POR EMIR SADER - http://www.cronicon.net/paginas/edicanter/ediciones39/nota3.htm
La década de 1990 fue la peor que América Latina haya vivido. La crisis de la deuda - con sus consecuencias: el FMI, cartas de intención, los ajustes fiscales, etc. - Las dictaduras militares y abrió el camino para que imponen los gobiernos neoliberales en casi todos los continentes. Nos convertimos en la región del mundo con la mayor cantidad de gobiernos neoliberales y sus procedimientos más radicales.
La respuesta de América Latina ha demostrado su capacidad para revertir esta situación dramática: nos convertimos en la región que se concentra en los gobiernos elegidos por el rechazo del neoliberalismo, que alberga los procesos de integración regional con independencia de los EE.UU., que promueve formas innovadoras de integrar a cabo la mercantil.
Los líderes latinoamericanos como Lula, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, entre otros, están diseñados a nivel internacional por su capacidad para encarnar las necesidades de su pueblo. Bolivia, Ecuador y Venezuela se han unido a Cuba, con los países que - según la UNESCO - terminó con el analfabetismo.
Los países que han optado por la integración regional y no por los tratados de libre comercio, han ampliado sus economías, distribuye el ingreso y avanzados derechos sociales de sus habitantes se han ampliado significativamente el mercado de consumo popular, diversificado su comercio, se han incrementado significativamente el comercio entre ellos .
En la última década, América Latina se había reducido a la insignificancia. Gobernantes junior - Menem, Fujimori, FHC, Carlos Andrés Pérez, Carlos Salinas de Gortari - había aplicado mecánicamente el neo mismo-modelo liberal, debilitaron el Estado, la soberanía, las economías nacionales. Los gobiernos de los países que han adoptado el programa neoliberal no molestar a nadie, había reducido nuestros estados posteriores a los perdedores de la globalización, los vítores a expensas de un mayor deterioro de la situación de los pueblos de nuestros países.
La primera década del nuevo siglo una nueva América, con el mayor número de gobiernos progresistas que el continente ha tenido. Con procesos de integración regional reforzado - Alba al Mercosur, el Banco del Sur de UNASUR, el Consejo de Seguridad de América del Sur al Mercosur, entre otras iniciativas. Desarrollado la Operación Milagro, que se ha utilizado para renovar la visión de más de 2 millones de personas, que de otro modo no habría sido capaz de recuperar la vista. Las nuevas generaciones formadas de mala salud en la mejor medicina social en el mundo - Cuba - en la Escuela Latinoamericana de Medicina.
Las crisis económicas de la década anterior, típica del neoliberalismo, que debilitó la capacidad de la defensa nacional a los capitales especulativos, lo que promovió, entre muchas otras crisis de México en 1994, Brasil 1999 y Argentina en 2001-02 devastado las economías de esos países. Brasil de Cardoso dejó un país en recesión larga y profunda para Lula, que ha tenido que superar la crisis con las políticas de desarrollo económico.
En el final, los países latinoamericanos que participan en los procesos de integración regional - en especial de Brasil, Bolivia, Uruguay, Ecuador - superó la crisis desatada por los países centrales del capitalismo, que todavía están en recesión, lo que debería se extiende, incluso durante un largo tiempo. Reveló su capacidad para diversificar su comercio exterior, para intensificar intercambios comerciales regionales y ampliar el mercado para el consumo popular.
América Latina muestra el mundo de hoy - el impuesto por el predominio de gobiernos progresistas - un continente de la expansión económica, diciendo que su soberanía - en términos económicos, políticos y de seguridad regional - mejorar la situación social del pueblo, el fortalecimiento de las políticas internacionales que participar en las decisiones sobre las grandes cuestiones mundiales. Fue, sin duda, esta primera década del siglo, la década en América Latina, que se proyecta en la segunda década como un ejemplo de la lucha para superar el neoliberalismo y la construcción de más justo y compasivo.
viernes, 16 de abril de 2010
jueves, 15 de abril de 2010
EN AMÉRICA LATINA - LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN: SEÑALES FAVORABLES
POR OSVALDO LEÓN - http://www.cronicon.net/paginas/edicanter/ediciones39/nota6.htm
Se rompió el encanto y el tema tabú de la comunicación ya hace parte del debate público en prácticamente todos los países del continente. En varios de ellos, los gobiernos ya han asumido la necesidad de establecer normativas legales para democratizar el sector, haciéndose eco de las demandas que en este sentido han venido impulsando colectivos sociales y ciudadanos. Esta es, posiblemente, una de las expresiones más claras de los aires de cambio que soplan en la región.
"Sin democratización de la comunicación, no hay democracia" fue una proclama que nació de grupos activistas e intelectuales -particularmente de quienes abordan el tema desde la economía política de la comunicación- al calor de los procesos de retorno constitucional registrados a inicios de los '80. Una de sus primeras demandas: que los medios de comunicación dispongan espacios para poder debatir su rol y responsabilidad social. Imposible.
Años después, se expanden e imponen las políticas neoliberales que entre otras cosas dan paso a una mayor concentración monopólica y oligopólica mediática. En tales condiciones, dar paso a tal debate, un imposible mayor. Es más, la sola posibilidad de proponerlo prácticamente resultaba ser una amenaza a la "libertad de expresión".
Cuando, ante la incapacidad del neoliberalismo de resolver los problemas que prometió hacerlo -y que por el contrario los agravó- el mapa político cambia de color, paulatinamente va cobrando fuerza esa demanda básica de abrir el debate sobre los medios de comunicación y sus responsabilidades sociales. Y el imposible se revierte: los medios del establecimiento se atrincheran en el sentido patrimonialista de la "libertad de expresión", a partir del cual tratan de imponer un gran monólogo, apoyándose en la tradicional auto-referencia que entre ellos han establecido, tanto nacional como internacionalmente; pero resultan rebasados por un proceso de democratización que aspira garantizar como mínimo la pluralidad y diversidad informativas, abriendo y asegurando condiciones para que los sectores sociales tradicionalmente excluidos puedan irrumpir en tal espacio. Y es así como el debate está abierto.
HACIA NUEVAS NORMATIVAS
Entre las tareas pendientes que por décadas los colectivos de izquierda y, en general, el campo popular han tenido dificultades para descifrar, se encuentra la relativa a la comunicación. Situación que los ha llevado a moverse entre la condena y la fascinación respecto a los medios masivos de difusión, aunque en términos reales con la preeminencia de esta última por consideraciones pragmáticas circunscritas al "posibilismo mediático", para -como la política correcta indica- asegurar visibilidad pública.
Cuando estas fuerzas comienzan a conquistar espacios de gobierno, sin agenda propia en materia de comunicación, esa lógica pragmática les ha conducido a tratar de establecer acuerdos -tácitos o implícitos- con los magnates de esos medios de difusión como fórmula de entendimiento de una especie de "no agresión". Pero como los cambios ponen en juego intereses, tarde o temprano tal fórmula termina por develarse inviable, más aún cuando de por medio existen actores sociales exigiendo la democratización de la comunicación.
El primer sacudón se dio en Venezuela, cuando el fallido golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002 demostró que un eje principal de la intentona radicó en el manejo mediático de los grandes medios de difusión. Es a partir de este acontecimiento que el mandatario venezolano "reconoce" la existencia de medios alternativos y comunitarios que, entre otros factores, jugaron un rol clave para impedir que se rompa el hilo constitucional.
A partir de allí se abre otra historia, que da lugar al tratamiento de la "Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión" (conocida como ley Resorte), sancionada en diciembre de 2005 y a políticas para fomentar medios públicos y comunitarios; pero también, a una persistente y abrumadora campaña nacional e internacional en contra del mandatario venezolano por parte de los grandes conglomerados mediáticos, cuyo mensaje se encubre en la defensa de la libertad de expresión para decir "no toquen a nuestros negocios".
En Ecuador, el 28 de septiembre de 2008 el electorado aprobó la nueva Constitución que recoge la voluntad de cambio y anhelos acumulados de la gran mayoría de la población para alcanzar transformaciones estructurales. Entre los logros constitucionales consta el reconocimiento de la comunicación como un derecho humano fundamental, como parte de los Derechos del buen vivir. Los Derechos de la Comunicación e Información consagrados establecen un marco inédito para avanzar hacia una profunda democratización del sector.
Por mandato constitucional, en la Asamblea Nacional se encuentra en trámite la aprobación de la Ley de Comunicación que habrá de desarrollar lo estipulado en la Carta Magna. Para su tratamiento se presentaron tres proyectos: uno desde la oposición, otro desde el oficialismo y el del Foro Ecuatoriano de la Comunicación. El resultado final aún es incierto por el ambiente de intimidación que han logrado montar los grandes medios empresariales.
Tras el fallido esfuerzo inicial de cuestionar la elaboración misma de la Ley, estos sectores han desencadenado una gigantesca campaña para descalificarla de antemano: antes siquiera de que la comisión encargada inicie el tratamiento ya fue tildada de "ley mordaza", de "dictatorial" y así por el estilo. En las circunstancias, bajo la batuta de tales medios de difusión, la dispersa oposición aspira hacer del rechazo a la ley un mecanismo para reagruparse y disputar las calles, con miras a, en un primer momento, dilatar su procesamiento para que la normativa elimine o reduzca al máximo las disposiciones que puedan afectar a sus particulares intereses.
Con un sentido también de reagrupar fuerzas y esfuerzos, redes de comunicación, gremios periodísticos, movimientos sociales y populares, y organizaciones de derechos humanos han hecho pública su condena a "la campaña mediática de los grandes grupos empresariales de la comunicación", al tiempo de insistir en que la conceptualización de la Ley se sustente en la defensa irrestricta de la libertad de expresión y del derecho a recibir información verificada y plural; derecho a la rectificación; distribución en tres tercios de las frecuencias de radio y televisión entre los sectores público, privado y comunitario; prohibición de concentración de frecuencias y monopolios mediáticos; producción nacional y local desde la diversidad cultural y geográfica; acceso universal a las tecnologías de información y comunicación; institucionalización de la defensoría del público; distribución equitativa de la publicación estatal; reversión de frecuencias obtenidas ilegítimamente. Así las cosas, los días que están por venir se anuncian muy agitados.
Al igual que en Ecuador, los poderes mediáticos bolivianos -y por supuesto los partidos de oposición- no han escatimado estratagema alguna para desvirtuar tanto la gestión del gobierno presidido por Evo Morales como el nuevo texto constitucional que entró en vigencia el 7 de febrero de 2009. Por el bloqueo de las fuerzas de derecha en el Senado, poco o nada se ha traducido dicho texto en normas legislativas. El arrollador triunfo alcanzado por Evo Morales y su partido el MAS en las elecciones del 6 de diciembre de 2009, abre un nuevo escenario en el cual, como ya anticipó el mandatario, acelerará "el proceso de cambio". En tal sentido, la legislación para dar cuerpo al reconocimiento constitucional del derecho a la comunicación e información, obviamente encontrará su curso en un período inmediato. Toda vez, lo anterior no ha impedido para que régimen impulse medidas para reforzar los medios públicos y fomentar medios comunitarios, como la red de radios indígenas, entre otras.
Tras un amplio debate a nivel nacional, el 10 de octubre de 2009 el Senado argentino aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que pone término a la norma que había regido en esta materia desde la dictadura militar. Siendo que uno de los propósitos de la Ley apunta a la desmonopolización del sector, los grandes conglomerados, articulados por el poderoso grupo Clarín, no solo que ignoraron el debate que se realizó durante siete meses, sino que activó una campaña demoledora para bloquear tal iniciativa. En el recuadro adjunto se revisa este proceso con mayor profundidad.
Si bien al inicio del segundo mandato del presidente Lula da Silva en Brasil se proclamó que una de sus prioridades sería dar paso a una reforma en materia de medios de comunicación, no fue sino a fines de enero de 2009, en el marco del Foro Social Mundial realizado en la ciudad de Belem, que el mandatario anunció la realización de "una gran conferencia sobre comunicación".
La iniciativa fue oficializada el 17 de abril como 1ª Conferencia Nacional de Comunicación (CONFECOM), que tendrá lugar del 14 al 17 de diciembre 2009 en Brasilia. Para el efecto se han establecido tres ejes temáticos: "producción de contenido", "medios de distribución" y "ciudadanía: derechos y deberes", los cuales abarcan 56 subtemas. Mientras que para su organización se conformó una Comisión integrada por representantes de tres sectores: movimientos sociales, organizaciones empresariales y gobierno. En la fase preparatoria, los grandes conglomerados empresariales optaron por retirarse de dicha Comisión para luego tratar de boicotearla y dar inicio a una campaña descalificadora de la Conferencia.
Tras la convocatoria, los diversos sectores han propiciado la realización de consultas, foros, intercambios para afinar posiciones comunes, que comenzaron a ser expuestas en las reuniones municipales y estaduales preparatorias para la plenaria. Estas reuniones arrancaron el 31 de octubre con la participación de millares de personas en todo el país, pero que la gran prensa no ha reportado.
Aunque la propia realización de la 1ª CONFECOM es considerada como una victoria de los sectores sociales, por ser un hito que establecerá un marco en la historia de la comunicación brasileña y por el carácter pedagógico que ha primado en la fase preparatoria, ni los más optimistas están seguros de los resultados, por lo intrincado de la correlación de fuerzas.
En Uruguay, entre tanto, el 26 de noviembre de 2009 el Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley que regula contenidos en medios de comunicación, con el fin de promover la producción nacional y, así, dar una oportunidad a artistas y creadores. El proyecto parte de la existencia de "grandes monopolios transnacionales, con criterios esencialmente mercantiles y comerciales, que concentran la propiedad de empresas culturales y que disponen de poderosas redes que orientan y controlan la producción y distribución de contenidos a nivel global", acotando que "el mercado por sí solo no garantiza la diversidad cultural".
Elaborado por el Ministerio de Educación y Cultura, el proyecto plantea la estipulación de un 50% para la producción nacional y la creación de un Consejo de Mediación integrado por tres personas, una por tipo de medio, que contará con una alta independencia en la órbita del Parlamento. Más allá de esta iniciativa, hay quienes consideran que uno de los principales desafíos del presidente entrante, José Mujica, es la reforma de la comunicación. ¿Será?
En fin, estamos ante un escenario donde, por una parte, los grupos de poder mediático para sostener el statu-quo han desatado una sórdida campaña para demonizar cualquier medida que implique abrir el juego y espacios para nuevas voces y actores sociales, en términos tales que internacionalmente cuentan con la resonancia orquestada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Por otra parte, la causa de la democratización de la comunicación que cada vez más es asumida por una diversidad de movimientos sociales, y ya no únicamente por actores relacionados directamente con este campo, con ritmos y particularidades propias a los respectivos países.
ALAI, diciembre 14 de 2009.
Se rompió el encanto y el tema tabú de la comunicación ya hace parte del debate público en prácticamente todos los países del continente. En varios de ellos, los gobiernos ya han asumido la necesidad de establecer normativas legales para democratizar el sector, haciéndose eco de las demandas que en este sentido han venido impulsando colectivos sociales y ciudadanos. Esta es, posiblemente, una de las expresiones más claras de los aires de cambio que soplan en la región.
"Sin democratización de la comunicación, no hay democracia" fue una proclama que nació de grupos activistas e intelectuales -particularmente de quienes abordan el tema desde la economía política de la comunicación- al calor de los procesos de retorno constitucional registrados a inicios de los '80. Una de sus primeras demandas: que los medios de comunicación dispongan espacios para poder debatir su rol y responsabilidad social. Imposible.
Años después, se expanden e imponen las políticas neoliberales que entre otras cosas dan paso a una mayor concentración monopólica y oligopólica mediática. En tales condiciones, dar paso a tal debate, un imposible mayor. Es más, la sola posibilidad de proponerlo prácticamente resultaba ser una amenaza a la "libertad de expresión".
Cuando, ante la incapacidad del neoliberalismo de resolver los problemas que prometió hacerlo -y que por el contrario los agravó- el mapa político cambia de color, paulatinamente va cobrando fuerza esa demanda básica de abrir el debate sobre los medios de comunicación y sus responsabilidades sociales. Y el imposible se revierte: los medios del establecimiento se atrincheran en el sentido patrimonialista de la "libertad de expresión", a partir del cual tratan de imponer un gran monólogo, apoyándose en la tradicional auto-referencia que entre ellos han establecido, tanto nacional como internacionalmente; pero resultan rebasados por un proceso de democratización que aspira garantizar como mínimo la pluralidad y diversidad informativas, abriendo y asegurando condiciones para que los sectores sociales tradicionalmente excluidos puedan irrumpir en tal espacio. Y es así como el debate está abierto.
HACIA NUEVAS NORMATIVAS
Entre las tareas pendientes que por décadas los colectivos de izquierda y, en general, el campo popular han tenido dificultades para descifrar, se encuentra la relativa a la comunicación. Situación que los ha llevado a moverse entre la condena y la fascinación respecto a los medios masivos de difusión, aunque en términos reales con la preeminencia de esta última por consideraciones pragmáticas circunscritas al "posibilismo mediático", para -como la política correcta indica- asegurar visibilidad pública.
Cuando estas fuerzas comienzan a conquistar espacios de gobierno, sin agenda propia en materia de comunicación, esa lógica pragmática les ha conducido a tratar de establecer acuerdos -tácitos o implícitos- con los magnates de esos medios de difusión como fórmula de entendimiento de una especie de "no agresión". Pero como los cambios ponen en juego intereses, tarde o temprano tal fórmula termina por develarse inviable, más aún cuando de por medio existen actores sociales exigiendo la democratización de la comunicación.
El primer sacudón se dio en Venezuela, cuando el fallido golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002 demostró que un eje principal de la intentona radicó en el manejo mediático de los grandes medios de difusión. Es a partir de este acontecimiento que el mandatario venezolano "reconoce" la existencia de medios alternativos y comunitarios que, entre otros factores, jugaron un rol clave para impedir que se rompa el hilo constitucional.
A partir de allí se abre otra historia, que da lugar al tratamiento de la "Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión" (conocida como ley Resorte), sancionada en diciembre de 2005 y a políticas para fomentar medios públicos y comunitarios; pero también, a una persistente y abrumadora campaña nacional e internacional en contra del mandatario venezolano por parte de los grandes conglomerados mediáticos, cuyo mensaje se encubre en la defensa de la libertad de expresión para decir "no toquen a nuestros negocios".
En Ecuador, el 28 de septiembre de 2008 el electorado aprobó la nueva Constitución que recoge la voluntad de cambio y anhelos acumulados de la gran mayoría de la población para alcanzar transformaciones estructurales. Entre los logros constitucionales consta el reconocimiento de la comunicación como un derecho humano fundamental, como parte de los Derechos del buen vivir. Los Derechos de la Comunicación e Información consagrados establecen un marco inédito para avanzar hacia una profunda democratización del sector.
Por mandato constitucional, en la Asamblea Nacional se encuentra en trámite la aprobación de la Ley de Comunicación que habrá de desarrollar lo estipulado en la Carta Magna. Para su tratamiento se presentaron tres proyectos: uno desde la oposición, otro desde el oficialismo y el del Foro Ecuatoriano de la Comunicación. El resultado final aún es incierto por el ambiente de intimidación que han logrado montar los grandes medios empresariales.
Tras el fallido esfuerzo inicial de cuestionar la elaboración misma de la Ley, estos sectores han desencadenado una gigantesca campaña para descalificarla de antemano: antes siquiera de que la comisión encargada inicie el tratamiento ya fue tildada de "ley mordaza", de "dictatorial" y así por el estilo. En las circunstancias, bajo la batuta de tales medios de difusión, la dispersa oposición aspira hacer del rechazo a la ley un mecanismo para reagruparse y disputar las calles, con miras a, en un primer momento, dilatar su procesamiento para que la normativa elimine o reduzca al máximo las disposiciones que puedan afectar a sus particulares intereses.
Con un sentido también de reagrupar fuerzas y esfuerzos, redes de comunicación, gremios periodísticos, movimientos sociales y populares, y organizaciones de derechos humanos han hecho pública su condena a "la campaña mediática de los grandes grupos empresariales de la comunicación", al tiempo de insistir en que la conceptualización de la Ley se sustente en la defensa irrestricta de la libertad de expresión y del derecho a recibir información verificada y plural; derecho a la rectificación; distribución en tres tercios de las frecuencias de radio y televisión entre los sectores público, privado y comunitario; prohibición de concentración de frecuencias y monopolios mediáticos; producción nacional y local desde la diversidad cultural y geográfica; acceso universal a las tecnologías de información y comunicación; institucionalización de la defensoría del público; distribución equitativa de la publicación estatal; reversión de frecuencias obtenidas ilegítimamente. Así las cosas, los días que están por venir se anuncian muy agitados.
Al igual que en Ecuador, los poderes mediáticos bolivianos -y por supuesto los partidos de oposición- no han escatimado estratagema alguna para desvirtuar tanto la gestión del gobierno presidido por Evo Morales como el nuevo texto constitucional que entró en vigencia el 7 de febrero de 2009. Por el bloqueo de las fuerzas de derecha en el Senado, poco o nada se ha traducido dicho texto en normas legislativas. El arrollador triunfo alcanzado por Evo Morales y su partido el MAS en las elecciones del 6 de diciembre de 2009, abre un nuevo escenario en el cual, como ya anticipó el mandatario, acelerará "el proceso de cambio". En tal sentido, la legislación para dar cuerpo al reconocimiento constitucional del derecho a la comunicación e información, obviamente encontrará su curso en un período inmediato. Toda vez, lo anterior no ha impedido para que régimen impulse medidas para reforzar los medios públicos y fomentar medios comunitarios, como la red de radios indígenas, entre otras.
Tras un amplio debate a nivel nacional, el 10 de octubre de 2009 el Senado argentino aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que pone término a la norma que había regido en esta materia desde la dictadura militar. Siendo que uno de los propósitos de la Ley apunta a la desmonopolización del sector, los grandes conglomerados, articulados por el poderoso grupo Clarín, no solo que ignoraron el debate que se realizó durante siete meses, sino que activó una campaña demoledora para bloquear tal iniciativa. En el recuadro adjunto se revisa este proceso con mayor profundidad.
Si bien al inicio del segundo mandato del presidente Lula da Silva en Brasil se proclamó que una de sus prioridades sería dar paso a una reforma en materia de medios de comunicación, no fue sino a fines de enero de 2009, en el marco del Foro Social Mundial realizado en la ciudad de Belem, que el mandatario anunció la realización de "una gran conferencia sobre comunicación".
La iniciativa fue oficializada el 17 de abril como 1ª Conferencia Nacional de Comunicación (CONFECOM), que tendrá lugar del 14 al 17 de diciembre 2009 en Brasilia. Para el efecto se han establecido tres ejes temáticos: "producción de contenido", "medios de distribución" y "ciudadanía: derechos y deberes", los cuales abarcan 56 subtemas. Mientras que para su organización se conformó una Comisión integrada por representantes de tres sectores: movimientos sociales, organizaciones empresariales y gobierno. En la fase preparatoria, los grandes conglomerados empresariales optaron por retirarse de dicha Comisión para luego tratar de boicotearla y dar inicio a una campaña descalificadora de la Conferencia.
Tras la convocatoria, los diversos sectores han propiciado la realización de consultas, foros, intercambios para afinar posiciones comunes, que comenzaron a ser expuestas en las reuniones municipales y estaduales preparatorias para la plenaria. Estas reuniones arrancaron el 31 de octubre con la participación de millares de personas en todo el país, pero que la gran prensa no ha reportado.
Aunque la propia realización de la 1ª CONFECOM es considerada como una victoria de los sectores sociales, por ser un hito que establecerá un marco en la historia de la comunicación brasileña y por el carácter pedagógico que ha primado en la fase preparatoria, ni los más optimistas están seguros de los resultados, por lo intrincado de la correlación de fuerzas.
En Uruguay, entre tanto, el 26 de noviembre de 2009 el Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley que regula contenidos en medios de comunicación, con el fin de promover la producción nacional y, así, dar una oportunidad a artistas y creadores. El proyecto parte de la existencia de "grandes monopolios transnacionales, con criterios esencialmente mercantiles y comerciales, que concentran la propiedad de empresas culturales y que disponen de poderosas redes que orientan y controlan la producción y distribución de contenidos a nivel global", acotando que "el mercado por sí solo no garantiza la diversidad cultural".
Elaborado por el Ministerio de Educación y Cultura, el proyecto plantea la estipulación de un 50% para la producción nacional y la creación de un Consejo de Mediación integrado por tres personas, una por tipo de medio, que contará con una alta independencia en la órbita del Parlamento. Más allá de esta iniciativa, hay quienes consideran que uno de los principales desafíos del presidente entrante, José Mujica, es la reforma de la comunicación. ¿Será?
En fin, estamos ante un escenario donde, por una parte, los grupos de poder mediático para sostener el statu-quo han desatado una sórdida campaña para demonizar cualquier medida que implique abrir el juego y espacios para nuevas voces y actores sociales, en términos tales que internacionalmente cuentan con la resonancia orquestada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Por otra parte, la causa de la democratización de la comunicación que cada vez más es asumida por una diversidad de movimientos sociales, y ya no únicamente por actores relacionados directamente con este campo, con ritmos y particularidades propias a los respectivos países.
ALAI, diciembre 14 de 2009.
miércoles, 14 de abril de 2010
Las fisuras de la historia
Por Ricardo Forster -http://www.elargentino.com/nota-86184-Las-fisuras-de-la-historia.html
Las fisuras de la historia constituyen momentos que, por lo general, suelen tomarnos desprevenidos o poco atentos para leer sus características y lo que abren en el horizonte de una sociedad. Pocos imaginaron las consecuencias que traería el ya famoso discurso de Raúl Alfonsín durante los días de Semana Santa del ’87, cuando ante una multitud congregada en Plaza de Mayo para defender la democracia contra la rebelión golpista de los carapintadas comandados por el entonces ignoto oficial Aldo Rico, lejos de apuntalar el ánimo movilizado de gran parte de los argentinos congeló su entusiasmo hablando de “héroes de las Malvinas” y de que “la casa está en orden” inaugurando la etapa de las leyes de la impunidad que, como todos ya sabemos y unido al deterioro económico y a la hiperinflación, allanaron el camino para la llegada de Menem y su “revolución” neoliberal de la mano de Cavallo y su convertibilidad. Seguramente ni el propio Alfonsín alcanzó a vislumbrar que iniciaba el fin de sus expectativas y la entrada en su ostracismo político del que sólo salió cuando se transformó en parte intocable del panteón nacional. Lejos, muy lejos, quedaban las esperanzas abiertas el 10 de diciembre de 1983.
Una generación de jóvenes recién llegados a la democracia y, en parte, al entusiasmo político quedó profundamente herida y desilusionada abriendo casi dos décadas de despolitización y apatía que se volvieron perfectamente funcionales a la inauguración de una década, la de los ’90, abroquelada alrededor de esa despolitización y brutalmente ofensiva en la instalación de un modelo económico-cultural capaz de quebrarle, eso parecía, definitivamente el espinazo a los restos todavía existentes de una Argentina que pese a Martínez de Hoz y a la dictadura homicida mantenía viejas herencias bienestaristas.
Los ’90 y su eje neoliberal, ya lo sabemos, destruyeron el aparato productivo, desguazaron el Estado, fragmentaron la vida social, mutilaron las prácticas sindicales avanzando demoledoramente sobre el trabajo y los derechos de los asalariados, quebraron el imaginario solidario que desde décadas había girado alrededor del sistema jubilatorio estatal y público para privatizar el ahorro de los argentinos y ponerlos al servicio de la especulación financiera, le hicieron un daño difícil de reparar a la idea misma de lo público en detrimento de la apología de lo privado y de sus cultores y convirtieron a la Argentina en una “fiesta” alucinada en la que una parte de la sociedad se gastó el ahorro de varias generaciones proyectando sobre el futuro una sombra ominosa de endeudamiento infinito asentado sobre las privatizaciones fraudulentas del patrimonio nacional.
Pero también, y no en menor medida, fueron años de transformaciones culturales y de profundización del poder corporativo y monopólico de algunos grupos mediáticos que tendrían y siguen teniendo una enorme influencia en la generación de sentido común y de opinión pública.
Esa “fisura” no inmediatamente perceptible de aquella Semana Santa del ’87 vino a clausurar las ilusiones del alfonsinismo, aquello de que con la democracia se cura, se educa y se come (siempre y cuando se logre limitar y controlar el poder de las corporaciones económicas y habilitar un proceso redistributivo, eso también hay que decirlo y que Alfonsín apenas pudo intentar y que rápidamente abandonó cuando le habló al país de “economía de guerra” y promovió el Plan Austral. Quedará como parte de lo mejor de su historia el gesto político fundamental y valiente que llevó al memorable juicio a las juntas militares), para mutilar la tradición equitativa y abrir un tiempo caracterizado (que aún perdura en sus consecuencias nefastas) por la mayor concentración de riqueza en menos manos de la historia contemporánea generadora de una inédita desigualdad social.
De ese tiempo posalfonsinista, cuyo certificado de defunción antecedió a su muerte efectiva, recién comenzamos a salir en el 2003 con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, generando, también, una fisura impredecible e imprevista en el devenir de la historia argentina que, en parte, había sido precedido por los acontecimientos dramáticos de diciembre de 2001 y el derrumbe del gobierno calamitoso de la Alianza y de la figura esperpéntica de Fernando de la Rúa.
Tal vez sin imaginarlo, y en muchos sin desearlo, el resultado electoral de 2003 que podía haber tenido otro ganador si el azar de algún punto más o menos hubiera cambiado los nombres del balotaje que finalmente no fue por deserción de Menem (¿se imagina el amigo lector si hubiera sido López Murphy el otro en discordia en vez del santacruceño o si el insondable Reutemann no hubiera renunciado a su candidatura vaya a saberse por qué misteriosos arcanos que se lo impidieron? ¿Estamos en condiciones de imaginar qué nos hubiera acontecido como país y cuáles serían nuestras actuales circunstancias, crisis económica mundial de por medio? Preguntas cuyas respuestas dejamos para aquellos que les gusta hacer historia contrafáctica y que se divierten iniciando sus frases con “qué hubiera pasado si…”) Lo cierto es que el 25 de mayo de 2003 y a través de un discurso de asunción no imaginado se inició una etapa nueva y anómala de la vida nacional.
Cuesta mucho, supone un gran esfuerzo, afirmar, como lo hacen algunos, que estamos delante de una colosal impostura y que nada ha sucedido de significativo en la trama política, económica, social y cultural en los últimos seis años. Que en realidad vivimos la continuidad de los ’90 pero maquillados astutamente por quienes han venido a ofrecer una imagen de sí mismos que no se corresponde con la efectiva acción de gobierno que no hace otra cosa que reproducir la lógica neoliberal.
Resulta entre grotesco y alucinado concluir que la política de derechos humanos, que el rechazo al Tratado de Libre Comercio, que el desendeudamiento del FMI y la gigantesca quita de deuda, que la construcción de una Corte Suprema autónoma y respetable, que la reestatización del sistema jubilatorio y la movilidad por ley de los haberes, que la clara opción por una política internacional latinoamericanista, que la participación activa en la defensa de la democracia boliviana y en el repudio al golpe hondureño, que el intento de apropiarse de la renta extraordinaria sojera, que la ley de medios audiovisuales, que la no represión de cualquier protesta social, que la defensa efectiva del trabajo y del salario unido a la recuperación de la paritarias, que la decisión de implementar la asignación universal por hijo, que el nombramiento inédito de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central, sean apenas ejercicios imaginarios para seguir abonando la continuidad neoliberal profundizando la lógica de la impostura como lo dicen Pino Solanas y Claudio Lozano y como con astucia intentan destacarlo, en franca consonancia con los primeros, los Morales Solá o los Mariano Grondona que, eso sí, tienen claro por qué el kirchnerismo es el enemigo a vencer. Pregunta ingenua: ¿para qué bombardear sin misericordia e intentar destituir a unos impostores que sólo benefician a los dueños eternos del poder en Argentina? ¿Tan loca es la simulación o tan brillante la impostura que hasta los mismos actores se creen sus papeles?
Lo que es importante señalar con todas las palabras, y eso más allá y con los límites y desaciertos de lo emprendido en mayo del 2003 pero también con su enorme salto cualitativo en la recuperación de derechos y de participación popular, es que, como destacaba Horacio González en un artículo reciente, estamos delante de “una fisura en la historia”, de esas que nos ofrece la oportunidad de ser contemporáneos de un proceso de transformaciones que abren la posibilidad cierta de romper la inercia ominosa de la vida argentina, esa que se inició en marzo del 76 y que vio de qué manera brutal y sistemática se buscó anular vidas y derechos generando las condiciones para liberar al capitalismo especulativo-financiero de toda traba y dejándole las manos libres para desarrollar a su antojo un modelo económico destructor de la memoria de la equidad.
Que la fisura se convierta en un extraordinario proyecto de refundación de la sociedad argentina de acuerdo con los mejores valores emancipatorios depende, como siempre, de su pueblo y de estar a la altura de los actuales desafíos sabiendo, eso sí, que los peligros de restauración siguen a la orden del día y muchas veces se disfrazan con los trajes del seudoprogresismo. 36
Las fisuras de la historia constituyen momentos que, por lo general, suelen tomarnos desprevenidos o poco atentos para leer sus características y lo que abren en el horizonte de una sociedad. Pocos imaginaron las consecuencias que traería el ya famoso discurso de Raúl Alfonsín durante los días de Semana Santa del ’87, cuando ante una multitud congregada en Plaza de Mayo para defender la democracia contra la rebelión golpista de los carapintadas comandados por el entonces ignoto oficial Aldo Rico, lejos de apuntalar el ánimo movilizado de gran parte de los argentinos congeló su entusiasmo hablando de “héroes de las Malvinas” y de que “la casa está en orden” inaugurando la etapa de las leyes de la impunidad que, como todos ya sabemos y unido al deterioro económico y a la hiperinflación, allanaron el camino para la llegada de Menem y su “revolución” neoliberal de la mano de Cavallo y su convertibilidad. Seguramente ni el propio Alfonsín alcanzó a vislumbrar que iniciaba el fin de sus expectativas y la entrada en su ostracismo político del que sólo salió cuando se transformó en parte intocable del panteón nacional. Lejos, muy lejos, quedaban las esperanzas abiertas el 10 de diciembre de 1983.
Una generación de jóvenes recién llegados a la democracia y, en parte, al entusiasmo político quedó profundamente herida y desilusionada abriendo casi dos décadas de despolitización y apatía que se volvieron perfectamente funcionales a la inauguración de una década, la de los ’90, abroquelada alrededor de esa despolitización y brutalmente ofensiva en la instalación de un modelo económico-cultural capaz de quebrarle, eso parecía, definitivamente el espinazo a los restos todavía existentes de una Argentina que pese a Martínez de Hoz y a la dictadura homicida mantenía viejas herencias bienestaristas.
Los ’90 y su eje neoliberal, ya lo sabemos, destruyeron el aparato productivo, desguazaron el Estado, fragmentaron la vida social, mutilaron las prácticas sindicales avanzando demoledoramente sobre el trabajo y los derechos de los asalariados, quebraron el imaginario solidario que desde décadas había girado alrededor del sistema jubilatorio estatal y público para privatizar el ahorro de los argentinos y ponerlos al servicio de la especulación financiera, le hicieron un daño difícil de reparar a la idea misma de lo público en detrimento de la apología de lo privado y de sus cultores y convirtieron a la Argentina en una “fiesta” alucinada en la que una parte de la sociedad se gastó el ahorro de varias generaciones proyectando sobre el futuro una sombra ominosa de endeudamiento infinito asentado sobre las privatizaciones fraudulentas del patrimonio nacional.
Pero también, y no en menor medida, fueron años de transformaciones culturales y de profundización del poder corporativo y monopólico de algunos grupos mediáticos que tendrían y siguen teniendo una enorme influencia en la generación de sentido común y de opinión pública.
Esa “fisura” no inmediatamente perceptible de aquella Semana Santa del ’87 vino a clausurar las ilusiones del alfonsinismo, aquello de que con la democracia se cura, se educa y se come (siempre y cuando se logre limitar y controlar el poder de las corporaciones económicas y habilitar un proceso redistributivo, eso también hay que decirlo y que Alfonsín apenas pudo intentar y que rápidamente abandonó cuando le habló al país de “economía de guerra” y promovió el Plan Austral. Quedará como parte de lo mejor de su historia el gesto político fundamental y valiente que llevó al memorable juicio a las juntas militares), para mutilar la tradición equitativa y abrir un tiempo caracterizado (que aún perdura en sus consecuencias nefastas) por la mayor concentración de riqueza en menos manos de la historia contemporánea generadora de una inédita desigualdad social.
De ese tiempo posalfonsinista, cuyo certificado de defunción antecedió a su muerte efectiva, recién comenzamos a salir en el 2003 con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, generando, también, una fisura impredecible e imprevista en el devenir de la historia argentina que, en parte, había sido precedido por los acontecimientos dramáticos de diciembre de 2001 y el derrumbe del gobierno calamitoso de la Alianza y de la figura esperpéntica de Fernando de la Rúa.
Tal vez sin imaginarlo, y en muchos sin desearlo, el resultado electoral de 2003 que podía haber tenido otro ganador si el azar de algún punto más o menos hubiera cambiado los nombres del balotaje que finalmente no fue por deserción de Menem (¿se imagina el amigo lector si hubiera sido López Murphy el otro en discordia en vez del santacruceño o si el insondable Reutemann no hubiera renunciado a su candidatura vaya a saberse por qué misteriosos arcanos que se lo impidieron? ¿Estamos en condiciones de imaginar qué nos hubiera acontecido como país y cuáles serían nuestras actuales circunstancias, crisis económica mundial de por medio? Preguntas cuyas respuestas dejamos para aquellos que les gusta hacer historia contrafáctica y que se divierten iniciando sus frases con “qué hubiera pasado si…”) Lo cierto es que el 25 de mayo de 2003 y a través de un discurso de asunción no imaginado se inició una etapa nueva y anómala de la vida nacional.
Cuesta mucho, supone un gran esfuerzo, afirmar, como lo hacen algunos, que estamos delante de una colosal impostura y que nada ha sucedido de significativo en la trama política, económica, social y cultural en los últimos seis años. Que en realidad vivimos la continuidad de los ’90 pero maquillados astutamente por quienes han venido a ofrecer una imagen de sí mismos que no se corresponde con la efectiva acción de gobierno que no hace otra cosa que reproducir la lógica neoliberal.
Resulta entre grotesco y alucinado concluir que la política de derechos humanos, que el rechazo al Tratado de Libre Comercio, que el desendeudamiento del FMI y la gigantesca quita de deuda, que la construcción de una Corte Suprema autónoma y respetable, que la reestatización del sistema jubilatorio y la movilidad por ley de los haberes, que la clara opción por una política internacional latinoamericanista, que la participación activa en la defensa de la democracia boliviana y en el repudio al golpe hondureño, que el intento de apropiarse de la renta extraordinaria sojera, que la ley de medios audiovisuales, que la no represión de cualquier protesta social, que la defensa efectiva del trabajo y del salario unido a la recuperación de la paritarias, que la decisión de implementar la asignación universal por hijo, que el nombramiento inédito de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central, sean apenas ejercicios imaginarios para seguir abonando la continuidad neoliberal profundizando la lógica de la impostura como lo dicen Pino Solanas y Claudio Lozano y como con astucia intentan destacarlo, en franca consonancia con los primeros, los Morales Solá o los Mariano Grondona que, eso sí, tienen claro por qué el kirchnerismo es el enemigo a vencer. Pregunta ingenua: ¿para qué bombardear sin misericordia e intentar destituir a unos impostores que sólo benefician a los dueños eternos del poder en Argentina? ¿Tan loca es la simulación o tan brillante la impostura que hasta los mismos actores se creen sus papeles?
Lo que es importante señalar con todas las palabras, y eso más allá y con los límites y desaciertos de lo emprendido en mayo del 2003 pero también con su enorme salto cualitativo en la recuperación de derechos y de participación popular, es que, como destacaba Horacio González en un artículo reciente, estamos delante de “una fisura en la historia”, de esas que nos ofrece la oportunidad de ser contemporáneos de un proceso de transformaciones que abren la posibilidad cierta de romper la inercia ominosa de la vida argentina, esa que se inició en marzo del 76 y que vio de qué manera brutal y sistemática se buscó anular vidas y derechos generando las condiciones para liberar al capitalismo especulativo-financiero de toda traba y dejándole las manos libres para desarrollar a su antojo un modelo económico destructor de la memoria de la equidad.
Que la fisura se convierta en un extraordinario proyecto de refundación de la sociedad argentina de acuerdo con los mejores valores emancipatorios depende, como siempre, de su pueblo y de estar a la altura de los actuales desafíos sabiendo, eso sí, que los peligros de restauración siguen a la orden del día y muchas veces se disfrazan con los trajes del seudoprogresismo. 36
martes, 13 de abril de 2010
Los ''forajidos'' se despiertan en Argentina
Por: Hugo Muleiro - Periodista argentino, ensayista y docente
Una parte de los argentinos, imposible de cuantificar por ahora, parece estar decidiéndose a dar pelea a grandes sectores del poder que combaten incansablemente contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, empezando por los grupos empresarios que concentran gran cantidad de medios de difusión.
Los motivos de la ofensiva contra el gobierno, que se profundizó cuando en las elecciones legislativas de 2009 el oficialismo retrocedió de mayoría simple a primera minoría en el Congreso Nacional, son tantos que parece imposible enumerarlos en un artículo periodístico: prácticamente todas las medidas gubernamentales son criticadas y repudiadas por una oposición política que va de la derecha a la izquierda, entre ex adversarios que ahora coinciden de manera sorprendente.
Esa coalición que forma mayoría circunstancial en el Congreso tiene una caja de resonancia incondicional, fiel, infaltable: los medios de difusión privados, en especial los del grupo Clarín, que incluye diarios, radios, canales de televisión abierta y por cable y una agencia de noticias.
El control de la información y su manejo discrecional por parte de unos pocos empresarios periodísticos, que fueron además cómplices de los crímenes de la dictadura militar (1976-1983) es uno de los factores más evidentes de la democracia inmadura e incompleta que padecen los argentinos.
La presidenta Fernández tomó la decisión de enfrentar a este grupo poderoso, capaz de jaquear y condicionar a los gobiernos elegidos democráticamente, apoyándose en una serie de organizaciones que venían bregando por la derogación de la ley de radio y televisión de la dictadura. Así, antes de la renovación legislativa, logró aprobar una ley de medios audiovisuales que busca romper la concentración en unas pocas manos de las licencias que el estado mismo adjudica, abriendo la comunicación a otros sectores como pueblos originarios, universidades, movimientos sociales, cooperativas, sindicatos.
La aprobación legislativa de la norma fue apenas el primer capítulo de un enfrentamiento que continuó y continuará. Ahora los empresarios de medios y dirigentes políticos opositores que les responden trabaron la aplicación de la ley mediante fallos aprobados por jueces que están en sus cargos desde la época de la dictadura, otra de las deudas gravísimas de la democracia argentina.
Pero esto es sólo una parte: los medios privados y los políticos que se sustentan en ellos rechazan cualquier acción gubernamental, no importa de qué se trate, como el pago de deuda con reservas excedentes del Banco Central, la política de administración de impuestos, un proyecto de reforma políticaÂ… Todo esto salpimentado con un estado de censura informativa gracias al cual por la gran mayoría de los medios privados se retacean o minimizan los anuncios gubernamentales, las pocas decisiones judiciales favorables al oficialismo y hechos como el respaldo expreso a la presidenta que le dio en marzo la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, para su política de pago de deuda externa.
El gobierno y las fuerzas que lo apoyan no lograron estructurar una reacción ante esta coalición, por qué no decirlo, dominante. Pero una serie de fenómenos por ahora aparentemente focalizados dan cuenta de un principio de resistencia y sobre todo ponen en evidencia que hace falta crear un espacio, un ámbito, político, social y comunicacional, en el que se pueda expresar algo diferente.
Comienzan a circular mensajes electrónicos, aparentemente espontáneos, de personas que describen cuáles son las medidas del gobierno con las que están de acuerdo y que no quieren que el mandato de la presidenta sea interrumpido.
Otras acciones emergen de los seguidores de un programa que emite el canal público de televisión, llamado "6, 7, 8", que realiza un análisis crítico del tratamiento periodístico en el país.
A través de la red Facebook comenzaron a comunicarse entre sí telespectadores, reivindicando la necesidad de un espacio alternativo de comunicación, hasta llegar a autoconvocarse en manifestaciones públicas en varios puntos del país, una de las cuales reunió en Buenos Aires a entre 10 mil y 15 mil personas.
"6, 7, 8" parece ser el espacio en el cual se siente representada una parte de los argentinos cuya magnitud está por verse: son esos argentinos que apoyan los aumentos a jubilados y pensionados, que quieren la democratización de los medios y de la información, que desean conocer todas las noticias y no sólo las contrarias al gobierno que publican los medios privados, que están hartos de la misoginia periodística que presenta a la presidenta como incapaz de gobernar sin su marido, Néstor Kirchner, que se cansaron de que una suerte de cadena de canales de TV privados se coaligue para presentar al país al borde de la catástrofe, con un derrumbe económico inminente y, claro que no podía faltar, cada vez más asaltos, más secuestros, más violaciones, más asesinatos, más inseguridad.
Son argentinos que parece que se cansaron de la práctica que hace que, cuando la presidenta dice que "el de los derechos humanos no es un problema de derecha e izquierda", el canal "noticioso" del grupo Clarín ponga en pantalla un sobreimpreso invirtiendo absolutamente el concepto: "El de los derechos humanos es un problema de derecha e izquierda", como lo hizo el 24 de marzo.
Esta clase de acciones y maniobras de los medios las pone en evidencia "6, 7, 8", que además, para burlarse del mensaje descalificador de los medios privados, puso al aire una canción de uno de sus conductores cuyo estribillo dice: "yo soy la mierda oficialista". La frase comenzó a ser usada en manifestaciones de apoyo al gobierno, en carteles y camisetas, evocando aquella reivindicación orgullosa de los ecuatorianos, los "forajidos", después de que así llamó el presidente Lucio Gutiérrez, en abril de 2005, a manifestantes que repudiaban sus políticas.
Esta acción de resistencia en principio mínima comenzó a tener trascendencia. Los conductores del programa dan cuenta asiduamente de mensajes de televidentes que denuncian que en varios puntos del país la señal del canal público sufre interferencias cuando este espacio está al aire. Y dijeron que ocurrió especialmente en una situación, en la ciudad andina de San Carlos de Bariloche, suroeste del país, cuando comenzaron a tratar uno de los casos más oprobiosos de injusticia que se registra en Argentina: la entrega por la dictadura militar, en 1976, de dos niños a la empresaria dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, quien se niega a que esas dos personas cotejen su ADN con los de familiares de desaparecidos.
Avanzando abril, dada la suspensión de la ley de medios audiovisuales, están siendo convocadas movilizaciones y actos de protesta contra los jueces que impiden aplicar la norma. Una de esas marchas partirá del Congreso, que aprobó la ley, y llegará a la sede de los tribunales, en Buenos Aires. Son muestras de que los "forajidos" argentinos se cansaron de permanecer arrinconados y enmudecidos, y parece que quieren tener visibilidad cuando dicen: "yo soy la mierda oficialista".
Una parte de los argentinos, imposible de cuantificar por ahora, parece estar decidiéndose a dar pelea a grandes sectores del poder que combaten incansablemente contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, empezando por los grupos empresarios que concentran gran cantidad de medios de difusión.
Los motivos de la ofensiva contra el gobierno, que se profundizó cuando en las elecciones legislativas de 2009 el oficialismo retrocedió de mayoría simple a primera minoría en el Congreso Nacional, son tantos que parece imposible enumerarlos en un artículo periodístico: prácticamente todas las medidas gubernamentales son criticadas y repudiadas por una oposición política que va de la derecha a la izquierda, entre ex adversarios que ahora coinciden de manera sorprendente.
Esa coalición que forma mayoría circunstancial en el Congreso tiene una caja de resonancia incondicional, fiel, infaltable: los medios de difusión privados, en especial los del grupo Clarín, que incluye diarios, radios, canales de televisión abierta y por cable y una agencia de noticias.
El control de la información y su manejo discrecional por parte de unos pocos empresarios periodísticos, que fueron además cómplices de los crímenes de la dictadura militar (1976-1983) es uno de los factores más evidentes de la democracia inmadura e incompleta que padecen los argentinos.
La presidenta Fernández tomó la decisión de enfrentar a este grupo poderoso, capaz de jaquear y condicionar a los gobiernos elegidos democráticamente, apoyándose en una serie de organizaciones que venían bregando por la derogación de la ley de radio y televisión de la dictadura. Así, antes de la renovación legislativa, logró aprobar una ley de medios audiovisuales que busca romper la concentración en unas pocas manos de las licencias que el estado mismo adjudica, abriendo la comunicación a otros sectores como pueblos originarios, universidades, movimientos sociales, cooperativas, sindicatos.
La aprobación legislativa de la norma fue apenas el primer capítulo de un enfrentamiento que continuó y continuará. Ahora los empresarios de medios y dirigentes políticos opositores que les responden trabaron la aplicación de la ley mediante fallos aprobados por jueces que están en sus cargos desde la época de la dictadura, otra de las deudas gravísimas de la democracia argentina.
Pero esto es sólo una parte: los medios privados y los políticos que se sustentan en ellos rechazan cualquier acción gubernamental, no importa de qué se trate, como el pago de deuda con reservas excedentes del Banco Central, la política de administración de impuestos, un proyecto de reforma políticaÂ… Todo esto salpimentado con un estado de censura informativa gracias al cual por la gran mayoría de los medios privados se retacean o minimizan los anuncios gubernamentales, las pocas decisiones judiciales favorables al oficialismo y hechos como el respaldo expreso a la presidenta que le dio en marzo la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, para su política de pago de deuda externa.
El gobierno y las fuerzas que lo apoyan no lograron estructurar una reacción ante esta coalición, por qué no decirlo, dominante. Pero una serie de fenómenos por ahora aparentemente focalizados dan cuenta de un principio de resistencia y sobre todo ponen en evidencia que hace falta crear un espacio, un ámbito, político, social y comunicacional, en el que se pueda expresar algo diferente.
Comienzan a circular mensajes electrónicos, aparentemente espontáneos, de personas que describen cuáles son las medidas del gobierno con las que están de acuerdo y que no quieren que el mandato de la presidenta sea interrumpido.
Otras acciones emergen de los seguidores de un programa que emite el canal público de televisión, llamado "6, 7, 8", que realiza un análisis crítico del tratamiento periodístico en el país.
A través de la red Facebook comenzaron a comunicarse entre sí telespectadores, reivindicando la necesidad de un espacio alternativo de comunicación, hasta llegar a autoconvocarse en manifestaciones públicas en varios puntos del país, una de las cuales reunió en Buenos Aires a entre 10 mil y 15 mil personas.
"6, 7, 8" parece ser el espacio en el cual se siente representada una parte de los argentinos cuya magnitud está por verse: son esos argentinos que apoyan los aumentos a jubilados y pensionados, que quieren la democratización de los medios y de la información, que desean conocer todas las noticias y no sólo las contrarias al gobierno que publican los medios privados, que están hartos de la misoginia periodística que presenta a la presidenta como incapaz de gobernar sin su marido, Néstor Kirchner, que se cansaron de que una suerte de cadena de canales de TV privados se coaligue para presentar al país al borde de la catástrofe, con un derrumbe económico inminente y, claro que no podía faltar, cada vez más asaltos, más secuestros, más violaciones, más asesinatos, más inseguridad.
Son argentinos que parece que se cansaron de la práctica que hace que, cuando la presidenta dice que "el de los derechos humanos no es un problema de derecha e izquierda", el canal "noticioso" del grupo Clarín ponga en pantalla un sobreimpreso invirtiendo absolutamente el concepto: "El de los derechos humanos es un problema de derecha e izquierda", como lo hizo el 24 de marzo.
Esta clase de acciones y maniobras de los medios las pone en evidencia "6, 7, 8", que además, para burlarse del mensaje descalificador de los medios privados, puso al aire una canción de uno de sus conductores cuyo estribillo dice: "yo soy la mierda oficialista". La frase comenzó a ser usada en manifestaciones de apoyo al gobierno, en carteles y camisetas, evocando aquella reivindicación orgullosa de los ecuatorianos, los "forajidos", después de que así llamó el presidente Lucio Gutiérrez, en abril de 2005, a manifestantes que repudiaban sus políticas.
Esta acción de resistencia en principio mínima comenzó a tener trascendencia. Los conductores del programa dan cuenta asiduamente de mensajes de televidentes que denuncian que en varios puntos del país la señal del canal público sufre interferencias cuando este espacio está al aire. Y dijeron que ocurrió especialmente en una situación, en la ciudad andina de San Carlos de Bariloche, suroeste del país, cuando comenzaron a tratar uno de los casos más oprobiosos de injusticia que se registra en Argentina: la entrega por la dictadura militar, en 1976, de dos niños a la empresaria dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, quien se niega a que esas dos personas cotejen su ADN con los de familiares de desaparecidos.
Avanzando abril, dada la suspensión de la ley de medios audiovisuales, están siendo convocadas movilizaciones y actos de protesta contra los jueces que impiden aplicar la norma. Una de esas marchas partirá del Congreso, que aprobó la ley, y llegará a la sede de los tribunales, en Buenos Aires. Son muestras de que los "forajidos" argentinos se cansaron de permanecer arrinconados y enmudecidos, y parece que quieren tener visibilidad cuando dicen: "yo soy la mierda oficialista".
domingo, 11 de abril de 2010
Operación cónclave
Mientras en Alemania se vela “el papado fallido de Benedicto XVI”, Bergoglio intenta lavar su imagen en espera de un eventual nuevo cónclave. Las partes más significativas de su libro y los documentos que contradicen esa versión angelical. El rechazo de Emilio Mignone a los pastores que entregaron a sus ovejas y la mutilación de documentos para ocultar el apoyo episcopal a la dictadura.
Cuando la publicación más importante de Alemania, Der Spiegel, se refiere al “papado fallido” de su compatriota Joseph Ratzinger (el mismo término que la Inteligencia estadounidense aplica a los estados con vacío de poder en los que justifica su intervención), el primado de la Argentina y arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio, emprende una operación de lavado de imagen con la publicación de un libro autobiográfico. El ostensible propósito de “El Jesuita”, como se titula, es defender su desempeño como provincial de la Compañía de Jesús entre 1973 y 1979, manchado por las denuncias de los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics de que los entregó a los militares. Ambos estuvieron secuestrados cinco meses a partir de mayo de 1976. En cambio nunca reaparecieron las cuatro catequistas y dos de sus esposos secuestrados dentro del mismo operativo. Entre ellos estaban Mónica Candelaria Mignone, hija del fundador del CELS, Emilio Mignone, y María Marta Vázquez Ocampo, de la presidente de Madres de Plaza de Mayo, Martha Ocampo de Vázquez. Ratzinger tiene 83 años y según Der Spiegel demasiadas voces piden su renuncia. El sacerdote Paolo Farinella escribió en la prestigiosa revista italiana de filosofía MicroMega, cuyo director Paolo Flores D’Arcais ha participado en debates públicos sobre filosofía con el papa, que Benedicto XVI debería pedir perdón a los creyentes afectados por la estrictez del celibato, por las condiciones en los seminarios y por los miles de casos de abusos de niños y decirles: “Me retiraré a un monasterio y pasaré el resto de mis días haciendo penitencia por mi fracaso como sacerdote y como papa”. Nadie se sorprendería si después de beber una tisana nocturna fallara el corazón de un hombre entristecido y angustiado por las injustas críticas que alcanzan su desempeño como obispo de Baviera y no perdonan ni a su amado hermano Georg. La revista alemana menciona el antecedente de Celestino V, un papa del siglo XIII que renunció porque no se sintió capaz de cumplir con sus funciones. Por si algo de eso ocurre, Bergoglio necesita una foja de servicios pulida. Ante una pregunta acerca del papa ideal, el presidente de la Asociación Alemana de Juventudes Católicas, Dirk Tänzler, dijo a Der Spiegel que preferiría que haya trabajado en una parte pobre de Sudamérica o en otra región golpeada por la pobreza, ya que tendría una visión distinta del mundo. La compasión por la pobreza, compartida con la Sociedad Rural y la Asociación Empresaria AEA, es el nicho de oportunidad elegido por el Episcopado bajo la conducción de Bergoglio.
El Silencio
Es el cardenal quien vincula su descargo con la elección papal. Su libro narra que cuando la vida de Juan Pablo II se apagaba y el nombre de Bergoglio figuraba en los pronósticos de los periodistas especializados “volvía a agitarse una denuncia periodística publicada unos pocos años atrás en Buenos Aires” y que “en las vísperas del cónclave que debía elegir al sucesor del papa polaco, una copia de un artículo con la acusación, de una serie del mismo autor, fue enviada a las direcciones de correo electrónico de los cardenales electores con el propósito de perjudicar las chances que se le otorgaban al purpurado argentino”. Bergoglio dice en su libro que nunca respondió la acusación “para no hacerle el juego a nadie, no porque tuviese algo que ocultar”. No explica qué cambió ahora.
Pastores y lobos
En realidad la primera versión del episodio no se debe a ningún periodista sino a Emilio Mignone. En su libro Iglesia y dictadura, editado en 1986, cuando Bergoglio no era conocido fuera del mundo eclesiástico, Mignone ejemplificó con su caso “la siniestra complicidad” con los militares, que “se encargaron de cumplir la tarea sucia de limpiar el patio interior de la Iglesia, con la aquiescencia de los prelados”. Según el fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales, durante una reunión con la Junta Militar en 1976 el entonces presidente de la Conferencia Episcopal y vicario castrense, Adolfo Servando Tortolo, acordó que antes de detener a un sacerdote las Fuerzas Armadas avisarían al obispo respectivo. Agrega Mignone que “en algunas ocasiones la luz verde fue dada por los mismos obispos. El 23 de mayo de 1976 la Infantería de Marina detuvo en el barrio del Bajo Flores al presbítero Orlando Yorio y lo mantuvo durante cinco meses en calidad de desaparecido. Una semana antes de la detención, el arzobispo [Juan Carlos] Aramburu le había retirado las licencias ministeriales, sin motivo ni explicación. Por distintas expresiones escuchadas por Yorio en su cautividad, resulta claro que la Armada interpretó tal decisión y, posiblemente, algunas manifestaciones críticas de su provincial jesuita, Jorge Bergoglio, como una autorización para proceder contra él. Sin duda, los militares habían advertido a ambos acerca de su supuesta peligrosidad”. Mignone se pregunta “qué dirá la historia de estos pastores que entregaron sus ovejas al enemigo sin defenderlas ni rescatarlas”.
La llaga abierta
Publiqué la historia en esta misma columna, el 25 de abril de 1999. Además de la opinión de Mignone, la nota incluyó la de quien fue su colaboradora en el CELS, la abogada Alicia Oliveira, quien dijo lo que ahora repite en el libro: que su amigo Bergoglio, preocupado por la inminencia del golpe, temía por la suerte de los sacerdotes del asentamiento y les pidió que salieran de allí. Cuando los secuestraron, trató de localizarlos y procurar su libertad, así como ayudó a otros perseguidos. A raíz de aquella nota, Orlando Yorio se comunicó conmigo desde el Uruguay, donde vivía. Por teléfono y correo electrónico refutó las afirmaciones de Bergoglio y Oliveira. “Bergoglio no nos avisó del peligro en ciernes” y “tampoco tengo ningún motivo para pensar que hizo algo por nuestra libertad, sino todo lo contrario”, dijo. Los dos sacerdotes “fueron liberados por las gestiones de Emilio Mignone y la intercesión del Vaticano y no por la actuación de Bergoglio, que fue quien los entregó”, agregó Angélica Sosa de Mignone, Chela, la esposa durante medio siglo del fundador del CELS. Sus testimonios se incluyeron en la nota “La llaga abierta”, que se publicó el 9 de mayo de 1999. También se transmitieron allí las posiciones de Bergoglio y del otro cura secuestrado aquel día, Francisco Jalics.
Cuestion de Estilo
En su libro, Bergoglio dice ahora que Yorio y Jalics “estaban pergeñando una congregación religiosa, y le entregaron el primer borrador de las reglas a los monseñores Pironio, Zazpe y Serra. Conservo la copia que me dieron”. Bergoglio también me entregó una copia a mí. Expresa el tipo de dudas y conflictos que fueron comunes en un alto número de sacerdotes a partir del Concilio Vaticano II, con “la crisis de las congregaciones religiosas, los signos de los tiempos modernos, la coincidencia con el sentir de la búsqueda de los jóvenes y la confirmación espiritual que sentimos en nuestro actual modo de vivir”. El problema en este caso era cómo compatibilizar “el estilo ignaciano de la vida religiosa” con “la vida moderna [que] pedía un estilo nuevo”. La minuta agrega que las Congregaciones Apostólicas están organizadas de modo que sus superiores “parecen preocuparse más por las obras que por la atención espiritual de sus súbditos”. En cambio ellos idealizan el modelo de las fundaciones monásticas y plantean que “la comunidad se una en torno de una búsqueda espiritual y de un proyecto de vida y no en torno de obras”. Esto plantea una “incompatibilidad personal” a los sacerdotes subordinados a la disciplina de su congregación.
En su carta al padre Moura, Yorio menciona esa minuta como respuesta a la presión de Bergoglio para que disolvieran la comunidad en el Bajo Flores. Agrega que a Pironio, Zazpe y Serra les dejaron “un esbozo de estructuración de vida religiosa en caso de que no pudiéramos seguir en la Compañía y fuese posible realizarla fuera”, lo cual no implica que quisieran salir de ella. En un viaje posterior a la Argentina, Pironio le dijo que no había consultado el tema en Roma porque Bergoglio “lo había ido a ver para decirle que el padre general era contrario a nosotros”. Zazpe respondió que “el provincial andaba diciendo que nos echaba de la Compañía” y Serra le comunicó que le retiraban las licencias en la Arquidiócesis, porque Bergoglio había comunicado “que yo salía de la Compañía”.
Según Bergoglio, el superior jesuita Pedro Arrupe dijo que debían elegir entre la comunidad en que vivían y la Compañía de Jesús. “Como ellos persistieron en su proyecto y se disolvió el grupo, pidieron la salida de la Compañía”. Agrega Bergoglio que la dimisión de Yorio fue aceptada el 19 de marzo de 1976. “Ante los rumores de inminencia del golpe les dije que tuvieran mucho cuidado. Recuerdo que les ofrecí, por si llegaba a ser conveniente para su seguridad, que vinieran a vivir a la casa provincial de la Compañía”, dice Bergoglio. Agrega que nunca creyó que estuvieran involucrados en actividades subversivas. “Pero por su relación con algunos curas de las villas de emergencia, quedaban demasiado expuestos a la paranoia de la caza de brujas. Como permanecieron en el barrio, Yorio y Jalics fueron secuestrados durante un rastrillaje.”
Papelitos
Bergoglio también niega haber aconsejado a los funcionarios de Culto de la Cancillería que rechazaran la solicitud de renovación de pasaporte de Jalics, que él mismo presentó. Según Bergoglio el funcionario que recibió el trámite le preguntó por “las circunstancias que precipitaron la salida de Jalics”. Dice que le respondió: “A él y a su compañero los acusaron de guerrilleros y no tenían nada que ver”. El cardenal agrega que “el autor de la denuncia en mi contra revisó el archivo de la Secretaría de Culto y lo único que mencionó fue que encontró un papelito de aquel funcionario en el que había escrito que yo le dije que fueron acusados de guerrilleros. Había consignado esa parte de la conversación pero no la otra en la que yo le señalaba que los sacerdotes no tenían nada que ver. Además el autor de la denuncia soslaya mi carta, donde yo ponía la cara por Jalics y hacía la petición”.
Nada fue así. En notas publicadas aquí y en mis libros El Silencio y Doble juego, narré la historia completa y publiqué todos los documentos, comenzando por la carta por cuya omisión Bergoglio reclama. Luego sigue la recomendación del funcionario de Culto que lo recibió, Anselmo Orcoyen: “En atención a los antecedentes del peticionante, esta Dirección Nacional es de opinión que no debe accederse”. El tercer documento es el definitorio. Ese papelito, firmado por Orcoyen, dice que Jalics tenía actividad disolvente en comunidades religiosas femeninas y conflictos de obediencia, que estuvo con Yorio en la ESMA (detenido, dice, en vez de secuestrado) “sospechoso contacto guerrilleros”. El punto más interesante es el siguiente, porque remite a intimidades de la Compañía de Jesús, vistas desde la óptica de Bergoglio, que no había ninguna necesidad de confiar al funcionario de la dictadura: “Vivían en pequeña comunidad que el Superior Jesuita disolvió en febrero de 1976 y se negaron a obedecer solicitando la salida de la Compañía el 19/3”. Agrega que Yorio fue expulsado de la Compañía y que “ningún obispo del Gran Buenos Aires lo quiso recibir”. La Nota Bene final es ilevantable: dice Orcoyen que estos datos le fueron suministrados “por el padre Jorge Mario Bergoglio, firmante de la nota con especial recomendación de que no se hiciera lugar a lo que solicita”.
sábado, 10 de abril de 2010
Cómo el imperio expropia los saberes sociales - América Latina en Movimiento
Cómo el imperio expropia los saberes sociales - América Latina en Movimiento
Desde el sábado 20 hasta el viernes 26 de marzo se realizó en Colonia (Uruguay) un Campamento Latinoamericano de Jóvenes Activistas Sociales, en cuya convocatoria se prometía “un espacio de intercambio horizontal” para trabajar por “una Latinoamérica más justa y solidaria”. Bellas palabras que encubren un proyecto imperialista.
“Fueron alrededor de 120 jóvenes que llegaron con inmensas expectativas. Bajo la técnica de open space se trabajó durante esos días en base a las inquietudes de los participantes. Al parecer no hubo resultados finales del campamento debido a que con el correr de los días fueron pocos los que se comprometieron con la dinámica planteada y por momentos hubo una especie de desorden que imposibilitó la redacción de un documento de acuerdo entre los participantes”, dijo LRR, joven militante uruguayo que prefirió mantener el anonimato.
En la convocatoria, los Jóvenes Activistas Sociales (http://jas10.org) prometían que el campamento sería “un espacio para el intercambio horizontal, aprendizaje entre pares y exploración de sinergias. Queremos mediante este encuentro participativo comenzar a construir una memoria viva de las experiencias de activismo social en la región; aprender de las dificultades, identificar buenas prácticas locales aprovechables a nivel regional, y maximizar el alcance de la creatividad y el compromiso de sus protagonistas”. Tal vez por esa promesa, interesante, contagiosa, enhebrada con el estilo propio de la militancia juvenil, “llegaron participantes desde todos los países del continente dispuestos a contar sus experiencias, escuchar las del resto del grupo, compartir espacios de análisis y reflexión sobre las distintas coyunturas regionales y conocer gente de los diversos países”, apunta LRR.
Nada sería tan sencillo, ni tan idílico. Todos los participantes tenían el pasaje aéreo pago desde su país y la estadía completa en Uruguay. Sólo para estos rubros se calcula un gasto que supera los 150 mil dólares. “Mucha plata”, dice LRR, que comenzó a investigar quién financió el proyecto “horizontal”. El resultado de la navegación por las páginas web del encuentro le permitió averiguar que el campamento de Colonia contó con el auspicio del Open Society Institutes, Idebate.ñ, Fundación ses y Ashoka Avancemos. “Como no tenía mayores referencias de dichas organizaciones estuve visitando sus páginas web. Ahí me enteré que todas están relacionadas con el Open Society Institute que es un instituto creado por George Soros, el multimillonario siempre presente en el Foro Económico Mundial que financió el sindicato Solidaridad de Lech Walesa en Polonia, la revolución de las rosas en Georgia y la campaña presidencial de Barack Obama, entre otros. Fiel exponente del liberalismo económico se lo describe como financiero, inversionista y filántropo”.
No es difícil seguir las pistas de estas organizaciones. Siguiendo sus links, llegó a páginas como Fundación Nuevos Líderes, Jóvenes Empresarios de Chile, Unión Mundial, Tactical Technology Collective entre otros. “Todas ellas son organizaciones con lugares comunes muy loables como el fortalecimiento de las democracias, la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos, pero defendiendo por supuesto la libertad del capital”. Tienen contactos en las altas esferas de la onu, con el Foro Económico Mundial de Davos, USAID (la agencia estadounidense de cooperación), y muchos otros. “Promueven iniciativas en el sudeste asiático, en África y ahora parece que quieren desembarcar en Latinoamérica”.
Tactical Technology Collective (http://www.tacticaltech.org) merece una mención aparte. “Esta ONG financiada por Soros se dedica a capacitar activistas sociales en el uso de herramientas electrónicas. Provee manuales y guías sobre uso de herramientas de todo tipo como ser mapas online, gráfica, audio, video, blogs, telefonía libre, seguridad informática, celulares y muchos más. Sus materiales son realmente excelentes y pueden ser de gran ayuda para activistas sociales con falta de fondos, censurados y con problemas con el poder imperante”.
Luego de leer y rastrear sobre estas organizaciones surgieron muchas dudas, en particular las razones de su reciente interés en nuestro continente. Sospecha que su interés consista en capacitar gente para desestabilizar esas democracias anti-imperialistas. En efecto, las preguntas se agolpan: “¿Tiene que ver con los últimos movimientos del gobierno de Estados Unidos de permitir exportar servicios de Internet para fomentar la apertura de regímenes considerados autoritarios y represivos?”. Sabemos que el uso de facebook, twitter y otras herramientas ha sido determinante en la reciente rebelión en Irán y que Hugo Chávez está denunciando movidas similares en su país.
La extensa mano de Soros parece haber jugado un papel incluso en la reciente “revuelta” en Kirguistán, país clave en los planes de Estados para la guerra en Afganistán. Omurbek Tekebayev, que lidera la actual rebelión, mantiene desde hace años estrechas relaciones con el Departamento de Estado norteamericano y la Fundación Soros. Hace un año fue a Washington “a debatir en público sus planes para derrocar al gobierno de Bakiev con un levantamiento popular” (Rebelión, 8/4/10).
En todo caso, vale detenerse a reflexionar sobre cómo las multinacionales se dedican pacientemente a estudiar a los movimientos de abajo y a sus militantes para expropiar sus saberes y sus formas de hacer. Las fotos del campamento muestran reuniones en ronda, fogones y trabajos colectivos con papelógrafos, con fondo de whipalas y otras banderas indígenas. Cualquier desprevenido, porque buena parte de los que acudieron al campamento lo hicieron con buena voluntad, pensará que se trata de un encuentro de movimientos antiimperialistas y de base que apelan a la educación popular como forma de trabajo. Comprobar que se trata de una actividad organizada por el mayor especulador financiero del mundo, quien tuvo el poder de quebrar al Banco de Inglaterra en 1992 y contribuye a derribar gobiernos antimperialistas, muestra hasta dónde pueden llegar para mantener sus privilegios.
- Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios colectivos sociales. http://alainet.org/active/37263
Desde el sábado 20 hasta el viernes 26 de marzo se realizó en Colonia (Uruguay) un Campamento Latinoamericano de Jóvenes Activistas Sociales, en cuya convocatoria se prometía “un espacio de intercambio horizontal” para trabajar por “una Latinoamérica más justa y solidaria”. Bellas palabras que encubren un proyecto imperialista.
“Fueron alrededor de 120 jóvenes que llegaron con inmensas expectativas. Bajo la técnica de open space se trabajó durante esos días en base a las inquietudes de los participantes. Al parecer no hubo resultados finales del campamento debido a que con el correr de los días fueron pocos los que se comprometieron con la dinámica planteada y por momentos hubo una especie de desorden que imposibilitó la redacción de un documento de acuerdo entre los participantes”, dijo LRR, joven militante uruguayo que prefirió mantener el anonimato.
En la convocatoria, los Jóvenes Activistas Sociales (http://jas10.org) prometían que el campamento sería “un espacio para el intercambio horizontal, aprendizaje entre pares y exploración de sinergias. Queremos mediante este encuentro participativo comenzar a construir una memoria viva de las experiencias de activismo social en la región; aprender de las dificultades, identificar buenas prácticas locales aprovechables a nivel regional, y maximizar el alcance de la creatividad y el compromiso de sus protagonistas”. Tal vez por esa promesa, interesante, contagiosa, enhebrada con el estilo propio de la militancia juvenil, “llegaron participantes desde todos los países del continente dispuestos a contar sus experiencias, escuchar las del resto del grupo, compartir espacios de análisis y reflexión sobre las distintas coyunturas regionales y conocer gente de los diversos países”, apunta LRR.
Nada sería tan sencillo, ni tan idílico. Todos los participantes tenían el pasaje aéreo pago desde su país y la estadía completa en Uruguay. Sólo para estos rubros se calcula un gasto que supera los 150 mil dólares. “Mucha plata”, dice LRR, que comenzó a investigar quién financió el proyecto “horizontal”. El resultado de la navegación por las páginas web del encuentro le permitió averiguar que el campamento de Colonia contó con el auspicio del Open Society Institutes, Idebate.ñ, Fundación ses y Ashoka Avancemos. “Como no tenía mayores referencias de dichas organizaciones estuve visitando sus páginas web. Ahí me enteré que todas están relacionadas con el Open Society Institute que es un instituto creado por George Soros, el multimillonario siempre presente en el Foro Económico Mundial que financió el sindicato Solidaridad de Lech Walesa en Polonia, la revolución de las rosas en Georgia y la campaña presidencial de Barack Obama, entre otros. Fiel exponente del liberalismo económico se lo describe como financiero, inversionista y filántropo”.
No es difícil seguir las pistas de estas organizaciones. Siguiendo sus links, llegó a páginas como Fundación Nuevos Líderes, Jóvenes Empresarios de Chile, Unión Mundial, Tactical Technology Collective entre otros. “Todas ellas son organizaciones con lugares comunes muy loables como el fortalecimiento de las democracias, la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos, pero defendiendo por supuesto la libertad del capital”. Tienen contactos en las altas esferas de la onu, con el Foro Económico Mundial de Davos, USAID (la agencia estadounidense de cooperación), y muchos otros. “Promueven iniciativas en el sudeste asiático, en África y ahora parece que quieren desembarcar en Latinoamérica”.
Tactical Technology Collective (http://www.tacticaltech.org) merece una mención aparte. “Esta ONG financiada por Soros se dedica a capacitar activistas sociales en el uso de herramientas electrónicas. Provee manuales y guías sobre uso de herramientas de todo tipo como ser mapas online, gráfica, audio, video, blogs, telefonía libre, seguridad informática, celulares y muchos más. Sus materiales son realmente excelentes y pueden ser de gran ayuda para activistas sociales con falta de fondos, censurados y con problemas con el poder imperante”.
Luego de leer y rastrear sobre estas organizaciones surgieron muchas dudas, en particular las razones de su reciente interés en nuestro continente. Sospecha que su interés consista en capacitar gente para desestabilizar esas democracias anti-imperialistas. En efecto, las preguntas se agolpan: “¿Tiene que ver con los últimos movimientos del gobierno de Estados Unidos de permitir exportar servicios de Internet para fomentar la apertura de regímenes considerados autoritarios y represivos?”. Sabemos que el uso de facebook, twitter y otras herramientas ha sido determinante en la reciente rebelión en Irán y que Hugo Chávez está denunciando movidas similares en su país.
La extensa mano de Soros parece haber jugado un papel incluso en la reciente “revuelta” en Kirguistán, país clave en los planes de Estados para la guerra en Afganistán. Omurbek Tekebayev, que lidera la actual rebelión, mantiene desde hace años estrechas relaciones con el Departamento de Estado norteamericano y la Fundación Soros. Hace un año fue a Washington “a debatir en público sus planes para derrocar al gobierno de Bakiev con un levantamiento popular” (Rebelión, 8/4/10).
En todo caso, vale detenerse a reflexionar sobre cómo las multinacionales se dedican pacientemente a estudiar a los movimientos de abajo y a sus militantes para expropiar sus saberes y sus formas de hacer. Las fotos del campamento muestran reuniones en ronda, fogones y trabajos colectivos con papelógrafos, con fondo de whipalas y otras banderas indígenas. Cualquier desprevenido, porque buena parte de los que acudieron al campamento lo hicieron con buena voluntad, pensará que se trata de un encuentro de movimientos antiimperialistas y de base que apelan a la educación popular como forma de trabajo. Comprobar que se trata de una actividad organizada por el mayor especulador financiero del mundo, quien tuvo el poder de quebrar al Banco de Inglaterra en 1992 y contribuye a derribar gobiernos antimperialistas, muestra hasta dónde pueden llegar para mantener sus privilegios.
- Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios colectivos sociales. http://alainet.org/active/37263
No tan noble
Por Walter Motto
Durante la década del noventa en algún momento Menem, y ante ciertos reclamos sociales, dijo algo así como "ojo con esto porque nos puede hacer volver a la plaza y a las Madres", invocaba el fantasma de la represión, de la muerte; sugería de alguna manera no hablar más del tema, cerrarlo porque podía venir otra ola de desaparecidos. Hoy es certero decir que si este país no se prendió fuego fue gracias a la cordura de esas Madres de Plaza de Mayo, de esas Abuelas, de esos Hijos de detenidos y desaparecidos y de todas las agrupaciones de derechos humanos, que si de algo pueden jactarse, y son ejemplo, en estos 34 años que han pasado desde la última dictadura, es de haber clamado valientemente y con paciencia -habiendo soportado las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final por Justicia.
Haber perdido a un familiar y de una manera tan atroz es algo que quizá en otras latitudes podría haber sido la mecha para encender toda una serie de venganzas, de interminables matanzas que tuviesen como modelo a la ley del Talión, al ojo por ojo y al diente por diente, y muchas de ellas se hubiesen sucedido por mano propia. Nada más lejano a los organismos de Derechos Humanos, que respetaron y siguen respentando a rajatablas los pasos de la Justicia, y que jamás dudaron en seguir insistiendo que todos los argentinos nos debemos claridad y justicia; una Justicia que sus familiares no tuvieron, quizá esa sea otras de las características de la calidad ética que los distingue de los asesinos que hoy son enjuiciados.
En relación con esa política durante la instauración de la democracia y a instancias de Abuelas de Plaza de Mayo se sanciona en 1987 la ley 23511, que crea el Banco Nacional de Datos Genéticos. En este Banco se conservan muestras de sangre de los familiares de los casos documentados destinados a los jóvenes que quiera buscar su identidad. Dicho Banco tiene por objeto realizar informes y dictámenes técnicos, y realizar pericias genéticas a requerimiento judicial para determinar la identidad de un menor que se suponga hijo de desaparecidos.
Justicia para todos los crímenes de lesa humanidad que no prescriben y Justicia para que muchas de sus víctimas tengan derecho a su identidad.
En relación a la apropiación ilegal de hijos de detenidos y desaparecidos y a la serie de trabas que viene interponiendo ante la Justicia la dueña del multimedios Clarín, que fue beneficiada por la dictadura, entre otras cosas, en el caso de Papel Prensa, me refiero a la señora Ernestina Herrera de Noble, sería bueno que colabore por el bien de esos jóvenes y porque además con su reticencia está siendo sospechada de los delitos que produjo la dictadura militar, a saber: delito de sustracción de menor; de supresión y suposición de estado civil; de falsificación ideológica de documento público, y de privación ilegal de la libertad. Hay algo peor aún, está siendo sospechada de cometer el más siniestro de todos los crímenes, justamente el mismo que cometió la dictadura, a saber: negarle a alguien la condición que sirvió para que el hombre se convierta en hombre. Para que el hombre pase de la Naturaleza, en donde no rige la ley de los hombres, a la Cultura.. La ley fundamental de la Cultura, la que organiza primero la Cultura y luego el psiquismo, la ley de la exogamia, es decir: saber quién es tu padre, quién tu madre, quiénes tus hermanos. Conocer a los progenitores para luego estar en condición de no cometer el crimen del incesto, justamente ese por el que Edipo, por no saber y después de acostarse con su madre, tuvo que arrancarse los ojos. Lo que ignora entonces la señora de Noble es que con su proceder le está vedando a esos dos jóvenes esa condición. Con el entorpecimiento que pone a la Justicia está haciendo que estos jóvenes carezcan de la garantía de que sus posibles objetos sexuales no sean parientes, al menos desde un registro inconsciente. Mientras tanto todo tipo de fantasmas, temores y terrores seguramente están pasando por sus cabezas. La libertad también implica eso, señora de Noble, darle al prójimo, y en este caso a un prójimo tan prójimo, tener el derecho más primario entre los derechos. En psicoanálisis hay una frase, que es casi un axioma, que dice que lo reprimido retorna como síntoma, y lo hace con más fuerza, a veces muy violentamente., Ojalá haya tiempo para que no estalle de manera demoledora en esos jóvenes que usted dice querer. Si no tuvo la valentía de denunciar a una dictadura de la que fue cómplice, al menos tenga la noble actitud de hacer algo por esos jóvenes, seguramente no reparará el daño causado, pero algo es algo.
Durante la década del noventa en algún momento Menem, y ante ciertos reclamos sociales, dijo algo así como "ojo con esto porque nos puede hacer volver a la plaza y a las Madres", invocaba el fantasma de la represión, de la muerte; sugería de alguna manera no hablar más del tema, cerrarlo porque podía venir otra ola de desaparecidos. Hoy es certero decir que si este país no se prendió fuego fue gracias a la cordura de esas Madres de Plaza de Mayo, de esas Abuelas, de esos Hijos de detenidos y desaparecidos y de todas las agrupaciones de derechos humanos, que si de algo pueden jactarse, y son ejemplo, en estos 34 años que han pasado desde la última dictadura, es de haber clamado valientemente y con paciencia -habiendo soportado las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final por Justicia.
Haber perdido a un familiar y de una manera tan atroz es algo que quizá en otras latitudes podría haber sido la mecha para encender toda una serie de venganzas, de interminables matanzas que tuviesen como modelo a la ley del Talión, al ojo por ojo y al diente por diente, y muchas de ellas se hubiesen sucedido por mano propia. Nada más lejano a los organismos de Derechos Humanos, que respetaron y siguen respentando a rajatablas los pasos de la Justicia, y que jamás dudaron en seguir insistiendo que todos los argentinos nos debemos claridad y justicia; una Justicia que sus familiares no tuvieron, quizá esa sea otras de las características de la calidad ética que los distingue de los asesinos que hoy son enjuiciados.
En relación con esa política durante la instauración de la democracia y a instancias de Abuelas de Plaza de Mayo se sanciona en 1987 la ley 23511, que crea el Banco Nacional de Datos Genéticos. En este Banco se conservan muestras de sangre de los familiares de los casos documentados destinados a los jóvenes que quiera buscar su identidad. Dicho Banco tiene por objeto realizar informes y dictámenes técnicos, y realizar pericias genéticas a requerimiento judicial para determinar la identidad de un menor que se suponga hijo de desaparecidos.
Justicia para todos los crímenes de lesa humanidad que no prescriben y Justicia para que muchas de sus víctimas tengan derecho a su identidad.
En relación a la apropiación ilegal de hijos de detenidos y desaparecidos y a la serie de trabas que viene interponiendo ante la Justicia la dueña del multimedios Clarín, que fue beneficiada por la dictadura, entre otras cosas, en el caso de Papel Prensa, me refiero a la señora Ernestina Herrera de Noble, sería bueno que colabore por el bien de esos jóvenes y porque además con su reticencia está siendo sospechada de los delitos que produjo la dictadura militar, a saber: delito de sustracción de menor; de supresión y suposición de estado civil; de falsificación ideológica de documento público, y de privación ilegal de la libertad. Hay algo peor aún, está siendo sospechada de cometer el más siniestro de todos los crímenes, justamente el mismo que cometió la dictadura, a saber: negarle a alguien la condición que sirvió para que el hombre se convierta en hombre. Para que el hombre pase de la Naturaleza, en donde no rige la ley de los hombres, a la Cultura.. La ley fundamental de la Cultura, la que organiza primero la Cultura y luego el psiquismo, la ley de la exogamia, es decir: saber quién es tu padre, quién tu madre, quiénes tus hermanos. Conocer a los progenitores para luego estar en condición de no cometer el crimen del incesto, justamente ese por el que Edipo, por no saber y después de acostarse con su madre, tuvo que arrancarse los ojos. Lo que ignora entonces la señora de Noble es que con su proceder le está vedando a esos dos jóvenes esa condición. Con el entorpecimiento que pone a la Justicia está haciendo que estos jóvenes carezcan de la garantía de que sus posibles objetos sexuales no sean parientes, al menos desde un registro inconsciente. Mientras tanto todo tipo de fantasmas, temores y terrores seguramente están pasando por sus cabezas. La libertad también implica eso, señora de Noble, darle al prójimo, y en este caso a un prójimo tan prójimo, tener el derecho más primario entre los derechos. En psicoanálisis hay una frase, que es casi un axioma, que dice que lo reprimido retorna como síntoma, y lo hace con más fuerza, a veces muy violentamente., Ojalá haya tiempo para que no estalle de manera demoledora en esos jóvenes que usted dice querer. Si no tuvo la valentía de denunciar a una dictadura de la que fue cómplice, al menos tenga la noble actitud de hacer algo por esos jóvenes, seguramente no reparará el daño causado, pero algo es algo.
viernes, 9 de abril de 2010
España: Las víctimas de Franco apelan a la justicia argentina
Madrid.-
Las víctimas de los crímenes del franquismo acudirán el próximo miércoles a los juzgados federales de Argentina (equivalentes a la Audiencia Nacional) a presentar una querella por el genocidio que el general Francisco Franco cometió en España entre 1936 y 1977. La denuncia apela a que la constitución argentina reconoce los principios de la jurisdicción universal para juzgar a los culpables de los delitos lesa humanidad.
"Si no nos dejan aquí, tendrá que ser un juez de fuera el que lo haga", advirtieron las asociaciones de víctimas cuando el caso abierto por Baltasar Garzón fue taponado en la Audiencia Nacional. Esa amenaza se hará realidad el próximo 14 de abril. Las asociaciones presentarán pruebas de las desapariciones forzosas que los generales golpistas llevaron a cabo desde el 18 de julio de 1936.
"El objetivo es evitar que esos crímenes queden impunes", explica Carlos Slepoy, abogado argentino que representará a los colectivos de familiares de los 113.000 desaparecidos registrados en España. Los denunciantes partirán del caso concreto de Severino Rivas, alcalde socialista fusiliado en 1936 en Lugo, para defender que el franquismo ejecutó un plan sistemático que puede ser definido como genocidio "político, social y cultural".
Ministros de Franco vivos
Slepoy confía en que el juez solicite por vía diplomática al Gobierno de España las pruebas de los crímenes. "Pediremos un listado con los ministros, altos cargos de las fuerzas armadas y de la Guardia Civil que participaron en aquellos sucesos, que aún están vivos y que deben prestar declaración", asegura. El letrado prevé que la petición se extienda a otros países donde hay documentación que serviría para demostrar todos los delitos.
Si el proceso avanza hasta ese extremo, la justicia argentina podría llegar a citar, por ejemplo, a Manuel Fraga por su condición de ex ministro de una dictadura fascista. En ese caso se abrirán dos posibilidades: que el ex ministro de Información acuda a Buenos Aires a explicar su participación o que se niegue.
En caso de que Fraga desobedezca la petición del juez, el Gobierno argentino dictará una orden internacional de detención. Ese caso es el que llevó al banquillo al dictador Augusto Pinochet, gracias a la iniciativa en España del juez Baltasar Garzón. El dictador acabó enfrentándose a la justicia chilena por las desapariciones forzosas que muchos historiadores creen inspiradas en las que practicaron los franquistas tras el golpe de Estado.
Los demandantes pedirán al Gobierno español una relación de las fosas que el franquismo utilizó para hacer desaparecer a sus víctimas, un listado del número de desaparecidos y sus identificaciones, pruebas de las torturas infringidas por la policía franquista e incluso abordarán la investigación de los niños dados en adopción ilegalmente por el régimen desde las cárceles de mujeres o desde clínicas durante la dictadura.
El 14 de abril, aniversario de la llegada de la II República, acudirá a presentar la querella Darío Rivas, hijo del alcalde fusilado en Lugo que presentará las pruebas que determinan su caso familiar como el prototipo de una desaparición forzosa. Darío ya vivía en Argentina cuando su padre murió en 1936 fusilado a manos de pistoleros de Falange Española. Desde entonces, siempre ha luchado porque se conozcan las circunstancias de la muerte de su padre y en 2005 consiguió exhumar sus restos.
Las asociaciones de víctimas presentarán este caso concreto porque representa fielmente las características de los desaparecidos en España. Reprentante político, detenido ilegalmente, dejado a la custodia de Falange y que acaba bajo tierra fusilado sin juicio previo junto a la tapia de una iglesia.
Slepoy confía en esquivar las trabas judiciales que Garzón encontró en España. "Demostraremos que la jurisdicción universal no es un arma colonialista de países poderosos. En nuestro caso, un Estado como Argentina, ex colonia española, juzgará los crímenes de España como ese país ya hizo con las dictaduras del cono sur", razona.
Los denunciantes han convocado una concentración el miércoles en Buenos Aires para protestar también por el proceso abierto a Garzón.
Última actualización el Viernes, 09 de Abril de 2010 02:48
Las víctimas de los crímenes del franquismo acudirán el próximo miércoles a los juzgados federales de Argentina (equivalentes a la Audiencia Nacional) a presentar una querella por el genocidio que el general Francisco Franco cometió en España entre 1936 y 1977. La denuncia apela a que la constitución argentina reconoce los principios de la jurisdicción universal para juzgar a los culpables de los delitos lesa humanidad.
"Si no nos dejan aquí, tendrá que ser un juez de fuera el que lo haga", advirtieron las asociaciones de víctimas cuando el caso abierto por Baltasar Garzón fue taponado en la Audiencia Nacional. Esa amenaza se hará realidad el próximo 14 de abril. Las asociaciones presentarán pruebas de las desapariciones forzosas que los generales golpistas llevaron a cabo desde el 18 de julio de 1936.
"El objetivo es evitar que esos crímenes queden impunes", explica Carlos Slepoy, abogado argentino que representará a los colectivos de familiares de los 113.000 desaparecidos registrados en España. Los denunciantes partirán del caso concreto de Severino Rivas, alcalde socialista fusiliado en 1936 en Lugo, para defender que el franquismo ejecutó un plan sistemático que puede ser definido como genocidio "político, social y cultural".
Ministros de Franco vivos
Slepoy confía en que el juez solicite por vía diplomática al Gobierno de España las pruebas de los crímenes. "Pediremos un listado con los ministros, altos cargos de las fuerzas armadas y de la Guardia Civil que participaron en aquellos sucesos, que aún están vivos y que deben prestar declaración", asegura. El letrado prevé que la petición se extienda a otros países donde hay documentación que serviría para demostrar todos los delitos.
Si el proceso avanza hasta ese extremo, la justicia argentina podría llegar a citar, por ejemplo, a Manuel Fraga por su condición de ex ministro de una dictadura fascista. En ese caso se abrirán dos posibilidades: que el ex ministro de Información acuda a Buenos Aires a explicar su participación o que se niegue.
En caso de que Fraga desobedezca la petición del juez, el Gobierno argentino dictará una orden internacional de detención. Ese caso es el que llevó al banquillo al dictador Augusto Pinochet, gracias a la iniciativa en España del juez Baltasar Garzón. El dictador acabó enfrentándose a la justicia chilena por las desapariciones forzosas que muchos historiadores creen inspiradas en las que practicaron los franquistas tras el golpe de Estado.
Los demandantes pedirán al Gobierno español una relación de las fosas que el franquismo utilizó para hacer desaparecer a sus víctimas, un listado del número de desaparecidos y sus identificaciones, pruebas de las torturas infringidas por la policía franquista e incluso abordarán la investigación de los niños dados en adopción ilegalmente por el régimen desde las cárceles de mujeres o desde clínicas durante la dictadura.
El 14 de abril, aniversario de la llegada de la II República, acudirá a presentar la querella Darío Rivas, hijo del alcalde fusilado en Lugo que presentará las pruebas que determinan su caso familiar como el prototipo de una desaparición forzosa. Darío ya vivía en Argentina cuando su padre murió en 1936 fusilado a manos de pistoleros de Falange Española. Desde entonces, siempre ha luchado porque se conozcan las circunstancias de la muerte de su padre y en 2005 consiguió exhumar sus restos.
Las asociaciones de víctimas presentarán este caso concreto porque representa fielmente las características de los desaparecidos en España. Reprentante político, detenido ilegalmente, dejado a la custodia de Falange y que acaba bajo tierra fusilado sin juicio previo junto a la tapia de una iglesia.
Slepoy confía en esquivar las trabas judiciales que Garzón encontró en España. "Demostraremos que la jurisdicción universal no es un arma colonialista de países poderosos. En nuestro caso, un Estado como Argentina, ex colonia española, juzgará los crímenes de España como ese país ya hizo con las dictaduras del cono sur", razona.
Los denunciantes han convocado una concentración el miércoles en Buenos Aires para protestar también por el proceso abierto a Garzón.
Última actualización el Viernes, 09 de Abril de 2010 02:48
miércoles, 7 de abril de 2010
Efectos simbólicos y desafíos de la ley de medios
Por Arturo Trinelli - http://alainet.org/active/37152
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aún no entró en vigencia porque la Justicia la ha suspendido provisoriamente a partir de dos nuevas medidas cautelares en las provincias de Salta y Mendoza. De esta manera, a pesar de haber sido sancionada por mayoría en el Congreso Nacional, y ser resultado de un amplio consenso y audiencias públicas con gran participación de sectores directa o indirectamente vinculados a la comunicación, sus nuevas e innovadoras disposiciones aún no logran reemplazar a las vigentes, incluidas en la vieja Ley de Radiodifusión de la dictadura.
Sin embargo, la discusión que antecedió a la sanción de la ley ha sido importante por los efectos simbólicos que ha producido, independientes a su implementación: instalar la problemática sobre el rol de los medios y sus influencias en la denominada “opinión pública”, debates que hasta ahora parecían sólo circunscriptos a ámbitos académicos, pero que la nueva ley instaló como tema de preocupación general.
No obstante, erróneamente la discusión sobre el papel de los medios de comunicación en la Argentina suele reducirse a una disputa exclusiva entre el Gobierno y el Grupo Clarín, cuyos intereses quedan notablemente afectados a partir de la nueva norma. En verdad, el presente es un debate que excede por completo esta disputa y que durante años pareció estar silenciado en el país, donde daba la sensación de que la información provista por los medios masivos era incuestionable y desprovista de cualquier intencionalidad ajena al mero propósito de difundir noticias.
El primero de los efectos simbólicos que recorren la discusión sobre los medios gracias a la nueva ley es la de entender a la información como mercancía. Así comenzó a ser evidente para la mayoría que la función esencial de los medios masivos de comunicación se define por la manipulación informativa orientada hacia el control de la “opinión pública”, pero sus objetivos no son sociales ni desinteresados como describe la mitología de la “objetividad periodística”.
En realidad, las famosas banderas “éticas” del periodismo –imparcialidad, objetividad, libertad de expresión– se presentan muchas veces como mitos encubridores del multimillonario negocio mediático que la prensa moviliza a diario. De esta manera, el proceso de distribución de la información no está motivado por la necesidad de “informar” sino por la necesidad capitalista de vender noticias. Dentro de esta lógica, las mismas se presentan como un producto, como una mercancía a ser vendida en el mercado mediático. Para ello, los medios, al igual que cualquier empresa capitalista, generan necesidades masivas de consumo en la sociedad, y trazan estrategias informativas destinadas a favorecer su crecimiento empresarial y posicionarse para competir con éxito en ese mercado mediático.
Por supuesto que las corporaciones afectadas por la ley tienen el objetivo de evitar las cláusulas que afectan sus negocios y toman represalias contra quienes las promueven, con una parte importante de la oposición política haciendo causa común con esos intereses. Sumada a la campaña anti K de Clarín, el grupo en el que son socios De Narváez, Vila y Manzano, despidió recientemente a trabajadores de las radios LT8 y LT3 de Rosario, lo cual provocó un paro de ambas emisoras y un acto frente al diario La Capital. El secretario general del sindicato de prensa rosarino, Edgardo Carmona, explicó que la dura reacción del Grupo era consecuencia del apoyo del gremio a la ley de medios.
Pero al mismo tiempo, esas represalias de las corporaciones, demostrando que sus intereses no son los de las audiencias, también han promovido la proliferación de nuevos medios de opinión como redes sociales, blogs, foros, donde se buscan formas de expresión alternativas. Así, un nuevo efecto simbólico que ha promovido la ley es no solamente asumir de manera crítica la información, sino alentar la participación a través de nuevos espacios que promuevan corrientes de opinión distintas.
Otro elemento simbólico instalado a partir de la nueva legislación, y ligado al anterior, tiene que ver con reconocer que el gobierno de un país no es exclusiva responsabilidad de la dirigencia política. Se ha comprendido que las decisiones sobre el rumbo político y económico deben ser consensuadas con otros grupos de poder que, a diferencia de los políticos, no están sometidos a ningún juicio popular y subsisten a los gobiernos de turno. Esos grupos económicos muchas veces se expresan a través de los medios que son de su propiedad, y pugnan por hacer valer sus intereses.
Por lo tanto, un elemento que enriquece el debate político es esta evaluación respecto de los objetivos políticos y económicos de los medios, que no necesariamente son los de la mayoría. Pese a su responsabilidad, por acción u omisión, en etapas no democráticas y crisis económicas, nunca fueron incluidos en ningún “que se vayan todos” ni tampoco son sometidos a elecciones. Sin embargo, como bien señalan Marcelo García y Luis López (Buenos Aires Económico, 17 de marzo), los grandes medios de comunicación utilizan sus productos periodísticos como garantes de sus emprendimientos extraperiodísticos, asociados muchas veces a la imposición de sus propios intereses bajo el lema del “periodismo independiente”.
Está claro que la libertad de prensa es un logro de la democracia que ya tiene años de trayectoria. Quienes hacen periodismo hoy en la Argentina cuentan con el respaldo de poder publicar sin restricciones, más allá de que desde algunos sectores se aliente el fantasma del peligro a la libertad de expresión. La manera irresponsable con la que en reiteradas oportunidades se promueven informaciones distorsionadas buscan crear imaginarios sociales que confluyan a la desestabilización y al desánimo: el caso más emblemático, quizá, sea el de la sensación de inseguridad, muchas veces más dramática que la inseguridad misma. El “vale todo” que esa histeria colectiva genera conduce a absurdos como la criminalización de la pobreza, entre otras consecuencias derivadas del manejo imprudente de la información.
Nuevos desafíos. Ante estos efectos simbólicos de la nueva ley, independientes de su puesta en práctica, ¿cuáles son los nuevos desafíos que se presentan? En primer lugar, preguntarse qué grado de incidencia tienen los agentes de socialización de un país. ¿Son los medios monopólicos más importantes que el Estado en esta función? Los medios de comunicación promueven tendencias, costumbres, gustos. Sin dudas que en los ’90 lo que se pretendió fue iniciar una creciente sustitución del Estado en la función de la reproducción ideológica.
Así, el capital ya no sólo fue asumiendo la reproducción del propio capital sino también la reproducción ideológica y social. Esta transformación es clave pues es la que promueve la penetración de grandes capitales en los mercados de comunicación y cultura. En esta creación de subjetividades y de modos de interpelar al mundo, los medios de comunicación forman parte fundamental en la construcción de los imaginarios culturales de las personas, con lo cual su injerencia en la vida social no es ingenua. Son máquinas de producción de sentido, de generar condiciones de representación de la realidad.
Otro desafío de la ley de medios debería ser construir figuras mediáticas que puedan competir por audiencias masivas y al mismo tiempo generar nuevos paradigmas sociales. En la década pasada el Estado estimuló un sistema comunicacional altamente concentrado, en el que los principales grupos de medios habían conseguido alcanzar sucesivas modificaciones regulatorias acordes a sus intereses. La prensa era quien tenía el monopolio de formular las preguntas y encontrar las respuestas. Es posible que con la nueva ley se democraticen las estructuras de comunicación que expresen una genuina preocupación por defender una comunicación amplia y participativa, que no quede limitada solamente a quienes tengan recursos económicos y la disputa por la cultura y el lenguaje sea representativa de todos los sectores de la sociedad.
Si queremos profundizar nuestra democracia no deberíamos tener miedo a la diversidad de opiniones. La “realidad” es una construcción colectiva que hacemos entre todos. Y todos, desde nuestro mayor o menor lugar de incidencia, podemos interpretar y difundir otras lecturas, que son fundamentales si queremos construir una Argentina con conciencia crítica y proyección a futuro.
Es de esperar entonces que la Justicia permita la puesta en funcionamiento de la ley, cuyos efectos simbólicos, afortunadamente, no están sometidos a medidas cautelares.
- Arturo Trinelli es Licenciado en Ciencia Política (UBA)
Fuente: Buenos Aires Económico - Reproducido con la autorización del autor.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aún no entró en vigencia porque la Justicia la ha suspendido provisoriamente a partir de dos nuevas medidas cautelares en las provincias de Salta y Mendoza. De esta manera, a pesar de haber sido sancionada por mayoría en el Congreso Nacional, y ser resultado de un amplio consenso y audiencias públicas con gran participación de sectores directa o indirectamente vinculados a la comunicación, sus nuevas e innovadoras disposiciones aún no logran reemplazar a las vigentes, incluidas en la vieja Ley de Radiodifusión de la dictadura.
Sin embargo, la discusión que antecedió a la sanción de la ley ha sido importante por los efectos simbólicos que ha producido, independientes a su implementación: instalar la problemática sobre el rol de los medios y sus influencias en la denominada “opinión pública”, debates que hasta ahora parecían sólo circunscriptos a ámbitos académicos, pero que la nueva ley instaló como tema de preocupación general.
No obstante, erróneamente la discusión sobre el papel de los medios de comunicación en la Argentina suele reducirse a una disputa exclusiva entre el Gobierno y el Grupo Clarín, cuyos intereses quedan notablemente afectados a partir de la nueva norma. En verdad, el presente es un debate que excede por completo esta disputa y que durante años pareció estar silenciado en el país, donde daba la sensación de que la información provista por los medios masivos era incuestionable y desprovista de cualquier intencionalidad ajena al mero propósito de difundir noticias.
El primero de los efectos simbólicos que recorren la discusión sobre los medios gracias a la nueva ley es la de entender a la información como mercancía. Así comenzó a ser evidente para la mayoría que la función esencial de los medios masivos de comunicación se define por la manipulación informativa orientada hacia el control de la “opinión pública”, pero sus objetivos no son sociales ni desinteresados como describe la mitología de la “objetividad periodística”.
En realidad, las famosas banderas “éticas” del periodismo –imparcialidad, objetividad, libertad de expresión– se presentan muchas veces como mitos encubridores del multimillonario negocio mediático que la prensa moviliza a diario. De esta manera, el proceso de distribución de la información no está motivado por la necesidad de “informar” sino por la necesidad capitalista de vender noticias. Dentro de esta lógica, las mismas se presentan como un producto, como una mercancía a ser vendida en el mercado mediático. Para ello, los medios, al igual que cualquier empresa capitalista, generan necesidades masivas de consumo en la sociedad, y trazan estrategias informativas destinadas a favorecer su crecimiento empresarial y posicionarse para competir con éxito en ese mercado mediático.
Por supuesto que las corporaciones afectadas por la ley tienen el objetivo de evitar las cláusulas que afectan sus negocios y toman represalias contra quienes las promueven, con una parte importante de la oposición política haciendo causa común con esos intereses. Sumada a la campaña anti K de Clarín, el grupo en el que son socios De Narváez, Vila y Manzano, despidió recientemente a trabajadores de las radios LT8 y LT3 de Rosario, lo cual provocó un paro de ambas emisoras y un acto frente al diario La Capital. El secretario general del sindicato de prensa rosarino, Edgardo Carmona, explicó que la dura reacción del Grupo era consecuencia del apoyo del gremio a la ley de medios.
Pero al mismo tiempo, esas represalias de las corporaciones, demostrando que sus intereses no son los de las audiencias, también han promovido la proliferación de nuevos medios de opinión como redes sociales, blogs, foros, donde se buscan formas de expresión alternativas. Así, un nuevo efecto simbólico que ha promovido la ley es no solamente asumir de manera crítica la información, sino alentar la participación a través de nuevos espacios que promuevan corrientes de opinión distintas.
Otro elemento simbólico instalado a partir de la nueva legislación, y ligado al anterior, tiene que ver con reconocer que el gobierno de un país no es exclusiva responsabilidad de la dirigencia política. Se ha comprendido que las decisiones sobre el rumbo político y económico deben ser consensuadas con otros grupos de poder que, a diferencia de los políticos, no están sometidos a ningún juicio popular y subsisten a los gobiernos de turno. Esos grupos económicos muchas veces se expresan a través de los medios que son de su propiedad, y pugnan por hacer valer sus intereses.
Por lo tanto, un elemento que enriquece el debate político es esta evaluación respecto de los objetivos políticos y económicos de los medios, que no necesariamente son los de la mayoría. Pese a su responsabilidad, por acción u omisión, en etapas no democráticas y crisis económicas, nunca fueron incluidos en ningún “que se vayan todos” ni tampoco son sometidos a elecciones. Sin embargo, como bien señalan Marcelo García y Luis López (Buenos Aires Económico, 17 de marzo), los grandes medios de comunicación utilizan sus productos periodísticos como garantes de sus emprendimientos extraperiodísticos, asociados muchas veces a la imposición de sus propios intereses bajo el lema del “periodismo independiente”.
Está claro que la libertad de prensa es un logro de la democracia que ya tiene años de trayectoria. Quienes hacen periodismo hoy en la Argentina cuentan con el respaldo de poder publicar sin restricciones, más allá de que desde algunos sectores se aliente el fantasma del peligro a la libertad de expresión. La manera irresponsable con la que en reiteradas oportunidades se promueven informaciones distorsionadas buscan crear imaginarios sociales que confluyan a la desestabilización y al desánimo: el caso más emblemático, quizá, sea el de la sensación de inseguridad, muchas veces más dramática que la inseguridad misma. El “vale todo” que esa histeria colectiva genera conduce a absurdos como la criminalización de la pobreza, entre otras consecuencias derivadas del manejo imprudente de la información.
Nuevos desafíos. Ante estos efectos simbólicos de la nueva ley, independientes de su puesta en práctica, ¿cuáles son los nuevos desafíos que se presentan? En primer lugar, preguntarse qué grado de incidencia tienen los agentes de socialización de un país. ¿Son los medios monopólicos más importantes que el Estado en esta función? Los medios de comunicación promueven tendencias, costumbres, gustos. Sin dudas que en los ’90 lo que se pretendió fue iniciar una creciente sustitución del Estado en la función de la reproducción ideológica.
Así, el capital ya no sólo fue asumiendo la reproducción del propio capital sino también la reproducción ideológica y social. Esta transformación es clave pues es la que promueve la penetración de grandes capitales en los mercados de comunicación y cultura. En esta creación de subjetividades y de modos de interpelar al mundo, los medios de comunicación forman parte fundamental en la construcción de los imaginarios culturales de las personas, con lo cual su injerencia en la vida social no es ingenua. Son máquinas de producción de sentido, de generar condiciones de representación de la realidad.
Otro desafío de la ley de medios debería ser construir figuras mediáticas que puedan competir por audiencias masivas y al mismo tiempo generar nuevos paradigmas sociales. En la década pasada el Estado estimuló un sistema comunicacional altamente concentrado, en el que los principales grupos de medios habían conseguido alcanzar sucesivas modificaciones regulatorias acordes a sus intereses. La prensa era quien tenía el monopolio de formular las preguntas y encontrar las respuestas. Es posible que con la nueva ley se democraticen las estructuras de comunicación que expresen una genuina preocupación por defender una comunicación amplia y participativa, que no quede limitada solamente a quienes tengan recursos económicos y la disputa por la cultura y el lenguaje sea representativa de todos los sectores de la sociedad.
Si queremos profundizar nuestra democracia no deberíamos tener miedo a la diversidad de opiniones. La “realidad” es una construcción colectiva que hacemos entre todos. Y todos, desde nuestro mayor o menor lugar de incidencia, podemos interpretar y difundir otras lecturas, que son fundamentales si queremos construir una Argentina con conciencia crítica y proyección a futuro.
Es de esperar entonces que la Justicia permita la puesta en funcionamiento de la ley, cuyos efectos simbólicos, afortunadamente, no están sometidos a medidas cautelares.
- Arturo Trinelli es Licenciado en Ciencia Política (UBA)
Fuente: Buenos Aires Económico - Reproducido con la autorización del autor.
martes, 6 de abril de 2010
Sudamérica, un modelo de cambio
Diego Ghersi (UNLP) - APM | Agencia Periodística del Mercosur | www.prensamercosur.com.ar
A diferencia de los otros bloques con los que se define el escenario del planeta, el propugnado desde UNASUR es democrático, pacífico y no se propone ocupaciones hegemónicas.
Las naciones del planeta están empeñadas en asociarse para formar bloques continentales y esta tendencia sin retroceso es la que marca el ritmo de los tiempos que corren.
El mundo se reorganiza en: Nuevos Espacios Continentales Económicos. Una realidad que camina a marcha forzada tratando de superar la crisis Financiera devenida en Económica
La Unión Europea (UE) se extiende hacia el Este mientras trata de compensar económicamente su crecimiento aplicando –tozudamente- recetas neo liberales para superar las secuelas de la crisis económica internacional. Grecia; España; Irlanda e Italia pueden atestiguarlo.
Rusia; China e India, construyen otra comunidad en la zona eurasiana que –desde tiempo inmemorial- ha sido considerada la “llave del mundo”.
En América del Norte, acaban de cumplirse 16 años de la alianza comercial denominada NAFTA que vincula a Estados Unidos; Canadá y México.
América del Sur no es ajena a estos reacomodamientos. Durante la presidencia de Luis Inazio Lula Da Silva, Brasil ha logrado pasar de ser una potencia regional para convertirse en un actor mundial, con la característica particular de que sus aspiraciones lentamente van concretándose.
En efecto, además de que se prevé que Brasil será la octava economía del mundo en los próximos 10 años, la diplomacia de ese país jugó un rol de primera magnitud en la UNASUR; actuó sin vacilaciones en el problema entre Colombia y Ecuador, ha impuesto su autoridad durante la cuestión Boliviana de la Media Luna; aspira a una banca junto a los poderosos de la ONU y exige el lugar de mediador en el eterno conflicto del Medio Oriente.
Pero todos estos hechos no hacen sino reafirmar algo extraordinario: Brasil razona la estrategia desde una matriz de pensamiento de neto corte sudamericano y dicha estrategia es llevada a la práctica por una diplomacia que se proyecta desde el interior de sus fronteras hacia el exterior.
Brasil piensa como potencia, exige un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, que es el sitio desde donde siempre se legitima la burla del sistema internacional; Brasil exige un cambio de mediación en la eterna crisis de Medio Oriente y se ofrece como candidato. Brasil se niega a condenar a Irán y reivindica para todos los pueblos el derecho de acceder a una mejor tecnología.
Brasil piensa como potencia, exige un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, que es el sitio desde donde siempre se legitima la burla del sistema internacional; Brasil exige un cambio de mediación en la eterna crisis de Medio Oriente y se ofrece como candidato. Brasil se niega a condenar a Irán y reivindica para todos los pueblos el derecho de acceder a una mejor tecnología.
El prestigio mundial que tales actitudes le otorgan hace de Brasil la gran locomotora que impulsa una unión continental en la que el Mercosur juega un rol clave y donde Argentina tiene el status de socio mayor.
Brasil da la impresión de haber comprendido que hoy todo se reduce a política exterior y que, por tanto, la política interna sólo es una herramienta para consolidar poder nacional, al sólo efecto de ingresar a un nuevo orden mundial consistente en la conformación y mantenimiento de nuevos espacios geopolíticos continentales.
Brasil da la impresión de haber comprendido que hoy todo se reduce a política exterior y que, por tanto, la política interna sólo es una herramienta para consolidar poder nacional, al sólo efecto de ingresar a un nuevo orden mundial consistente en la conformación y mantenimiento de nuevos espacios geopolíticos continentales.
Visto desde afuera, la constitución de un bloque sudamericano es una amenaza para todos aquellos que ven en la región una reserva de recursos vitales para la continuidad del sistema económico capitalista.
En particular, para el bloque liderado por Estados Unidos, es mucho más sencillo asegurarse los recursos de Sudamérica que seguir desangrándose en Irak, Afganistán u Osetia del Sur, lugares dónde la presencia de Rusia China o la India imponen respeto y dificultan el saqueo. Latinoamérica no es, comparada con otras regiones, un campo virgen para los intereses extranjeros.
En particular, para el bloque liderado por Estados Unidos, es mucho más sencillo asegurarse los recursos de Sudamérica que seguir desangrándose en Irak, Afganistán u Osetia del Sur, lugares dónde la presencia de Rusia China o la India imponen respeto y dificultan el saqueo. Latinoamérica no es, comparada con otras regiones, un campo virgen para los intereses extranjeros.
Y no es que Eurasia deje de ser para Estados Unidos un objetivo sino simplemente que se trata de un objetivo a ultranza.
Dada la tortuosa marcha que imponen las guerras asiáticas, las cuestiones más urgentes deben solucionarse merced al aseguramiento de los recursos sudamericanos. De otra forma, la maquinaria depredadora podría quedarse sin combustible.
Dada la tortuosa marcha que imponen las guerras asiáticas, las cuestiones más urgentes deben solucionarse merced al aseguramiento de los recursos sudamericanos. De otra forma, la maquinaria depredadora podría quedarse sin combustible.
Por eso, así como las potencias eurasianas marcan su territorio con celo, Estados Unidos hace lo propio en la región sudamericana. La presencia de su IV Flota en operaciones custodia un sector del planeta que, desde Washington, se considera propio.
Con ese fin hay que pensar también el despliegue de bases terrestres en Colombia y el Caribe y las operaciones neo golpistas inauguradas exitosamente con el caso hondureño pero ya intentado en 2002 contra Hugo Chávez, en 2008 contra Evo Morales, en 2009 contra Manuel Zelaya y en 2010 contra Fernando Lugo.
Esos intentos son, al final del camino, esfuerzos por poner piedras en la marcha de una unión continental que impide el acceso a los recursos.
Quizás la importancia de Brasil pueda explicitarse mejor si se observan las acciones que las otras agrupaciones regionales efectúan sobre el África, una región dónde no existe nación que ocupe el rol de Brasil en Sudamérica.
China hace notar su presencia en el Golfo de Adén desde 2008, donde bajo la eufemística bandera de “desempeñar un papel mayor en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales" sólo encubre la intención de proteger a las empresas de Pekín, asentadas en la estratégica zona y empeñadas en tareas de franca depredación.
Es verdad que los chinos no son metodológicamente comparables con los occidentales en materia de conquista colonial. Es cierto que invierten en infraestructura y que eso –de alguna manera- repercute en los pueblos donde se asientan, pero ello no disimula el hecho concreto de que “no deberían estar ahí” y tampoco asegura el bienestar autóctono.
Para proteger sus intereses Pekín ha desarrollado una Armada que en el próximo lustro será la más poderosa del planeta, a efectos de consolidar sus espacios de ultramar.
Según los expertos, la presencia militar china en el Cuerno de África es la primera misión de ultramar que realizan las fuerzas navales del Ejército Popular de Liberación en sus 81 años de vida e incluso de toda la Marina china desde el siglo XV y la dinastía Ming, Impresionante.
Angola es el primer proveedor de petróleo de China y toda África cubre más del 31 por ciento de las necesidades petrolíferas de Pekín. Hay más de 800 empresas chinas operando en 49 países Africanos.
Pero la cuestión que involucra al Cuerno de África no termina con la llegada de una Fuerza de Tareas China. Estados Unidos no está dispuesto a ceder terreno en beneficio del gigante asiático.
Pero la cuestión que involucra al Cuerno de África no termina con la llegada de una Fuerza de Tareas China. Estados Unidos no está dispuesto a ceder terreno en beneficio del gigante asiático.
El día 5 de marzo de 2010 el New York Times decía “durante los últimos meses los consejeros estadounidenses han ayudado a supervisar el entrenamiento de las fuerzas somalíes que serán utilizadas en la ofensiva… Los estadounidenses han suministrado un entrenamiento clandestino para agentes de inteligencia somalíes, apoyo logístico para mantenedores de la paz, combustible para maniobras, información de reconocimiento sobre las posiciones insurgentes y dinero para balas y fusiles”.
Y el día 10 de marzo podía leerse en el Pittsburgh Post-Gazette “Bien provisto de dinero y a pesar de las costosas guerras en Irak y Afganistán, el Departamento de Defensa obviamente se considera en condiciones de emprender una acción militar en África, en Somalia”.
Geoestratégicamente, no sólo es Somalía y sus recursos, también se trata de ocupar posiciones relativas favorables que apuntan a Irán.
Y no son solamente los chinos y los norteamericanos. También la UE confluye en el área: “Somalia es muy importante para nosotros. La UE participa en el entrenamiento de somalíes en Uganda y eso es algo en cuyo apoyo podríamos trabajar estrechamente”, sostuvo Tony Holmes, adjunto del comandante para actividades civiles-militares de AFRICOM, el centro unificado de comando del Pentágono en África creado a fines de 2007.
África no cuenta con ningún país que asuma el rol que en Sudamérica tiene Brasil.
África no cuenta con ningún país que asuma el rol que en Sudamérica tiene Brasil.
El poder económico y el militar están hoy más entrelazados que nunca y dado el potencial destructivo de los parques, la amenaza de destrucción se transforma en una pesadilla cercana, en un marco de reparto colonial de similares características al observado durante las guerras mundiales, pero ahora en una escala verdaderamente planetaria.
En Sudamérica la protección está encarnada por Brasil, el enemigo a vencer para las potencias hegemónicas. Sin Brasil los países vecinos se desmantelarían como un castillo de naipes. Sin Brasil no habría nacido el Consejo de Defensa Sudamericano, al que, es cierto, aún le falta mucho, pero que sin dudas marca la dirección correcta en cuestiones de defensa continental.
La sociedad con Argentina defendida a ultranza por la diplomacia brasileña es un intento por constituir desde el Mercosur un poderoso núcleo que incorpore paulatinamente a los países de la región y del Caribe.
Brasil comprende muy bien que esa es la opción más lógica, si se pretende contrapesar a las otras asociaciones extra continentales que día a día se hacen más poderosas y se militarizan peligrosamente.
Pero eso no es lo último que puede rescatarse de la matriz sudamericana que motoriza la alianza continental. Hay algo más meritorio, al menos a mediano plazo, y consiste en quela unión sudamericana propugnada por Brasil –a diferencia de todas las demás- no es de carácter agresivo, ni para otros pueblos de La Tierra, ni para el medio ambiente.
Pero eso no es lo último que puede rescatarse de la matriz sudamericana que motoriza la alianza continental. Hay algo más meritorio, al menos a mediano plazo, y consiste en quela unión sudamericana propugnada por Brasil –a diferencia de todas las demás- no es de carácter agresivo, ni para otros pueblos de La Tierra, ni para el medio ambiente.
Con las limitaciones del caso, América Latina toda lleva ya más de medio milenio de “Pacha Mama” y de explotación endógena. En ese sentido, lo más revolucionario del intento continental que Brasil encabeza en la actualidad –y que lo diferencia del resto- es que la idea matriz tácita de que una “Sudamérica unida para los sudamericanos” dista de contener la carga eufemística de la que enunciara el ex presidente estadounidense James Monroe en 1823.
En efecto, se trata primero de otorgar dignidad a los habitantes de este hemisferio y de lograr su comunión con la tierra que les pertenece y pisan. Y eso señores, además de marcar la diferencia, bien vale el esfuerzo.
- Diego Ghersi, desde la redacción de APM - Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata
domingo, 4 de abril de 2010
miércoles, 31 de marzo de 2010
La fórmula...
Estas estimaciones a las que accedió Cash corresponden al documento de trabajo “Asignación Universal por Hijo: resultados preliminares”, elaborado por los especialistas del CEIL-Piette del Conicet Demian Panigo, Emmanuel Agis y Carlos Cañete, que será publicado en las próximas semanas.
La extensión de las asignaciones familiares a los hijos de los trabajadores no registrados y desocupados logró reducir un 32 por ciento la desigualdad de ingresos entre los sectores más ricos y los más pobres. Las mejoras socioeconómicas registradas entre 2003-2009 alcanzaron con menor intensidad a los sectores más desprotegidos. La vulnerabilidad de esos grupos para caer en la indigencia y la pobreza comenzó a bajar considerablemente con la implementación de ese programa de seguridad social. Los 180 pesos por mes por hijo que cobran los beneficiarios se traducen en una caída del 69 por ciento en la indigencia por ingresos. El efecto sobre la pobreza también es relevante aunque su impacto es menor. La Asignación Universal por Hijo (AUH) comenzó a funcionar en noviembre pasado. En febrero, el programa alcanzó a 3.384.546 chicos menores de 18 años, que forman parte de 1.732.530 familias.
El coeficiente de Gini –el indicador que mide desigualdad considerando a 0 como igualdad perfecta y 1 como el valor más regresivo– se redujo en el período de postconvertibilidad. En tanto, la relación entre el ingreso del 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre se mantuvo sin mejoras significativas. La Asignación es la primera medida que reduce esa brecha al ubicarlo en parámetros registrados en la primera parte de los ochenta. En promedio, la caída es del 32 por ciento pero registra picos muy fuertes en algunas regiones del país, como en el Noroeste y Noreste donde la reducción de esa diferencia ronda el 40 por ciento. En la Patagonia, donde los ingresos son más elevados que la media, el impacto es el más bajo del país: 22 por ciento.
“La AUH reduce la pobreza e indigencia en términos considerables pero una consecuencia todavía más importante es que cambia el perfil de los grupos más vulnerables del país”, apuntó Panigo a Cash. A pesar de las políticas de universalización de la cobertura del sistema provisional, las políticas activas de empleo, el aumento en los haberes jubilatorios y el salario mínimo, en los últimos seis años los grupos vulnerables profundizaron esa situación en términos relativos. Si bien la indigencia y la pobreza cayeron en forma generalizada, quienes más se beneficiaron fueron los sectores más fuertes. Así, la vulnerabilidad relativa de los más débiles creció.
En toda América latina aquellos con mayores posibilidades de caer en la indigencia y la pobreza son las familias numerosas, las madres solas con hijos a cargo, los jefes con bajo nivel educativo y los niños.
Entre noviembre y febrero la Anses desembolsó 1629,9 millones de pesos entre los beneficiarios. En ese escenario la incidencia de la pobreza cayó alrededor del 30 por ciento y la indigencia hasta un 75 por ciento. En las regiones más pobres del país, donde el ingreso medio es muy bajo, la AUH impacta con más fuerza sobre la indigencia. En las provincias más ricas (patagónicas), la mejoría sobre la incidencia de la pobreza es la más relevante.
En el exhaustivo trabajo realizado por esos expertos el impacto sobre pobreza e indigencia del programa está medido con los datos de la EPH del segundo trimestre de 2009, los últimos disponibles. De ese momento a la actualidad, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada para fijar la línea de indigencia, y la Canasta Básica Total (CBT), que establece la línea de pobreza, aumentaron el 13,3 y 14,5 por ciento, respectivamente. Los autores reconocen que la evolución en el precio de esos bienes impactará negativamente sobre las mejoras que genera la asignación. De todas formas, aclaran, para establecer un resultado preciso habrá que evaluar cuál fue la trayectoria del ingreso de los inscritos en el plan desde noviembre pasado.
Frente al cuestionamiento sobre las mediciones de precios del Indec, y para reflejar las distintas realidades provinciales, los autores analizan cuál es la magnitud del impacto en materia de pobreza e indigencia si la CBA y la CBT son en promedio un 50 por ciento más altas. Con esos parámetros la reducción de la medida sobre la incidencia de la pobreza pasa del 30 al 13 por ciento. “Pone en evidencia que la medida social más importante del país y de América latina, en toda la historia, no puede eliminar la pobreza. Para eso, el único camino es el acceso al empleo digno”, remarcó Panigo a Cash.
En cambio, el mismo incremento en la CBA la reducción de la indigencia pasa del 70 por ciento al 55 por ciento. De todas formas, los autores identifican que existen ciertos grupos, regionales y demográficos como el Norte del país y los hogares con jefes de bajo nivel educativo, que requieren otras acciones complementarias.
Discrecional vs. Automática
La movilidad de las prestaciones de la AUH está atada al sistema de asignaciones familiares. A diferencia de lo que sucede con los haberes jubilatorios, que se actualizan en forma automática desde comienzos de 2009, el incremento en las asignaciones familiares –y la AUH– es decidido por el Ejecutivo. Tanto en el Ministerio de Trabajo como en la Anses sostienen que no está en estudio ninguna automatización del mecanismo. Las prestaciones serán actualizadas, pero su monto será determinado por el Gobierno. El año pasado el aumento en las asignaciones familiares se anunció dos semanas antes que la AUH y fue el 33 por ciento.
Para evitar que suceda lo mismo que con las jubilaciones, el salario mínimo y otros programas durante los noventa, cuando se licuaron las prestaciones al congelarse el monto, los especialistas remarcan la necesidad de un mecanismo de actualización automática. En ese sentido Panigo remarcó que es necesario “establecer un mecanismo de actualización de la capacidad de compra de las asignaciones, evitando recaer en mecanismos indexatorios tradicionales –por sus potenciales efectos macroeconómicos nocivos– y recurriendo a herramientas más innovadoras como las utilizadas para ajustar los haberes jubilatorios en la nueva ley que, al mismo tiempo, intentan asegurar el poder de compra de los beneficiarios y la sustentabilidad fiscal intertemporal del nuevo derecho”.
Una de las críticas que recibe el plan de extensión del sistema de asignaciones familiares es su carácter inflacionario. “Descartamos que ese gasto genere aumento de precios por presionar sobre una oferta de alimentos inelástica. Lo que sí sucede es que la asignación genera un efecto fortísimo sobre la distribución del ingreso y esto es lo que puede exacerbar una puja distributiva que ya viene con una inercia importante”, apuntó Agis a Cash. Así, no se trata de una inflación generada por un “exceso en la demanda”, sino que las causas residen en su impacto sobre la distribución del ingreso y las “reacciones” que eso genera por parte de los capitalistas/empresarios.
En ese escenario, además de la movilidad nominal de la asignación, es necesario que el Estado garantice su poder adquisitivo. Para eso proponen que la tarjeta por medio de la cual se cobra la asignación pueda utilizarse en determinadas cadenas comerciales para comprar alimentos con una deducción plena del IVA
La extensión de las asignaciones familiares a los hijos de los trabajadores no registrados y desocupados logró reducir un 32 por ciento la desigualdad de ingresos entre los sectores más ricos y los más pobres. Las mejoras socioeconómicas registradas entre 2003-2009 alcanzaron con menor intensidad a los sectores más desprotegidos. La vulnerabilidad de esos grupos para caer en la indigencia y la pobreza comenzó a bajar considerablemente con la implementación de ese programa de seguridad social. Los 180 pesos por mes por hijo que cobran los beneficiarios se traducen en una caída del 69 por ciento en la indigencia por ingresos. El efecto sobre la pobreza también es relevante aunque su impacto es menor. La Asignación Universal por Hijo (AUH) comenzó a funcionar en noviembre pasado. En febrero, el programa alcanzó a 3.384.546 chicos menores de 18 años, que forman parte de 1.732.530 familias.
El coeficiente de Gini –el indicador que mide desigualdad considerando a 0 como igualdad perfecta y 1 como el valor más regresivo– se redujo en el período de postconvertibilidad. En tanto, la relación entre el ingreso del 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre se mantuvo sin mejoras significativas. La Asignación es la primera medida que reduce esa brecha al ubicarlo en parámetros registrados en la primera parte de los ochenta. En promedio, la caída es del 32 por ciento pero registra picos muy fuertes en algunas regiones del país, como en el Noroeste y Noreste donde la reducción de esa diferencia ronda el 40 por ciento. En la Patagonia, donde los ingresos son más elevados que la media, el impacto es el más bajo del país: 22 por ciento.
“La AUH reduce la pobreza e indigencia en términos considerables pero una consecuencia todavía más importante es que cambia el perfil de los grupos más vulnerables del país”, apuntó Panigo a Cash. A pesar de las políticas de universalización de la cobertura del sistema provisional, las políticas activas de empleo, el aumento en los haberes jubilatorios y el salario mínimo, en los últimos seis años los grupos vulnerables profundizaron esa situación en términos relativos. Si bien la indigencia y la pobreza cayeron en forma generalizada, quienes más se beneficiaron fueron los sectores más fuertes. Así, la vulnerabilidad relativa de los más débiles creció.
En toda América latina aquellos con mayores posibilidades de caer en la indigencia y la pobreza son las familias numerosas, las madres solas con hijos a cargo, los jefes con bajo nivel educativo y los niños.
Entre noviembre y febrero la Anses desembolsó 1629,9 millones de pesos entre los beneficiarios. En ese escenario la incidencia de la pobreza cayó alrededor del 30 por ciento y la indigencia hasta un 75 por ciento. En las regiones más pobres del país, donde el ingreso medio es muy bajo, la AUH impacta con más fuerza sobre la indigencia. En las provincias más ricas (patagónicas), la mejoría sobre la incidencia de la pobreza es la más relevante.
En el exhaustivo trabajo realizado por esos expertos el impacto sobre pobreza e indigencia del programa está medido con los datos de la EPH del segundo trimestre de 2009, los últimos disponibles. De ese momento a la actualidad, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada para fijar la línea de indigencia, y la Canasta Básica Total (CBT), que establece la línea de pobreza, aumentaron el 13,3 y 14,5 por ciento, respectivamente. Los autores reconocen que la evolución en el precio de esos bienes impactará negativamente sobre las mejoras que genera la asignación. De todas formas, aclaran, para establecer un resultado preciso habrá que evaluar cuál fue la trayectoria del ingreso de los inscritos en el plan desde noviembre pasado.
Frente al cuestionamiento sobre las mediciones de precios del Indec, y para reflejar las distintas realidades provinciales, los autores analizan cuál es la magnitud del impacto en materia de pobreza e indigencia si la CBA y la CBT son en promedio un 50 por ciento más altas. Con esos parámetros la reducción de la medida sobre la incidencia de la pobreza pasa del 30 al 13 por ciento. “Pone en evidencia que la medida social más importante del país y de América latina, en toda la historia, no puede eliminar la pobreza. Para eso, el único camino es el acceso al empleo digno”, remarcó Panigo a Cash.
En cambio, el mismo incremento en la CBA la reducción de la indigencia pasa del 70 por ciento al 55 por ciento. De todas formas, los autores identifican que existen ciertos grupos, regionales y demográficos como el Norte del país y los hogares con jefes de bajo nivel educativo, que requieren otras acciones complementarias.
Discrecional vs. Automática
La movilidad de las prestaciones de la AUH está atada al sistema de asignaciones familiares. A diferencia de lo que sucede con los haberes jubilatorios, que se actualizan en forma automática desde comienzos de 2009, el incremento en las asignaciones familiares –y la AUH– es decidido por el Ejecutivo. Tanto en el Ministerio de Trabajo como en la Anses sostienen que no está en estudio ninguna automatización del mecanismo. Las prestaciones serán actualizadas, pero su monto será determinado por el Gobierno. El año pasado el aumento en las asignaciones familiares se anunció dos semanas antes que la AUH y fue el 33 por ciento.
Para evitar que suceda lo mismo que con las jubilaciones, el salario mínimo y otros programas durante los noventa, cuando se licuaron las prestaciones al congelarse el monto, los especialistas remarcan la necesidad de un mecanismo de actualización automática. En ese sentido Panigo remarcó que es necesario “establecer un mecanismo de actualización de la capacidad de compra de las asignaciones, evitando recaer en mecanismos indexatorios tradicionales –por sus potenciales efectos macroeconómicos nocivos– y recurriendo a herramientas más innovadoras como las utilizadas para ajustar los haberes jubilatorios en la nueva ley que, al mismo tiempo, intentan asegurar el poder de compra de los beneficiarios y la sustentabilidad fiscal intertemporal del nuevo derecho”.
Una de las críticas que recibe el plan de extensión del sistema de asignaciones familiares es su carácter inflacionario. “Descartamos que ese gasto genere aumento de precios por presionar sobre una oferta de alimentos inelástica. Lo que sí sucede es que la asignación genera un efecto fortísimo sobre la distribución del ingreso y esto es lo que puede exacerbar una puja distributiva que ya viene con una inercia importante”, apuntó Agis a Cash. Así, no se trata de una inflación generada por un “exceso en la demanda”, sino que las causas residen en su impacto sobre la distribución del ingreso y las “reacciones” que eso genera por parte de los capitalistas/empresarios.
En ese escenario, además de la movilidad nominal de la asignación, es necesario que el Estado garantice su poder adquisitivo. Para eso proponen que la tarjeta por medio de la cual se cobra la asignación pueda utilizarse en determinadas cadenas comerciales para comprar alimentos con una deducción plena del IVA
Lila Downs y Mercedes Sosa "Tierra de luz"
Lila Downs (1968 en Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, Mexico) es una cantante mexicana. Compositora y cantante especializada en música mexicana y de pueblos indígenas mexicanos
martes, 30 de marzo de 2010
Genocidio: Los mitos revelados
Diego Cazorla Artieda - http://www.lahaine.org/index.php?p=44352
A fines de la década de los '50, unos generales franceses se instalaban en una oficina en la sede de la Escuela de Guerra de Campo de Mayo
La última dictadura militar, hija de la “Escuela Francesa” y la “Doctrina de Seguridad Nacional”, vigente desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, ha originado el debate más intenso y extenso que recuerde la historia argentina del siglo XX.
Prosigue incluso en el siglo XXI, entrecruzándose aspectos de la coyuntura política, sumando erróneamente a opositores de un lado y oficialistas del otro. Erróneamente, porque hay opositores que tienen una larga lucha en materia de derechos humanos y oficialistas que han sido más contestes con posiciones antagónicas desde siempre.
Lo cierto es que en la política como en la vida, los blancos y negros conforman una gama de grises casi infinita.
Es vital sin embargo el aporte que hizo el gobierno de Néstor Kichner al impulsar las nulidades de las leyes de impunidad, para que la Argentina mire de frente a su historia y asuma sus costos, y empiece un camino de “reparación” imposible, pero que ayuda a establecer a futuro un piso de respeto al otro, de Justicia, de Verdad.
Además de los genocidas, deberían haber estado sometidos a juicio los mentores del genocidio, los beneficiarios económicos de ese gran proceso antinacional y antipopular, tal como lo reconocieron el propio Bendini, ex -Jefe del Ejército y la famosa autocrítica de Balza.
Los juicios como la “Causa RI9” y la “Causa Ayala” a través del testimonio de los sobrevivientes, la desclasificación de archivos de la dictadura y sendas investigaciones periodísticas, han podido derrumbar mitos que se pretendieron instalar como verdades instaladas. Es por eso que siempre decimos, que más allá de la búsqueda de Justicia, estas causas judiciales son verdaderos procesos de reconstrucción de la memoria histórica.
Uno de los mitos lo desmiente los archivos del “Batallón 601” (cuyos miembros pasaron de ilustres desconocidos a ser públicos, merced a una excelente publicación de la Revista 23), y es el que pretendía reducir la cifra de víctimas de la dictadura a 5000 o 7000 según estaban dispuestos a reconocer los genocidas, o a lo sumo alrededor de 9000, tomando en cuenta datos parciales de la CONADEP.
Lo que pocos saben es que la CONADEP no considera desaparecidos a los “muertos en enfrentamiento”, por más que se hallen desaparecidos sus cuerpos, y el número entregado en su informe inicial es sensiblemente menor al real, por este criterio adoptado y por la urgencia en entregarlo a la opinión pública y a la Justicia. Lo cierto es que la CONADEP, no obstante el informe “Nunca Más”, siguió trabajando, y aún con los criterios innecesariamente rígidos, hoy la cifra registrada por ellos se eleva a 12.000.
Pero son los mismos represores los que, en base a sus propias bases de datos elevan esa cifra a 22.000, casi el doble de lo registrado actualmente en CONADEP ya en el año 1978, cuando Enrique Arancibia Clavel (funcionario de inteligencia chileno) le solicita a instancias de sus superiores, esta información a sus pares del Batallón 601 con el alias o nombre de guerra de “Luis Felipe Alemparte Díaz”.
Bien sabido es que la dictadura duró muchos años más y la cifra puede incluso superar la de 30.000, pero sería irrelevante, ya que no se puede agregar ni quitar nada de lo sufrido por el pueblo argentino si sumamos o restamos números. El horror genocida es inconmensurable.
Otro de los mitos es el que pretendía explicar tanta locura como “excesos”, cometidos en el marco de una respuesta excesiva a una agresión previa. La reducción de un proceso complejo a la lucha entre dos males: la famosa “teoría de los dos demonios”.
Hoy sabemos, gracias a un excelente trabajo periodístico de una de las testigos de la “Causa RI9”, la periodista francesa Marie Monique Robin, que mucho antes de que existieran las organizaciones “Montoneros” y “PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores)”, es decir, a fines de la década del '50, unos generales franceses se instalaban en una oficina en la sede de la Escuela de Guerra de Campo de Mayo.
Los países centrales habían determinado que la Argentina debía dejar de tener trabajadores tan combativos, la clase obrera más organizada de Latinoamérica, el menor índice de analfabetismo del continente, pleno empleo y salud gratuita; y es que le habían asignado un nuevo rol en la “división internacional del trabajo” el de agro -exportador primario.
Sabían que esto no iba a ser aceptado pacíficamente por el pueblo argentino, y venían a preparar a las FFAA a hacer frente a lo que todavía, objetivamente aún no existía.
Aleccionados por la inteligencia militar francesa, que trasladaba sus conocimientos adquiridos con sus experiencias colonialistas en Indochina y Argelia, y por “La Escuela de las Américas”, una academia formadora de torturadores creada por Estados Unidos, las FFAA (salvo honrosas excepciones) asumieron como propios los intereses de estos países centrales y la doctrina del “enemigo interno”, justificada por el conflicto “este-oeste” que en términos geopolíticos nos era ajeno.
La dictadura fue pues, la imposición a sangre y fuego de un mega plan económico tendiente a la reconversión de un país maravilloso, en pleno crecimiento industrial y científico, en una republiqueta dependiente y jaqueada por un endeudamiento imposible de afrontar.
Finalmente nuestro problema no advertido por gran parte de la clase política y una enorme porción de la ciudadanía que avaló activa o pasivamente el golpe cívico-militar, era el conflicto norte-sur, es decir, los intereses de los países centrales en detrimento del tercer mundo.
“La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en perder…” dice Eduardo Galeano en su memorable “Las Venas Abiertas de América Latina”.
Asumimos como propia la lucha de los países centrales contra las revoluciones de liberación nacional y las socialistas, y descuidamos nuestros propios intereses, antagónicos por cierto con esos países que nos cooptaron.
Por último, y solo para no seguir abundando en un tema que merece mayor desarrollo, me referiré a otro mito que, pese a los denodados esfuerzos de sus impulsores, no tiene el menor correlato con la realidad, y es el que plantea la necesidad de la “memoria completa”, y que hay que dejar de “mirar con un solo ojo”.
Lo que está detrás de estos clichés, es la teoría de que se debe juzgar a los militares, pero también a quienes “del otro lado” cometieron crímenes contra personas inocentes.
Parece razonable, y uno puede verse tentado de adherir, sobre todo los bien nacidos que respetan el “derecho a la vida” consagrado por la “Declaración Universal de los Derechos del Hombre”. Parece razonable también que algunos nos acusen de “parciales” a los militantes de DDHH.
La pregunta ¿por qué a unos si y a otros no? parece incontestable, y seguramente lo es para muchos jóvenes que nacieron en democracia y muchos adultos que no saben con detalle que pasó con hechos como el asesinato de la hija del Capitán Viola por ejemplo, o la toma del Regimiento de Formosa.
Voy pues, seguidamente, a referirme a estos dos hechos puntuales. No lo hago en forma antojadiza, es que el primero es uno de los más usados como “argumento” para solicitar la reapertura de este tipo de causas. El segundo es de nuestra zona del país y sus protagonistas conocidos en la región.
La causa por la muerte de Viola y su hija se instruyó en Tucumán inmediatamente, y tuvo sentencia condenatoria cuyos responsables cumplieron de manera efectiva. Por lo que no solo no es un delito de lesa humanidad, y es un delito común, sino que además ya fue investigado, juzgado y sancionado. Uno puede informarse por Internet del tema, ésta fantástica herramienta que nos saca del oscurantismo si se sabe usarla y se recurre a fuentes judiciales por ejemplo.
En relación al Regimiento de Formosa, la dictadura instruyó sendas parodias de juicios en tribunales militares, donde los acusados no tenían las más mínimas garantías y sus “defensores” los tenían que elegir de un menú de subtenientes y tenientes que desconocían las nociones más elementales de las leyes vigentes y los Códigos Procesales. Algunos incluso se atrevían a decir a sus “defendidos” que eran sus enemigos y que su misión era que confiesen, no defenderlos.
Muchos fueron declarados culpables en esas parodias de juicios y cumplieron condenas en condiciones infrahumanas de detención, sometidos a torturas y en algunos casos sin que se les lea de qué se les acusaba concretamente.
Otros, ya no están con nosotros y continúan desaparecidos, fueron ejecutados y sus cuerpos continúan siendo ocultos, lo que constituye un delito que actualmente se está cometiendo. Nunca sabremos si fueron culpables o inocentes, porque la dictadura eligió vengarse en lugar del camino de la Justicia.
La mayoría ni siquiera fue “beneficiaria” de esas parodias de juicios y, como en el caso de mi tío Rómulo Artieda, ultimados sin piedad. Hay que decir también, que aquellos que se sintieron damnificados por los delitos cometidos por las organizaciones guerrilleras nunca fueron limitados por ninguna ley.
No hubo “obediencia debida” ni “punto final” que lesionara sus derechos, y nada impedía que querellen a los responsables, de hecho algunos lo hicieron y lograron condenas como los familiares del Capitán Viola, los mismos que hoy pretenden reabrirla pese a no desconocer que ya es “cosa juzgada”.
Otros se sintieron cómodos con la venganza promovida por la dictadura, a tal punto que no querellaron a nadie, y no han sufrido la condena moral de los “reconciliantes”, aquellos que promueven la reconciliación y se oponen a la búsqueda de justicia, atribuyéndole móviles “non sanctos”, pero que no alzaron la voz ante el genocidio cuya existencia no podían ignorar.
No estamos abriendo un solo ojo, apenas si nos atrevemos a entreabrir el único que teníamos cerrado, para de una vez por todas mirarnos a la cara con nuestra historia reciente, y lamer las heridas, para que la imagen que nos devuelva el espejo ahora que tenemos ambos ojos abiertos, sea la de ciudadanos libres, dignos y dispuestos a gritar NUNCA MÁS las veces que sea necesario. Honduras nos muestra que el horror genocida, cuando no es juzgado ni recordado, deja de ser “cosa del pasado”.
A fines de la década de los '50, unos generales franceses se instalaban en una oficina en la sede de la Escuela de Guerra de Campo de Mayo
La última dictadura militar, hija de la “Escuela Francesa” y la “Doctrina de Seguridad Nacional”, vigente desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, ha originado el debate más intenso y extenso que recuerde la historia argentina del siglo XX.
Prosigue incluso en el siglo XXI, entrecruzándose aspectos de la coyuntura política, sumando erróneamente a opositores de un lado y oficialistas del otro. Erróneamente, porque hay opositores que tienen una larga lucha en materia de derechos humanos y oficialistas que han sido más contestes con posiciones antagónicas desde siempre.
Lo cierto es que en la política como en la vida, los blancos y negros conforman una gama de grises casi infinita.
Es vital sin embargo el aporte que hizo el gobierno de Néstor Kichner al impulsar las nulidades de las leyes de impunidad, para que la Argentina mire de frente a su historia y asuma sus costos, y empiece un camino de “reparación” imposible, pero que ayuda a establecer a futuro un piso de respeto al otro, de Justicia, de Verdad.
Además de los genocidas, deberían haber estado sometidos a juicio los mentores del genocidio, los beneficiarios económicos de ese gran proceso antinacional y antipopular, tal como lo reconocieron el propio Bendini, ex -Jefe del Ejército y la famosa autocrítica de Balza.
Los juicios como la “Causa RI9” y la “Causa Ayala” a través del testimonio de los sobrevivientes, la desclasificación de archivos de la dictadura y sendas investigaciones periodísticas, han podido derrumbar mitos que se pretendieron instalar como verdades instaladas. Es por eso que siempre decimos, que más allá de la búsqueda de Justicia, estas causas judiciales son verdaderos procesos de reconstrucción de la memoria histórica.
Uno de los mitos lo desmiente los archivos del “Batallón 601” (cuyos miembros pasaron de ilustres desconocidos a ser públicos, merced a una excelente publicación de la Revista 23), y es el que pretendía reducir la cifra de víctimas de la dictadura a 5000 o 7000 según estaban dispuestos a reconocer los genocidas, o a lo sumo alrededor de 9000, tomando en cuenta datos parciales de la CONADEP.
Lo que pocos saben es que la CONADEP no considera desaparecidos a los “muertos en enfrentamiento”, por más que se hallen desaparecidos sus cuerpos, y el número entregado en su informe inicial es sensiblemente menor al real, por este criterio adoptado y por la urgencia en entregarlo a la opinión pública y a la Justicia. Lo cierto es que la CONADEP, no obstante el informe “Nunca Más”, siguió trabajando, y aún con los criterios innecesariamente rígidos, hoy la cifra registrada por ellos se eleva a 12.000.
Pero son los mismos represores los que, en base a sus propias bases de datos elevan esa cifra a 22.000, casi el doble de lo registrado actualmente en CONADEP ya en el año 1978, cuando Enrique Arancibia Clavel (funcionario de inteligencia chileno) le solicita a instancias de sus superiores, esta información a sus pares del Batallón 601 con el alias o nombre de guerra de “Luis Felipe Alemparte Díaz”.
Bien sabido es que la dictadura duró muchos años más y la cifra puede incluso superar la de 30.000, pero sería irrelevante, ya que no se puede agregar ni quitar nada de lo sufrido por el pueblo argentino si sumamos o restamos números. El horror genocida es inconmensurable.
Otro de los mitos es el que pretendía explicar tanta locura como “excesos”, cometidos en el marco de una respuesta excesiva a una agresión previa. La reducción de un proceso complejo a la lucha entre dos males: la famosa “teoría de los dos demonios”.
Hoy sabemos, gracias a un excelente trabajo periodístico de una de las testigos de la “Causa RI9”, la periodista francesa Marie Monique Robin, que mucho antes de que existieran las organizaciones “Montoneros” y “PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores)”, es decir, a fines de la década del '50, unos generales franceses se instalaban en una oficina en la sede de la Escuela de Guerra de Campo de Mayo.
Los países centrales habían determinado que la Argentina debía dejar de tener trabajadores tan combativos, la clase obrera más organizada de Latinoamérica, el menor índice de analfabetismo del continente, pleno empleo y salud gratuita; y es que le habían asignado un nuevo rol en la “división internacional del trabajo” el de agro -exportador primario.
Sabían que esto no iba a ser aceptado pacíficamente por el pueblo argentino, y venían a preparar a las FFAA a hacer frente a lo que todavía, objetivamente aún no existía.
Aleccionados por la inteligencia militar francesa, que trasladaba sus conocimientos adquiridos con sus experiencias colonialistas en Indochina y Argelia, y por “La Escuela de las Américas”, una academia formadora de torturadores creada por Estados Unidos, las FFAA (salvo honrosas excepciones) asumieron como propios los intereses de estos países centrales y la doctrina del “enemigo interno”, justificada por el conflicto “este-oeste” que en términos geopolíticos nos era ajeno.
La dictadura fue pues, la imposición a sangre y fuego de un mega plan económico tendiente a la reconversión de un país maravilloso, en pleno crecimiento industrial y científico, en una republiqueta dependiente y jaqueada por un endeudamiento imposible de afrontar.
Finalmente nuestro problema no advertido por gran parte de la clase política y una enorme porción de la ciudadanía que avaló activa o pasivamente el golpe cívico-militar, era el conflicto norte-sur, es decir, los intereses de los países centrales en detrimento del tercer mundo.
“La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en perder…” dice Eduardo Galeano en su memorable “Las Venas Abiertas de América Latina”.
Asumimos como propia la lucha de los países centrales contra las revoluciones de liberación nacional y las socialistas, y descuidamos nuestros propios intereses, antagónicos por cierto con esos países que nos cooptaron.
Por último, y solo para no seguir abundando en un tema que merece mayor desarrollo, me referiré a otro mito que, pese a los denodados esfuerzos de sus impulsores, no tiene el menor correlato con la realidad, y es el que plantea la necesidad de la “memoria completa”, y que hay que dejar de “mirar con un solo ojo”.
Lo que está detrás de estos clichés, es la teoría de que se debe juzgar a los militares, pero también a quienes “del otro lado” cometieron crímenes contra personas inocentes.
Parece razonable, y uno puede verse tentado de adherir, sobre todo los bien nacidos que respetan el “derecho a la vida” consagrado por la “Declaración Universal de los Derechos del Hombre”. Parece razonable también que algunos nos acusen de “parciales” a los militantes de DDHH.
La pregunta ¿por qué a unos si y a otros no? parece incontestable, y seguramente lo es para muchos jóvenes que nacieron en democracia y muchos adultos que no saben con detalle que pasó con hechos como el asesinato de la hija del Capitán Viola por ejemplo, o la toma del Regimiento de Formosa.
Voy pues, seguidamente, a referirme a estos dos hechos puntuales. No lo hago en forma antojadiza, es que el primero es uno de los más usados como “argumento” para solicitar la reapertura de este tipo de causas. El segundo es de nuestra zona del país y sus protagonistas conocidos en la región.
La causa por la muerte de Viola y su hija se instruyó en Tucumán inmediatamente, y tuvo sentencia condenatoria cuyos responsables cumplieron de manera efectiva. Por lo que no solo no es un delito de lesa humanidad, y es un delito común, sino que además ya fue investigado, juzgado y sancionado. Uno puede informarse por Internet del tema, ésta fantástica herramienta que nos saca del oscurantismo si se sabe usarla y se recurre a fuentes judiciales por ejemplo.
En relación al Regimiento de Formosa, la dictadura instruyó sendas parodias de juicios en tribunales militares, donde los acusados no tenían las más mínimas garantías y sus “defensores” los tenían que elegir de un menú de subtenientes y tenientes que desconocían las nociones más elementales de las leyes vigentes y los Códigos Procesales. Algunos incluso se atrevían a decir a sus “defendidos” que eran sus enemigos y que su misión era que confiesen, no defenderlos.
Muchos fueron declarados culpables en esas parodias de juicios y cumplieron condenas en condiciones infrahumanas de detención, sometidos a torturas y en algunos casos sin que se les lea de qué se les acusaba concretamente.
Otros, ya no están con nosotros y continúan desaparecidos, fueron ejecutados y sus cuerpos continúan siendo ocultos, lo que constituye un delito que actualmente se está cometiendo. Nunca sabremos si fueron culpables o inocentes, porque la dictadura eligió vengarse en lugar del camino de la Justicia.
La mayoría ni siquiera fue “beneficiaria” de esas parodias de juicios y, como en el caso de mi tío Rómulo Artieda, ultimados sin piedad. Hay que decir también, que aquellos que se sintieron damnificados por los delitos cometidos por las organizaciones guerrilleras nunca fueron limitados por ninguna ley.
No hubo “obediencia debida” ni “punto final” que lesionara sus derechos, y nada impedía que querellen a los responsables, de hecho algunos lo hicieron y lograron condenas como los familiares del Capitán Viola, los mismos que hoy pretenden reabrirla pese a no desconocer que ya es “cosa juzgada”.
Otros se sintieron cómodos con la venganza promovida por la dictadura, a tal punto que no querellaron a nadie, y no han sufrido la condena moral de los “reconciliantes”, aquellos que promueven la reconciliación y se oponen a la búsqueda de justicia, atribuyéndole móviles “non sanctos”, pero que no alzaron la voz ante el genocidio cuya existencia no podían ignorar.
No estamos abriendo un solo ojo, apenas si nos atrevemos a entreabrir el único que teníamos cerrado, para de una vez por todas mirarnos a la cara con nuestra historia reciente, y lamer las heridas, para que la imagen que nos devuelva el espejo ahora que tenemos ambos ojos abiertos, sea la de ciudadanos libres, dignos y dispuestos a gritar NUNCA MÁS las veces que sea necesario. Honduras nos muestra que el horror genocida, cuando no es juzgado ni recordado, deja de ser “cosa del pasado”.
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