Madre patria, Mama mía

Por Javier Alvaredo -   http://www.revistadebate.com.ar//2011/05/27/3993.php

La delicada situación por la que atraviesa España obliga a que, una vez más, dediquemos esta columna a analizar sucesos acontecidos en el viejo continente. Y esto no es casual, ya que si bien España enfrenta problemas que le son enteramente propios, los mismos se amplifican en función de los riesgos de contagio a los que quedaría sometida en caso de que las economías más vulnerables (caso Grecia o Portugal), deban enfrentar procesos de reestructuración que muy difícilmente puedan desarrollarse de manera tan ordenada como para no generar corridas en el mercado. Como mencionamos en nuestro artículo del 27 de abril pasado, la velocidad de reacción de la Comunidad Europea muy difícilmente pueda ser tan rápida como los acontecimientos puedan requerir. En efecto, los mecanismos contemplados para modificar cuestiones institucionales requieren del voto unánime de sus miembros, en un contexto en el que las realidades políticas y económicas resultan bien diferentes, sobre todo entre los miembros ricos del norte y los pobres del sur. En España, y a la luz de las últimas noticias, la situación política por la que está atravesando la madre patria en las últimas semanas no puede describirse sino como crítica. La última paliza electoral que recibió el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) resulta un indicador muy claro de la crisis que enfrenta el oficialismo. También, la manifestación social de los “indignados” representa una muestra de este fenómeno de hastío político. Indudablemente, ambas expresiones reconocen un motivador común: la crisis económica que está golpeando a España desde mediados de 2008 a esta parte y sus consecuencias sociales, amplificadas por las medidas de ajuste ensayadas por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. El origen de esta historia no se remonta al reciente ajuste, sino al boom económico que experimentó España luego de su ingreso como miembro pleno de la Comunidad Económica Europea (CEE), en 1986. Un factor importante para analizar la insatisfacción política que sufre España en el último tiempo deviene no sólo de la cruda realidad actual, sino también de la diferencia entre la coyuntura y las brillantes expectativas imperantes hace poco tiempo atrás. En otras palabras, éste es otro decepcionante ciclo desde la ilusión al desencanto. Este factor explica por qué expresiones tan disímiles como el voto castigo, pero conservador, del último domingo, pueden convivir con un movimiento cuasi reformista como el de los indignados. Para razonar en torno a esto resulta necesario repasar la evolución económica reciente de la madre patria. Previo a esta crisis, España ha disfrutado de un período de prosperidad prolongado, sobre todo a partir de su ingreso a la CEE. Este ingreso le permitió contar con un flujo importante de transferencias para adecuar su infraestructura que llegó a representar poco menos del 2 por ciento del PBI, y que se mantuvo en niveles superiores a 1,2 por ciento del PBI hasta el año 2004. Impulsada por estos ingresos, pero también por el optimismo que este tipo de dinámicas generaron en las mismas sociedades que hoy se ven golpeadas, la economía española creció a una tasa promedio del 3,5 por ciento entre 1995 y 2005, uno de los períodos más pujantes de la historia económica española del siglo XX. Sin embargo, este desarrollo no tuvo su correlato en el mercado de trabajo, donde la tasa de desempleo no pudo nunca perforar el piso del 8 por ciento, alcanzando actualmente al 20,6 por ciento de la población activa. Este flagelo golpea particularmente al segmento más joven de la población, en tanto uno de cada tres menores de 25 años se encuentra desempleado. Contrariamente a lo que ocurrió en la Argentina durante la Convertibilidad, esta alta tasa de desempleo no tuvo efectos sociales tan negativos, ya que los desocupados tenían acceso a la asistencia social de manera accesible y bastante generosa. Sin embargo, esta cobertura social no inmuniza a los “parados” de los efectos colaterales negativos, sobre todo en el aspecto psíquico y en la autoestima de los individuos, producida por largos períodos de inactividad. Otra característica del período de crecimiento español fue su recurrente déficit en cuenta corriente que, entre 2000 y 2008, promedió el 6 por ciento del PBI, bien por encima del 1,6 por ciento de déficit promedio del período 1980-1999. Este desequilibrio significa que una economía está consumiendo más allá de su capacidad de ahorro y que, por ello, recurre al crédito externo para financiarse. Si bien este escenario es claramente insostenible durante un período de tiempo muy prolongado, la historia está llena de episodios donde estas situaciones se extendieron más allá de la cuenta. En el caso particular de España, el proceso de integración a economías más ricas y desarrolladas (como Francia y Alemania), hizo que esta fantasía se extendiera por más tiempo que el recomendable. De este modo, la deuda externa del sector privado alcanzó el 210 por ciento del PBI a la entrada de la crisis, bien por encima del 160 por ciento de promedio de la Unión Europea, con lo cual el ajuste requerido resulta mayor. El estallido del crack financiero global, en octubre de 2008, generó un gran cambio en la percepción de los mercados y los agentes económicos respecto de la situación de la periferia europea en general, y de la situación de España en particular. Por ejemplo, el riesgo país y los seguros contra el default treparon casi 200 puntos básicos durante el primer semestre del año pasado. En este contexto, el gobierno de Zapatero condujo un severo ajuste fiscal que incluyó, entre otras medidas, la reducción y el congelamiento de salarios públicos, recortes en inversión pública y transferencias a jurisdicciones subnacionales. Al mismo tiempo, la reforma del sistema previsional incluyó el incremento en la edad de jubilación y en los requisitos para acceder a esta prestación. Más precisamente, el gasto total se redujo, en 2010, el 5,1 por ciento, de la mano de la reducción del gasto de personal del 1,2 por ciento, mientras que las transferencias a las Comunidades Autónomas lo hicieron en un 7 por ciento. A su vez, el gasto en Inversión Pública, por su parte, cayó un 16 por ciento. Este paquete de ajuste ha sido relativamente exitoso en el sentido de que ha cumplido con los objetivos propuestos, permitiendo una reducción del déficit fiscal de 2 puntos porcentuales del PBI, en tanto el desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos se achicó desde el 9,7 por ciento del PBI en 2008 al 4,4 por ciento del PBI en 2010. Mientras, la situación del endeudamiento público se encuentra entre las más bajas de la Eurozona, en el orden del 60 por ciento del PBI. Adicionalmente, la economía logró un mejor desempeño en relación al resto de las naciones de la periferia europea, en tanto registró un descenso, durante 2010, del 0,15 por ciento, sustancialmente menor al 4,5 por ciento de retroceso en Grecia, mientras que Irlanda y Portugal cayeron alrededor del 1 por ciento. Sin embargo, estos “éxitos” se han logrado a expensas de un recorte en el gasto social y sin mejoras en el mercado laboral, donde la tasa de desempleo continúa en niveles superiores al 20 por ciento de la población económicamente activa. Adicionalmente, si bien la exposición del sistema financiero al riesgo portugués resulta considerable (unos 6.500 millones de euros y el 0,6 por ciento del PBI), está concentrado en las instituciones financieras más fuertes y no en las golpeadas cajas de ahorro que han sufrido por la explosión de la burbuja inmobiliaria. De este modo, objetivamente no existe evidencia de que este proceso de ajuste real no pueda terminar de sacar a España de la difícil situación por la que atraviesa, aunque el camino será arduo y bastante prolongado. Si bien la aritmética, en este aspecto, resulta muy variable, se presume que este proceso debería prolongarse como mínimo por cinco años más, lo cual representa un gran desafío en vista de la situación política prevaleciente. El importante voto a favor del conservador Partido Popular del último domingo parecería señalar que buena parte de la sociedad española está apostando por el doloroso camino del ajuste. Por otro lado, la alternativa todavía inorgánica, pero en apariencia rupturista, planteada por el movimiento de los “indignados” no está exenta de costos. Una potencial salida del euro representa, a todas luces, una alternativa incierta e impredecible. Las transferencias de las que España se benefició plenamente, durante la época dorada de su ingreso a la CEE, plantean una situación compleja de administrar y sus connotaciones resultan complicadas. Esto le podría quitar buena parte de potencial a los beneficios derivados de recuperar la herramienta de la política monetaria vía la recomposición de la moneda propia. Otra dificultad no menor, en este sentido, es que España hoy no cuenta con un signo monetario propio, luego de la unificación monetaria que se llevó a cabo en 2002. Así, la situación española se asemeja más a la que sufre actualmente Ecuador, que aún luego de más de cinco años de gobierno de Correa no ha podido recrear una moneda propia, que a la que observó la Argentina a la salida de la Convertibilidad. Por último, durante dicho proceso de integración europea, España ha ido adaptando su legislación y sus instituciones, con lo cual el costo de romper contratos y reglas también sería sumamente complejo. En síntesis, todo parece indicar que el proceso de ajuste, que ha encarado España en los últimos años, continuará su curso a pesar del importante descontento político y social observado en los últimos años. El éxito de esta estrategia dependerá no sólo de la voluntad de éste y los futuros gobiernos españoles, sino también de la situación europea en general. Y esto representa un enorme riesgo, debido a la falta de una guía clara y los altos grados de consenso que el arreglo institucional europeo contiene desde que se implementó el proceso de unificación. Además, la preeminencia de la visión sajona y dura prevaleciente en los países del norte europeo no promete ser de ayuda. Como se observa, las perspectivas futuras han dejado de ser tan brillantes como el proceso de integración prometía, y la adaptación a esta nueva realidad representa un desafío de diseño de políticas sin precedentes, aun más complejo que el experimentado por las economías de nuestra región.