La misión de Juan Guaidó como "presidente interino de
Venezuela" bajo el supuesto de restablecer el orden democrático y combatir
la crisis humanitaria, no tarda mucho en exteriorizar las verdaderas razones
por las que se encauzan los implicados internacionales. Y en relación a la
industria petrolera, se nota con premeditación.
Según una nota publicada por la calificadora de
riesgo S&P Global Platts, entre los planes inmediatos del recién proclamado
"gobierno de transición" aparece la renovación de la junta directiva
de Citgo Petroleum Corporation, filial de PDVSA con capacidad operativa de 750
mil barriles diarios, equivalentes al 4% del total refinado en Estados
Unidos.
Esto viene en consonancia con la intención de usar los
recursos bloqueados internacionalmente a Venezuela bajo interesadas acusaciones
de corrupción, según una ley presentada en la Asamblea Nacional en desacato.
En ese mismo sentido, el director del Consejo de
Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, afirmó que su país
cree que los fondos y activos bloqueados a Venezuela deberían "ser
administrados por Juan Guaidó por el presidente interino del país".
Además de esto, añade S&P Global Platts, que Guaidó
prevé la creación de "una nueva ley nacional de hidrocarburos que
establezca términos fiscales y contractuales flexibles para proyectos adaptados
a los precios del petróleo y al ciclo de inversión petrolera".
En esta línea, según fuentes cercanas a Guaidó, el
"gobierno paralelo" proyecta crear una nueva agencia de
hidrocarburos "para ofrecer rondas de licitación de proyectos de gas
natural y crudo convencional, pesado y extrapesado" en función de generar
acuerdos ventajosos para transnacionales energéticas estadounidenses.
Así se ve la sustancia de fondo del "gobierno
paralelo" (o de transición) de Guaidó; netamente enfocado en boicotear las
finanzas del Estado venezolano para establecer un nuevo régimen de explotación
petrolera, que otorgue el crudo venezolano a las corporaciones estadounidenses
que hoy compiten por él.
Basta como ejemplo citar el caso de ExxonMobil, expulsada
durante el gobierno de Hugo Chávez por no aceptar el nuevo régimen de
explotación hidrocarburífera reconocido en la Constitución bolivariana.
Una vez expulsada, esta corporación presionó a Guyana para explotar los
recursos energéticos ubicados en el Esequibo venezolano, hoy en disputa
con Guyana.
De prosperar esta intención, y poder extraer estos recursos,
ExxonMobil se convertiría en uno de los principales exportadores de
petróleo en América Latina, según analistas de Wood Mackenzi.
Así es el tamaño de sus intereses en Venezuela, como se vio en los últimos días
cuando hizo que Washington presionara al Grupo de Lima para que incluyera un
rechazo a la detención por parte de la Armada Nacional Bolivariana de un
buque de la corporación en aguas venezolanas.
Eso guarda estrecha relación con que Estados Unidos tiene
como objetivo poder regular, hacia abajo o hacia arriba,
el mercado de energía global, de acuerdo a la estrategia
2018-2022 de la Agencia para el Desarrollo Internacional del Departamento
de Estado. Eso se traduce en políticas de intervención que alteran
principalmente los mercados petroleros, sometiendo a los actores que participan
allí mediante medidas de presión selectivas como sanciones energéticas,
agresiones financieras de diversas índole, e intentos de cambio de régimen como
el que hoy registra Venezuela.
El fin es sostener a los Estados Unidos en una posición
privilegiada dentro de la economía global, permitiéndole
regular el mercado energético en función de golpear las
economías de las potencias rivales: China y Rusia.
Venezuela, aliado fundamental de estos países, ha
configurado una política energética basada en la cooperación mixta, con el
predominio de la estatal PDVSA en los convenios de extracción de recursos
petroleros por encima de las empresas privadas y estatales foráneas,
manteniendo un control soberano del territorio y sus fuentes de energía.
Por eso, habla bastante por sí mismo que entre las primeras
medidas de Guaidó, en su intento de usurpar funciones presidenciales, sea
vender a futuro los recursos petroleros de Venezuela a las mismas corporaciones
que, sin injerencias, no quieren negociar en igualdad de condiciones con el
Estado venezolano.
