Camila Vollenweider y Lorena Fréitez - | http://www.celag.org/nichos-de-la-restauracion-liberal-la-cuestion-de-la-tierra-en-argentina-y-brasil/
Hoy la derecha avanza restaurando privilegios y
mecanismos de desposesión hacia los pueblos allá donde la izquierda dejó
flancos abiertos. En América Latina los gobiernos progresistas de países como
Argentina y Brasil mostraron transformaciones importantes en sus políticas
sociales garantizando mecanismos de re-distribución de riqueza que en mucho
abonaron en la mejora de la calidad de vida de sus poblaciones. Sin embargo,
las tareas pendientes de estos gobiernos hoy se transforman en el hoyo negro
por donde podrían revertirse los avances obtenidos. El principal flanco abierto
que dejaron los progresismos en estos países se observa en la vulnerabilidad
jurídica e institucional para transformar estructuralmente los regímenes de
propiedad y uso de la tierra, dejando márgenes de maniobra que los grandes
propietarios saben aprovechar. Saben que es justamente en el control de la
posesión de medios estratégicos de producción donde radican sus posibilidades
de dominio político sobre las mayorías.
En específico, los gobiernos kirchneristas y
petistas avanzaron en la promoción de derechos de estos grupos sociales
subalternos vinculados a la tierra y en la convocatoria de sus organizaciones
para participar en la gestión estatal de sus problemáticas. Sin embargo, ni el
problema de la distribución de la tierra –altamente concentrada en ambos
países- se tocó sustancialmente, ni se modificó la matriz productiva
extractivista que afecta directamente la vida de estas poblaciones.
Lo que ha sucedido en los meses que han pasado
desde que Macri y Temer llegaron al poder, es que se ha dinamitado el avance
logrado en materia de limitación de la capacidad de dominio absoluto sobre la
tierra y sus productos por parte del gran capital. El Estado se ha puesto
exclusivamente a su favor. Este patrón en los modos de gobierno de la derecha
en el continente no asombran cuando se entiende que la única manera de sostener
un sistema económico tan desigual como el capitalismo es garantizando el
control de un aparato político de tal envergadura como el Estado. La derecha
emplea vías institucionales para desposeer o privatizar “legalmente” bienes
públicos y comunes, colocando en riesgo las posibilidades de garantizar la vida
de la población y colocando en cuestión el control territorial de la nación.
Vale destacar que esto sólo se puede lograr, por un lado, operando en el campo
de la hegemonía, convenciendo a la población que esto es lo mejor para todos y
que esta clase posee la superioridad intelectual y moral para hacerlo y, por el
otro, gestionando la conflictividad y procesos de resistencia social que esto
genera por la vía de la violencia (represión). Este ha sido el patrón histórico
de reproducción de sus mecanismos de poder, aún cuando sus programas u ofertas
públicas para ganar elecciones jamás lo develen.
1. Reveses jurídicos:
Conservar los patrones históricos de concentración de la propiedad de la tierra
A seis meses de asumir la presidencia, Mauricio
Macri modificó, por decreto, la Ley de Tierras Rurales sancionada por el
gobierno anterior, con el que flexibilizó las restricciones a la compra de
tierra por parte de extranjeros. Hasta entonces, la titularidad extranjera de
tierras tenía el tope del 15%, se consideraba titular extranjero a quien
poseyera un porcentaje superior al 25% del capital social de una persona
jurídica y los titulares extranjeros así definidos no podían adquirir más de
1000 hectáreas cada uno –o equivalente- en la zona núcleo, la región pampeana.
Con la nueva disposición -que llegó para contrarrestar la anterior ley que,
según el gobierno “era una locura”- lo que se pretende es “destrabar las
inversiones de afuera”; para ello, serán reconocidos como extranjeros aquellos
que posean más del 51% del capital y las provincias deberán fijar dichas equivalencias
y así establecer el límite de hectáreas que se pueden adquirir en cada distrito [1].
También se decretó que en las zonas industriales no habrá límite de compra de
tierras por parte de extranjeros [2].
En Brasil existen propuestas similares en
tratamiento legislativo: una es el proyecto de ley 4.059/2012, que propone la
liberación casi irrestricta para la adquisición de inmuebles rurales por parte
de extranjeros. Esta propuesta es una de las prioridades de la llamada bancada
“ruralista” (lobby de los agronegocios) que fue presentada a Temer como
interino, como parte de la negociación por apoyo de esta bancada al
impeachment. Actualmente se encuentra en régimen de urgencia para su votación
en la Cámara. La ley vigente data de 1971 e impone límites a la compra de
tierras por extranjeros.
El campesinado también está siendo cercado por el
gobierno Temer, en un país en el que el 1% de los establecimientos rurales
concentra el 45% de toda el área rural [3]. Éste presentó el pasado año
una medida provisoria (MP 759) en el Congreso para “facilitar la regularización
fundiaria de tierras urbanas y rurales”, que los afecta directamente. Según el
Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), en la práctica “la medida
da carta blanca al gobierno para vender tierras públicas, incluso aquellas
donde ya existen campamentos o asentamientos enmarcados en la Reforma Agraria,
incluso áreas ocupadas por familias de bajos ingresos en las ciudades”. El
motivo es que la propuesta altera la forma en cómo se otorgan las tierras
públicas: en vez de una concesión para que la tierra pueda ser usufructuada con
vistas a su función social y de forma hereditaria, como ocurre ahora, el
gobierno pasa a otorgar una titulación que, entre otros aspectos, reduce los
compromisos que el poseedor debe asumir con la tierra y permite que el lote sea
vendido a terceros. También municipaliza el proceso de división de tierras
previsto por la Reforma Agraria, lo que en la práctica se torna inviable porque
generalmente son los propios latifundistas los que ocupan los gobiernos locales [4].
En el mismo sentido opina el Frente Nacional
Campesino (FNC) de Argentina respecto de la Ley de Reparación Histórica de la
Agricultura Familiar, Campesina e Indígena impulsada por el gobierno de
Cristina Fernández y sancionada por el Legislativo en 2015. Esta Ley no fue
reglamentada durante ese año y tampoco desde que asumió Mauricio Macri, pese a
sus promesas de hacerlo cuando inició su gestión. Desde el FNC señalan que “sus
políticas apuntan a hacer desaparecer a los pequeños productores, beneficiando
únicamente a los pools de siembra, a los grandes establecimientos y a las
corporaciones agroexportadoras. Es un modelo realmente injusto, que cada día
genera mayores conflictos en relación a la tierra y al acceso al agua” [5].
Le faltó agregar que el gobierno argentino ha prometido impulsar nuevamente en
el Congreso la llamada Ley de Semillas, que prevé el cobro de regalías por
parte de empresas agroquímicas multinacionales que recientemente se han visto
beneficiadas también con la aprobación reciente de seis nuevos transgénicos
para la soja y el maíz (Syngenta, DowAgroSciences, Pioneer y Monsanto). El dato
no sorprende habiendo al menos 30 funcionarios del gobierno Macri vinculados
con la industria agroquímica transnacional [6].
1. Burocratización
para acentuar la desposesión
Actualmente existen en Brasil 300 pueblos indígenas
que abarcan a 817 mil personas, y 462 tierras indígenas regularizadas que
representan cerca del 12,2% del territorio. Sin embargo, quedan aún 127 tierras
en proceso de demarcación. Éste es altamente burocrático y, hasta hace pocos
días, sólo involucraba a la FUNAI (Fundación Nacional del Indio, que demarca la
tierra) al Ministerio de Justicia (que declaraba delimitada la tierra), y al
presidente de la República (quien firmaba el decreto con la homologación).
Ahora se le quita peso a la FUNAI, quien se encargaba de todos los estudios
previos pertinentes, dado que la misma integrará un Grupo de Trabajo
Especializado con integrantes otras áreas de gobierno (consultoría Jurídica del
Ministerio de Justicia, Secretaría de Derechos Humanos y Secretaría de Igualdad
Racial [7]),
lo que, en la práctica, implica relativizar el peso de las decisiones de la
FUNAI [8].
No sólo eso: el embate contra las políticas de protección de los territorios
indígenas ha sucedido también a través del vaciamiento de la FUNAI comenzado
desde la llegada de Temer –mediante cese de personal, recortes de cargos y
reducción presupuestaria- y el freno, desde abril del pasado año, de la
homologación presidencial a los casos de demarcación ya aprobados por el
Ministerio de Justicia. Además de burocrático, es un proceso también político
en el que se ven involucradas negociaciones del presidente con legisladores de
la llamada “bancada ruralista”, que se oponen a la demarcación por sus
intereses en los agronegocios [9]. No está de más señalar que
el Ministro de Justicia, Osmar Serraglio, era diputado miembro de esta bancada
y director jurídico del Frente Parlamentario Agropecuario [10].
El Ministerio de Agroindustria argentino, comandado
por el terrateniente Ricardo Buriayle, también ha comenzado el proceso de
vaciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar. Este recorte motivó la
renuncia, en octubre del pasado año, de 12 funcionarios de la cartera,
incluyendo a su titular. Desde el Consejo Asesor de la Agricultura Familiar
señalaron por entonces que “el presupuesto previsto por la Secretaría de
Agricultura Familiar para 2017 es una sentencia de muerte porque en el mejor de
los casos incorporaría 195 millones de pesos para un sector que desde 2015
reclama más de 1.500 millones para hacer realidad la reparación histórica que
plantea la ley” [11].
La población quilombola [12] en Brasil también viene
sufriendo los retrocesos del gobierno Temer: apenas asumido, quitó la
atribución de la demarcación de tierras quilombolas al Instituto Nacional de
Colonización y Reforma Agraria para otorgársela al poco idóneo Ministerio de
Educación y Cultura; ahora, ha suspendido por tiempo indeterminado toda
legalización de estos territorios, lo que no sucedía desde 1995. El argumento
es que el Supremo Tribunal Federal tiene en estudio una demanda de
inconstitucionalidad del decreto presidencial que definió los procedimientos
para la demarcación, presentada en 2004; entre otros aspectos, la demanda
postula que debe ser el Congreso quien apruebe las demarcaciones –un Congreso
en el que el lobby de los agronegocios es, como el evangélico y el militarista,
muy poderoso [13].
·
La violencia para controlar la resistencia a la
desposesión
Además de la pérdida de importancia a nivel
institucional que habían conseguido las distintas agrupaciones sociales
vinculadas a la tierra, tanto Brasil como en Argentina [14], la represión de las fuerzas
de seguridad estatales y paraestatales no sólo continúa, sino que se ha
incrementado.
En Argentina, sobre todo las regiones sur y norte
del país han sido escenarios de violentas represiones por parte de las policías
provinciales ante diversos reclamos campesinos e indígenas. A pesar de la
promesa de campaña de Macri de “vamos a trabajar juntos para atender las
necesidades de los pueblos originarios” [15], la situación de este
colectivo dista mucho de lo prometido. Sin dudas uno de los casos más notorios
fue la represión a la comunidad mapuche Pu Lof, en la provincia de Chubut, el
pasado mes de enero por parte de la policía provincial –cuyo gobernador es afín
a Macri- y la gendarmería nacional –dependiente del Ministerio de Seguridad de
la Nación-. Como en otras oportunidades, los mapuche reclaman por la
restitución de tierras apropiadas por grandes terratenientes, como Luciano
Benetton, que posee un millón de hectáreas en la Patagonia [16]. En el último año también se
han registrado casos de represión estatal y/o paraestatal hacia campesinos e
indígenas en Formosa, Buenos Aires, Santiago del Estero, Salta y Neuquén, entre
otras provincias.
En Brasil, la violencia en el campo también se ha
recrudecido, tanto por el accionar de las fuerzas de seguridad de los Estados y
por el de las fuerzas parapoliciales con que cuentan muchos latifundistas, como
por el vaciamiento de los organismos fiscalizadores. En 2016, el año en que
asumió Temer, fueron registrados 1295 casos de conflicto violento por la tierra
en Brasil, resultando con 61 asesinatos –lo que representa un crecimiento del
22% respecto del año anterior-. Fueron registradas 74 tentativas de homicidio,
200 amenazas de muerte, 571 agresiones y 228 encarcelamientos. Estas cifras han
llevado a afirmar que se trata de un récord en el número de violaciones en el
campo, el número más elevado desde 1985 [17].
[1] http://www.cronista.com/economiapolitica/Macri-cambio-la-Ley-de-Tierras-y-facilita-la-compra-a-extranjeros-20160701-0041.html
[3] https://www.cartacapital.com.br/blogs/brasil-debate/por-que-a-reforma-agraria-continua-importante
[5] http://www.diariocontexto.com.ar/2017/01/31/buryaile-avanza-con-la-destruccion-de-la-agricultura-familiar/
[6] http://www.elfederal.com.ar/ley-de-semillas-greenpeace-muestra-30-vinculos-entre-el-gobierno-y-empresas-agroquimicas/
[8] http://g1.globo.com/politica/noticia/ministerio-da-justica-muda-processo-de-demarcacao-de-terras-indigenas.ghtml
[9] https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/04/19/indios-sofrem-com-cortes-na-funai-e-sem-decreto-de-terras-ha-um-ano.htm
[10] http://outraspalavras.net/deolhonosruralistas/2017/02/23/bancada-ruralista-indica-e-emplaca-ministro-da-justica/
[11] http://www.cronista.com/economiapolitica/Renuncian-12-funcionarios-de-Agroindustria-por-el-recorte-en-el-presupuesto-20161013-0037.html
[12] Poblaciones descendientes de
esclavos huidos de las plantaciones que tienen su propio ordenamiento político
[14] Durante el kirchnerismo, el
Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y la Asamblea Campesina Indígena
del Norte Argentino participaron de la gestión de la Secretaría de Agricultura
Familiar. También existió buen nivel de diálogo con el Frente Nacional
Campesino.
[15] http://www.lanacion.com.ar/1855018-mauricio-macri-recibio-a-felix-diaz-y-otros-lideres-de-pueblos-originarios
[16] Otros destacados
terratenientes extranjeros son Douglas Tomkins (350 mil hectáreas en
corrientes, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego), Lewis con 18 mil hectáreas
en Rio Negro y Ted Turner (5 mil hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego). En
los últimos años se ha incrementado la presencia de empresarios chinos y
saudíes en Neuquén y el Chaco, respectivamente.
http://hojadenoticias.com/2017/el-conflicto-por-la-extranjerizacion-de-la-tierra-no-se-reduce-a-un-tema-de-etnia/