“Este es el zurdo que le hizo el paro a la empresa por
quince días. De esta cabeza nace el paro por tiempo indeterminado que sufrió
Ledesma, es esta porquería, el Gordo Saracho y Mario Ernesto Ricci, y por culpa
de esta porquería el ingenio tuvo que tirar toneladas de caña de azúcar”. Esas
fueron las palabras que Raúl Osvaldo Tapia escuchó durante la sesión de tortura
del 3 de abril del ’76. Era uno de los trabajadores del Ingenio Ledesma y
también fue uno de los que se animó a denunciar a la empresa y promover
reclamos contra sus abusos.
En la antesala del Golpe de Estado, durante la construcción
de ese poderío económico, fueron muy importantes los beneficios y prebendas que
el Ingenio Ledesma recibió del Estado. “Durante la dictadura de Onganía y en la
década de 1970 la compañía se ubicó a la cabeza del grupo de empresas
beneficiadas por las políticas estatales que posibilitaron un proceso de
concentración y centralización de la economía”, afirma un informe realizado por
el Centro de Estudios Legales y Sociales. Sin demasiadas consecuencias por su
participación activa y sanguinaria durante todo el reinado militar, hoy Ledesma
es una de las empresas agroindustriales de capitales nacionales más importantes
del país y de América Latina. La noche más terrible fue la del 26 de julio de
1976, que es conocida como “El Apagón”. Mientras la ciudad estaba a oscuras,
policías, gendarmes y capataces de la empresa Ledesma, allanaron y saquearon
viviendas en Libertador San Martín y Colilegua. La propia empresa puso a disposición
sus vehículos para trasladar a más de 400 trabajadores, estudiantes y
profesionales a galpones de mantenimiento del ingenio azucarero. Algunos
permanecieron días, otros meses, atados, encapuchados y torturados. De las 400,
fueron treinta y dos personas las que perdieron sus vidas esa noche o en las
posteriores.
Mucho más que
cómplices
Tuvieron que pasar años, décadas, para que la palabra
cómplices pasara a un segundo plano y se comience a hablar de responsabilidad
civil y empresarial en lo que a los procesos judiciales sobre delitos de lesa
humanidad se refiere. Y así lo expresa claramente el informe del CELS que
consta de dos tomos y analiza los casos de empresas como Acindar, Mercedes
Benz, Ledesma, Molinos de la Plata y La Veloz del Norte, entre otros. Este
documento estudia “la responsabilidad que tuvo un sector del empresariado
nacional y extranjero en las violaciones a los derechos humanos cometidas
durante la última dictadura argentina. Lo hace a partir del examen de un arco
de prácticas empresariales de represión a los trabajadores en empresas situadas
en distintas regiones del país. La evidencia recogida y analizada en un
conjunto de casos, acotados en número pero muy significativos por su
importancia económica, permite afirmar que, en el territorio de los
establecimientos fabriles, se combinaron con eficacia el accionar de las
Fuerzas Armadas y el accionar empresarial para ejercer el poder represivo
contra los trabajadores”.
Todo esto pone en evidencia la relación entre las fuerzas
militares y el poder económico demostrando que hubo una utilización planificada
y sistemática de acallar a la militancia política radicalizada y disciplinar a
la clase trabajadora que a lo largo de esas décadas había logrado acumular
poder político y social. Ya en el informe de la Conadep, Nunca Más, y gracias a
los testimonios de sobrevivientes, se había remarcado la pertenencia a la clase
obrera de muchas de las víctimas y enfatizado sobre los secuestros colectivos
en lugares de trabajo. “Algunos de los casos mencionados son los de los
astilleros de la zona norte del primer cordón industrial bonaerense, el de la
empresa siderúrgica Acindar en Villa Constitución (cuyo presidente hasta 1976
había sido José Alfredo Martínez de Hoz, luego Ministro de Economía de la
dictadura)”.
En aquel momento, los trabajadores de Acindar no sospecharon
que las fotos que los directivos de la empresa les mandaron a tomar para
renovar el carnet de la fábrica serían usadas como fichas de identificación por
los militares que los secuestraron. “Uno de los operarios contó que en una
oportunidad su jefe de sección lo llamó para que se tomara la foto de la nueva
credencial, pero nunca recibió ese documento. A las dos semanas, en cambio, la
policía lo fue a buscar a su casa. Los agentes que lo secuestraron llevaban
como lazarillo la foto que le habían tomado en la fábrica”, relata el informe
del CELS.
Entre 1974 y 1976 los focos de mayor agitación obrera
estuvieron en Tucumán, Jujuy, Córdoba y el cordón industrial del norte de la
provincia de Buenos Aires hasta el sur de Santa Fe. Allí, las fuerzas
policiales y militares reprimieron. Uno de los hitos más álgido fue el
“copamiento” de la ciudad de Villa Constitución el 20 de marzo de 1975 y el
arresto de la casi totalidad de los dirigentes sindicales de la zona donde
estaba emplazada Acindar.
“La pata civil, como
la iglesia, salió indemne”
Las patronales no fueron un eslabón menor en las cadenas
forjadas por el terrorismo de Estado y las diferentes fuerzas que participaron.
Pero al momento de repartir las responsabilidades quedaron a un costado, casi
olvidados o, mejor dicho, a resguardo. “La burguesía no tuvo más que un par de
implicancias en ese sentido, más que nada en lo que tiene que ver con Ledesma y
los Blaquier. Jurídicamente no pagaron nada, salieron ilesos en lo legal. La
pata civil, como la iglesia salió indemne”, aseguró De María y continuó: “Creo
que se sabe que hubo negocios, que en esos tiempos vaciaron económicamente el
país, pero parece que Videla, Tigre Acosta o Galtieri se instalaron como íconos
y está bien, pero digo, no sé si hay un clima social de tanta bronca hacia la
empresas y patronales como hay hacia los militares que fueron los que
ejecutaron materialmente el Golpe. Y no creo que sea ignorancia sino que tiene
que ver con lo que se logró propagandizar e instalar. Se sabe que la Mercedes
Benz tuvo sus desaparecidos o el ingenio de los Ledesma y Blaquier, pero no
pasa de eso”.
Causas judiciales y
responsabilidad Empresarial en la dictadura
Según detalla el informe del CELS citado, en 1985, la
sentencia del Juicio a las Juntas, la primera comprobación judicial del plan
sistemático de exterminio desplegado por la dictadura, logró determinar los
secuestros de varios trabajadores de Mercedes Benz. Más adelante, la represión
a los trabajadores también fue puesta de manifiesto en testimonios brindados en
los Juicios por la Verdad. En 1998, un trabajador de Alpargatas explicó que fue
secuestrado durante una huelga y que los policías que se lo llevaron le dijeron
“que los tenía que acompañar porque había una denuncia de la fábrica de
alpargatas”. En el año 2003, otro trabajador relató que al volver a la fábrica
luego de su secuestro el jefe de personal le dijo “no, quedate tranquilo… con
vos no tenemos nada…”.
Las investigaciones del secuestro y desaparición de
trabajadores de las empresas Ford y Mercedes Benz comenzaron en 2002, con los
primeros pasos de la reapertura judicial de las causas por delitos de lesa
humanidad luego del periodo de impunidad que se había iniciado a mediados de
los años 80 con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En ambos casos
había ya gran cantidad de elementos que apuntaban a directivos de las empresas.
En 2012 se dictaron resoluciones judiciales contra
empresarios y personal jerárquico por el secuestro y las torturas padecidas por
sus trabajadores. Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, presidente del
directorio y administrador general del Ingenio Ledesma, respectivamente, fueron
procesados. La decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de
Salta. Sin embargo, en 2015 la Cámara Federal de Casación Penal los benefició
con una falta de mérito. De esta manera se pusieron en evidencia las
resistencias que existen para el juzgamiento del poder económico.
En 2013, en la investigación judicial sobre la Compañía
Minera Aguilar S.A. de Jujuy, personal jerárquico de la empresa, fueron
procesados por aportar información para identificar víctimas y vehículos para
secuestrarlas. Las huelgas que llevaron adelante los mineros, antes del golpe
de Estado, tuvieron estrecha relación con el cautiverio de sus protagonistas en
plena dictadura. Ese mismo año, los directivos de la empresa Ford, Pedro
Muller, Guillermo Galarraga y Francisco Jesús Sibilla, fueron procesados por
“haber facilitado los datos personales de cada uno de los empleados
involucrados, junto a sus fotografías-glosadas a legajos personales de la
empresa- y domicilios particulares, para que de esa forma puedan ser habidos” y
“haber permitido que se montara un centro de detención en el interior del
predio de esa fábrica, en los sectores del Campo Recreativo y/o de Deporte,
para que sus dependientes fueran interrogados”. En la resolución judicial se
destaca la importancia del análisis del contexto político y social y se puntualiza
que “la eficiencia y productividad tan añorada por los empresarios se topaba
con un enemigo puntual, la ‘comisión interna’, y pareciera que este análisis de
la situación fue compartida con las fuerzas armadas que usurparon los poderes
donde se objetiva el Estado, ya que según las estadísticas de la Comisión
Nacional sobre Desaparición de Personas fueron los obreros quienes más
sufrieron la violencia del régimen”. En la actualidad, hay numerosas
investigaciones judiciales abiertas para demostrar responsabilidades penales de
actores económicos. Así ocurre con las empresas La Nueva Provincia, Dálmine
Siderca, Propulsora Siderúrgica S.A., Acindar, Loma Negra, Las Marías,
Astilleros Astarsa y Mestrina, las ceramistas Cattáneo y Losadur y Molinos Río
de la Plata.
En marzo de 2016 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Salta condenó al dueño de La Veloz del Norte, Marcos Levin, por el
secuestro de Víctor Cobos, delegado gremial de la empresa. Se trata
del primer caso en el que un empresario es condenado por este tipo de delitos
en el país. Los testimonios de los trabajadores de la empresa que fueron
secuestrados dieron cuenta de la participación de Levin en los hechos: estuvo
en el lugar de las torturas, daba órdenes a quienes las consumaban, había amenazado
a los trabajadores antes de sus secuestros y aportó vehículos para trasladarlos
a la comisaría donde fueron torturados.
