miércoles, 20 de octubre de 2010

Argentina - Petróleo y misiles en el Atlántico Sur: Una provocación a la inglesa

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de la Plata, Argentina. http://www.prensamercosur.com.ar

El recalentamiento militar desplegado por el Reino Unido en Malvinas significa una agresión a Argentina y una violación al orden jurídico internacional. Explotación de riquezas ajenas y maquinaria bélica, una postal conocida. Si la ONU no actúa con firmeza, una vez más demostrará que, así como está, no sirve para nada.

Las reacciones unánimes de los foros internacionales ante la política colonialista del Reino Unido, que se repiten desde hace décadas, ponen en evidencia que esas estructuras no están a la altura de las circunstancias y deben ser reformadas con urgencia, empezando por la conformación y el funcionamiento del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En ese sentido, la irrupción de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en el escenario internacional podría significar una instancia a considerar como renovado impulso de los países de la región de cara a esa tarea impostergable.

El canciller argentino, Héctor Timerman, denunció que este país es víctima de “un ataque colonialista” y afirmó que las pruebas de misiles realizadas por el Reino Unido “son una provocación”.

El diplomático calificó como una “escalada militar” los ensayos y aseguró que tiene en su poder “un documento oficial” en el que los ingleses reconocen el uso de la tecnología bélica.

En febrero pasado comenzaron las exploraciones petrolíferas en el archipiélago y, desde hace casi dos semanas, las relaciones entre la Argentina y el Reino Unido alcanzaron un alto nivel de tensión por la decisión británica de realizar pruebas misilísticas en las islas de soberanía argentina y ocupadas ilegalmente por el Reino Unido.

En ese marco la diplomacia argentina se reunió el jueves pasado con Donatus Keith Saint Aimeé, presidente del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, quien también mantuvo un encuentro con la presidenta Cristina Fernández.

“Por primera vez en 28 años la Argentina tiene un documento que dice que se van a disparar misiles desde tierra hacia el mar en las Malvinas”, dijo Timerman.

La Cancillería informó que se presentó una nota ante la Organización Marítima Internacional, en que se pide que el organismo “reclame al gobierno británico las explicaciones que correspondan a los hechos denunciados”. “Se exige a Inglaterra que ratifique o rectifique: ¿está disparando misiles desde hace 28 años o no? Si están disparando misiles, nos reservamos entonces los derechos de accionar ante todos los estamentos”, explicó Timerman.

Además, el diplomático dijo que había enviado otra nota de protesta al Reino Unido, que aún no fue contestada. “Si no es respondida en breve, la daremos por aceptada”, afirmó el canciller.

Por su parte, Saint Aimeé comentó que la recomendación del organismo que preside para las naciones en conflicto “es la misma de siempre. Se trata de lograr que ambas partes se reúnan y reinicien un diálogo”, explicó.

Argentina es, desde 1974, la nación responsable de la seguridad en el Atlántico Sur, y por eso los británicos debieron informar del lanzamiento de misiles tierra-mar.

“Este año hemos tenido dos percances importantes: con los recursos naturales y el petróleo, y ahora el tema de los misiles. La Argentina va a hacer todo lo posible para que esto no vuelva a suceder”, aseguró el canciller.

El gobierno argentino ya había presentado ante las Naciones Unidas su protesta por los ejercicios militares que el Reino Unido se prepara para ejecutar en las Islas Malvinas.

La queja fue trasladada por el embajador Jorge Argüello directamente a Ban Ki-moon, el secretario general de la organización. Un vocero del ministerio de Relaciones Exteriores británico, por su parte, insistió en que se trata de “pruebas de rutina” que “se han llevado a cabo cada seis meses durante los últimos 28 años”. El canciller argentino, Héctor Timerman, sin embargo, aclaró que es la primera vez que la Argentina es advertida sobre este tipo de acciones.

Jorge Argüello le entregó en mano a Ban Ki-moon una copia de la queja que recibió horas atrás la embajadora británica en Buenos Aires, Shan Morgan. Y le pidió que sea distribuida entre los países miembros de la ONU.

“El Gobierno argentino expresa su más formal y enérgica protesta ante la pretensión de realizar ese ejercicio militar y exige al gobierno británico que se abstenga de llevarlo a cabo”, dice la nota en sus primeras líneas, y luego califica los ejercicios militares como “una provocación inaceptable y susceptible de generar una carrera armamentista en la región que se contrapone totalmente a la política argentina de apego a la búsqueda de una solución pacífica de la controversia de conformidad con los llamamientos de la comunidad internacional”.

Un vocero del Foreign Office, según citó la agencia France Press, afirmó también ayer que “son pruebas militares de rutina que se han llevado a cabo cada seis meses durante los últimos 28 años, más recientemente en abril de este año”, y recordó que “siempre se emiten alertas para los barcos con antelación”. Una excusa similar había usado horas atrás el vocero de la embajada en Buenos Aires.

El conflicto bilateral viene sumando decibeles desde hace 15 días, cuando el Servicio de Hidrografía Naval argentino recibió una comunicación de las fuerzas militares británicas en la que se anunciaba “un proyecto de realizar disparos de misiles desde el territorio de las Islas Malvinas”.

La presidenta Cristina Fernández, a través de la red social Twitter, calificó la noticia como “muy grave”, destacó que no existen antecedentes de “similar solicitud por la fuerza de ocupación inglesa” y denunció que se está violando el derecho internacional. Casi al mismo tiempo, el vicecanciller Alberto D´Alotto le entregó una nota de protesta a la embajadora británica.

Argüello explicó, en declaraciones a la radio, que “los misiles van a ser disparados desde territorio argentino y van a caer en aguas o en territorio argentino. Hasta que no se dilucide en la ONU el fondo de la cuestión, la soberanía de las islas, nadie puede decir que el territorio argentino es algo distinto de las Islas Malvinas.” Por orden de Cristina Fernández, el reclamo argentino también se hizo frente a la UNASUR y ante la Organización de Estados Americanos.

Los gobiernos de la región ya empezaron a emitir comunicados de apoyo a la queja argentina. En las últimas horas, los gobiernos de Venezuela y Uruguay repudiaron los ejercicios militares que tiene previsto realizar esta semana el Reino Unido en las Islas Malvinas. El gobierno uruguayo, justamente, le había negado hace dos semanas el ingreso al puerto a un barco británico que viajaba a las Malvinas, el HMS Gloucester D-96, y que pretendía aprovisionarse de víveres y combustible.

Entre tanto, desde la Asamblea Legislativa kelper, el diputado Dick Sawle denunció que la intención de la presidenta argentina es “aumentar la tensión entre los dos países” a través de sus comentarios en Twitter.

La jefa de Estado, en rigor, reclamó que se respeten las resoluciones internacionales que llaman a reabrir la negociación para solucionar el conflicto de soberanía.

martes, 19 de octubre de 2010

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Lesa Humanidad - Unidad 9: Una condena al pasado y al presente



Por Oscar Rodríguez (*) - http://www.revista2010.com.ar/noticia.php?id=110



La sentencia a los responsables de los crímenes cometidos en la U9 de La Plata desnuda el profundo entramado que constituyó la dictadura cívico-militar e interpela a toda la sociedad y a la institución judicial en particular sobre su responsabilidad en el genocidios cometido en nuestro país.



Juzgar y condenar a todos los imputados en la causa que dirime los hechos ocurridos en la Unidad Penitenciaria Nº 9 de La Plata en los años 1976-1983, constituye un parámetro del nivel de conciencia social y jurídica en la Argentina.
En efecto, nunca como en ésta causa, emergieron distintos “inconvenientes”, “razones”, complejidades, distintas situaciones que merecían un tratamiento diferenciado y que plantearon algunos interrogantes. En fin, se empezaron a visualizar cuestiones que no habían aparecido en las causas anteriores donde las acusaciones caían sobre los imputados de manera insoslayable, prístina, con presencia de absoluta necesidad. En ésta causa ya no se juzgaba a figuras prominentes o paradigmáticas de la represión ilegal, se trataba de los últimos eslabones de la cadena que conformó el plan sistemático de exterminio a la par que se trató la situación del personal médico de la Unidad, con los que la sociedad civil se emparenta más. Tal situación torna más revulsiva la decisión de juzgar, de condenar y de imponer penas.
Por eso decimos que, para llevar adelante este proceso, fue necesario contar con un silencioso, pero operante, nivel elevado de conciencia social y política.
Esas razones hacen que afirmemos que también se trata de una interpelación a la cultura jurídica, cuyo primer gran quiebre lo constituyó la decisión de juzgar a las tres juntas militares dando fin, de tal manera, a toda una historia de perdones y continuidades a través de la denominada “doctrina de facto” pero que, en términos generales, se había preparado principalmente y casi exclusivamente para aceptar las condenas por transgresiones individuales de delitos comunes y en franca referencia a los sectores humildes. Se ha impuesto ahora un cuestionamiento a la total maquinaria de represión. Hacia arriba –las tres Juntas Militares, el Plan Cóndor, Martínez de Hoz y las causa económicas-; hacia abajo –el personal penitenciario y policial-; hacia los costados –el personal médicos, los jueces y fiscales-. En efecto, se desnuda así el profundo entramado que constituyó la dictadura cívico-militar.
A su vez, las prácticas jurídicas que la cultura jurídica pergeñaba o sostenía, se han visto también, como lógica consecuencia, interpeladas, objetadas. Todo el instrumental jurídico enderezado a la impunidad se ha venido revirtiendo erigiéndose nuevos instrumentos de investigación, nuevas concepciones probatorias y un material conceptual, teórico ,enderezado a satisfacer el ideal de justicia igualitaria que ha sido reconocido por la jurisprudencia nacional e internacional.
Hay una moral que ha venido sosteniendo este proceso. Se trata de una moral que ha tomado conciencia de sí misma y que se ha erigido en una especie de conciencia de lucha. De allí los derechos alcanzados mediante la exposición de lo más preciado que es la vida de las personas en confrontación directa con los poderes.
Esa fuerza de la moral como herramienta de lucha, como instrumento objetor reside, no en su simple enunciación, sino en su manifestación alejada de losescenarios de poder, cuya palabra encuentra apoyatura en las vidas más sencillas. De allí la confiabilidad en su promesa. Prometer significa responder por sí mismo en el futuro.
Han sido los organismos de derechos humanos quienes asumieron en Argentina la responsabilidad histórica de la promesa de justicia y no la han resignado. Han poseído esa voluntad larga e inquebrantable capaz de estar a la altura del dolor provocado y conducirla hacia un destino de justicia. Han perseguido lo justo y necesario, a veces, ayudados por la ola favorable de la historia, y resistiendo cuando la impunidad pretendió enseñorearse por sobre el reclamo de justicia. Han tenido la audacia de tomar sobre sí ese fin grande de soportar aquella tensión entre desmemoria y memoria, incluso contra las opiniones que antes y ahora se alzan cada tanto, persuadidos de que finalmente esta lucha integrará la historia de la épica nacional contra la impunidad.
También ha marcado un hito más, en el camino de profundización de aquella originaria decisión política de juzgar que nació en 1983, que fuera interrumpida por las leyes de perdón para ser retomada y ampliada en el presente, lo que desnuda otra realidad: la lucha de los organismos ha sido el factor constante, pero necesitó para su realización efectiva la viabilidad política que se dio en tres oportunidades históricas a través de los gobiernos de Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Por último, la sentencia de Unidad 9 es una sentencia de condena del pasado y del presente. Se condenó los hechos de la dictadura y la permanencia actual de condiciones de detención que constituyen tortura para los internos de hoy.
Se desbarata así, la impugnación que se intenta de éstos juicios. Ha operado la unión entre pasado y presente. Han quedado interpelados también los tiempos que corren. 
(*) Abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

domingo, 17 de octubre de 2010

Francia, ¿de vuelta a Mayo del 68?

  Fausto Triana  http://www.telesurtv.net/noticias/opinion/2234/francia-de-vuelta-a-mayo-del-68/


Tres días consecutivos de paros en el sistema de transporte, cese de las actividades en nueve de las 12 refinerías del país y amotinamientos en los puertos no auguran tranquilidad. Luego de la huelga del martes con tres millones y medio de personas movilizadas en las calles. Los vaticinios son pesimistas. Hay a priori dos caminos, el más probable: uso de la fuerza para restaurar el orden y aplastar las manifestaciones sobre bases "democráticas y constitucionales". O sea, como ocurrió en las revueltas de Mayo de 1968.
La radicalización del movimiento social en Francia en protesta contra reformas a la ley de retiros es hoy una realidad de consecuencias impredecibles.
La pregunta es si estamos ante el umbral de erosiones similares a las de Mayo del 68. Aunque no hay respuestas definitivas, los analistas consultados por Prensa Latina aseguran que el escenario es bastante probable.
Tres días consecutivos de paros en el sistema de transporte, si bien moderados ayer y hoy, cese de las actividades en nueve de las 12 refinerías del país y amotinamientos en los puertos no auguran tranquilidad.
Luego de la huelga del martes con tres millones y medio de personas movilizadas en las calles, en la otra batalla de cuello y corbata en sets de televisión y medios de prensa, los conservadores de Nicolás Sarkozy se atrincheran.
Las huestes de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido del presidente Sarkozy, y los ministros enfilan sus cañones a los opositores socialistas y la izquierda en general, a quienes responsabilizan del malestar popular de la nación. Alineado más que nunca a la derecha, ya sin tonos ''Gaullistas'' siempre moderados, el mandatario parece inclinarse a la jugada política de mostrar su poder y fuerza frente a los intentos de desorden, dijo una de las fuentes, que pidió el anonimato.
Los vaticinios son pesimistas. Hay a priori dos caminos, el más probable: uso de la fuerza para restaurar el orden y aplastar las manifestaciones sobre bases ''democráticas y constitucionales''. O sea, como ocurrió en las revueltas de Mayo de 1968.
Entonces Francia estuvo al borde de instaurar una poderosa revolución de izquierda, pero las madejas del capitalismo se movieron rápidamente, aprovecharon fisuras en el movimiento y si bien hicieron concesiones, recuperaron el control del país.
De acuerdo con los medios que dieron sus puntos de vista a Prensa Latina, la segunda alternativa en el horizonte es una negociación que logre equilibrar la balanza entre Gobierno y Sindicatos.

Las discrepancias se concentran en las edades planteadas en las reformas respecto al retiro (de 60 a 62 años) y para el cobro completo de las jubilaciones (de 65 a 67 años). Sarkozy y su primer ministro, Francois Fillon, reiteraron que no cederán.

Sin embargo, hay un pequeño margen para intentar contentar a los gremios. Sólo que para muchos observadores, el conflicto sindical se proyecta con las bases distanciadas en sus reclamos del accionar de sus líderes nacionales más contemporizadores.

La estrategia en el porvenir no parece clara. Las organizaciones de trabajadores decidirán pronto si además de la convocatoria a manifestaciones el próximo sábado harán otra huelga la semana próxima.


sábado, 16 de octubre de 2010

Una historia del miedo

Por Alejandro Horowicz - http://www.elargentino.com/nota-109611-medios-142-Una-historia-del-miedo.html

Juan Manuel de Rosas utilizó el miedo como instrumento de disciplinamiento social, y no incluyó ninguna forma de disidencia legítima en el sistema político. La construcción de la clase dominante (estancieros capitalistas) y de la clase dominada (proletarios rurales) se materializó mediante una estancia militarizada que transformaba gauchos en peones.

En El matadero, relato fundante de Esteban Echeverría, se da cuenta de la naturalización de ese miedo, vinculando oposición política con el trato que se dispensa a una vaca, lo que impide distinguir opositor de vaca, y estancia de Estado. Rehaciendo la clásica fórmula de Sarmiento, diremos: civilización y barbarie. La civilización capitalista en esta construcción nacional admitía, admite ¿nuevas? formas de barbarie

La derrota de Rosas produjo, en Buenos Aires, otra clase de miedo colectivo: miedo al saqueo por parte de las montoneras. El odio de Buenos Aires a Rosas está vinculado a esta doble impronta: odio por el desvalimiento frente a la amenaza federal, y odio por los instrumentos con que confiscó políticamente a las clases ilustradas. Y ese último miedo, tolerarlo, no fue suficiente para evitar el primero, y por tanto potenció el odio.

Recordemos. La nación se funda mediante una triple masacre: de las montoneras federales, del pueblo paraguayo –Guerra de la Triple Alianza–, de los pueblos originarios –Campaña del Desierto–. Ese título anticipa el exterminio, la Patagonia se vuelve “desierto” tras la desaparición de los pueblos originarios. Entonces la consigna de Juan Bautista Alberdi (“gobernar es poblar”, con blancos europeos) modifica el paisaje humano del rosismo. Y bastó que los inmigrantes, mayoría de la fuerza de trabajo en la ciudad y en el campo, iniciaran luchas por mejorar las condiciones de existencia, para que la valoración del inmigrante mudara.

En 1902 el general Roca, vinculado a la triple masacre, envió al Senado un proyecto de ley: la 4.144; los extranjeros indeseables podían ser expulsados sin intervención judicial. Era una política terrorista de estancieros ante la “cuestión social”: política rosista parlante, la de Rosas era muda, en las condiciones formales de la Constitución del 53.

La lucha por democratizar la sociedad provenía de la vieja tradición criolla, federal, que por cierto no incluyó ninguna clase de debate. Los levantamientos armados radicales tampoco; amenazaban, eso si, con arrastrar a los trabajadores extranjeros junto al criollaje, como sucedió en México. En ese espejo se miró la oligarquía pampeana. Por eso, Roque Sáenz Peña promueve en 1912 el voto secreto según padrón militar. Ese giro descomprime, introduciendo un pliegue parlamentario que fractura el campo popular: peones criollos, de trabajadores extranjeros. La confluencia rechazada por el socialismo, y defendida por Federico Engels y Germán Ave Lallemant, había sido bloqueada.

Leopoldo Lugones, profeta del miedo programático, pronuncia en el Odeón sus conferencias sobre el Martín Fierro. Corría el año 13. Lugones propone otra lectura de un poema popular sin prestigio académico; la experiencia de un gaucho fortinero pasa a esencia ontológica del ser nacional. Y en lugar de facilitar una transmisión compartida, debatida, establece un acto de guerra semiótica que violenta la tradición oral, y desvaloriza la experiencia de los lectores. Es la 4.144 de la literatura.

La “Semana trágica” de enero del 19, con centenares de muertos obreros y un pogrom en Capital Federal, fue el primer capítulo de la nueva pedagogía. El segundo se desarrolló en el “desierto” repoblado con peones chilenos, entre 1921 y 1923. Y cuando estalla la crisis del 30, el comisario Lugones, hijo del poeta y padre de Pirí, inventa la picana eléctrica. La hora de la espada brilla en las mazmorras de la Sección Especial de la calle General Urquiza.

Entre 1930 y 1946 todos los obreros, con prescindencia de su nacionalidad, son extranjeros. La jornada histórica del 17 de octubre modifica el temario legítimo de la política nacional. La clase obrera luchó y obtuvo su derecho a ingresar a los entreveros de la república parlamentaria; con un añadido, logró que ese fuera el corazón del debate político nacional. Era la primera vez.

El discurso opositor subrayó que el gobierno no respetaba las libertades públicas. No se trata de negar lo obvio. La novedad pasaba por el nombre y apellido de las víctimas. Victoria Ocampo y la madre de Jorge Luis Borges fueron a parar a la cárcel del Buen Pastor, en lugar de los consabidos dirigentes obreros. Para restablecer el “orden natural” se levanta la Marina, en junio del 55. Querían asesinar al presidente, para eso bombardearon la Casa Rosada. El magnicidio reemplazaría el golpe de Estado, la intentona fracasó. Aun así, cuando la dirección ya estaba presa, un último bombardeo masacró a cientos de civiles sin ningún objetivo militar. Una matanza sustitutiva, pedagógica. La voluntad de aterrar infiriendo daños irreparables tenía por objeto frenar a todos los vacilantes. El golpe de septiembre transformó a la mayoría militar del gobierno en minoría política intelectualmente desarmada, con el auxilio dinámico de la Iglesia Católica. El terror como política sistémica había regresado.

En 1956, un general se levanta en armas en defensa de los derechos conculcados. Fracasa y el general Valle es fusilado pese a la promesa empeñada por sus camaradas. Un general puede pensar lo que le plazca, pero si actúa como piensa no puede ser peronista, integrar ese ejército, y seguir vivo.

Las alquimias electorales, por la proscripción del peronismo, desgastaron el orden político de los partidos de la Libertadora. En el ínterin hubo que repensar todo. Y en medio de ese debate el liberalismo pierde, por primera y única vez, la hegemonía cultural. Era una novedad de bulto. Las FF.AA. tuvieron que hacerse cargo de la suma del poder en 1966. Un autócrata católico las condujo al desastre. El general Onganía no sólo remedó el sainete de liberales y nacionalistas, sino que sufrió las puebladas que lo derrocaron; y quedó claro, ese gobierno soportaba un creciente aislamiento social, político y cultural.

Proscribir al peronismo facilitó el corrimiento de un segmento de los trabajadores hacia la izquierda radicalizada, y Cordobazo mediante surgió otra mayoría, la nueva alianza plebeya. Por primera vez en décadas las capas medias y una fracción de los trabajadores confluían. La vieja tradición federal del entrevero, tras el triunfo de la Revolución Cubana, produjo dos cosas: otro horizonte político, el socialismo, y las organizaciones armadas.

Ni el general Perón pudo imponer sus términos (fracaso en impulsar la desobediencia civil, en 1972, para derrocar al general Lanusse), ni la Libertadora pudo evitar el ingreso del peronismo a la nueva legalidad democrática. Era un empate terrible, es decir, un conflicto sin solución parlamentaria.

Tras la victoria electoral del doctor Cámpora, el general herbívoro regresó. Dos millones de ciudadanos se movilizaron, el 20 de junio, para recibirlo. Era el debate nacional mas importante de toda la historia argentina. Perón no se postuló para jefe de una revolución democrática a la cubana, ese y no otro fue el contenido del castrismo en enero del 59, sino como resultante de un amplio consenso que incluía la vieja clase dominante. Sus términos modificaban la estructura de poder, deshacían el viejo orden, que impulsado por la dinámica de Ezeiza, se volvía inaceptable para el establishment. Era el pórtico de una guerra civil. En ese choque descarrila el tercer peronismo, y la muerte del jefe cambia la naturaleza del diferendo. María Estela Martínez de Perón, la viuda, estructura el nuevo orden: la represión a la guerrilla (Operativo Independencia) y el Plan Rodrigo. Es decir, el programa de Martínez de Hoz en grageas homeopáticas.

El 24 de marzo de 1976 no se produjo tan sólo un golpe de Estado. Una dictadura burguesa unificada queda conformada, todos los segmentos del arco parlamentario se referencian en el gobierno militar. Y el que pusiera en entredicho esa política no podía ser otra cosa que un opositor imposible de distinguir, en la teología del Proceso, de un delincuente subversivo. El matadero de Echeverria volvía a dar cuenta de la política nacional. Otra vez estancia y Estado se volvían una sola cosa.

De la lectura de la proclama del 24 de marzo surge que no se tolerara ninguna forma de oposición. En el anteúltimo párrafo del texto se lee: “La conducción del proceso se ejercitará con absoluta firmeza y vocación de servicio. A partir de este momento, la responsabilidad asumida impone el ejercicio severo de la autoridad para erradicar definitivamente los vicios que afectan al país. Por ello, al par que continuará combatiendo sin tregua a la delincuencia subversiva abierta o encubierta y se desterrará toda demagogia, no se tolerará la corrupción o la venalidad bajo ninguna forma o circunstancia, ni tampoco cualquier transgresión a la ley u oposición al proceso de reparación que se inicia”.

Retomemos el hilo. El debate es una necesidad de la derrota, no de los derrotados, para construir un orden democrático. En 1983 no se descongela el 76, sólo se eliden los problemas. Los juicios a las Juntas Militares se pasaron por TV sin audio. Un juicio mudo. La democracia se redujo a evitar el golpe de Estado. Y la impunidad legalmente garantizada funcionó hasta el estallido del 2001. Dicho sin cortapisas: debate democrático e impunidad se excluyen. Sólo al restablecerse la relación entre los delitos y las penas el debate deja de ser una parodia. Con la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la sociedad argentina recupera la posibilidad de prácticas democráticas. La debilidad de esa tradición es tan grande, que cuando el movimiento popular impulsa la acción crítica, con las limitaciones conocidas, la sociedad reduce el ruido de las diferencias a violencia discursiva. Por eso, responsabilizar al actual gobierno de una tradición tan extendida como nefasta, violenta todo análisis, e impide entender el impiadoso ciclo de la historia nacional.

viernes, 15 de octubre de 2010

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Neruda y los mineros chilenos

IROEL SANCHEZ/LA PULPILA INSOMNE - http://www.albatv.org/Neruda-y-los-mineros-chilenos.html


El poeta Pablo Neruda, en un discurso en 1947 en el Senado de Chile, denunciaba las condiciones de vida de los mineros de su país y preguntaba indignado: “¿Cómo es posible, Señor Presidente, tolerar que nuestros compatriotas estén entregados a esta explotación ignominiosa?”. A ellos dedicó este poema de su Canto general que compartimos con los lectores de La puila insomne, mientras son rescatados los trabajadores de la mina San José.
El Maestro Huerta (De la mina “La Despreciada”, Antofagasta)*
Cuando vaya usted al Norte, señor, vaya a la mina “La Despreciada”, y pregunte por el maestro Huerta. Desde lejos no verá nada, sino los grises arenales. Luego, verá las estructuras, el andarivel, los desmontes. Las fatigas, los sufrimientos no se ven, están bajo tierra moviéndose, rompiendo seres, o bien descansan, extendidos, transformándose, silenciosos. Era “picano” el maestro Huerta. Medía 1.95 m. Los picanos son los que rompen el terreno hacia el desnivel, cuando la veta se rebaja. 500 metros abajo, con el agua hasta la cintura, el picano pica que pica. No sale del infierno sino cada cuarenta y ocho horas, hasta que las perforadoras en la roca, en la oscuridad, en el barro, dejan la pulpa por donde camina la mina. El maestro Huerta, gran picano, parecía que llenaba el pique con sus espaldas. Entraba cantando como un capitán. Salía agrietado, amarillo, corcovado, reseco, y sus ojos miraban como los de un muerto. Después se arrastró por la mina. Ya no pudo bajar al pique. El antimonio le comió las tripas. Enflaqueció, que daba miedo, pero no podía andar. Las piernas las tenía picadas como por puntas, y como era tan alto, parecía como un fantasma hambriento pidiendo sin pedir, usted sabe. No tenía treinta años cumplidos. Pregunto dónde está enterrado. Nadie se lo podrá decir, porque la arena y el viento derriban y entierran las cruces, más tarde. Es arriba, en “La Despreciada”, donde trabajó el maestro Huerta. *Canto General II: XII

miércoles, 13 de octubre de 2010

Las nefastas consecuencias de una conquista que todavía perdura

Paco Azanza Telletxiki - http://baragua.wordpress.com/2010/10/12/las-nefastas-consecuencias-de-una-conquista-que-todavia-perdura/


Hoy hace 518 años, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón arribó a tierras americanas. Lo hizo por la pequeña isla bahamense de Guanahaní, para llegar cinco días después, el 27, a la isla de Cuba. Las perversas intenciones de los “descubridores” para con las tierras descubiertas y sus pobladores quedaron muy pronto esclarecidas: la mencionada isla que los indios llamaban Cuba fue “bautizada” por Colón con el nombre de Juana, en homenaje al príncipe hijo de los Reyes Católicos; una pequeña anécdota, pero harto significativa, sin embargo. Este hecho, que en Europa –fundamentalmente en el Estado español- se empeñaron en llamarlo “descubrimiento” y ahora, para atenuar un poco la pena impuesta por la historia, lo llaman “encuentro” de dos culturas, no fue sino el inicio del exterminio de millones de personas y la colonización, para su saqueo, del vasto continente americano.

Hubo, pues, vencedores y vencidos; luego de “encuentro” de dos culturas nada de nada. Vencedores fueron obviamente los europeos –no sólo los españoles, porque también otros países se beneficiaron del “encuentro”-, y vencidos los dueños naturales de aquellas tierras que, insisto, fueron salvajemente diezmados y desposeídos de sus inmensas riquezas –del oro y la plata, por ejemplo-. Aquellas riquezas contribuyeron de manera importante a la acumulación originaria del capital. Y es que, como dijera Karl Marx, el capital vino al mundo chorreando sangre y lodo desde la cabeza hasta los pies, por todos los poros.

Por la vía de la fuerza, los invasores esclavizaron y obligaron a trabajar para ellos a los habitantes autóctonos. Cuando, debido a las enfermedades transmitidas por los colonos y a la cruenta explotación a la que los sometieron, comenzó a mermar el ejército de esclavos, los colonos comenzaron a suplirlos por habitantes secuestrados de otro castigado continente: África.

Así fue como se desarrolló Europa a partir del siglo XVI, y esta es la síntesis de su “hazaña”: Entre 70 y 80.000.000 de indígenas pertenecientes a las civilizaciones azteca, maya, inca, aymará, tupí-guaraní, araucana, chibcha, timote, aruak y karib fueron exterminados a causa de la conquista y colonización española, portuguesa, francesa, inglesa, holandesa, y danesa, y, fundamentalmente, de la “evangelización” de la Iglesia católica, apostólica y romana, cuya terrorífica herramienta era la Inquisición establecida por los Reyes Católicos en 1478. Aniquilados fueron también 45.000.000 de africanos que, secuestrados previamente en sus lugares de origen, fueron utilizados como mano de obra esclava. A esta elevada cifra debemos sumarle los 140.000.000 de africanos que perecieron durante sus capturas, fueron asesinados o arrojados vivos a las aguas del Atlántico durante las travesías entre el África occidental y el continente conquistado.

¿Puede acaso la Europa actual enorgullecerse de la opulencia que disfruta?, una opulencia, por cierto, que nunca ha revertido de manera equitativa entre sus habitantes. Gracias en gran medida a lo hasta ahora expuesto, la Unión Europea es una de las regiones más ricas del mundo, sin embargo el 17% de ellos carecen de recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas; 80 millones de europeos viven en el umbral de la pobreza o por debajo de él, entre ellos 19 millones de niños; uno de cada diez vive en una familia en la que nadie tiene un empleo y, entre los que lo tienen, hay un 8% cuyo trabajo no basta para sacarlo de la pobreza.

Lejos de resarcir a sus históricos expoliados, la “democrática” Europa sigue saqueando todo lo que puede y más. Ya no lo hace a la vieja usanza. Ahora lo hace a través de los préstamos, las multinacionales, el intercambio desigual… Los métodos actuales son más eficaces y, quizá, menos sangrientos; aunque no menos mortíferos, como lo demuestra la enorme cantidad de personas que, como consecuencia de los mismos, mueren todos los días de hambre, por ejemplo, y enfermedades perfectamente curables.

Hoy, 12 de octubre de 2010, cuando parte de América Latina está celebrando el bicentenario de su independencia -de la primera, porque a la segunda, y esperemos que definitiva, sólo han arribado unos pocos países-, lo más granado de la reacción española se reunirá en el madrileño Paseo de la Castellana para, henchidos de cinismo y desvergüenza, celebrar el Día de la Hispanidad, que no es otra cosa que la repugnante celebración de una conquista que todavía perdura.

martes, 12 de octubre de 2010

12 de Octubre: ¿Cuándo pedirá España perdón? - Sergio

cosquin 2010 Bruno Arias y Ruben Patagonia coya en la ciudad

Como está, la ley del 82 por ciento móvil vacía la Anses

Cynthia García – http://sur.elargentino.com/notas/como-esta-la-ley-del-82-por-ciento-movil-vacia-la-anses

Investigadores del CONICET preparan un informe sobre la norma que tiene sanción en Diputados. Uno de ellos, Demian Panigo, adelanta las conclusiones a Miradas al Sur.

Un documento –aún no terminado– realizado por especialistas del Conicet, y al que Miradas al Sur tuvo acceso, arroja las siguientes conclusiones sobre los efectos que tendría la aplicación del 82 por ciento móvil:

1) Aumentaría la desigualdad en un 15 por ciento y reproduciría la brecha del sector activo en el pasivo.

2) La jubilación mínima sólo subiría un 37 por ciento, mientras que la media y alta lo harían entre un 80 y un 1.000 por ciento.

3) Como consecuencia directa del punto anterior, entre 20 y 40 mil millones de pesos serían destinados a los sectores de ingresos medios y altos, no a los más vulnerables, y ese dinero se concentraría en las provincias más ricas del país.

4) Volvería la inequidad de género, reparada en el último año sobre todo por la incorporación de las amas de casa al sistema previsional, y serían de nuevo los hombres de altos ingresos quienes más se beneficiarían. 5) Se obligaría a la Anses a desinvertir sus activos de manera anticipada y forzosa, generando una pérdida millonaria al Estado y una vuelta de ese capital de todos los argentinos a las arcas de los bancos privados generadores de las Afjp.

Las conclusiones que se acaban de enumerar fueron analizadas por Demián Panigo, uno de los investigadores que trabaja en el informe, que fue entrevistado por este medio.

Panigo es doctor en Economía e investigador del Conicet. Junto a sus colegas del instituto Ceil-Piette, se dedica a analizar las políticas públicas y su impacto en la distribución del ingreso y la pobreza. El trabajo que llevan adelante ahora es sobre sistemas previsionales comparados en América latina y, en el caso argentino, sobre la evolución que podría tener la ley que ya recibió media sanción en Diputados.

“La gran pregunta que nos hacemos es si este proyecto de ley efectivamente viene a resolver alguno de los problemas que aún tiene el sistema previsional argentino, donde todavía el 10 por ciento, o un poco más, de los ancianos no cuentan con ningún tipo de prestación”, dice en investigador.

–¿Cómo surge la idea de esta investigación?
–Si bien la jubilación mínima aumentó fuertemente los últimos años, para aquellos que tienen que alquilar o comprar medicamentos todavía no resulta lo suficientemente adecuada. Por lo tanto, hay cosas perfectibles. De allí nuestro interés en hacer esta investigación, en la cual venimos trabajando hace varios meses. Nos lleva a pensar que, lamentablemente, habida cuenta del análisis exhaustivo de los distintos artículos del proyecto que se aprobó en Diputados, esta propuesta, lejos de intentar resolver los problemas, lo que busca es incrementar las jubilaciones medias y máximas. No tanto subir la mínima y, mucho menos, aumentar la tasa de cobertura previsional.

–¿De qué modo describiría la situación actual de los jubilados?
–Aún hay cosas perfectibles. Pero al fuerte aumento de la mínima hay que sumarle la mayor cobertura previsional, que llega al 87 por ciento y es la más alta de la historia, si tomamos la tasa que mide qué proporción de las personas que están en edad de jubilarse cuentan con una prestación. Todas estas cuestiones hacen que nuestro sistema previsional sea el más igualitario de América latina y que, entre los ancianos, haya menos desigualdad que entre los adultos. Por otra parte, la Argentina tiene su mejor registro histórico en materia de desigualdad entre personas de la tercera edad. Este país jamás había tenido niveles de igualdad tan altos entre las mujeres mayores de 60 y los hombres mayores de 65, que son los grupos etarios en condición de jubilarse.

–¿Qué análisis hace del proyecto de ley que aumenta al 82 por ciento móvil la jubilación mínima?
–Primero hay que decir que ese aumento de las jubilaciones mínimas, que es el artículo uno de la ley, está utilizado como el mascarón de proa sobre el cual todo el mundo habla. Es, sin embargo, la parte menos importante en términos del total de erogaciones que involucra el proyecto. Según el cálculo que se haga, involucra entre 20 y 23 mil millones de pesos que van a estar distribuidos precisamente entre las personas que tienen menores ingresos y que a priori daría como resultado una mejor distribución y un paso adelante hacia la justicia social. El problema con este artículo es la sustentabilidad del mismo. De cualquier manera en el Conicet no estamos estrictamente preocupados por este problema particular, sino por el dato de que este artículo uno (que podría contar con bastante consenso) en verdad es acompañado en particular por los artículos 5, 6, 7 y 12 que hacen todo lo contrario: incrementan las jubilaciones máximas, las jubilaciones de los sectores con mayores ingresos y terminan sobrecompensando el efecto inicial a tal punto que la desigualdad, en vez de bajar, aumenta. Eso lo vemos con pavor.

El 5, 6, 7. En la jerga previsional, el artículo 5 se conoce como “ajuste Elif,” el 6 como “ajuste Sánchez” y el 7 como “ajuste Badaro”. Los nombres corresponden a los distintos fallos de la Corte Suprema en la materia. “Elif” supone un recómputo de todos los haberes iniciales con un fuerte aumento en particular para quienes se hayan jubilado antes de 2001/2002 y que contaban con altos salarios al momento de jubilarse. “Sánchez” significa un recálculo del ajuste por inflación para sostener el poder adquisitivo por el período de la convertibilidad. “Badaro”, finalmente, también implica un nuevo ajuste para reconstituir el poder adquisitivo por inflación en la post convertibilidad.
Los tres artículos sumados involucran un fuerte aumento de las jubilaciones más elevadas, que en algunos casos tendrían aumentos hasta del 1.000 por ciento.

En algunos fallos de la Corte Suprema ya hay casos que dan cuenta de este efecto. Hay personas (sus nombres no se pueden decir por el derecho de protección de datos) que ganando cuatro mil pesos pidieron estos ajustes Elif, Sánchez y Badaro y terminaron cobrando una jubilación de 33.000, más un retroactivo de más de dos millones de pesos. Desde una mirada pública parece contradictorio que el sistema de reparto solidario, por la circunstancia de los fallos de la Corte, le pague a una persona 1.040 pesos y a otra 33.000.

Al respecto Panigo dice: “Esta ley generaliza estos casos haciendo que un montón de personas de altos ingresos que cobraban entre 3 y 4 mil pesos de jubilación pasen a cobrar 10, 15 o 20 mil pesos, reproduciendo entre los pasivos la misma desigualdad que entre los activos”. Y agrega: “Desde el Conicet llamamos a los senadores a reflexionar, a confrontar científicamente y seriamente este proyecto que pareciera estar hecho entre gallos y medianoche con poca discusión y reflexión en los ambientes apropiados”.

–¿Qué efectos produciría esta medida?
–Cuando hacemos los números de los impactos agregados de todos estos efectos en conjunto, vemos que de aplicarse la norma, la desigualdad entre los jubilados aumentaría un 15 por ciento, haciéndonos perder todo lo que hemos ganado en materia de justicia social en este segmento en los últimos cuatro o cinco años. La verdad es que es un costo demasiado elevado para pagar en conjunto con el desfalco casi generalizado del sector público porque mientras el artículo 1º le va a costar al Estado entre 20 y 23.000 millones de pesos por año, los artículos 5, 6, y 7 pueden costarle entre 20 y 40 mil millones de pesos más. Es realmente una cifra exorbitante, sobre todo sabiendo que no va a ir para los sectores populares sino para los sectores de mayores ingresos.

Sobre llovido mojado. El artículo 12 del proyecto establece que la Anses no podrá tener un fondo de garantía de sustentabilidad (que es el fondo que pasó de las AFJP al sistema de reparto) con un valor que exceda el pago de un año de prestaciones previsionales. Sobre las consecuencias de este artículo, Panigo dijo que “exigiría la venta forzada de una parte importante de ese dinero”.

–¿Por qué?
–Porque el presupuesto nacional autorizó para este año pagos de prestaciones previsionales por aproximadamente 80 mil millones de pesos. El problema es que el Fondo de Garantia de Sustentabilidad que se renacionalizó del dinero de las Afjp y que permitió buena parte de las políticas contracíclicas en el último año, es de 150 mil millones de pesos y si el artículo 12 dice que no puede ser más de 80 mil, porque es lo que es igual a un año de pago de haberes previsionales, implica que el Estado tiene que desprenderse de los otros 70 mil millones de pesos. Tendría que vender forzosamente los activos. Al vender de un día para el otro, el exceso de oferta de activos que habrá en el mercado va a hacer caer su valor y la pérdida estimada para el Estado por vender todo junto y rápido sería de unos 21 mil millones de pesos.

–Usted comparó ese artículo con el 161 de la ley de medios.
–Sí, hay una asimetría increíble entre lo que se demanda al sector público y lo que se demanda a los monopolios. En las medidas cautelares que recientemente avaló la Corte Suprema en materia de la desinversión que pide la ley de medios de comunicación, lo que dice es que un año es muy poco para que las empresas que tienen más licencias de las que permite la ley las puedan vender y no tengan que regalarlas.

Ahora, esa medida cautelar defiende a grupos monopólicos para que mantengan su situación de fortaleza o de poder de mercado, pero al mismo tiempo, ese mismo grupo de gente que dice que está bien la medida cautelar, obliga al Estado desde el artículo 12 a malvender sus activos. Desde el Conicet no podemos entender semejante contradicción. O hay un error importante de interpretación o es un problema de mala intención política.

domingo, 10 de octubre de 2010

Cómo funciona la estructura legal y secreta para beneficiar a represores; Espacio de Sergio


Por Ricardo Ragendorfer – http://sur.elargentino.com/notas/como-funciona-la-estructura-legal-y-secreta-para-beneficiar-represores
Con el anuncio del último nieto recuperado, Estela de Carlotto denunció al subcomisario Carlos Garaventa por haber entorpecido en su momento la investigación al alterar las muestras genéticas. Esa denuncia, efectuada el 23 de agosto ante el Ministerio de Justicia, puso al descubierto una red destinada a encubrir apropiadores de bebés, la cual involucra a efectivos de la División Operaciones de Seguridad Interior de la Policía Federal. Tal elenco también habría malogrado las pruebas genéticas de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble y otros nueve casos más. Ello supone la existencia de una estructura aún mayor al servicio del desvío de pesquisas sobre delitos de lesa humanidad. Hechos tales como la desaparición de Julio López, el extraño suicidio del ex prefecto Héctor Febres en su lugar de detención, el asesinato de Silvia Suppo, quien fuera testigo del juicio contra el ex juez Víctor Brusa, junto a muchos otros testigos amenazados o secuestrados por horas, son los datos más extremos de semejante accionar. A ello se le suman operaciones psicológicas de diversa envergadura, además de un armado clandestino para financiar, alertar y proporcionar cobijo a los camaradas prófugos. Una fuente vinculada al mundillo de los militares retirados señaló aMiradas al Sur que la punta del ovillo estaría en algunas agencias de seguridad privadas vinculadas a viejos hacedores del terrorismo de Estado. Algunos hechos, personajes y circunstancias parecen darle la razón.
A puerta blindada. “Con esos muchachos tengo una amistad de 20 años, doctor.” Esa frase acababa de salir de la boca del entonces intendente de Escobar y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Luis Abelardo Patti. El doctor era Claudio Bonadío, a cargo del Juzgado Federal Nº 11. Y “los muchachos”, dos represores del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército: Jorge Granada y Luis Jorge Aras Duval. Ambos pudieron permanecer prófugos durante más de un año gracias a la cobertura y el financiamiento del ex subcomisario. Ahora, en la tarde del 26 de agosto de 2003, el magistrado lo indagaba por el delito de encubrimiento. En su momento, el asunto pasó como un caso aislado de ayuda a compinches en desgracia. Pero ciertas circunstancias que recién en estos días empiezan a trascender indicarían que ello no fue así.
Al menos, eso puntualizó el hombre que dialoga con Miradas al Suren una mesa al fondo del salón de Los 36 Billares. Y agregó:
–Patti, en esa época, iba seguido a la oficina de la calle Florida.
El tipo parece saber de lo que habla; se trata de un ex suboficial del Ejército que supo mitigar el ostracismo de su exoneración con changas en la agencia de seguridad Scanner SA., cuyas oficinas justamente están en el quinto y sexto piso del edificio de Florida 868. Esa empresa fue fundada en 1998 por el ex teniente coronel Héctor Schwab, hoy prófugo de la Justicia por crímenes de lesa humanidad cometidos en Tucumán bajo las órdenes de Antonio Bussi.
El suboficial no tiene empacho de nombrar a otros frecuentes contertulios de su antiguo empleador: los carapintadas Emilio Nani y Gustavo Breide Obeid; también se reunía con ellos el general retirado Juan Miguel Giuliano y el coronel (por entonces, en actividad) Andrés Fernández Cendoya, hijo de un militar muerto en un atentado cometido en 1976 por Montoneros.
Con todos ellos, Schwab organizó la denominada Unión de Promociones, una organización integrada por efectivos retirados de las Fuerzas Armadas para reivindicar el terrorismo de Estado y oponerse a las cúpulas castrenses actuales, las que –de acuerdo con su óptica– son cómplices de los juicios contra sus camaradas. La fundación de dicha cofradía coincidió con el arresto de 45 represores por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral por pedido de su par español Baltasar Garzón.
Ya se sabe que el ex comisario Patti también tenía un estrecho vínculo con Schwab, junto a su suegra, la diputada Nélida Mansur, del Partido Unidad Federalista (Paufe). Poco después empezarían a dejarse ver en las oficinas de la calle Florida un joven militar en actividad y su simpática esposa: el mayor Rafael Mercado y Cecilia Pando. Lo cierto es que el dueño de casa tenía grandes planes para ellos.
Allí se planificó la instalación de ella en el star system de la ultraderecha procesista, a través de la ya famosa carta publicada en el correo de lectores del diario La Nación, en defensa del obispo castrense, Antonio Baseotto, quien había sugerido tirar al mar al ministro de Salud, Ginés González García. La repercusión de esa misiva –según el hombre que habló con este dominical– contemplaba la posible expulsión de Mercado del Ejército –lo cual, efectivamente, sucedió–, ante lo cual Schwab le había prometido de antemano un puesto ejecutivo en su agencia, además de un lugar de residencia para su familia.
En realidad, la actual líder de la autodenominada Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (Afyappa) fue una criatura minuciosamente diseñada por los represores y sus aliados para canalizar sus reclamos públicos. Pero, desde luego, también contarían con otros recursos menos visibles.
Las patas de la serpiente. Ciertas agencias de seguridad privada suelen ser las bases desde las que los antiguos represores articulan sus operaciones, tanto legales como encubiertas, para enfrentar los embates del presente.
A modo de muestra el nombre de la agencia Bridees –que proveía protección a las empresas del Grupo Yabrán– era en realidad un apócope de “Brigadas de la Esma”. Lo cierto es que los ejemplos abundan. Por caso, el ex coronel Aldo Álvarez, prófugo de la Justicia por crímenes cometidos en Bahía Blanca, encabezó la agencia Alsina SRL, prestadora de servicios a bancos, countries y edificios. El ex capitán Hugo Espeche, preso por su participación en la Masacre de Las Palomitas, es socio mayoritario de Espe SRL, contratada por una petrolera en Chubut. El ex coronel del Batallón 601 Víctor Gallo regenteaba la agencia Lince, famosa por su publicidad en Radio Continental. Y el coronel retirado Rodolfo Solís, tambíen del Batallón 601, fue directivo de la consultora de seguridad Lyons SRL, una pyme en la que también se reciclaron otros ex represores como Alberto José Jaime y Ezequiel Causada. Entre sus mejores empleados, figuraba nada menos que el hoy afamado espía Ciro James.
Lo cierto es que Solís es una importante pieza del engranaje articulado desde la sombra por los represores, ya que es el principal asesor castrense del sindicalista Jerónimo Momo Venegas, y por ende, de su mandante, Eduardo Duhalde. El Chino –tal como sus camaradas llaman a Solís– es además el nexo entre el ex presidente interino y familiares de presos por delitos de lesa humanidad. En resumidas cuentas, este frente tiene la ardua misión de cultivar en ciertos espacios de la política un freno a los juicios por delitos de lesa humanidad.
No es ajena a dicha tarea la pata eclesiástica de dicho club. Uno de sus referentes más activos es nada menos que Basseotto. Otro, el cura ultranacionalista Aníbal Fosbery, quien dirige la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta), la cual controla decenas de colegios en todo el país y, además una universidad que cuenta con sedes en Mar del Plata y Bariloche. Dicen que esa organización suele aportar financiamiento, consuelo espiritual y hasta techo a los ex uniformados en apuros. Lo cierto es que su titular posee una estrecha relación con algunos sectores castrenses. Tanto es así que mantiene un fluido nexo con el general retirado Daniel Reimundes, mano derecha del extinto jefe del Ejército Ricardo Brinzoni, autor intelectual de la repolitización de las Fuerzas Armadas.
No menor es el papel que juegan algunos estudios jurídicos. Sus cabezas visibles, además de proveer asesoramiento legal a militares y civiles acusados por haber ejercido la represión ilegal, también se encargan de gestionar todo tipo de beneficios para ellos en los escarpados pasillos del Poder Judicial.
Por caso, entre los abogados del estudio de Roberto Durrieu, quien fue nada menos que ministro de Justicia de Videla, figura el doctor Hernán Munilla Lacasa, que a la sazón es el hermano de Marcelo Munilla Lacasa, un fiscal que, casualmente, tramitó con tolerancia extrema y guantes de seda una causa por extorsión que tuvo como principal acusado nada menos que al ya mencionado Schwab.
Lo cierto es que los abogados vienen marchando. No todos, pero sí un grupo más o menos numeroso que se juntó hace seis meses para hacer algo por los “presos políticos”, ese eufemismo con el que llaman a los militares detenidos por crímenes cometidos durante la última dictadura.
La génesis de la red de leguleyos sucedió hace casi dos años, en el verano de 2009. Se juntaron primero 20, que pronto se multiplicaron por diez. En agosto último dijeron todos para uno, uno para todos, y parieron la asociación. De Abogados por la Concordia y la Justicia, la bautizaron. Concordia, una palabra de moda entre los seguidores de las dos pe: pandistas y procesistas. Cinco meses después, ya son 300. Con un férreo compromiso por la defensa y el apoyo a los reos de las fuerzas armadas y de seguridad.
El objetivo de la ONG es, dicen, “bregar por la vigencia irrestricta del estado de derecho, fomentar y difundir el conocimiento de las ciencias jurídicas y sociales y contribuir al perfeccionamiento de la legislación y de los procesos judiciales”.
Y buscar la “pacificación nacional”, esas palabras que lo que en verdad buscan decir es: amnistía a los criminales de la dictadura. Diego Guelar, al menos, no dio tantas vueltas al pedir un perdón para los militares. La gacetilla que dio cuenta del nacimiento de la asociación asegura: “Con auspicio de la fuerte presión ideológica del Gobierno, se ha conseguido forjar en los tribunales una visión asimétrica, falsa y unilateral, de lo ocurrido en el país hace treinta años, inmolándose los principios jurídicos más básicos de las sociedades civilizadas”.
Como consecuencia de ello –argumentan– cientos de sus camaradas son “sometidos a procesos viciados, en condiciones vejatorias, algunos con años de encierro y sin condena”. En este “momento oscuro que vive la Patria” se proponen levantar –sostienen– las banderas de la “concordia y la reconciliación”. Dos palabras que repiten mucho, en sus escritos y cuando hablan.
A comienzos del 2009, el teniente coronel Schwab tuvo que alejarse de los sitios que solía frecuentar en razón de un pequeño traspié: la citación por parte del tribunal tucumano que investiga la desaparición en 1977 del empleado municipal Carlos Rocha. Desde entonces es uno de los 17 militares prófugos que la Justicia busca denodadamente.
Sin embargo, su paradero no es un misterio. Se sabe que Schwab logró huir a Miami apenas supo que había una orden de detención en su contra. Schwab fue citado dos veces a declaración indagatoria y nunca se presentó. Desde las costas de La Florida, donde permanece prófugo, el Pigmalión de la lobbista castrense Cecilia Pando se desespera por departir con sus antiguos camaradas que lo visitan en su paso por la península.
Sus camaradas y los jueces lo añoran.

Cómo funciona la estructura legal y secreta para beneficiar a represores « Espacio de Sergio

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sábado, 9 de octubre de 2010

Isla de Pascua - Chile - Hombre pájaro tallado en roca

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Derribando los muros

Alfredo Acedo - http://alainet.org/active/41470


Las personas migrantes y los grupos humanos en situaciones de movilidad son quienes están sufriendo las peores consecuencias de la crisis generada por el capitalismo neoliberal a escala global.
 
La globalización no puede seguir como va. Aparte de la destrucción de los recursos naturales, está propiciando la violación de los derechos de las personas, principalmente migrantes, cuyo número es superior a 200 millones en el planeta.
 
Y ahora, como herencia del 11-S, el atentado contra las torres gemelas del World Trade Center, en Nueva York, tenemos una securitización y criminalización de las migraciones, las fronteras han sido convertidas en terreno de violación constante de los derechos humanos. Hay un retroceso gigantesco en este ámbito.
 
Quien afirma lo anterior es el sociólogo e historiador colombiano Iván Forero, coordinador del Área de Estudios de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y miembro del Comité Internacional del Foro Social Mundial de las Migraciones cuya cuarta edición dio inicio hoy, 8 de octubre, en esta ciudad andina de Quito, Ecuador.
 
Para Forero hay grandes expectativas puestas en el FSMM por la confluencia con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), “pues es la primera vez que este Foro se asocia a otra experiencia de organización social estructurada y este es un paso estratégico porque significa articularnos con los nuestros, es decir, el movimiento campesino, uno de los más afectados por el tema de las migraciones”.
 
Además, asegura Forero, la CLOC y la Vía Campesina están planteando la posibilidad de una estructuración distinta de la vida social y productiva, representada por el concepto de soberanía alimentaria, como respuesta para romper con los modelos migratorios nefastos.
 
“Se respira en el Foro —añade— que el eje articulador temático político es el cambio climático, la crisis ecológica ambiental. De hecho, estamos hablando de una nueva categoría de migrantes que son los refugiados medioambientales y tendremos gente para testimoniar ese impacto”.
 
“Nos interesa mucho enfocar lo que está pasando en la frontera entre Estados Unidos y México y en la frontera sur de este país con Guatemala; lo que está ocurriendo en la frontera de Ceuta y Melilla, lo que está pasando en Lampedusa o las nuevas fronteras del este europeo; se trata de fronteras físicas, legales, culturales y judiciales”, dice.
 
“En esos espacios prima más la seguridad en el marco del estado de excepción que prevalece en la mayor parte del mundo, no sólo en Ecuador; es un estado de excepción mundial, herencia del 11-S, es la securitización de las políticas migratorias”, asegura Forero.
 
“Y otro elemento que pensamos es central para este Foro es descubrir que los migrantes no son solamente individuos sino procesos articulados, son pueblos en movimiento. Los procesos de movilidad humana afectan de forma sustancial la constitución del ser ciudadano en este planeta. Uno de los lemas nuestros es: pueblos en movimiento por una ciudadanía universal.”
 
En la idea del FSMM, la migración indígena es también un eje estratégico porque casi el 60 por ciento de esa población es hoy urbana y eso representa un desafío a la interculturalidad y a las posibilidades de políticas públicas de integración participativa en la construcción de una nueva ciudadanía.
 
Forero explica que Ecuador es de los pocos países, por no decir el único, que han asumido el tema de la ciudadanía universal como un elemento estructural de su construcción política, es decir, la nueva Constitución ecuatoriana y sus nuevas leyes.
 
Y considera que el FSM de migraciones se realiza en Ecuador como una valoración de lo que este país ha alcanzado para colocar este tema en su agenda de política pública.
 
El comité organizador del Foro está integrado por 18 redes internacionales de migrantes y organizaciones que trabajan por los derechos de los migrantes. También participan redes especializadas desde el ámbito académico, por ejemplo la Red de Migración y Desarrollo que agrupa a más de 600 investigadores académicos de todo el mundo cuya coordinación reside en México; o redes como la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), en el ámbito de las migraciones y la comunicación.
 
También está presente la Alianza de Latinoamericanos y Caribeños en Estados Unidos, una de las organizaciones de mayor repercusión entre la propia ciudadanía estadounidense en la lucha por los derechos de los migrantes en ese país. O las redes de migrantes en Europa que trabajan por el derecho a tener papeles legales.
 
Queremos destacar —continúa Forero— todo lo que tiene que ver con trata de personas: es un tema nuevo, de reciente incorporación a la agenda del FSM de las migraciones, con lo cual se busca desnudar la visión patriarcal de la globalización neoliberal que convierte nuevamente en mercancía a millones de personas para la explotación sexual y laboral.
 
“Ya están en Quito, delegados del sureste asiático, Korea, Filipinas, Paquistán, cuyas redes que han estado trabajando desde hace muchos años, darán cuenta del terrible mercado de trata de personas, acciones que desarrollan en esos países y otras regiones del planeta por el respeto a sus derechos.”
 
“Por ejemplo, es importante hablar de los nuevos bancos de empleo que crean los Estados para negociar directamente con las multinacionales. Determinada empresa contrata 30 mil mujeres en un banco, pero el precio de esa mano de obra es a la baja. Lo destacable es que los Estados negocian a la baja a su propios trabajadores en beneficio de las transnacionales, una verdadera esclavitud en pleno siglo XXI.”
 
“Son verdaderas subastas, luego llevan a las personas a trabajar en fábricas-barco en aguas internacionales donde no tienen aplicación las leyes nacionales, no pagan impuestos. Estamos asistiendo a nuevas formas de esclavitud en las que el valor de la mano de obra tiende a ser cero, asegura Forero.”
 
Explica que ese modelo está unido a lo que pasa en México en las maquilas, por ejemplo; y no se trata de algo fortuito sino es el resultado de políticas planificadas para imponer nuevos modelos de relación laboral.
 
“Tenemos que romper la lógica de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es letra muerta y, por lo tanto, el Artículo 13 ni siquiera se le toma en cuenta, es como si no existiera dentro del cuerpo de la ley. Hay casos muy graves en Europa donde en vez de restringir los tiempos de detención de las personas en espera de ser expulsadas, se han alargado; hay que denunciar la Directiva de la Vergüenza, muy similar a la Ley de Arizona, muy parecida a medidas que se están tomando en Japón y en otros lugares para restringir el derecho a la libre circulación de las personas”.
 
Forero concluye con una situación hipotética: Imaginen que fueran devueltos los 600 mil ecuatorianos emigrados a España, o los 10 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, ¿cómo se enfrenta eso?
 
- Alfredo Acedo, periodista de UNORCA, México. Minga Informativa de Movimientos Sociales.
 
(Conjuntamente con la Minga Informativa de Movimientos Sociales, ALAI está  difundiendo información desde el FSMM y otros eventos y movilizaciones del mes de octubre. Más información: www.movimientos.org)