viernes, 15 de octubre de 2010
Neruda y los mineros chilenos
jueves, 14 de octubre de 2010
miércoles, 13 de octubre de 2010
Las nefastas consecuencias de una conquista que todavía perdura
Paco Azanza Telletxiki - http://baragua.wordpress.com/2010/10/12/las-nefastas-consecuencias-de-una-conquista-que-todavia-perdura/
Hubo, pues, vencedores y vencidos; luego de “encuentro” de dos culturas nada de nada. Vencedores fueron obviamente los europeos –no sólo los españoles, porque también otros países se beneficiaron del “encuentro”-, y vencidos los dueños naturales de aquellas tierras que, insisto, fueron salvajemente diezmados y desposeídos de sus inmensas riquezas –del oro y la plata, por ejemplo-. Aquellas riquezas contribuyeron de manera importante a la acumulación originaria del capital. Y es que, como dijera Karl Marx, el capital vino al mundo chorreando sangre y lodo desde la cabeza hasta los pies, por todos los poros.
Por la vía de la fuerza, los invasores esclavizaron y obligaron a trabajar para ellos a los habitantes autóctonos. Cuando, debido a las enfermedades transmitidas por los colonos y a la cruenta explotación a la que los sometieron, comenzó a mermar el ejército de esclavos, los colonos comenzaron a suplirlos por habitantes secuestrados de otro castigado continente: África.
Así fue como se desarrolló Europa a partir del siglo XVI, y esta es la síntesis de su “hazaña”: Entre 70 y 80.000.000 de indígenas pertenecientes a las civilizaciones azteca, maya, inca, aymará, tupí-guaraní, araucana, chibcha, timote, aruak y karib fueron exterminados a causa de la conquista y colonización española, portuguesa, francesa, inglesa, holandesa, y danesa, y, fundamentalmente, de la “evangelización” de la Iglesia católica, apostólica y romana, cuya terrorífica herramienta era la Inquisición establecida por los Reyes Católicos en 1478. Aniquilados fueron también 45.000.000 de africanos que, secuestrados previamente en sus lugares de origen, fueron utilizados como mano de obra esclava. A esta elevada cifra debemos sumarle los 140.000.000 de africanos que perecieron durante sus capturas, fueron asesinados o arrojados vivos a las aguas del Atlántico durante las travesías entre el África occidental y el continente conquistado.
¿Puede acaso la Europa actual enorgullecerse de la opulencia que disfruta?, una opulencia, por cierto, que nunca ha revertido de manera equitativa entre sus habitantes. Gracias en gran medida a lo hasta ahora expuesto, la Unión Europea es una de las regiones más ricas del mundo, sin embargo el 17% de ellos carecen de recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas; 80 millones de europeos viven en el umbral de la pobreza o por debajo de él, entre ellos 19 millones de niños; uno de cada diez vive en una familia en la que nadie tiene un empleo y, entre los que lo tienen, hay un 8% cuyo trabajo no basta para sacarlo de la pobreza.
Lejos de resarcir a sus históricos expoliados, la “democrática” Europa sigue saqueando todo lo que puede y más. Ya no lo hace a la vieja usanza. Ahora lo hace a través de los préstamos, las multinacionales, el intercambio desigual… Los métodos actuales son más eficaces y, quizá, menos sangrientos; aunque no menos mortíferos, como lo demuestra la enorme cantidad de personas que, como consecuencia de los mismos, mueren todos los días de hambre, por ejemplo, y enfermedades perfectamente curables.
Hoy, 12 de octubre de 2010, cuando parte de América Latina está celebrando el bicentenario de su independencia -de la primera, porque a la segunda, y esperemos que definitiva, sólo han arribado unos pocos países-, lo más granado de la reacción española se reunirá en el madrileño Paseo de la Castellana para, henchidos de cinismo y desvergüenza, celebrar el Día de la Hispanidad, que no es otra cosa que la repugnante celebración de una conquista que todavía perdura.
martes, 12 de octubre de 2010
Como está, la ley del 82 por ciento móvil vacía la Anses
Cynthia García – http://sur.elargentino.com/notas/como-esta-la-ley-del-82-por-ciento-movil-vacia-la-anses
Investigadores del CONICET preparan un informe sobre la norma que tiene sanción en Diputados. Uno de ellos, Demian Panigo, adelanta las conclusiones a Miradas al Sur.
Un documento –aún no terminado– realizado por especialistas del Conicet, y al que Miradas al Sur tuvo acceso, arroja las siguientes conclusiones sobre los efectos que tendría la aplicación del 82 por ciento móvil:
1) Aumentaría la desigualdad en un 15 por ciento y reproduciría la brecha del sector activo en el pasivo.
2) La jubilación mínima sólo subiría un 37 por ciento, mientras que la media y alta lo harían entre un 80 y un 1.000 por ciento.
3) Como consecuencia directa del punto anterior, entre 20 y 40 mil millones de pesos serían destinados a los sectores de ingresos medios y altos, no a los más vulnerables, y ese dinero se concentraría en las provincias más ricas del país.
4) Volvería la inequidad de género, reparada en el último año sobre todo por la incorporación de las amas de casa al sistema previsional, y serían de nuevo los hombres de altos ingresos quienes más se beneficiarían. 5) Se obligaría a la Anses a desinvertir sus activos de manera anticipada y forzosa, generando una pérdida millonaria al Estado y una vuelta de ese capital de todos los argentinos a las arcas de los bancos privados generadores de las Afjp.
Las conclusiones que se acaban de enumerar fueron analizadas por Demián Panigo, uno de los investigadores que trabaja en el informe, que fue entrevistado por este medio.
Panigo es doctor en Economía e investigador del Conicet. Junto a sus colegas del instituto Ceil-Piette, se dedica a analizar las políticas públicas y su impacto en la distribución del ingreso y la pobreza. El trabajo que llevan adelante ahora es sobre sistemas previsionales comparados en América latina y, en el caso argentino, sobre la evolución que podría tener la ley que ya recibió media sanción en Diputados.
“La gran pregunta que nos hacemos es si este proyecto de ley efectivamente viene a resolver alguno de los problemas que aún tiene el sistema previsional argentino, donde todavía el 10 por ciento, o un poco más, de los ancianos no cuentan con ningún tipo de prestación”, dice en investigador.
–¿Cómo surge la idea de esta investigación?
–Si bien la jubilación mínima aumentó fuertemente los últimos años, para aquellos que tienen que alquilar o comprar medicamentos todavía no resulta lo suficientemente adecuada. Por lo tanto, hay cosas perfectibles. De allí nuestro interés en hacer esta investigación, en la cual venimos trabajando hace varios meses. Nos lleva a pensar que, lamentablemente, habida cuenta del análisis exhaustivo de los distintos artículos del proyecto que se aprobó en Diputados, esta propuesta, lejos de intentar resolver los problemas, lo que busca es incrementar las jubilaciones medias y máximas. No tanto subir la mínima y, mucho menos, aumentar la tasa de cobertura previsional.–¿De qué modo describiría la situación actual de los jubilados?
–Aún hay cosas perfectibles. Pero al fuerte aumento de la mínima hay que sumarle la mayor cobertura previsional, que llega al 87 por ciento y es la más alta de la historia, si tomamos la tasa que mide qué proporción de las personas que están en edad de jubilarse cuentan con una prestación. Todas estas cuestiones hacen que nuestro sistema previsional sea el más igualitario de América latina y que, entre los ancianos, haya menos desigualdad que entre los adultos. Por otra parte, la Argentina tiene su mejor registro histórico en materia de desigualdad entre personas de la tercera edad. Este país jamás había tenido niveles de igualdad tan altos entre las mujeres mayores de 60 y los hombres mayores de 65, que son los grupos etarios en condición de jubilarse.–¿Qué análisis hace del proyecto de ley que aumenta al 82 por ciento móvil la jubilación mínima?
–Primero hay que decir que ese aumento de las jubilaciones mínimas, que es el artículo uno de la ley, está utilizado como el mascarón de proa sobre el cual todo el mundo habla. Es, sin embargo, la parte menos importante en términos del total de erogaciones que involucra el proyecto. Según el cálculo que se haga, involucra entre 20 y 23 mil millones de pesos que van a estar distribuidos precisamente entre las personas que tienen menores ingresos y que a priori daría como resultado una mejor distribución y un paso adelante hacia la justicia social. El problema con este artículo es la sustentabilidad del mismo. De cualquier manera en el Conicet no estamos estrictamente preocupados por este problema particular, sino por el dato de que este artículo uno (que podría contar con bastante consenso) en verdad es acompañado en particular por los artículos 5, 6, 7 y 12 que hacen todo lo contrario: incrementan las jubilaciones máximas, las jubilaciones de los sectores con mayores ingresos y terminan sobrecompensando el efecto inicial a tal punto que la desigualdad, en vez de bajar, aumenta. Eso lo vemos con pavor.El 5, 6, 7. En la jerga previsional, el artículo 5 se conoce como “ajuste Elif,” el 6 como “ajuste Sánchez” y el 7 como “ajuste Badaro”. Los nombres corresponden a los distintos fallos de la Corte Suprema en la materia. “Elif” supone un recómputo de todos los haberes iniciales con un fuerte aumento en particular para quienes se hayan jubilado antes de 2001/2002 y que contaban con altos salarios al momento de jubilarse. “Sánchez” significa un recálculo del ajuste por inflación para sostener el poder adquisitivo por el período de la convertibilidad. “Badaro”, finalmente, también implica un nuevo ajuste para reconstituir el poder adquisitivo por inflación en la post convertibilidad.
Los tres artículos sumados involucran un fuerte aumento de las jubilaciones más elevadas, que en algunos casos tendrían aumentos hasta del 1.000 por ciento.En algunos fallos de la Corte Suprema ya hay casos que dan cuenta de este efecto. Hay personas (sus nombres no se pueden decir por el derecho de protección de datos) que ganando cuatro mil pesos pidieron estos ajustes Elif, Sánchez y Badaro y terminaron cobrando una jubilación de 33.000, más un retroactivo de más de dos millones de pesos. Desde una mirada pública parece contradictorio que el sistema de reparto solidario, por la circunstancia de los fallos de la Corte, le pague a una persona 1.040 pesos y a otra 33.000.
Al respecto Panigo dice: “Esta ley generaliza estos casos haciendo que un montón de personas de altos ingresos que cobraban entre 3 y 4 mil pesos de jubilación pasen a cobrar 10, 15 o 20 mil pesos, reproduciendo entre los pasivos la misma desigualdad que entre los activos”. Y agrega: “Desde el Conicet llamamos a los senadores a reflexionar, a confrontar científicamente y seriamente este proyecto que pareciera estar hecho entre gallos y medianoche con poca discusión y reflexión en los ambientes apropiados”.
–¿Qué efectos produciría esta medida?
–Cuando hacemos los números de los impactos agregados de todos estos efectos en conjunto, vemos que de aplicarse la norma, la desigualdad entre los jubilados aumentaría un 15 por ciento, haciéndonos perder todo lo que hemos ganado en materia de justicia social en este segmento en los últimos cuatro o cinco años. La verdad es que es un costo demasiado elevado para pagar en conjunto con el desfalco casi generalizado del sector público porque mientras el artículo 1º le va a costar al Estado entre 20 y 23.000 millones de pesos por año, los artículos 5, 6, y 7 pueden costarle entre 20 y 40 mil millones de pesos más. Es realmente una cifra exorbitante, sobre todo sabiendo que no va a ir para los sectores populares sino para los sectores de mayores ingresos.Sobre llovido mojado. El artículo 12 del proyecto establece que la Anses no podrá tener un fondo de garantía de sustentabilidad (que es el fondo que pasó de las AFJP al sistema de reparto) con un valor que exceda el pago de un año de prestaciones previsionales. Sobre las consecuencias de este artículo, Panigo dijo que “exigiría la venta forzada de una parte importante de ese dinero”.
–¿Por qué?
–Porque el presupuesto nacional autorizó para este año pagos de prestaciones previsionales por aproximadamente 80 mil millones de pesos. El problema es que el Fondo de Garantia de Sustentabilidad que se renacionalizó del dinero de las Afjp y que permitió buena parte de las políticas contracíclicas en el último año, es de 150 mil millones de pesos y si el artículo 12 dice que no puede ser más de 80 mil, porque es lo que es igual a un año de pago de haberes previsionales, implica que el Estado tiene que desprenderse de los otros 70 mil millones de pesos. Tendría que vender forzosamente los activos. Al vender de un día para el otro, el exceso de oferta de activos que habrá en el mercado va a hacer caer su valor y la pérdida estimada para el Estado por vender todo junto y rápido sería de unos 21 mil millones de pesos.–Usted comparó ese artículo con el 161 de la ley de medios.
–Sí, hay una asimetría increíble entre lo que se demanda al sector público y lo que se demanda a los monopolios. En las medidas cautelares que recientemente avaló la Corte Suprema en materia de la desinversión que pide la ley de medios de comunicación, lo que dice es que un año es muy poco para que las empresas que tienen más licencias de las que permite la ley las puedan vender y no tengan que regalarlas.Ahora, esa medida cautelar defiende a grupos monopólicos para que mantengan su situación de fortaleza o de poder de mercado, pero al mismo tiempo, ese mismo grupo de gente que dice que está bien la medida cautelar, obliga al Estado desde el artículo 12 a malvender sus activos. Desde el Conicet no podemos entender semejante contradicción. O hay un error importante de interpretación o es un problema de mala intención política.
lunes, 11 de octubre de 2010
domingo, 10 de octubre de 2010
Cómo funciona la estructura legal y secreta para beneficiar a represores; Espacio de Sergio
Por Ricardo Ragendorfer – http://sur.elargentino.com/notas/como-funciona-la-estructura-legal-y-secreta-para-beneficiar-represores
Con el anuncio del último nieto recuperado, Estela de Carlotto denunció al subcomisario Carlos Garaventa por haber entorpecido en su momento la investigación al alterar las muestras genéticas. Esa denuncia, efectuada el 23 de agosto ante el Ministerio de Justicia, puso al descubierto una red destinada a encubrir apropiadores de bebés, la cual involucra a efectivos de la División Operaciones de Seguridad Interior de la Policía Federal. Tal elenco también habría malogrado las pruebas genéticas de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble y otros nueve casos más. Ello supone la existencia de una estructura aún mayor al servicio del desvío de pesquisas sobre delitos de lesa humanidad. Hechos tales como la desaparición de Julio López, el extraño suicidio del ex prefecto Héctor Febres en su lugar de detención, el asesinato de Silvia Suppo, quien fuera testigo del juicio contra el ex juez Víctor Brusa, junto a muchos otros testigos amenazados o secuestrados por horas, son los datos más extremos de semejante accionar. A ello se le suman operaciones psicológicas de diversa envergadura, además de un armado clandestino para financiar, alertar y proporcionar cobijo a los camaradas prófugos. Una fuente vinculada al mundillo de los militares retirados señaló aMiradas al Sur que la punta del ovillo estaría en algunas agencias de seguridad privadas vinculadas a viejos hacedores del terrorismo de Estado. Algunos hechos, personajes y circunstancias parecen darle la razón.
A puerta blindada. “Con esos muchachos tengo una amistad de 20 años, doctor.” Esa frase acababa de salir de la boca del entonces intendente de Escobar y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Luis Abelardo Patti. El doctor era Claudio Bonadío, a cargo del Juzgado Federal Nº 11. Y “los muchachos”, dos represores del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército: Jorge Granada y Luis Jorge Aras Duval. Ambos pudieron permanecer prófugos durante más de un año gracias a la cobertura y el financiamiento del ex subcomisario. Ahora, en la tarde del 26 de agosto de 2003, el magistrado lo indagaba por el delito de encubrimiento. En su momento, el asunto pasó como un caso aislado de ayuda a compinches en desgracia. Pero ciertas circunstancias que recién en estos días empiezan a trascender indicarían que ello no fue así.
Al menos, eso puntualizó el hombre que dialoga con Miradas al Suren una mesa al fondo del salón de Los 36 Billares. Y agregó:
–Patti, en esa época, iba seguido a la oficina de la calle Florida.
El tipo parece saber de lo que habla; se trata de un ex suboficial del Ejército que supo mitigar el ostracismo de su exoneración con changas en la agencia de seguridad Scanner SA., cuyas oficinas justamente están en el quinto y sexto piso del edificio de Florida 868. Esa empresa fue fundada en 1998 por el ex teniente coronel Héctor Schwab, hoy prófugo de la Justicia por crímenes de lesa humanidad cometidos en Tucumán bajo las órdenes de Antonio Bussi.
El suboficial no tiene empacho de nombrar a otros frecuentes contertulios de su antiguo empleador: los carapintadas Emilio Nani y Gustavo Breide Obeid; también se reunía con ellos el general retirado Juan Miguel Giuliano y el coronel (por entonces, en actividad) Andrés Fernández Cendoya, hijo de un militar muerto en un atentado cometido en 1976 por Montoneros.
Con todos ellos, Schwab organizó la denominada Unión de Promociones, una organización integrada por efectivos retirados de las Fuerzas Armadas para reivindicar el terrorismo de Estado y oponerse a las cúpulas castrenses actuales, las que –de acuerdo con su óptica– son cómplices de los juicios contra sus camaradas. La fundación de dicha cofradía coincidió con el arresto de 45 represores por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral por pedido de su par español Baltasar Garzón.
Ya se sabe que el ex comisario Patti también tenía un estrecho vínculo con Schwab, junto a su suegra, la diputada Nélida Mansur, del Partido Unidad Federalista (Paufe). Poco después empezarían a dejarse ver en las oficinas de la calle Florida un joven militar en actividad y su simpática esposa: el mayor Rafael Mercado y Cecilia Pando. Lo cierto es que el dueño de casa tenía grandes planes para ellos.
Allí se planificó la instalación de ella en el star system de la ultraderecha procesista, a través de la ya famosa carta publicada en el correo de lectores del diario La Nación, en defensa del obispo castrense, Antonio Baseotto, quien había sugerido tirar al mar al ministro de Salud, Ginés González García. La repercusión de esa misiva –según el hombre que habló con este dominical– contemplaba la posible expulsión de Mercado del Ejército –lo cual, efectivamente, sucedió–, ante lo cual Schwab le había prometido de antemano un puesto ejecutivo en su agencia, además de un lugar de residencia para su familia.
En realidad, la actual líder de la autodenominada Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (Afyappa) fue una criatura minuciosamente diseñada por los represores y sus aliados para canalizar sus reclamos públicos. Pero, desde luego, también contarían con otros recursos menos visibles.
Las patas de la serpiente. Ciertas agencias de seguridad privada suelen ser las bases desde las que los antiguos represores articulan sus operaciones, tanto legales como encubiertas, para enfrentar los embates del presente.
A modo de muestra el nombre de la agencia Bridees –que proveía protección a las empresas del Grupo Yabrán– era en realidad un apócope de “Brigadas de la Esma”. Lo cierto es que los ejemplos abundan. Por caso, el ex coronel Aldo Álvarez, prófugo de la Justicia por crímenes cometidos en Bahía Blanca, encabezó la agencia Alsina SRL, prestadora de servicios a bancos, countries y edificios. El ex capitán Hugo Espeche, preso por su participación en la Masacre de Las Palomitas, es socio mayoritario de Espe SRL, contratada por una petrolera en Chubut. El ex coronel del Batallón 601 Víctor Gallo regenteaba la agencia Lince, famosa por su publicidad en Radio Continental. Y el coronel retirado Rodolfo Solís, tambíen del Batallón 601, fue directivo de la consultora de seguridad Lyons SRL, una pyme en la que también se reciclaron otros ex represores como Alberto José Jaime y Ezequiel Causada. Entre sus mejores empleados, figuraba nada menos que el hoy afamado espía Ciro James.
Lo cierto es que Solís es una importante pieza del engranaje articulado desde la sombra por los represores, ya que es el principal asesor castrense del sindicalista Jerónimo Momo Venegas, y por ende, de su mandante, Eduardo Duhalde. El Chino –tal como sus camaradas llaman a Solís– es además el nexo entre el ex presidente interino y familiares de presos por delitos de lesa humanidad. En resumidas cuentas, este frente tiene la ardua misión de cultivar en ciertos espacios de la política un freno a los juicios por delitos de lesa humanidad.
No es ajena a dicha tarea la pata eclesiástica de dicho club. Uno de sus referentes más activos es nada menos que Basseotto. Otro, el cura ultranacionalista Aníbal Fosbery, quien dirige la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta), la cual controla decenas de colegios en todo el país y, además una universidad que cuenta con sedes en Mar del Plata y Bariloche. Dicen que esa organización suele aportar financiamiento, consuelo espiritual y hasta techo a los ex uniformados en apuros. Lo cierto es que su titular posee una estrecha relación con algunos sectores castrenses. Tanto es así que mantiene un fluido nexo con el general retirado Daniel Reimundes, mano derecha del extinto jefe del Ejército Ricardo Brinzoni, autor intelectual de la repolitización de las Fuerzas Armadas.
No menor es el papel que juegan algunos estudios jurídicos. Sus cabezas visibles, además de proveer asesoramiento legal a militares y civiles acusados por haber ejercido la represión ilegal, también se encargan de gestionar todo tipo de beneficios para ellos en los escarpados pasillos del Poder Judicial.
Por caso, entre los abogados del estudio de Roberto Durrieu, quien fue nada menos que ministro de Justicia de Videla, figura el doctor Hernán Munilla Lacasa, que a la sazón es el hermano de Marcelo Munilla Lacasa, un fiscal que, casualmente, tramitó con tolerancia extrema y guantes de seda una causa por extorsión que tuvo como principal acusado nada menos que al ya mencionado Schwab.
Lo cierto es que los abogados vienen marchando. No todos, pero sí un grupo más o menos numeroso que se juntó hace seis meses para hacer algo por los “presos políticos”, ese eufemismo con el que llaman a los militares detenidos por crímenes cometidos durante la última dictadura.
La génesis de la red de leguleyos sucedió hace casi dos años, en el verano de 2009. Se juntaron primero 20, que pronto se multiplicaron por diez. En agosto último dijeron todos para uno, uno para todos, y parieron la asociación. De Abogados por la Concordia y la Justicia, la bautizaron. Concordia, una palabra de moda entre los seguidores de las dos pe: pandistas y procesistas. Cinco meses después, ya son 300. Con un férreo compromiso por la defensa y el apoyo a los reos de las fuerzas armadas y de seguridad.
El objetivo de la ONG es, dicen, “bregar por la vigencia irrestricta del estado de derecho, fomentar y difundir el conocimiento de las ciencias jurídicas y sociales y contribuir al perfeccionamiento de la legislación y de los procesos judiciales”.
Y buscar la “pacificación nacional”, esas palabras que lo que en verdad buscan decir es: amnistía a los criminales de la dictadura. Diego Guelar, al menos, no dio tantas vueltas al pedir un perdón para los militares. La gacetilla que dio cuenta del nacimiento de la asociación asegura: “Con auspicio de la fuerte presión ideológica del Gobierno, se ha conseguido forjar en los tribunales una visión asimétrica, falsa y unilateral, de lo ocurrido en el país hace treinta años, inmolándose los principios jurídicos más básicos de las sociedades civilizadas”.
Como consecuencia de ello –argumentan– cientos de sus camaradas son “sometidos a procesos viciados, en condiciones vejatorias, algunos con años de encierro y sin condena”. En este “momento oscuro que vive la Patria” se proponen levantar –sostienen– las banderas de la “concordia y la reconciliación”. Dos palabras que repiten mucho, en sus escritos y cuando hablan.
A comienzos del 2009, el teniente coronel Schwab tuvo que alejarse de los sitios que solía frecuentar en razón de un pequeño traspié: la citación por parte del tribunal tucumano que investiga la desaparición en 1977 del empleado municipal Carlos Rocha. Desde entonces es uno de los 17 militares prófugos que la Justicia busca denodadamente.
Sin embargo, su paradero no es un misterio. Se sabe que Schwab logró huir a Miami apenas supo que había una orden de detención en su contra. Schwab fue citado dos veces a declaración indagatoria y nunca se presentó. Desde las costas de La Florida, donde permanece prófugo, el Pigmalión de la lobbista castrense Cecilia Pando se desespera por departir con sus antiguos camaradas que lo visitan en su paso por la península.
Sus camaradas y los jueces lo añoran.
sábado, 9 de octubre de 2010
Isla de Pascua - Chile - Hombre pájaro tallado en roca
Derribando los muros
jueves, 7 de octubre de 2010
Argentina: presionar, desinformar y otras armas del Poder
La encumbrada Corte Suprema no asumió la objetividad, adecuación y oportunidad que demandan las resoluciones, según exige este caso agobiante y particular como la Ley de Servicios Audiovisuales. Una imprescindible legislación que fuera votada a favor de su aplicación por el Congreso Nacional en diciembre del 2009, ideal para proyectar un país más inclusivo y serio no sólo en lo cultural, y hace un año la posterga un aluvión de interpelaciones, amparos y "desinversiones". Cada vez que al Poder lo contradice la realidad que puede imponer cualquier gobierno más o menos progresista en América Latina, se hace evidente el juego desestabilizador de los medios de comunicación regionales. Eso lo hicieron cruelmente al derrocar al presidente Zelaya en Honduras, el Golpe de Estado de la última semana contra el presidente Rafael Correa en Ecuador, y menos advertidos los manejos informativos del diario O'Globo en Brasil, durante las elecciones donde hasta última instancia ubicó al candidato Serra que perdiera por catorce puntos porcentuales en el recuento final y opositor al gobierno de Lula con su candidata Dilma, favorita en todas las encuestas menos en las de ese diario. |
miércoles, 6 de octubre de 2010
"EL PLAN CÓNDOR SIGUE VIGENTE E IMPULSADO POR E.U. PARA MANTERNER EL PENSAMIENTO ÚNICO"
martes, 5 de octubre de 2010
LOS MIEDOS DE COMUNICACIÓN
conducen a unos ciegos". William Shakespeare.
domingo, 3 de octubre de 2010
Honduras retoma importancia después del intento de golpe de Estado en Ecuador
La amnistía es una imposición para las víctimas y un beneficio para los victimarios, así el régimen de Lobo dirá que aquí no pasó nada
La amnistía en Honduras para la cúpula militar, mandos medios y soldados rasos no tiene valor internacional, los represores hondureños copiaron el trabajo del dictador Pinochet en muchos sentidos, podemos recordar la creación de la figura del legislador vitalicio para Micheletti. El nombramiento de Micheletti es totalmente ilegal, como su presunta inmunidad diplomática.
Por eso Insulza fue elegido —otra vez— para rescatar a un dictador –ahora con el apellido Micheletti—, como Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) sólo sirvió para lavar la cara de los golpistas hondureños y blanquear la feroz represión y asesinatos selectivos. Después de la reciente misión de la OEA en Tegucigalpa, el mismísimo Insulza pidió una votación para admitir nuevamente al Estado de Honduras, sin dar tiempo de leer los resultados de la visita de los Embajadores in situ.
*Periodista.
Editorial leído el 2 de octubre, en el programa radiofónico: Voces contra el olvido, producido por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH).
El autor es colaborador de la agencia de prensa especializada en Derechos Humanos Defensores en línea.