Durante las últimas semanas Venezuela ha vuelto a ser el
centro de atención de la prensa internacional, luego de que el pasado 23 de
enero (fecha histórica que marca el fin de la última dictadura militar en 1958)
el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se auto juramentara como
nuevo “presidente interino” de Venezuela frente a una multitudinaria masa de
seguidores. Este hecho ha precipitado la crisis política e institucional de un
país altamente polarizado y sumido desde hace más de cinco años en una
estrepitosa crisis económica y social jamás vista en la historia de este país
desde la guerra federal.
Pero este acto político no hubiera tenido el impacto
internacional que ha suscitado hasta ahora, si no fuera por el inmediato e
irrestricto reconocimiento que tuvo la auto proclamación de Juan Guaidó como
“Presidente interino”, por parte de los Estados Unidos y de otros países del
hemisferio como Canadá, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú
(integrantes del Grupo de Lima) y recientemente 19 países de la Unión Europa.
Un acto además de sorprendente, extremamente peligroso, dada las consecuencias
políticas que ha suscitado tal proclamación a nivel nacional e internacional,
el cual desconoce de facto la legitimidad democrática, la primacía de la soberanía
nacional y la autodeterminación de los pueblos contenidos en la Carta de las
Naciones Unidas.
Las consecuencias han sido inmediatas. A nivel doméstico se
ha reavivado la fractura social e ideológica que polariza al país desde hace
veinte años, rememorando el fantasma de la ola de manifestaciones organizada
por la oposición entre abril y julio de 2017, la cual dejó como saldo más de
cien fallecidos, además de numerosos heridos, presos políticos e invalorables
pérdidas materiales que repercutieron gravemente en la ya deprimida economía
nacional. Por ahora y en tan solo una semana, se han contabilizado más de
cuarenta personas fallecidas en enfrentamientos contra las fuerzas del orden,
además de ochocientas detenciones.
A nivel internacional las consecuencias de la
autoproclamación de Guaidó han ido más lejos de lo que se esperaba, ya que el
asunto ha escalado hasta el Consejo de Seguridad de la ONU -el cual se reunió
de emergencia a petición de los Estados Unidos, el sábado 26 de enero- para
tratar “el caso Venezuela”.
Este encuentro, a pesar de no haber logrado el consenso
necesario para aprobar la propuesta de Estados Unidos y sus aliados; sí sirvió
para revelar el lugar que ocupa Venezuela en la geopolítica mundial: un
territorio en torno al cual gravitan intereses económicos y estratégicos de
países como Rusia, China, India, Estados Unidos, Francia y España, entre otros.
De aquí que el destino político de este país se juegue, hoy más que nunca, en
el plano internacional.
Venezuela en el
ajedrez internacional
Desde la era Chávez (1998-2013), Venezuela ha trazado una
alianza estratégica con Rusia en sectores claves como energía, defensa, minas y
alimentación. Durante los últimos cinco años, esta alianza se ha solidificado
gracias al importante soporte financiero (calculado en más de 25 millardos de
dólares) que el Kremlin le ha ofrecido al gobierno de Maduro, ayudando con ello
a atenuar la aguda falta de liquidez por la que atraviesa el Estado venezolano.
A cambio, el gobierno de Maduro le ha otorgado a la petrolera rusa Rosneft, una
participación privilegiada en la explotación de campos de la Faja Petrolífera
del Orinoco, así como el 49,9% de las acciones del complejo de refinación y de
distribución de combustible de CITGO - el activo más importante de PDVSA en los
Estados Unidos. A esto se añade importantes concesiones otorgadas en el sector
minero (principalmente oro y bauxita), así como importantes contratos en el
sector de seguridad y defensa.
La alianza con China no es menos importante, ya que los
sectores de cooperación van desde la energía hasta la salud, pasando por las
áreas de infraestructura, alimentación y cooperación científico-tecnológica. El
nivel de inversiones del gigante asiático sobrepasa los 100 millardos de
dólares y Venezuela posee una deuda con China de aproximadamente 65 millardos
de dólares, los cuales reembolsa casi exclusivamente con producción de petróleo
crudo
1.
Para Rusia y China la importancia de las relaciones
comerciales y de la posición geográfica de Venezuela -la cual la hace
tributaria de las reservas de petróleo más importantes del mundo (386 millardos
de barriles)- revisten de un significativo interés estratégico. Algo que los Estados
Unidos han visto con recelo hasta el punto de declarar a Venezuela como una
“amenaza inusual” para su seguridad nacional
2. De
aquí que la administración de Donald Trump haya reconocido con tanta prisa la
“autoproclamación” de Juan Guaidó.
Esta no es, sin embargo, la primera vez que este país
intenta derrocar por la fuerza al gobierno venezolano. Ya en 2002 el presidente
Hugo Chávez había sido víctima de una tentativa de golpe de Estado promovida y
reconocida abiertamente por la administración de George Bush. A esta le
sucedieron múltiples intentos de desestabilización ocurridos a partir del paro
petrolero que tuvo lugar entre 2002 y 2003. El propósito actual de crear un
Estado paralelo con la autoproclamación de Juan Guaidó como “presidente interino”,
se inscribe pues directamente en esta narrativa de “amenaza permanente e
inusual”, según la cual es percibido el gobierno actual de Venezuela por parte
de las autoridades políticas y militares de los Estados Unidos.
La “minoría de edad”
latinoamericana
De esta manera, con el reconocimiento
de Guaidó por parte del Grupo de Lima y de los Estados Unidos, asistimos a una
nueva era de rehabilitación de la “doctrina del garrote” de Roosevelt
(corolario de la doctrina Monroe), la cual justificó durante todo el siglo XX,
el uso de la fuerza por parte de los EEUU contra los países latinoamericanos en
nombre de su seguridad nacional. Este hecho no es solamente regresivo desde un
punto de vista histórico, sino que también revela penosamente el síntoma de una
impenitente “minoría de edad” de la clase política latinoamericana.
La incapacidad de alcanzar un acuerdo regional sobre la
situación política venezolana es muestra del franco deterioro que atraviesa el
multilateralismo y de la diplomacia suramericana desde 2014. La paralasis y la
esterilidad de instancias multilaterales como la UNASUR, la CELAC e incluso la
OEA, han allanado el camino para la actuación unilateral y autoritaria de los
EEUU como “gendarme necesario” en la región. La iniciativa del Grupo de Lima,
reunido el 4 de febrero en Ottawa bajo la égida de Canadá, insiste en la salida
incondicional de Maduro y en la celebración de elecciones inmediatas. Todo lo
cual desconoce los principios que rigen tanto la Carta Democrática
Interamericana, como la Carta de las Naciones Unidas en cuanto a la no
injerencia en los asuntos internos de las naciones. Pero aquí se hace evidente
también la impotencia y la incapacidad por parte de los países latinoamericanos
de promover una solución política negociada al conflicto venezolano, sin
intervención de actores foráneos. En otras palabras y para decirlo sin
disimulo, uno de los aspectos que revela la crisis actual es que todavía en
América Latina somos incapaces de resolver nuestros propios problemas sin contar
con la intervención del Tío Sam.
Con la actuación del Grupo de Lima hoy asistimos a un
contexto en el cual un grupo de países no se ofrece como mediador entre las
partes en conflicto; sino como un grupo de presión internacional abiertamente
beligerante y parcializado por uno de los bandos.
Desde este punto de vista es interesante ver como esta nueva
“diplomacia” dista mucho de iniciativas como las del Grupo de Contadora de los
años 1980 o del Grupo de Rio de la década de los 90, las cuales contribuyeron
activamente a la consolidación de la paz tanto en Centroamérica, como en
Suramérica.
Finalmente todo parece indicar que con el “caso Venezuela”
se abre un nuevo episodio en la historia de las relaciones internacionales
hemisféricas, en la que la participación directa de países pertenecientes a
regiones distintas (Norte América, Europa, Rusia, China, Irán…) inaugura el
policentrismo global de los asuntos regionales. Aunque las consecuencias de
esta nueva realidad son aún imprevisibles, nada impide pensar que la diversidad
de intereses que actualmente gravitan en torno a la región pueda definir en un
futuro no muy lejano, el destino político de las naciones latinoamericanas.
¿Cuál escenario para
cual salida?
Sea como sea, la gravedad de la crisis venezolana demanda un
tratamiento inclusivo e incondicional de diálogo. La iniciativa de mediación
diplomática liderada por Uruguay y México y auspiciada por la ONU y la Unión
Europea representa, sin duda, una alternativa –ciertamente la más prometedora-
de alcanzar una solución pacífica y negociada al diferendo venezolano. Pero
este diálogo va depender en buena medida de la voluntad política que tengan la
oposición y el gobierno de Maduro, para alcanzar un acuerdo mínimo en torno a
la grave e incontrolable crisis que atraviesa el país.
Por un lado, la intransigencia que ha caracterizado hasta
ahora al gobierno de Maduro, su nuclearización en torno a las fuerzas armadas y
su evidente y notoria incapacidad de responder a los desafíos económicos que
desbastan al país, no proporcionan ninguna solución ni a corto ni a mediano
plazo que nos permita salir de la crisis. Por el contrario, la intensificación
de las sanciones financieras impuestas por los Estados Unidos y la Unión
Europea, no han hecho más que endurecer y legitimar la narrativa
“antiimperialista” y “soberana” del oficialismo. Esto ha permitido justificar y
legitimar no solamente el fracaso de los múltiples planes económicos puestos en
marcha durante los últimos años (incluyendo el Petro y la reconversión monetaria),
sino también el estado de excepción permanente en el cual se encuentra la
sociedad venezolana desde hace más de cinco años.
Gracias a la intervención directa de los Estados Unidos a
favor de la oposición venezolana, la dirigencia del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) -para la cual la era política inaugurada por Hugo Chávez y su
“socialismo del siglo XXI” es “irreversible” - ha conseguido legitimar el
“síndrome de Masada” que domina en el campo de sus simpatizantes, sin que por
lo pronto se pueda atisbar la emergencia de una postura moderada y
conciliadora.
Sin embargo, si una solución pacífica y negociada es todavía
posible, esta dependerá en buena medida de la capacidad que tenga el
oficialismo de hacer importantes concesiones. Entre las cuales figura la
conciliación de una agenda electoral que incluya la celebración de un
referéndum consultivo, como paso previo a la celebración de elecciones
generales
3. Todo lo cual permitiría la renovación
de todos los poderes públicos bajo el fundamento de la voluntad general.
Si por el contrario, el “síndrome de Masada” termina por
imponerse en el tejido político del oficialismo, la severidad de las sanciones
financieras acelerarán el deterioro económico del país, trayendo consigo una
intensificación de la escasez y el colapso total de la infraestructura de
servicios. Todo lo cual incidirá en un incremento sin precedentes de la pobreza
y del éxodo migratorio.
En tales circunstancias ¿por cuánto tiempo podrá sobrevivir
el gobierno, sin que su base político-militar se descomponga por completo?
Del otro lado, se encuentra la también inflexible postura de
la oposición venezolana liderada por Guaidó, la cual exige el reconocimiento
por parte de Maduro de un proceso de “transición” que conlleve a elecciones
presidenciales inmediatas y sin condiciones, ni garantías para el campo del
oficialismo. Esto implica no solamente el desconocimiento arbitrario e
inconstitucional del ejecutivo, sino también el desconocimiento del resto de
los poderes públicos por parte del legislativo.
No obstante y mientras las fuerzas armadas continúen del
lado del oficialismo, la oposición venezolana no posee ninguna forma de presión
en contra del gobierno de Maduro, excepto la provista por las sanciones
internacionales y la activa y permanente movilización de sus seguidores.
Desde esta perspectiva la aventura encabezada por Guaidó se
evidencia extremadamente precaria, pues las experiencias de insurrección
lideradas por la oposición en 2014 y 2017 fueron no solamente infructíferas,
sino que trajeron consigo consecuencias nefastas tanto a nivel político como a
nivel económico para el campo opositor. La mayoría de las víctimas de la
violencia política fueron cobradas del lado opositor, mientras que los barrios
de clase media y media alta donde tuvieron lugar los focos de violencia,
terminaron totalmente destruidos sin ni siquiera haber logrado los resultados
esperados. Finalmente, el fracaso de estas tentativas insurreccionales
contribuyó a fragmentar aún más al campo opositor, creando desconfianza,
desarticulación y dispersión en el seno de sus fuerzas.
¿Cuál fue entonces la lección aprendida? ¿Están dispuestos
los sectores más radicales de la oposición venezolana a volver a “calentar” la
calle teniendo como precedente los intentos fallidos de 2014 y 2017?
Visto desde este punto de vista, para el lado opositor todo
parece reposar en el éxito de la presión internacional. Pero si la oposición y
sus aliados internacionales no logran concretar las promesas de cambio
inmediato que han vendido a una parte de la sociedad venezolana, el riesgo de
desprestigio y de deslegitimación será entonces muy alto. Esto terminaría de
sepultarla como opción política, arrojando en el mar de la impotencia y de la
frustración la esperanza despertada en el seno de sus seguidores. Llegado a
este punto, la posibilidad de una intervención militar como última opción,
pareciese ser la alternativa más viable del lado opositor. Pero esta
alternativa sumiría definitivamente en el caos a la sociedad venezolana,
trayendo además consecuencias inimaginables para la región.
¿Hasta qué punto la guerra representa verdaderamente una
salida a la crisis?
Las experiencias de Ucrania, Irak, Libia y Siria han
demostrado que lejos de ser una solución, las intervenciones militares no
garantizan ni un cambio irreversible de régimen, ni la estabilidad política y
la prosperidad económica prometidas.
Por el contrario, la experiencia de estos países muestra que
sus sociedades siguen padeciendo las consecuencias de la violencia política, de
la inestabilidad económica y de la fragilidad institucional que los cambios
bruscos suponían desvanecer de una vez por todas. La opinión de aquellos que
del lado opositor piensan que una intervención militar en Venezuela sería
“rápida” y con un “mínimo” de daños colaterales, es una ilusión que olvida la
cruel realidad que caracteriza los conflictos bélicos del siglo XXI: genocidio,
pillaje, violencia, desplazados de guerra y caos generalizado.
Así, de existir una solución a la larga crisis venezolana,
esta debe ser política.
El Grupo de Contacto Internacional representa, por ahora, la
única alternativa de intermediación diplomática creíble para alcanzar una
solución pacífica y pactada. Ya el campo del oficialismo aceptó los buenos
oficios de esta iniciativa, incluso si en este Grupo participan países que como
los europeos, no lo reconocen como Presidente legítimo de Venezuela y que por
el contrario, sostienen a Guaidó. Paradójicamente, este último rechaza la
intermediación del Grupo de Contacto Internacional e insiste en la vía
unilateral e incondicional impuesta por los Estados Unidos y el Grupo de Lima.
Pero si tarde o temprano y más allá de los insultos y las
descalificaciones impenitentes, se impone la racionalidad y el deseo de una
solución pacífica y negociada al conflicto, este debería contar con el concurso
de todos los interesados. En este sentido, no es imposible que el Grupo de
Contacto Internacional en su oficio de verdadero mediador, incluya en la mesa
de negociación a los Estados Unidos, a Rusia y a China como miembros negociadores.
Esto nos llevaría, sin duda, a una negociación mucho más complicada y de largo
aliento. Pero esta sería tal vez la única vía que pueda ahorrarnos la fatídica
e indeseable opción de un conflicto armado.
2 En marzo de 2015, el
presidente Obama emitió un decreto en el cual se declaró a Venezuela como “una
amenaza inusual” para la seguridad nacional de los EEUU. En marzo de 2018 el
presidente Trump prorrogó dicho decreto.
