lunes, 25 de octubre de 2010

La Unidad 9 abrió una puerta

Por 
 Daniel Cecchini - http://sur.elargentino.com/notas/la-unidad-9-abrio-una-puerta


Una sentencia que desnuda la complicidad judicial y otras patas civiles de la última dictadura.
El mate da vueltas y más vueltas alrededor de una mesa circular del tercer piso de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Las ideas también, a medida que la charla se enfoca en el tema propuesto por Miradas al Sur a los abogados Pablo Barbuto, coordinador de las causas en que participa la Secretaría, e Inti Pérez Aznar, a cargo de la querella en el juicio a los represores de la Unidad 9 de La Plata. Entre mate y mate, se trata de analizar la significación y los alcances de una sentencia. El miércoles 13, los jueces Carlos Rozansky, Mario Portela y Roberto Falcone condenaron al ex jefe de la cárcel, Alberto Dupuy, a otros nueve agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense y a tres médicos a penas que van desde los 10 años a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en ese penal. En la sentencia, los integrantes del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata señalaron que esos crímenes tuvieron lugar en el marco de un “genocidio” y que la Unidad Penitenciaria 9 fue un eslabón más del “plan sistemático de exterminio” perpetrado por la última “dictadura cívico-militar”. Además, los jueces tomaron una decisión histórica: a raíz de las declaraciones de varios testigos, ordenaron investigar a trece jueces por su posible complicidad en esos delitos.
Civiles y militares. “Lo que quedó en claro en la Unidad 9 fue que en el plan sistemático de exterminio no solamente participaron los penitenciarios, los militares, sino que también había muchísimos civiles, cómo médicos. Es destacable, también, que ante la posible participación de actores judiciales, se haya decidido investigar su probable participación. También es sumamente importante que se probó que cuando se trasladaba gente para matarla, se montaban operaciones mediáticas para encubrir los crímenes. Decían que los mataban organizaciones armadas cuando internacionalmente se sabía que se estaban aplicando las ‘leyes de fuga’, se los estaba sacando para matarlos. De hecho hay una nota del Washington Postde febrero de 1977 que dice que en la Argentina, en la Unidad 9, se estaban aplicando las leyes de fuga. ¿Me van a decir que ningún medio de Argentina sabía que el Washington Post había sacado esa nota? Me parece que ahí queda probada la participación civil, sin la cual no hubiese podido haber un plan de exterminio”, dice Pérez Aznar. De ahí, también, la caracterización de la dictadura como cívico-militar, no sólo por la participación en ella de los grandes grupos económicos concentrados y sus principales espadas, sino también por la complicidad de hombres y mujeres de distintas profesiones y sectores sociales. “Creo que el mayor aporte que está haciendo la secretaría en su calidad de querellante es justamente la investigación constante de nuevos actores que tuvieron participación en la dictadura. No sólo surgen en la U9 sino en otras causas, como en Campo de Mayo, en la Esma, en Orletti. El proceso militar duró siete años, con todo lo que eso conlleva. Es un proceso dictatorial largo y que llevó a cabo su plan represivo de una forma sistemática y organizada. A pesar de que las pruebas se ocultaron y destruyeron, las investigaciones sobre estos hechos están dando muchos frutos. Para ello se utilizaron diversas herramientas, como por ejemplo la apertura de los archivos, testimonios indirectos, testimonios directos. Hubo sectores de toda la sociedad civil que participaron del plan sistemático. Las fuerzas ejecutoras son las que quedaron más expuestas, pero al profundizar las investigaciones se empiezan a correr mantos oscuros que ocultaron a estos sectores partícipes”, agrega Barbuto.
En el caso de los tres médicos de la Unidad 9, fueron decisivas las acusaciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Apdh-CTA. La Fiscalía, si bien había ampliado su acusación a tormentos seguidos de muerte, luego aplicó un delito de menor significación. “Me parece que si hablamos de genocidio, de plan de exterminio, es muy difícil decir que un médico que pasaba y hacía la vista gorda sólo cometió un delito de mala praxis –explica Pérez Aznar–. Si quedó demostrado que la U9 era casi un campo de concentración, no se puede excluir a los médicos, quienes cumplían un rol esencial. Acá no estamos hablando del médico que decía: ‘La picana va hasta acá, la electricidad hasta acá’, sino del médico que legitimaba que personas que estaban en pésimas condiciones de salud siguieran siendo torturadas. Lo que quedó acreditado en el juicio es que el solo hecho de estar en los chanchos era tortura. Los médicos legitimaron un régimen de tormentos constantes. Esta sentencia es la cabal demostración de que se están tomando en cuenta nuevos paradigmas, tanto de investigación como de juzgamiento para el tratamiento de estos casos, que dan como resultado el conocimiento de la verdad de los hechos.”
Ocultamientos y continuidades. Podría decirse que la caracterización de la última dictadura como “cívico-militar” es algo novedoso para gran parte de la sociedad argentina, incluida la Justicia. Basta repasar el desarrollo de las causas por delitos de lesa humanidad durante los últimos 25 años para que salte a la vista la enorme desproporción entre la cantidad de militares y de civiles que han sido acusados, condenados o están sometidos a estos procesos. La reciente detención del ex ministro de Economía de Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, por el caso Gutheim, o el estado público que ha tomado la instrucción de la causa que investiga la apropiación ilegal de Papel Prensa, utilizando las herramientas del terrorismo de Estado, han puesto en evidencia la participación civil en la concreción del golpe del 24 de marzo y en el desarrollo de la dictadura.
En ese sentido, la causa de la Unidad 9 y la condena a los médicos no sólo echa luz sobre la participación civil sino que muestra también cómo una institución legal –qué otra cosa es una unidad penitenciaria– fue parte del sistema represivo ilegal. “La Unidad 9 entra dentro del aparato represivo a fines de 1976, cuando llega el general Sasiaiñ. Hasta ese momento había un director, había habido episodios pero muy aislados –dice Pérez Aznar–. Sasiaiñ venía de estar en Córdoba como general, donde en la UP 1 ya se venían aplicando las leyes de fuga. También en ese año se habían cometido las masacres de Margarita Belén y de Palomitas. Asimismo, Dupuy llega como una especie de enviado del Servicio Penitenciario Bonaerense para suscribir y aplicar este régimen en la Unidad 9. Ahí es donde entra esto que nosotros dijimos en el alegato: todo el tiempo se entraba y se salía de la legalidad a la clandestinidad”.
Ese carácter supuestamente legal fue el que permitió que, durante años, los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Unidad 9 no sólo escaparan a la acción de la Justicia sino que, en muchos casos, siguieran cumpliendo con sus funciones hasta no hace mucho. “Los condenados en la causa de la U9 siguieron en servicio varios años en democracia. Llegaron a los escalones más altos. Por ejemplo, a Manchado Fernández lo separaron de sus funciones recién en 2004 por una nota periodística cuando iba a ser director de inteligencia. Dupuy fue también uno de los jefes del servicio, Rebaynera fue jefe de unidad, Cosso ya era jefe de servicio, Vega también tuvo rango de jefe. Estos agentes continuaron en la fuerza, incluso muchos de ellos ascendiendo, mecanismo que cesó con la investigación de los hechos, y que permitió realizar una depuración en su interior. Es un proceso muy largo y no sólo se está condenando a los culpables del plan de exterminio sino que también están saliendo a la luz aparatos represivos que estaban completamente teñidos por la dictadura”, agrega.
Una nueva generación judicial. No son pocas las razones que hacen de la causa de la Unidad 9 un juicio que podría considerarse bisagra en el accionar de la Justicia en la investigación de crímenes de lesa humanidad y la penalización de sus responsables. La sentencia tiene características que no pueden soslayarse: la discriminación de las penas entre los distintos condenados, de acuerdo a los delitos cometidos, dando una clara muestra de la legalidad del proceso; la investigación que se ordena por las posibles responsabilidades de actores judiciales, y la investigación sobre las actuales condiciones de detención de las personas que se encuentran bajo el actual régimen penitenciario en la Unidad.
También quedó en evidencia que en las cárceles “legales” de la dictadura existió una persecución tendiente a la destrucción psicofísica y, en muchos casos, la muerte, de los presos políticos, lo cual extiende el universo represivo a las doce mil personas que, según cálculos extraoficiales, estaban en ellas. Una represión ilegal que además se extendió a los familiares de no pocos detenidos. Hay alrededor de 15 familiares desaparecidos de detenidos en la Unidad 9.
Por último, pero no menos importante, sacó a la luz pública a una nueva generación de actores jurídicos, con abogados que no superan los 40 años, dispuesta a investigar hasta las últimas consecuencias –y sin dejar de lado a ningún tipo de actores– los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Pérez Aznar supera en poco la edad de 30 años, Barbuto ronda los 40. El fiscal Hernán Schapiro, autor del brillante alegato final en la causa, tiene 38 años. Ellos, y muchos otros, tienen la firme convicción de que sólo hay Justicia si se investiga hasta las últimas consecuencias. Como dice Barbuto, mientras termina el último mate: “Para dar vuelta la página de un proceso histórico, ésta tiene que estar escrita. Si la doy vuelta en blanco, no doy vuelta nada. Estos procesos están escribiendo la historia, porque es muy importante que la verdad, si se trata de delitos, tenga fundamento en una sentencia jurídica. Es la única manera”.
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