Derechos Humanos en Argentina

Por Virtudes Della Santa* - http://www.debatemendoza.com.ar/derechos-humanos-en-argentina/

La política de derechos humanos inaugurada en 2003 representa un profundo vuelco respecto de los gobiernos anteriores.

Tras la recuperación de la democracia, en 1983, el gobierno de Alfonsín envía a juicio a las Juntas Militares que habían ocupado el poder desde 1976, lo hace tras haber intentado primero que las juzgaran los propios militares y haber dictado las instrucciones a los fiscales con el objeto de acelerar y limitar las causas por crímenes de lesa humanidad. Luego vendría la ley de Punto Final, con el fin de reducir los casos que se elevarían a juicio, y después de los alzamientos carapintadas, se dictaría finalmente la Ley de Obediencia debida, que restringió la posibilidad de encausar a los ejecutores de las órdenes aberrantes.

Tempranamente aparecieron diferencias respecto a esta política de derechos humanos, tanto con relación a la CONADEP, a la que los organismos de derechos humanos oponían la creación de una Comisión Bicameral con amplios poderes para ingresar en los recintos militares, hasta las leyes de la impunidad, que fueron repudiadas ampliamente, aún en el clima de creciente ahogo que vivía la democracia recién estrenada.

Menem definitivamente decide tomar un camino distinto, pretende la reconciliación, para ello dicta los indultos, para militares y miembros de las organizaciones armadas, plenamente congruente con la teoría de los dos demonios, e implementa una política indemnizatoria, sólo subsisten las investigaciones por las apropiaciones de niños. Es en ese marco de absoluta impunidad que surge la agrupación H.I.J.O.S. y la consigna Si no hay Justicia, hay escrache.

El gobierno de la Alianza, no hizo más que continuar con estas políticas, pese a los reclamos sobre este tema, y decididamente protegió a figuras como Jorge Olivera,  que había sido detenido en Italia y cuya extradición había sido reclamada en un juicio llevado adelante en Francia por la joven Marie Anne Erize.

Pese a que la política oficial desde el gobierno de Menem fue la reconciliación y el olvido, en 1998 se inician los Juicios por la Verdad, llevados adelante en las ciudades de La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata y Mendoza, iniciados por los organismos de derechos humanos, estos procesos no podían arribar a la condena de los responsables pero tenían por objeto establecer el destino de las personas que habían sido secuestradas y torturadas por el Terrorismo de Estado.

Este escueto e imperfecto recordatorio de lo vivido en materia de derechos humanos tras décadas de impunidad, tiene por objeto poner en su justo valor las políticas de Memoria, Verdad y Justicia inauguradas en 2003 con la presidencia de Néstor Carlos Kirchner.

Es, desde luego desafortunado, especialmente, de parte de quienes acompañaron con callada y obstinada obsecuencia los años de silencio y olvido, calificar a las decisiones tomadas por el kirchnerismo como meras especulaciones electorales. Si ese hubiera sido el caso ni Menem ni De la Rúa hubieran sido refractarios a avanzar en el juzgamiento de los genocidas.

Pero es también desacertada la actitud de las organizaciones autoproclamadas de izquierda que pretende denostar a los organismos de derechos humanos que apoyan al kirchnerismo como cooptados.

A esos compañeros, fraternalmente, les recuerdo que la trayectoria en especial de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, enfrentadas con los genocidas en plena dictadura, no deja lugar a dudas del coraje de estas valiosas mujeres, ellas estuvieron allí donde ningún otro osaba estar. Nunca se olviden de eso.

Los avatares sufridos en los años del más crudo neoliberalismo, en los que fueron objeto de persecución y escarnio, y simultáneamente de reducirlo todo a una ecuación reparatoria, pusieron a prueba su integridad ética. Algo que no muchos pueden decir, ni siquiera en sutiles murmullos.

Es llamativo además que la crítica venga sostenida desde la espúrea alianza con sectores que como la Sociedad Rural Argentina, que fue principalísimo actor del Terrorismo de Estado, ubicando en la cúspide misma del manejo de la economía a uno de sus más connotados miembros como José Alfredo Martínez de Hoz.

No hay, pues, conveniencia en sostener una política de Memoria, Verdad y Justicia, salvo aquella que está atada a las propias convicciones y a las lealtades con los compañeros detenidos-desaparecidos. En el mismo sentido, la posición de los organismos obedece ni más ni menos a lo que por décadas se exigió de cada uno de los gobiernos que precedieron a la dictadura genocida que los Derechos Humanos fueran una política de Estado.

A este punto hemos llegado, con represores enjuiciados y condenados, con algunas víctimas identificadas, con más nietos recuperados, todos los 24 de marzo hay en las escuelas jornadas de reflexión, tenemos sitios señalados como lugares del horror para que el NUNCA MÁS sea verdaderamente una realidad, no es poco, nunca será suficiente, porque la proyección de los derechos humanos, se extiende a las cárceles y todos los lugares de encierro, que deben poseer condiciones de higiene y seguridad, de dignidad para la efectiva resocialización, a la preservación compulsiva de las garantías en todos los procesos judiciales, que es la condición de posibilidad para llegar a la verdad, a la estricta prohibición de la tortura y el gatillo fácil y a su efectivo castigo, para tomar los temas más lacerantes, pero que desde luego abarca y se resignifica en las palabras de nuestros pueblos originarios cuando hablan del Buen Vivir.

No hay futuro sin memoria, ni ningún orden justo puede surgir de la injusticia, y continúo creyendo, como mis compañeros y compañeras, que la verdad nos hará libres.

Como dicen las Madres La única lucha que se pierde es la que se abandona.

* La autor es militante del Frente de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo desde 1986. Coautora del blog Mate y Sopaipillas. Miembro de la Red de Mujeres, Género y Diversidad. Militante del Partido Solidaridad Más Igualdad.