Ignacio Díaz - https://www.rebelion.org/noticia.php?id=216168
¿Y ahora qué? La pregunta resuena en cada rincón de América
Latina. La incógnita por el futuro del país más grande de la región está
instalada en casi todas las sedes de gobierno del mundo y miles de
organizaciones políticas y sociales intentan anticipar las consecuencias de lo
que ha ocurrido. Un proceso de impeachment (juicio político) sin base jurídica
llegó hasta la última instancia, puso al mando del país a un Presidente no
electo y revirtió una decisión tomada en las urnas por 54 millones de personas
hace menos de dos años.
La clausura de esa instancia política fundamental, pese a la
notoria pérdida de popularidad de quien fue electa presidente, Dilma Rousseff,
plantea un dilema central para el futuro nacional y latinoamericano. Si las
democracias burguesas se sostienen en base al voto de los ciudadanos casi como
única instancia de participación popular, ¿por dónde se canalizará el
descontento social sin esa posibilidad?
El sistema político brasileño está atravesado por la
corrupción, como muestran los avances judiciales del proceso denominado Lava
Jato, y cada vez se aleja más del grueso de la población, que reclama
elecciones anticipadas para elegir un nuevo presidente. Michel Temer apenas
tiene el apoyo de entre el 10 y 14% de los brasileños según encuestadoras
pero, sin haber sido elegido, podría ocupar el cargo máximo del país hasta el 1
de enero de 2019.
Giro político
El débil gobierno al mando del país se propone tareas de
gran magnitud e impopularidad, que probablemente deterioren aún más su pequeña
base de sustentación social. La silbatina masiva que recibió en la inauguración
de los Juegos Olímpicos en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y lo hizo
desistir de participar de la ceremonia de cierre junto al primer ministro
japonés Shinzo Abe (Tokio será la próxima sede olímpica) le demostró a Temer
que su punto de partida es el repudio generalizado.
Su objetivo no es sin embargo ganar apoyos masivos, aunque
necesita garantizarse un margen mínimo de gobernabilidad. La Federación de Industrias
de San Pablo (Fiesp) y otras importantes organizaciones empresariales, los
grandes capitales extranjeros (“los mercados”) y fuerzas políticas de derecha
como el Partido de la Social Democracia Brasileña (Psdb) son sus verdaderos
apoyos. A cambio, debe llevar adelante los planes de ajuste que le exigen. Por
eso el Psdb no afloja la presión y llevará hasta el final su denuncia ante el
Tribunal Supremo Electoral contra la candidatura Rousseff-Temer de 2014 por
financiamiento ilegal, que en última instancia podría anular el resultado de la
elección. No buscan eso, pero reclaman un mayor ajuste fiscal.
Temer tendrá su primera presentación internacional el 4 y 5
de septiembre en China, en la cumbre del G-20. Allí buscará celebrar reuniones
bilaterales, firmar nuevos acuerdos comerciales con China y captar inversiones
extranjeras. Irá con un anzuelo: el amplio plan de privatizaciones que prevé
anunciar e implementar para reducir el elevado déficit fiscal, agravado desde
la suspensión de Dilma.
Después, en Brasilia, se discutirá el centro del programa
que burló las urnas. Tres proyectos fundamentales llegarán al Congreso en
cuanto sea posible: las reformas laboral y jubilatoria y una enmienda
constitucional para impedir el aumento real del gasto público. Los contenidos:
aumento en diez años de la edad mínima jubilatoria y en cinco años el tiempo necesario
de las contribuciones; reducción de derechos laborales como el aguinaldo, horas
extras, vacaciones, duración de la jornada; prohibición constitucional del
crecimiento del gasto real en educación, salud y viviendas durante 20 años. “Va
a imponer que las reglas del trabajo sean firmadas solo entre las dos partes,
obreros y patrones. Y promete aprobar una ley en el Congreso que libere la
venta de tierras al capital extranjero”, advirtió el fundador del Movimiento
Sin Tierra (MST), João Pedro Stedile.
A esto hay que sumarle medidas concretas contra la
agricultura familiar; obligatoriedad de pagar planes de salud; cierre de las
fronteras a los refugiados sirios; recortes en programas educativos;
eliminación de la exclusividad de Petrobras para la explotación de los
yacimientos de petróleo en aguas profundas; retiro del paquete de leyes
anticorrupción enviado por Dilma al Congreso.
Otro giro de envergadura se desenvuelve ya en el campo de
la política internacional. Durante los gobiernos de Lula y Dilma, Brasil
confrontó a Estados Unidos en la región, apoyó la incorporación de Venezuela al
Mercosur, trabajó en la edificación de Unasur y fundó el grupo Brics junto a
China, Rusia, India y Suráfrica. Con José Serra –del Psdb– en la cancillería,
Brasilia se desplaza nuevamente hacia la órbita de Washington.
Obstáculos sociales
En este nuevo escenario la cuestión clave a dilucidar es
cuánto margen social tiene Temer para encarar las medidas que se le exigen, más
allá de tener el apoyo de ambas cámaras en el Congreso. Hasta ahora, decenas
de fuerzas sindicales, estudiantiles y campesinas –entre otras– vinculadas al
Partido de los Trabajadores (PT) y otros sectores de izquierda se han
organizado en torno al Frente Brasil Popular, para formar una gran alianza “en
defensa de la democracia y de otra política económica”. Si bien su objetivo
inmediato fue enfrentar el golpe parlamentario con fachada institucional, se
reunieron en torno a cuatro puntos: defensa de los derechos de los
trabajadores; ampliación de la democracia y la participación popular; campaña
por reformas estructurales (del Estado, política, del poder judicial, de la
seguridad pública, de los medios de comunicación, agraria, urbana, de salud,
de la educación y tributaria) y defensa de la soberanía nacional.
Otra alianza de organizaciones, pero sin la presencia formal
del PT, es el Frente Pueblo Sin Miedo. Ambos ya tienen casi un año de
existencia y tienden a la confluencia. Sin embargo todavía no ha habido
grandes movilizaciones de masas y, pese a la creciente insatisfacción social,
los que salen a las calles por ahora son sólo los militantes.
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