también
vemos rasgos característicos del siglo 21 y de esta etapa del imperialismo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario