Venezuela - Elecciones de la Asamblea Nacional: Un punto de inflexión en el proceso bolivariano?

Julio Fermín - http://alainet.org/active/41153

Antes de concretarse la elección de la Asamblea Nacional en Venezuela, casi todos los voceros políticos coincidieron en la importancia de estos comicios y en que el resultado sería un parlamento más plural.

 

Y es que estas elecciones legislativas de este domingo en Venezuela ya eran significativas por cuanto en la pasada convocatoria, celebrada en 2005, la oposición se retiró argumentando una supuesta falta de garantías democráticas.  Aquella decisión, posteriormente, sería reconocida por los opositores como un error político que los autoexcluyó del escenario del debate político por excelencia en cualquier país.

 

Pero estas elecciones también rompieron el paradigma de los comicios que tradicionalmente no movilizan el interés de la ciudadanía, dado que por segunda ocasión se realiza en forma separada de la elección del presidente de la república.  En las elecciones parlamentarias del año 2005 la participación apenas fue del 25,26%

 

En esta oportunidad, estando convocados 17 millones de venezolanos y venezolanas, la participación fue masiva, una cifra récord superior al 65% de participación, es decir, aproximadamente un 35% de abstención.  Aunque lejanos están los procesos electorales de los años 60, 70 y 80 donde la participación superaba el 90%, en los últimos 11 años de proceso bolivariano, el sistema electoral ha tenido que soportar duros ataques y cuestionamientos de la oposición que han tenido sus efectos en la voluntad de participación del electorado.

 

Sin embargo, al mismo tiempo, son innumerables los testimonios de observadores nacionales e internacionales de que el sistema electoral es de los más avanzados del mundo.  Por una parte, debido a su automatización cercana al 100%, pero también la participación de miles de personas tanto de las organizaciones políticas, como de los medios informativos, funcionarios de todos los poderes públicos, incluyendo el propio organismo electoral.  Adicionalmente, se debe tomar en cuenta la participación ciudadana, ya que los coordinadores de centros electorales y miembros de las mesas son ciudadanos elegidos al azar, antes de cada proceso electoral.

 

Lo que estaba en juego para las fuerzas de la Revolución bolivariana.

 

En estas elecciones se eligieron 165 diputados y diputadas, en una elección que combinó la elección nominal y por lista.  Es decir, se eligieron diputados por nombre y apellido en las 87 circunscripciones electorales, y otro grupo se eligió por partido u organización política, siempre de manera proporcional a la población del circuito electoral.  También se eligieron diputados al parlamento latinoamericano y los representantes indígenas a la Asamblea Nacional.

 

La Asamblea Nacional es un organismo fundamental en el sistema democrático venezolano, ya que entre sus funciones principales se encuentran la selección y designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), los rectores del Consejo Nacional Electoral y los miembros del Poder Ciudadano: Defensor del Pueblo, Contralor General de la República y Fiscal General de la República, aparte de ser un organismo contralor del Poder Ejecutivo.

 

Sin embargo, en esta elección las metas de las fuerzas políticas en disputa van más alla de lograr una mayoría.

 

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en alianza con el Partido Comunista (PCV), tenía como punto de honor lograr la mayoría calificada, es decir, alcanzar un mínimo de 110 diputados y diputadas (dos tercios del total) que le permitiría entre otras cosas: remover magistrados del TSJ; nombrar a los miembros del poder electoral y el poder ciudadano, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y proponer reformas constitucionales.  Del mismo modo, se requiere un mínimo de 99 diputados (tres quintas partes del total), para aprobar un voto de cesura al Vicepresidente y aprobar las Leyes Orgánicas.

 

El avance de la oposición

 

Por otra parte, la oposición con cualquier resultado ya ganaba representación en el escenario tradicional para el debate político de la nación.

 

Para esta elección, los distintos partidos opositores, que por separados no superan el 10% de la intención de voto, se propusieron alcanzar la “unidad perfecta” que no pudieron en procesos anteriores.  A tal efecto, seleccionaron candidatos únicos para cada circunscripción electoral y el resto se postuló en las listas cerradas de cada partido.

 

No se puede pasar por alto este hecho, más allá de una estrategia electoral.  Por una parte, la oposición se “pone a derecho”, es decir, asume la legitimidad del sistema político venezolano y valida el sistema electoral, que en otras ocasiones se encarga de descalificar, y asume la vocería de sectores de la población que tienen cierto descontento con las políticas gubernamentales.  Pero también, puede tener un efecto positivo sobre la calidad del debate político y el ejercicio de la contraloría social sobre las políticas públicas.

 

Aunque es apenas percibido por la población, la mayor parte de los gobernadores y alcaldes han comprendido la necesidad de orientar sus políticas de manera prioritaria hacia la inclusión social de los sectores más pobres, así como atender prioritariamente los temas de alimentación, educación y salud, lo cual de alguna manera está alineado con las políticas del ejecutivo nacional.  Inclusive, en este proceso, muchas de estas autoridades participaron activamente en la campaña en su condición de militantes partidistas, mientras se criticaba al mismo tiempo la participación del presidente Chávez, quien es presidente del PSUV.

 

A diferencia de las elecciones de gobernadores, alcaldes y consejos legislativos de 2008 cuando esto no fue posible, las consecuencias fueron negativas y no pudieron aprovechar la abstención de votantes favorables al gobierno, para conseguir un mayor número de autoridades locales y regionales.

 

Tendencias y resultados

 

Con gran retraso, pasadas las 2:00 am del 27 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral anunció los resultados que dan 91 diputados a los diputados del PSUV (mucho menos de los esperado), 59 a la oposición (también menos de lo esperado) y 2 diputados para el PPT, con lo cual habrá que ponerse de acuerdo para aprobar las leyes orgánicas y otros efectos.  Sin embargo, al momento de mirar los resultados totales, habrá dos maneras analizarlos: a) el PSUV ganó en 18 estados, b) la oposición obtuvo el 52% de los votos totales.  La realidad es que ya el PSUV no tendrá la mayoría absoluta.  La votación para el Parlamento Latinoamericano resultó: Psuv 43%, Mud 45%.

 

Los resultados son parte de una tendencia que se viene desarrollando como conducta electoral desde 2007.

 

La población electoral se comporta de manera distinta cuando está en juego la figura presidencial.  Es decir, cuando se trata de referendum revocatorio, elección presidencial, la enmienda reciente que permite la reelección continua los venezolanos participan masivamente y la relación de la votación es aproximadamente un 60/40 a favor de la opción del presidente Chávez.

 

Mientras que cuando se trata de elecciones parlamentarias, de gobernadores, alcaldes, municipales, etc. la situación cambia y la tendencia es más dispersa.

 

Este fenómeno se viene configurando de manera clara a partir de 2007.  Como se recordará en esa elección, donde se propuso la Reforma Constitucional, por primera vez las fuerzas políticas que repaldan al presidente Chávez perdieron en las urnas electorales por un estrecho margen, menor al 1%

 

Pero al año siguiente, en las elecciones de gobernadores, alcaldes y consejos legislativos regionales, si bien la alianza roja seguía obteniendo la mayoría de la votación nacional, se produjo un fenómeno nuevo: los números comenzaron a revertirse a favor de la oposición.  En el Distrito Capital, y los estados Zulia, Miranda, Lara, Carabobo, Anzoátegui y Táchira, es decir, donde se encuentran las ciudades con mayor población fueron elegidas autoridades de organizaciones políticas opositoras.

 

En estas elecciones, el PSUV pudo recuperarse en el Distrito Capital, Lara y Carabobo, logrando la mayoría de los cargos en disputa.  Sin embargo, en otros casos la tendencia se ha repetido y ampliado, por ejemplo en el estado Zulia la oposición obtuvo 13 diputados de 15 posibles.

 

Dos factores son claves para entender esta tendencia.

 

Por una parte, así como la oposición tiende a la convergencia, que se concretó en la Mesa de la Unidad Democrática como movimiento electoral.  En el caso de las fuerzas políticas de la Revolución bolivariana a medida que pasa el tiempo se van dispersando.  La Asamblea elegida en 2005 era 100% favorable al proceso político impulsado por el presidente Chávez.  Para este momento, sólo mantienen el apoyo del Partido Comunista de Venezuela, siendo la división más reciente la del Partido Patria para Todos quienes apuestan a la despolarización, y convertirse en un fiel de la balanza.

 

Finalmente, el gobierno bolivariano ante las debilidades y errores de la oposición está siempre en compentencia consigo mismo.  En tal sentido, la falta de eficiencia y eficacia en la gestión pública como en el caso del suministro de energía eléctrica.  Pocos casos conocidos, pero muy significativos de corrupción administrativa, como el caso de los alimentos de PDVAL.  Y algo muy sensible para toda la sociedad como es la falta de control de la delincuencia y las debilidades en las políticas de seguridad ciudadana.

 

Ya el PSUV había reconocido parcialmente sus debilidades y dificultades, ya que la mayor parte de los diputados y diputados actuales no fueron presentados como candidatos.  El partido apostó por candidatos jóvenes y algunos representantes de movimientos sociales, todos elegidos por la base.

 

El volumen de votación de 52% de la opisición es un alerta para el proyecto político de la Revolución bolvariana, de cara a las próximas elecciones municipales en 2011 y quizá la elección presidencial de 2012.  Quizá más es hora de retomar la necesidad de aplicar las 3R: Revisar, Rectificar y Reimpulsar, esbozada por el presidente Chávez después de la derrota en 2007.

 

- Julio Fermín es miembro del Equipo de Formación, Información y Publicaciones (EFIP) de Caracas y de ALAI.

Concentración y ganancias extraordinarias del poder económico

Por 

 Martín Schorr, investigador del Conicet - http://sur.elargentino.com/notas/concentracion-y-ganancias-extraordinarias-del-poder-economico

En la posconvertibilidad se han manifestado dos procesos sumamente relevantes por sus implicancias distributivas y porque expresan que las grandes firmas integrantes del núcleo selecto del poder económico local, sobre todo las que se desenvuelven en ámbitos productivos, han venido ocupando un lugar protagónico entre los ganadores del régimen económico en curso.

En primer lugar, se afianzaron las tendencias a la concentración y la centralización del capital. En 2008 las cien empresas manufactureras más grandes dieron cuenta del 43% de la producción industrial total, frente a una participación del 37% en 2001 y del 28% en 1993. Esto se dio en el marco de una aceleración del proceso de extranjerización iniciado a mediados de la década de 1990; en la actualidad más del 70% de la facturación global de esa cúpula empresaria está en manos de capitales foráneos.


En segundo lugar, como resultado del dispar comportamiento entre la productividad y los salarios, tuvo lugar una importante transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia los capitalistas, que se suma a las abultadas traslaciones verificadas entre 1976 y 2001: en 2009 el costo salarial ajustado por productividad fue un 17% más reducido que en 2001 y un 37% inferior al de 1993. A raíz de los cambios registrados en la estructura de precios y rentabilidades relativas de la economía asociados a la “salida devaluatoria” de la convertibilidad, estos incrementos en el margen bruto de explotación de la fuerza de trabajo se tradujeron en ganancias netas muy elevadas, principalmente para las grandes corporaciones del sector fabril (en particular entre 2004 y 2007, cuando la rentabilidad sobre ventas de los oligopolios líderes osciló entre el 14% y el 19%). Ello, en un contexto caracterizado por una relativamente débil formación de capital.


Además de la performance de la productividad, los salarios y la inversión, en la explicación de los dos procesos aludidos concurren otros factores explicativos, entre los que sobresalen tres. Por un lado, la inserción de la mayoría de las compañías líderes en las producciones más favorecidas por el dólar alto (sin políticas activas y coordinadas de desarrollo industrial) y la vigencia de salarios bajos a nivel internacional y mercados externos expansivos. Por otro, en el marco de variadas acciones y omisiones estatales, la captación diferencial de excedentes a partir de la fijación oligopólica de precios en numerosas ramas como, entre otras, la elaboración de productos metálicos básicos, abonos y fertilizantes, sustancias químicas básicas, aceites y grasas vegetales, neumáticos, ciertas maquinarias agrícolas, cemento y cal, papel y derivados, golosinas, azúcar y vehículos automotores. 


Finalmente, la presencia destacada de estos grandes capitales en distintos espacios de acumulación de privilegio que se generaron en los años recientes y los sesgos de las políticas hacia las pymes.


La puesta en marcha del proyecto para que los trabajadores participen de las ganancias empresarias tendría un indudable y deseable impacto redistributivo, en especial si se termina focalizando en el segmento de las grandes empresas que han sido ampliamente favorecidas por el esquema económico vigente y procura evitar la elusión impositiva. Con vistas a fortalecer planteos redistributivos de esta naturaleza, sería auspicioso que ello se articulara con un conjunto de medidas complementarias tendientes a aplacar las diferentes fuerzas que en la posconvertibilidad han impulsado la concentración económica, la centralización del capital y las ganancias extraordinarias de las firmas líderes.

Todos querían ser progresistas

Marcos Roitman Rosenmann* - http://www.surysur.net/?q=node/14700

Desde hace unos años se ha levantado una polémica donde se entrecruzan diferentes debates. Las discusiones reflejan las preocupaciones sobre el futuro que nos espera y los retos de un mundo que se resquebraja a marchas forzadas. Conservadores, neoliberales, socialdemócratas e izquierda construyen estrategias tendentes a corroborar o a negar alternativas sobre la profundidad de la crisis capitalista, las luchas anticapitalistas, las perspectivas de la democracia y la viabilidad del socialismo.

Para no errar en el análisis debemos partir de un marco contextual. Nos encontramos inmersos en el dominio del modo de producción capitalista. Poco se resiste a su lógica. Un ejemplo nos lo da el cuerpo humano. Ojos, riñones, hígados o huesos adquieren un valor de cambio. Las clases populares, explotadas y dominadas, aportan sus órganos para enfrentar el hambre; de esta forma pueden pagar sus deudas y comer durante algún tiempo, mientras la burguesía alarga su vida gracias a estos "donantes" de necesidad. Llegados a este punto, los límites éticos los engulle el mercado.

Sin embargo, desde hace un tiempo acceder a un banco privado de retinas, plasma, sangre o riñones se interpreta como un avance civilizatorio. Nada puede resistirse al tren del progreso, y si existen efectos no deseados será la propia revolución científico-técnica la que cree los antídotos, revirtiendo y reparando el daño infringido. Ni el calentamiento del planeta ni la pérdida de biodiversidad son un obstáculo.

Si el imperialismo y el mercado imponen su lógica sin contrapesos se profundizarán las guerras para apropiarse de los recursos naturales, imperando la ley del más fuerte y emergiendo gobiernos totalitarios y depredadores. Estamos ante una disyuntiva: o se cambia de rumbo o asistiremos a una catástrofe de proporciones planetarias.

Puestos en esta situación, la lucha teórica se ubica en el primer plano de la batalla política dentro del capitalismo del siglo XXI. Ya no es posible, si alguna vez lo fue, reflexionar sobre el cambio social democrático al margen de los procesos de liberación, las tecnociencias y las nuevas formas de actuar y del pensar. Ejemplos de luchas democráticas, de liberación nacional y anticapitalista, la hayamos en el Sumak Kawsay o el buen vivir desarrollados en la nueva Constitución de Ecuador, en el Estado plurinacional y la ciudadanía plena reconocidos en la Carta Magna boliviana, pero también lo encontramos en los municipios autónomos de rebeldía zapatista; sin olvidarnos de los aportes provenientes de la revolución cubana y las propuestas como la Alba o el Banco del Sur, lanzadas por la República Bolivariana de Venezuela.

En esta lucha por salvar y dotar de rostro humano al capitalismo se enquista la mentalidad progresista social-conformista. Sus analistas proceden de la intelectualidad autodenominada progresistas de izquierda. Desentrañar equívocos y desmantelar la mentalidad progresista nos obliga a realizar una inmersión en sus postulados. Bajo el sincretismo teórico hacen uso de cualquier filosofía o tópico, si ello les da beneficios.

Falsean la naturaleza de instituciones. Para los progresistas, un banco bien podría ser una entidad caritativa si se le dota de un organigrama solidario. Sus mentes pensantes, construyen un mundo dual, en el cual polarizan el mundo y cuyo resultado consiste en enfrentar las fuerzas progresistas versus la derecha cavernícola. De la noche a la mañana y por arte de magia, debemos entender que ser progresista consiste en ponerse al lado de los desamparados, los dominados, explotados y excluidos, y cubrir con un manto de sensibilidad social sus políticas públicas. De esta manera tan laxa, todos aquellos que posean esta sensibilidad social, pueden considerarse progresistas y soldados en la lucha contra la derecha oscurantista y neoliberal.

Si aceptamos esta definición de progresistas, los ejemplos de hombres y mujeres pertenecientes a esta clase son muchos. Podemos empezar con el todo poderoso Billy Gates. En su haber apuntamos su decisión de donar la mitad de su fortuna a obras sociales. En segundo lugar situaríamos a la mismísima reina de Gran Bretaña: ella financia de su bolsillo a jóvenes de escasos recursos para concluir sus tesis doctorales. El siguiente progresista sería George Soros, empresario filántropo, mecenas del arte y la cultura.

Tampoco puede faltar a la cita de los progresistas empresarios como Carlos Slim, preocupado por el buen hacer de las políticas sociales de los gobiernos, con alto grado de sensibilidad social, ni de banqueros responsables. Ellos son la personificación del altruismo, invierten beneficios en obra social. Financian universidades públicas, se comprometen en la defensa del medio ambiente y emprenden campañas por la integración de los disminuidos síquicos y físicos al mercado de trabajo.

En fin, para concluir la lista, podríamos afirmar que cualquier partidario de luchar contra el efecto invernadero o salvar al lince ibérico es progresista por definición. Así, Brigitte Bardott puede ser considerada un estandarte del progresismo cuando rechaza el asesinato de focas para el comercio de pieles y, a la par, conservadora cuando se une al Frente Nacional ultraderechista de Le Pen.

En esta circunstancia esquizofrénica me asaltan dudas: ¿Puedo aliarme con Briggite Bardott en su lucha contra la matanza de las indefensas focas y abstraer su ideológica neofascista? El desconcierto aumenta al leer a Bardott: "Hemos perdido el derecho a escandalizarnos cuando los clandestinos y pordioseros profanan nuestras iglesias y las transforman en pocilgas humanas, cagando detrás del altar o haciendo pis en las columnas, expandiendo sus olores nauseabundos bajo las bóvedas sagradas". Tal vez necesite un respiro y ver el lado positivo: Brigitte Bardott ha sido una sex-simbol, no importa que sea racista y xenófoba, a fin de cuenta tiene un corazón progresista cuando se trata de focas. Por consiguiente, tomaré su mano y la investiré de progresismo amparándome en el dicho popular: "no importa de qué color sea el gato, blanco o negro, lo importante es que cace ratones". 1

1. Véase su libro Un grito en el silencio, Editorial Le Roche, 2003. Un tribunal de París la condenó a pagar 5 mil euros por las declaraciones xenófobas y racistas contenidos en el texto, y a la editorial otros 5 mil euros por publicarlos.

*Doctor en Sociología. Profesor Titular de estructura social de América Latina Universidad Complutense de Madrid.

Los civiles en el banquillo de Nuremberg

Por 

 Eric Calcagno, senador de la Nación, y Alfredo Eric Calcagno, Dr. en Ciencias Políticas. - http://sur.elargentino.com/notas/los-civiles-en-el-banquillo-de-nuremberg

Cuando se consideran los crímenes de lesa humanidad cometidos, en general, se atribuye el protagonismo a los militares; parecería que los civiles hubieran sido ajenos a ellos. Sin embargo, la historia muestra que no es así. Siempre existieron civiles que no sólo participaron en los delitos perpetrados, sino que muchas veces fueron sus autores intelectuales o ejecutores directos y, con frecuencia, sus beneficiarios económicos y políticos.

Un ejemplo histórico típico es lo ocurrido en la Alemania nazi, no sólo por la índole de los delitos, sino también por la profundidad de la investigación realizada. Si se analiza el juicio sustanciado en el Tribunal de Nuremberg, puede calibrarse la importancia de la participación civil en esos delitos de lesa humanidad.

El Tribunal estuvo integrado por juristas estadounidenses, británicos, soviéticos y franceses; se designó un juez titular y un fiscal por país, cada uno con su suplente. Funcionó desde el 20 de noviembre de 1945 hasta el 1º de octubre de 1946. Con respecto a cada procesado debía determinarse su participación en un plan común para cumplir crímenes contra la paz; si planeó o inició guerras y otros crímenes contra la paz; si cometió crímenes de guerra; y si cometió crímenes contra la humanidad.

Fueron procesados 24 personajes del nazismo; otros ya habían muerto, algunos de ellos por suicidio. La primera comprobación interesante es que seis de ellos eran militares y 18, civiles. Además, debe considerarse que el principal criminal, Adolf Hitler (ya suicidado), fue un civil, y que uno de los principales instrumentos para la comisión de delitos fue un partido político.

Entre los procesados civiles condenados a muerte y ahorcados figuran Wilhelm Frick, ministro del Interior; Joachim von Ribbentrop, ministro de Relaciones Exteriores; Hans Frank, gobernador de Polonia; Fritz Sauckel, líder de la zona de Turingia; Arthur Seyss-Inquart, comisario del Reich en los Países Bajos; Ernst Kaltenbrunner, jefe de la Policía Secreta, y Alfred Rosenberg, ideólogo del racismo. Robert Ley, jefe del Frente del Trabajo Alemán, se suicidó antes del juicio.

Además fueron condenados Walter Funk, ministro de Economía, y Rudolf Hess, segundo en la línea de sucesión de Hitler, ambos a prisión perpetua; Baldur von Schirach, líder de la zona de Viena, y Albert Speer, ministro de Armamentos, a 20 años de prisión cada uno; y Konstantin von Neurath, protector de Bohemia y Moravia, a 15 años de prisión.

Fueron absueltos Franz von Papen, que había sido embajador en Turquía (1939-1944); Hjalmar Schacht, presidente del Banco Central (1933-1938); y ministro de Economía (1934-1937); Hans Fritzsche, comentarista de radio y jefe de informaciones del ministro Goebbels.
Al industrial nazi Gustav Krupp se lo consideró inepto para someterlo a juicio por razones de salud. Posteriormente, en 1947, su hijo Alfried Krupp fue sometido en Nuremberg a un tribunal militar estadounidense, que en julio de 1948 lo condenó a 12 años de prisión, por haber utilizado en sus fábricas mano de obra esclava judía proveniente de campos de concentración y prisioneros de guerra. Sin embargo, en 1951, John McCloy, alto comisionado de los Estados Unidos en Alemania, revisó la sentencia, lo puso en libertad y le devolvió sus bienes, que habían sido confiscados.

Vinculación económica. Es interesante examinar la vinculación entre los responsables de la economía y los delitos de lesa humanidad. En este caso, de qué modo el ministro Walter Funk instrumentó la economía para servir primero el esquema político nazi y después a la guerra.

Funk era un periodista especializado en finanzas e ingresó al partido nazi en 1931 y, en 1933, fue jefe de prensa del Gobierno y subsecretario del Ministerio de Propaganda. En 1938, fue nombrado ministro de Economía y plenipotenciario general para la Economía de Guerra; luego agregó a esas funciones las de presidente del Banco Central y reemplazó en esos cargos a Hjalmar Schacht. Desde agosto de 1939, fue miembro del Consejo Ministerial de Defensa del Reich, y, a partir de 1943, miembro del Consejo de Planificación Central.

En el juicio de Nuremberg se lo acusó de haber planeado la guerra, en especial, de haber preparado la ocupación del territorio ruso, incluso mediante la impresión de rublos. Proyectó la explotación económica del vasto territorio ruso como proveedor de materias primas para Europa y fue un estrecho colaborador de Hermann Goering.
En cuanto a los crímenes de lesa humanidad, propuso el decreto por el que se prohibía toda actividad económica a los judíos, “que lógicamente seguía a la eliminación de los judíos de la vida política”.

En 1942 acordó con Himmler la remisión al Banco Central de oro, joyas y dinero de las SS (grupo paramilitar) sin determinar su origen; se enviaron entonces al Banco Central las pertenencias de las víctimas de los campos de concentración. Así, fueron a las bodegas del Banco el dinero, las joyas, los relojes y el oro de los dientes y los anteojos de los recluidos. En el juicio, Funk declaró que no sabía que el Banco Central recibía esos objetos; el Tribunal declaró que, o bien sabía lo que se recibía, o bien cerraba deliberadamente los ojos.
Se probó que participaba en el aprovechamiento económico de los territorios anexados. Presidió la Continental Oil, que explotaba el petróleo de los territorios ocupados del este de Europa. Fue responsable de la incautación de las reservas de oro del Banco Nacional de Checoslovaquia y de la liquidación del Banco Nacional de Yugoslavia. En 1943 fue miembro del Consejo Central de Planificación, que determinaba el número de trabajadores que necesitaba la industria alemana y requería su provisión, en especial por la deportación desde los territorios ocupados. Bajo su dirección, el Banco Central otorgó un fuerte crédito a las SS para la construcción de fábricas para que trabajaran obreros provenientes de campos de concentración.

Como atenuante, el Tribunal concluyó que Funk nunca fue una figura dominante en los programas en los que participó. En consecuencia, se lo condenó a prisión perpetua. Se salvó así de ser ahorcado como otros colegas ministros, pero quedó marcada la responsabilidad del ministro de Economía en los crímenes de lesa humanidad, aunque no hubiera intervenido personalmente en actos de violencia física.

Responsabilidades compartidas. La atribución de responsabilidades entre civiles y militares por estos crímenes, varió según los países y las situaciones. En Alemania, los jefes militares debieron responder por los delitos cometidos; pero no sólo ellos, también los civiles que participaron fueron enjuiciados ante el Tribunal Internacional.

Esta no fue la situación general en América latina. Ahora, con la perspectiva que dan los decenios transcurridos, puede analizarse con mayor lucidez en qué medida la avidez de poder y dinero de grupos mixtos, integrados por civiles y militares, llevaron a situaciones sangrientas. Pero la realidad es que cargaron con casi toda la responsabilidad los grupos militares ejecutores, mientras los civiles que planearon e instigaron muchos de esos hechos violentos y a menudo usufructuaron los resultados económicos y políticos, quedaron impunes. Ya decía Keynes que algunos economistas podían matar más gente que cualquier conquistador de la historia.

Los cambios en Cuba, vistos desde Cuba

Por Santiago Masetti | Desde La Habana - http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=4798

América latina y su versatilidad política - Más allá de sus errores y deficiencias, la experiencia cubana se basa en un contrato social de nuevo tipo, horizontal, plebeyo; quizá de naturaleza parecida al que le dio origen al peronismo, y expresa la marca histórica de la Isla: independencia o anexionismo a Estados Unidos.


La idea consiste en una crónica sobre lo que sucede en Cuba, en particular sobre la existencia o no, y de ser positiva la respuesta, del verdadero alcance de los cambios políticos, económicos y administrativos anunciados hace pocos días e inscriptos dentro de las reformas encaradas por el gobierno a partir de febrero del 2008, fecha en la que Raúl Castro tomó en sus manos la Administración del país, que es eso lo que implica su cargo de presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Y por último, por qué no, sobre el tan sonado tema en la prensa internacional, el de los presos liberados.

El conjunto medidas adoptadas por el gobierno de la Isla trata en forma muy especial sobre el aumento de la productividad del trabajo, el incremento de la producción de alimentos y la reformulación en el sector agrícola en general, y sobre ciertas modalidades al interior de la vida política cubana que suelen no ser abordadas lo suficiente, como el de la búsqueda por parte del gobierno, de canales directos para el diálogo con los distintos sectores de la sociedad, complementarios a los institucionales y previstos por la Constitución y el ordenamiento jurídico.

Es en ese marco donde con regulares encuentros entre funcionarios de distinto nivel y estudiantes, sindicatos, organizaciones de mujeres y de otras identidades, son miles los cubanos que debaten, y en no pocos casos disparan sus críticas a la gestión de gobierno.Sin dudas fueron los resultados de esas discusiones, y no solo las iniciativas desde adentro del aparato de poder, las que motivaron algunos de los ejes recientemente planteados por Raúl Castro.

En su discurso del pasado 1 de agosto ante la sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), que es el Parlamento cubano, hizo un balance tendiente y enfatizó sobre el esperado programa de reformas, auque dejó en claro que las mismas se darán en el ámbito de lo que él mismo calificó de "actualización del modelo económico cubano”, descartando toda posibilidad de poner el acento en criterios “de mercado”.

Unos de los principales desafíos de la dirección de la revolución cubana, en estos momentos, es darle solución a problemas internos que vienen heredados del denominado periodo especial, el bloqueo económico de Estados Unidos y las consecuencias de la crisis financiera global en este país. La dirigencia cubana no se cansa de repetirlo.

"En una primera fase, que planificamos concluir en el primer trimestre del próximo año, se modificará el tratamiento laboral y salarial a los trabajadores disponibles e interruptos de un grupo de organismos de la administración central del estado, suprimiendo los enfoques paternalistas que desestimulan la necesidad de trabajar para vivir y con ello reducir los gastos improductivos, que entraña el pago igualitario, con independencia de los años de empleo, de una garantía salarial durante largos períodos a personas que no laboran", dijo Raúl Castro ante la ANPP.

Ello significa que la Administración Pública comenzó a diseñar un plan de reforma del Estado, que implica a millones de trabajadores, sin recurrir en despidos ni quitas salariales. El mismo consiste en la redistribución de la mano de obra entre las distintas áreas productivas, con programas de capacitación para los empleados y de discusión al interior de las propias direcciones empresariales, tendientes al aumento de la productividad.

Fue el propio Raúl Castro el que le puso plazo a la puesta en marcha de la propuesta y la evaluación de sus primeros resultados – mediados del año próximo-, sin que dicho programa implique el olvido o el pase a jubilación de observaciones anteriores y públicas del hermano del líder de la Revolución en el sentido de reconocer que la actual escala salarial en notoriamente insuficiente como nivel de ingreso promedio; situación esa que la sociedad trata de subsanar a través de mecanismos económicos informales, tolerados por el gobierno, y que van desde el ingreso por remesas de fondos que muchos cubanos reciben de familiares en el exterior, como sucede en buen parte de los países latinoamericanos, hasta el ejercicio de actividades cuentapropistas.

Es en orden a esa realidad que debe interpretarse el siguiente párrafo de la intervención de Raúl Castro ante los asambleístas: El Consejo de Ministros también acordó ampliar el ejercicio del trabajo por cuenta propia y su utilización como una alternativa más de empleo de los trabajadores excedentes, eliminando varias prohibiciones vigentes para el otorgamiento de nuevas licencias y la comercialización de algunas producciones, flexibilizando la contratación de fuerza de trabajo.

El doctor en Ciencias Económicas y profesor titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI), Ernesto Molina, dijo a Veintitrés: cuando se hace un análisis de cómo están empleados los distintos sectores de la economía cubana, registramos que existe un porcentaje muy grande de trabajadores que si bien ocupan un puesto efectivo en el sistema laboral, el mismo no se aprovecha en términos de producción, simplemente porque no hay posibilidad de hacerlo; lo que da como resultado una plantilla de empleados inflada, con mucha gente que aparentemente esta trabajando pero que en realidad no lo hace en términos económicamente efectivos. Ante esa situación, todo indicaría que la solución pasa por el despido de un número importante de cubanos y cubanas, discutiendo entonces la posibilidad de abrir líneas de subsidios para los desempleados. Pero Cuba no está en condiciones de tomar esa medida, más allá de que si se tomase no se le estaría dando solución al problema. De ahí la importancia de trabajar a fondo en el fomento de ciertos niveles de cuentapropismo.

En el marco descripto, las cifras oficiales de Cuba dan cuenta de un desempleo casi irrelevante, del 1,7 por ciento, aunque está claro que, según los recientes planteos de Raúl Castro en ANPP, el mismo implica una dosis alta de espejismo. Lo que también está claro, pero la prensa internacional crítica para con el gobierno de este país no lo dice o lo oculta, es que el sistema legal y la propia tradición política del modelo inaugurado hace ya mucho tiempo, el 1 de enero de 1959, obligan al Estado a que no haya un solo cubano ni una sola cubana en edad activa sin salario.

Ana María Ibarra, investigadora de la Universidad de La Habana, dijo: me imagino que todo (el desarrollo de las actividades por cuenta propia) se hará organizadamente, e implicará también el establecimiento de un régimen impositivo adecuado, al que tendremos que acostumbrarnos.

Los dichos de Ibarra cobran especial relevancia dado que - y se trata de otro tema también ocultado por los relatos hegemónicos sobre Cuba – los habitantes de este país, salvo los pocos casos de cuentapropistas preexistentes a los reciente anuncios oficiales, no pagan impuestos, abonan tarifas de servicios y transportes públicos de carácter meramente simbólico, y acceden a los sistemas de salud y ecuación públicas, en todos sus niveles, en forma absolutamente gratuitas, con el aditamento de extensos programas de becas complementarias, que implican vivienda y alimentación, con los niveles de calidad que puede ofrecer un Estado de la complejidad del cubano, basado en una suerte de contrato social de total horizontalidad social y con una economía que, más allá de sus propios errores, sufre medio siglo bloqueo, el que hasta ahora le significó a la economía del país pérdidas por 220 mil millones de dólares.

No todas las voces coinciden con Ana María Ibarra y Néstor Molina. Ese es el caso, por ejemplo, de Carlos Pérez Peña, Premio Nacional de Teatro 2009, quien afirmó: las medidas (anunciadas por Raúl Castro) son tímidas. Siento que esto tiene que ser más abierto; no sólo con el cuentapropismo. Además, considero que deben establecerse leyes que protejan a ese nuevo sujeto que será el trabajador particular.
Muchos de los grandes problemas cubanos están relacionados, paradójicamente, con los logros sociales alcanzados por la Revolución; ya que el potencial educacional y científico de la población alcanza promedios de países altamente desarrollados, según lo admiten datos difundidos por la ONU: el 100 por ciento de los niños está matriculado en escuelas primarias; uno de cada once cubanos es graduado universitario; 30.000 cuentan con maestrías y 12.000 alcanzaron títulos doctorales.

Antes del triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro, Cuba contaba con un 40 por ciento de población rural; en la actualidad ese indicador pasó a ser del 20 por ciento, sin que esos niveles básicos de Desarrollo Social se hayan alterado sustancialmente tras la modificación que sufrió el sistema internacional en el que Cuba está inscripto, en alianza con la desaparecida Unión Soviética.

Tras la caída del llamado orden comunista, entre 1989 y 1990 el comercio internacional cubano cayó en un 60 por ciento, lo que provocó severos desabastecimientos, caída estrepitosa del signo monetario y merma grave de las reservas en divisas. Entonces los cubanos vivieron una larga década de penurias durante el denominado “período especial”. A las pérdidas ya mencionadas como consecuencia del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos y a los costos que implico el mapeo mundial de fines de la pasada década del ’80 deben sumárseles los efectos de la actual crisis global, que sólo en 2008 le significaron a Cuba daños equivalentes a los 10 mil millones de dólares, sin descartar entre ellos los derivados de las variables atmosféricas de huracanas violentos de las tres últimas temporadas, todo según cifras oficiales.

En entonces en ese contexto que debería interpretarse la insistencia de Raúl Castro ante la ANPP cuando destacó “sin el aumento de la eficiencia y la productividad es imposible elevar salarios, incrementar las exportaciones y sustituir importaciones, crecer en la producción de alimentos y en definitiva sostener los enormes gastos sociales propios de nuestro sistema socialista, esfera en la que también estamos en el deber de ser racionales, ahorrando mucho más sin sacrificar la calidad”.

Es por eso que resulta frecuente oír entre los funcionarios y dirigentes cubanos la expresión “batalla económica” como definición de la actual coyuntura. El periodista y ex diputado entre 1993 y 1998 Pedro Martínez Pires sostuvo: es una batalla que yo diría hay que librar en muchos frentes, porque a los avatares de las catástrofes naturales –insisto en que las ultimas temporadas de huracanes fueron desastrosas- debemos tener en cuenta la necesidad de resolver varios de los problemas estructurales que nos afectan, entre los cuales no es menor el de la seguridad alimentaria, toda vez que formamos parte de un país que sigue necesitando de la importación de alimentos.

No fue casual, parece, aquella mención especial que hizo Raúl Castro ante los parlamentarios, el 1 de agosto pasado, y que ya mencionáramos en los primeros párrafos de este artículo, cuando se refirió a la urgente necesidad de impulsar cambios sustanciales en toda la cadena de producción agropecuaria, los que sin duda son aguardados con particular atención por la mayoría de los cubanos.

Suele suceder con las lecturas mediáticas sobre Cuba fogoneadas desde Estados Unidos, que, con mucha frecuencia, lo que paree tener amplia repercusión fronteras afuera apenas si inquieta al devenir cotidiano de quienes viven en la Isla.

Ese es el caso de los presos recientemente liberados. La escasa preocupación que se registra aquí por el asunto, incluso entre quienes no callan sus miradas críticas respecto del gobierno, podría ser explicada por las siguientes consideraciones de Martínez Pires: la liberación de los presos es una medida que no es nueva, porque Cuba tiene una historia muy larga al respecto. Desde el triunfo de la Revolución y después del intento de invasión por Playa Girón fueron liberados 1.500 detenidos en esos acontecimientos. A tal punto es una tradición del modelo inaugurado en 1959 que la Iglesia Católica y el gobierno de España respaldaron las recientes liberaciones, liberaciones esas que beneficiaron a personas que fueron juzgadas y condenadas conforme a la Constitución y al sistema penal de nuestros país, el mismo que forma parte de la tradición jurídica convalidad por la comunidad internacional que se expresa en la ONU. Debo destacar que ninguna instancia legal, nacional ni internacional, observo el contundente cuerpo de evidencias ofrecido respecto de las relaciones de esos presos ahora liberados con la diplomacia estadounidense que actúa en el país desde la conocida Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana.

A modo de conclusión: quien no acepte que el actual sistema cubano, más allá de sus errores y deficiencias, se basa en un contrato social de nuevo tipo, horizontal, plebeyo podríamos decir, quizá de naturaleza parecida a la que le dio origen al peronismo, y que expresa la marca histórica de la Isla –independencia o anexionismo a Estados Unidos-; difícilmente pueda fotografiar o radiografiar a este país desde su trastienda.

Aceituna sin Hueso - Marginales Video por Miriela Moreno Guevara - Video de MySpace

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Participación obrera en las ganancias empresarias, con el apoyo del gobierno

Natalia Brite*  - http://www.surysur.net/?q=node/14663


Argentina podría dar un enorme salto de calidad en la redistribución de la riqueza. Desde la central obrera se presentará un proyecto de ley que busca la participación de los trabajadores en las ganancias extraordinarias que el sector empresarial acumula desde hace varios años.

América Latina atraviesa un profundo proceso de “revisión conforme a Derecho”. En efecto, a excepción de la Cuba revolucionaria que renació con esa forma en 1959, solo hace un poco más de una década, varios países latinoamericanos comenzaron nuevos ciclos políticos -y por ende sociales-, críticos del modelo neoliberal y desarrollados de cara a los pueblos.

Argentina, desde su explosión social de fines de 2001 y la consecuente ruptura hegemónica que derivó en un nuevo tipo de gobierno en 2003, no es ajena a ese proceso. En los últimos siete años, muchas medidas de gobierno tendieron a abandonar la vieja doctrina dictada desde Washington. Esto fue así en diversos planos, tanto simbólicos -como la política de derechos humanos y de reivindicación de la generación militante de la década de 1970-, como materiales -política de recuperación de recursos privatizados y aumento en la inversión social-.

De la mano del nuevo tono gubernamental, se observó una modificación en los sectores sociales que actúan de apoyo a la gestión. Ya no fueron los grandes grupos económicos del lobby trasnacional los que rumoreaban cerca del oído presidencial. En ese contexto, numerosos sectores sindicales asumieron su “apoyo crítico” a los gobiernos de Néstor Kirchner primero y de Cristina Fernández en la actualidad. Basaron su postura en el reconocimiento de la reapertura de las discusiones colectivas del salario, de la activación del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil; de la caída en los niveles de desempleo y la mejora en la calidad de vida de la clase trabajadora.

La Confederación General del Trabajo, más conocida como CGT, es la principal organización que, con Hugo Moyano a la cabeza, hace público su apoyo sin desestimar sus reclamos. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que nació al calor de la resistencia de la década de 1990, también presenta una visión positiva del escenario nacional, aunque mantiene en su interior una fuerte controversia con un sector aliado al ala supuestamente “progresista” de la oposición al gobierno.

El diputado del gobernante partido Frente para la Victoria y abogado de la CGT, Héctor Recalde, ha preparado un anteproyecto que será debatido en los próximos días al interior de la central obrera, para luego ser ingresado en el Congreso Nacional. Se trata de una propuesta de ley que establezca que las empresas con más de 300 empleados y con alta tasa de rentabilidad, deberán participar a los trabajadores una porción de esas ganancias. Falta determinar montos y modalidades en las que se llevaría a cabo la medida -de ser aprobada-, pero la sola idea de repartir riquezas suena, para algunos, positiva y revolucionaria; pero otros, los que deberán compartir su bonanza, ya expusieron las primeras quejas.

Si el por ahora anteproyecto se convierte en ley, el viejo dicho popular significante de todo amarretismo – “el que como y no convida tiene un sapo en la barriga”- por fin recibiría y justo y merecido golpe en el mentón, al menos desde la esfera de las políticas públicas.

Apenas conocida la intención de la CGT, el titular de la patronal Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, señaló que, con esa iniciativa, Argentina “se parece a Cuba”. Con mucho tino, y aún más exactitud conceptual, Hugo Moyano respondió simplemente que eso no es posible ya que “Cuba no pone en prácticas estas cosas, se debatió en Alemania hace 30 o 40 años, pero se discute en países capitalistas, no en países como Cuba”. Las palabras de Méndez no recogieron simpatía ni entre los propios empresarios.

El líder sindical agregó que “a los empresarios les ha ido muy bien en estos últimos años, no pueden quejarse, no pueden seguir acumulando riquezas del esfuerzo y sacrificio de los trabajadores”, por lo cual afirmó que el texto ya está en sus manos y que será discutido en el seno de la organización que dirige.

El autor de la propuesta, Recalde, remarcó que “el proyecto promueve la reinversión de utilidades” y que los empresarios que ya opinan sobre el tema “no conocen el anteproyecto, y en la comisión parlamentaria de Trabajo que encabezo vamos a invitar a debatir a todos”.

También anunció que en los montos a repartir se tomará el “rédito neto” y “no se considerarán los ingresos que el empresario reinvierta en la empresa". Aseguró que “está prevista la constitución de un consejo tripartito (empresarios, trabajadores y gobierno) para su instrumentación, y que no serían afectadas “las empresas sin fines de lucro y las cooperativas”.

Recalde agregó que las palabras de Méndez solo demuestran un “desconocimiento de cómo es el sistema económico cubano” y afirmó que “en el debate algunas cosas se van a mejor y a corregir. Seguro tiene imperfecciones, pero vayamos en el sentido que dice la Constitución Nacional”.

Esa última reflexión conlleva un elemento central en el tema que comenzará a debatirse. El hiper mencionado artículo 14 bis de la Constitución de la Nación Argentina expresa que “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: (…) participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática (…)”.

Es decir, de convertirse en ley, una medida de este tipo revolucionaría la política de redistribución de la riqueza atendiendo a los preceptos básicos de la Ley de leyes.

La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se basó en los 21 puntos redactados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. La ley de matrimonio igualitario fue propuesta por legisladoras que no son del oficialismo. La propuesta de participar a los trabajadores en las ganancias de las compañías nace de la central obrera. La autoría primera de estos proyectos no se niega: nacen en las entrañas de las organizaciones sociales. Pero su aprobación y concreción -quedó demostrado con las dos primeras - depende en gran medida de la voluntad política del gobierno de Cristina Fernández.

Desde el gobierno ya hubo algunas señales de acompañamiento. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, expresó que “es indispensable introducir el concepto de la productividad de todos los factores y en este contexto deberíamos avanzar. Es necesario sacar los demonios alrededor del tema de la productividad”.

*Columnista de la Agencia Periodística del Mercosur

AmericaSur - El control de las conciencias

Andrés Soliz Rada - http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=1010285592334920360

El Siglo XIX se caracterizó por la masiva ocupación de zonas periféricas por metrópolis colonialistas. El XX, por el saqueo de materias primas. En el XXI, si las tendencias no se revierten, se sufrirá el control de las conciencias. El 24 de agosto pasado, el presidente Sebastián Piñera transfirió el total de sus acciones en el canal televisivo “Chilevisión” (cuyo propiedad debió revertirse a la Universidad de Chile) al gigante Time Warner, dueño de las cadenas CNN, TNT y HBO y de las revistas People, Fortune y Time, cuyas ganancias, en el 2009, llegaron a 26 mil millones de dólares. Piñera ganó con la venta 100 millones de dólares. Time Warner usará su adquisición para lanzar programas al Cono Sur. Ya lo hace en las zonas de influencias de México y Colombia. La alienación que despliegan los consorcios, junto a poderosos grupos nacionales, permitió que Pinochet, con respaldo de opinión pública, concediera bases aéreas a Inglaterra en la guerra de las Malvinas.

 

También el 24 de agosto último, Cristina Fernández de Kirchner (CFK) dispuso la finalización del monopolio de la compañía Papel Prensa, en poder de La Nación, el diario de la centenaria oligarquía ganadera, Clarín y La Razón. Las importaciones del insumo dejan fuera de competencia económica a otros medios escritos. Clarín, que estuvo comprometido con la dictadura genocida de Videla, pugnó con Time Warner por adquirir las acciones de Chilevisión. En octubre de 2009, CFK distribuyó, mediante ley, el espacio radioeléctrico en porciones iguales entre empresas privadas, el Estado y organizaciones sociales, siguiendo el ejemplo de Uruguay y en especial de Bolivia, donde ya existen 56 radios comunitarias, aunque, en forma paralela, toleró una fuerte presencia de ONG. Si el ejemplo de CFK fuera imitado por Lula respecto a O Globo y por Felipe Calderón a Televisa, la recuperación de la conciencia nacional en América Latina daría un paso enorme.

 

La “izquierdista” Elisa Carrió consideró la eliminación del monopolio papelero de Clarín, La Razón y La Nación, un atentado a la libertad de prensa. Varios sectores de la Izquierda Nacional argentina, cooptados por el menemismo y el kirchnerismo, perdieron, tal vez con excepciones, capacidad crítica, ya que salieron del puerto de los ideales y utopías para luego encallar en empleos y prebendas. Los de mayor solvencia ética y consecuencia ideológica han caído en dogmatismos desconcertantes, que los mantiene aislados desde hace varios lustros. Tal el caso de Osvaldo Cangiano, de “Socialismo Latinoamericano”, quien manifestó que “no será la pequeña burguesía kirchnerista quien termine con el monopolio de la prensa”, sino que serán “las masas en las calles quienes derrotarán a la rosca oligárquico-imperialista”· ¿Cuánto tiempo deberá esperar el sufrido pueblo argentino para que ocurra ese milagro?

 

Ocurre lo mismo con Leopoldo Markus, del Partido Socialista de la Izquierda Nacional (PSIN, 2ª época), quien anotó que el gobierno de CFK es el más entreguista y corrupto de la historia argentina (¿más entreguista que los de la “Década Infame”?) De hecho no es contradictorio valorizar las medidas que tratan de frenar “el control de las conciencias”, con las correctas denuncias de Markus sobre la “vergonzosa entrega del país al capital financiero, a través del pago de la ilegítima y fraudulenta deuda externa, el saqueo de los recursos naturales en beneficio del capital imperialista –las mineras, las petroleras, los Fondos de Siembra, los laboratorios de agroquímicos, etc”, así como la parálisis política y diplomática ante el avance del colonialismo inglés en Malvinas y en el Atlántico Sur” (Ver www.patriagrande.org.bo , de septiembre, 2010) .

 

Los gobiernos pequeño burgueses en las semi colonias son contradictorios. Así lo demuestra la experiencia histórica, basada en las características de nuestras sociedades. Pero la Izquierda Nacional no es un árbitro de tenis que mira cruzar la pelota con los brazos cruzados, sino que interviene en la contienda mediante su respaldo a medidas nacionales, democráticas y antiimperialistas, sin dejar de denunciar, sin concesión alguna, la corrupción y el entreguismo. Los inspiradores de la Izquierda Nacional boliviana, Adolfo Perelman y Sergio Almaraz, plantearon, en 1964, la defensa del claudicante régimen de Paz Estensoro frente al golpe de Barrientos, digitado por el Pentágono. De derrotarse a los golpistas, decían, la Revolución Nacional recuperará su impulso. En estos momentos, es posible intervenir en la pelea entre Nación y la Anti Nación en la Argentina o en la Bolivia indigenista de Evo Morales, lo que no ocurre con el Chile de Sebastián Piñera, cuyos compromisos con el capital transnacional no tiene fisuras.

Argentina: El componente civil de la dictadura

Por Jorge Giles - http://sur.elargentino.com/notas/el-componente-civil-de-la-dictadura

Cada vez que el monopolio mediático, a través de sus voceros periodísticos y políticos, propone que “hablemos de la violencia de los años setenta” es porque, tras esa cobertura, pretenden ocultar que vienen perdiendo la batalla cultural del presente y el futuro. Se empeñan con tender trampas hacia atrás, para que giremos el cuerpo y la mirada hacia el pasado y detengamos de ese modo, el paso hacia adelante que venimos dando como sociedad.

Lo que en verdad procuran es que nadie discuta el componente civil de la dictadura. Resultaría posible, incluso, que “entreguen” Papel Prensa a cambio de que nadie cuestione el poder atrás del trono genocida y la democracia amordazada que vino después.

La primera estación de ese vano intento es hacernos discutir nuevamente la “teoría de los dos demonios” en versión remozada por el Grupo A, bajo la batuta del señor Héctor Magnetto.

No habría que aceptar el convite en los términos con que intentan discutir nuestros dolores colectivos. 

Esa generación diezmada de la que formamos parte muchos de no- sotros no es la que está en el banquillo de los acusados, sino sus verdugos. Hoy, el pasado que nos involucró y protagonizamos se ganó, a fuerza de verdad y memoria, la categoría de juicio oral y público. Si los heraldos del Estado terrorista tienen nuevas o viejas pruebas que aportar, bienvenidos sean al estrado judicial.

Ahora, si de hablar de la vida se trata, hablemos claramente. Porque esta vez se debe y se puede. Y porque además, si hay que interpelar a alguien o a muchos, es a quienes nos gobernaron hasta el inicio mismo de este proyecto gobernante.

La historia de la impunidad tiene un antes y un después del 25 de mayo de 2003.

La pregunta a hacerse es ¿por qué no se pudo con los anteriores gobiernos y ahora sí se puede? En la respuesta están los responsables de una época de silencios, así como el valor de quienes ejercieron la voluntad de liberar todas las voces.

Que no nos corran con la vaina los que antes portaban el látigo de los represores o les daban letra para justificar que los cuadros de los genocidas sigan colgados en las paredes del Estado.

Esa larvada manía de meternos miedo colectivamente ha sido nuevamente exhumada por los poderosos. Azuzan con un tiempo donde los atormentados, los exiliados, los muertos y los desaparecidos fueron puestos por el pueblo. Y donde el tormento de la picana eléctrica era manejado a su antojo por los señores de los campos de concentración, dueños de nuestras vidas y nuestras muertes, de nuestra hacienda y nuestros hijos.

Quisieron destruir entonces un modelo de país donde la redistribución de la riqueza era en porciones más o menos iguales entre trabajadores y empresarios. No lo podían admitir así, tan brutalmente. 

Derrotadas las organizaciones armadas, utilizaron la excusa del “combate a la subversión” y la subversión era un pueblo entero, a la intemperie y desprotegido. Y ya que estaban, en operaciones con total impunidad, se dedicaron al saqueo a la mayor escala que a cada genocida le fue posible.

El cabo se quedó con una motocicleta. El sargento con un automóvil. El político cómplice con un depósito de muebles y algunas hectáreas de buen terreno. El coronel robó y llevó a su casa a un bebé rubio y otro morocho. El general, el almirante y el brigadier compartieron una empresa de gran porte, propia de caza mayor. Hubo un plan sistemático. Nada se hizo al voleo en tiempos de la dictadura. Salvo las capturas de algunos hombres y mujeres que por su aspecto físico eran tragados en las largas noches iluminadas sólo por los faros de los Falcon verdes.

Aquella generación osó romper el orden social establecido. Y ese fue su gran pecado.

El estudiante debía ir a la escuela sólo para estudiar lo que caía verticalmente del dictado de clases. 

La mujer debía estar en la casa sólo para cocinar y servir a sus hijos y su marido. El laburante, cumplir con el ciclo de reproducción del sistema que le mandaba el patrón. Y nada más.

Por tempraneros, por apresurados, por impericia, por ignorancia, por lo que sea, los jóvenes pecadores cometieron errores. Pero no fue por los errores que los masacraron, sino por querer cambiar la vida.

Y es el ciclo de la vida el que hoy debemos discutir y defender con la unidad latinoamericana, la Asignación Universal por Hijo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Hoy es posible armarnos de esos temas porque hay un gobierno que vino a reparar lo que quedó trunco para el pueblo y su belleza malherida. Tamaña autoridad moral alcanza y sobra para que una nueva generación tome la posta del futuro del que hablamos al comienzo. Por cada libro o editorial infame, escritos por infames que el monopolio promociona, respondamos por ejemplo, con el Programa Nacional “Pro Huerta” que llevan adelante la ministra Alicia Kirchner y el Inta. Contemos que la Argentina capacita a técnicos haitianos para la autoproducción de alimentos, compartiendo con el pueblo de Haití una política solidaria, de inclusión social, que ya dio el salto de una etapa de asistencia alimentaria a otra donde participan tres millones y medio de personas, garantizando así la seguridad y la soberanía alimentaria. Es a Pro Huerta contra quien disparan cuando atacan el modelo de desarrollo. Es al Fútbol para Todos y la Asignación Universal y las computadoras para los pibes a los que atacan cuando quieren hacernos discutir un pasado salpicado por la sangre que ayudaron a derramar.

Este presente es el que está configurando los próximos noventa años del siglo XXI. Por eso lo quieren desmembrar, para poder tirar abajo ya no las viejas utopías ametralladas en los basurales o arrojadas al mar, sino los sueños que renacen con estos pibes que hoy toman los colegios por conciencia de sí y para sí, por un sentido de pertenencia con “su” escuela, no la del ministro Esteban Bullrich.“Estamos orgullosos de ellos”, dicen los padres de Flores y nos queremos sumar desde acá. 

Los pueblos no saben de odios ni revanchas. Los miserables, sí. Sólo por eso hay que estar atentos

Medios contra gobiernos - La derecha en América latina

Por Pablo Bilsky. - http://redaccionrosario.com/noticias/index.php?q=node/9554

Los procesos de cambio que se están desarrollando en Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina se enfrentan a la cerril oposición de los grandes medios hegemónicos, que están inmersos en una campaña de engaño y ocultamiento con el fin resucitar las viejas recetas neoliberales y negar los avances de los gobiernos que rechazaron ese paradigma. Pero el cambio y la integración regional no se detienen, y ya se consolidan nuevas formas de comunicación que conciben a la información como derecho humano y no como mercancía.


Más allá de las enormes diferencias entre los procesos de cambio que se están desarrollando en Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, todos ellos comparten enemigos similares: medios de comunicación concentrados que hacen las veces de oposición. Estos medios no sólo son de derecha, sino que constituyen “la derecha”, y así, con su poder económico y su prédica ideológica, ocupan el lugar de las caducas e ineficientes estructuras partidarias conservadoras, que no saben o no pueden satisfacer las demandas de los poderes fácticos.

La pelea que el gobierno nacional de la Argentina está librando contra los monopolios mediáticos se enmarca en un contexto regional en el que gobiernos que plantean un cambio de paradigma, superador del neoliberalismo, se enfrentan a la cerrada oposición de los medios de comunicación hegemónicos apoyados en posiciones dominantes. Estas grandes empresas atentan en forma sistemática contra la libertad de prensa y la libre expresión de otros sectores sociales no vinculados a los poderes más concentrados.


Ante esta situación, tanto los gobiernos como las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía recurren a salidas alternativas, y construyen nuevas maneras de comunicar que sí cumplen con el básico servicio de poner a disposición de la gente la información básica para la toma de decisiones. Pero los monopolios están dispuestos a dar batalla para abortar este proceso de liberación, y lo están hacaiendo con las armas más sucias.

Los medios alternativos son una construcción social de larga data. Surgieron como resultado de la lucha de cientos de organizaciones civiles, y se constituyen hoy en la opción más apta para superar una situación dominada por los medios hegemónicos, que se manejan con la lógica del mercado: para los monopolios, la información es una mercancía más, y no un básico derecho humano. El otro camino elegido por los gobiernos de la región es comunicar directamente, y en este sentido, además de promover nuevos medios estatales, son los propios presidentes los que salen al ruedo convertidos en improvisados comunicadores, con programa propio en muchos casos.


Lula, que mantuvo una lucha sin cuartel con la red O Globo, escribe una columna semanal, titulada "El presidente responde", que se publica en varios diarios de Brasil. José Mujica charla con el pueblo uruguayo a través de su columna radial, "Habla el presidente". En Ecuador, el presidente Rafael Correa, que estatizó canales de televisión y se halla inmerso en una pelea con los medios hegemónicos para elaborar una nueva ley de prensa, también tiene su propio programa de radio, se denomina "El presidente dialoga con el pueblo", y se emite en cadena por 54 emisoras que apoyan la gestión del gobierno. El famoso programa televisivo de Hugo Chávez "Aló presidente" es ya un clásico en la región.

El paradigma neoliberal fue impuesto siempre a sangre, fuego y mentiras. Por estos días, las grandes multinacionales, las oligarquías, los intereses concentrados y los monopolios que operan en la región necesitan crean una realidad paralela, una enorme ficción, una suerte de Matrix. De otra manera, no podrán evitar que asome la verdad incontrastable: el abandono del neoliberalismo benefició a las mayorías, reconfiguró toda la geopolítica de la región y la impulsó a ocupar un sitio que hacía tiempo no ocupaba. Para volver a imponer recetas antiguas, gastadas, cuyo resultado es conocido –hambre y represión–, es necesario un gigantesco engaño, un gran teatro, una farsa, una mascarada del tamaño del continente. Y nada mejor que los medios de comunicación para cumplir con esta tarea de crear “realidades paralelas” al servicio de la engañifa neoliberal. Las grandes corporaciones descansan hoy en los medios, muchos de los cuales, además, les pertenecen. La dirigencia política conservadora, tradicional, de derecha, se está comportando como el empleado bobo de los poderes fácticos. La Argentina es uno de los más claros ejemplos en este sentido. A los medios, en cambio, les cabe el sitial del “empleado del mes”: son fieles, serviles, rastreros, y siempre atentos a los requerimientos de los que mandan.


Por esto y no por otra cosa, por enfrentar a los monopolios, por osar contradecir las mentiras de las corporaciones con verdaderas y tangibles medidas de gobierno, por eso Evo es Belcebú; Lula es Mefistófeles; Chávez es el Demonio; Correa es Satanás; Mujica es Mandinga; Lugo es un Incubus sulfuroso, y Cristina, una perversa diablesa. Todos son protervos avatares del Ángel Caído en el mundo paralelo que intentan construir las corporaciones. Pero otro mundo es posible.

Argentina: Campana de largada para la democratización comunicacional

Informe de Página12 - http://www.surysur.net/?q=node/14565


En Argentina, la ley de medios audiovisuales ya es una realidad. Diez meses y media docena de medidas cautelares después de su promulgación, el texto que reemplaza la ley de radiodifusión sancionada por la dictadura fue reglamentada y obtuvo así su plena vigencia. La Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual podrá comenzar a adjudicar licencias a entidades sin fines de lucro y aplicar la regulación publicitaria, entre otras medidas.

“No estamos acostumbrados a vivir en libertad de expresión y nos parece que el imperio del monopolio es el único posible. Esta es la primera vez que vamos a avanzar hacia la democratización del marco jurídico de los medios en la Argentina”, aseguró Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).

Ahora el organismo podrá comenzar a exigir el cumplimiento de algunos de los principales aspectos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en octubre pasado, como la regulación publicitaria, las cuotas de producción nacional y el ordenamiento de la grilla televisiva. También podrá adjudicar licencias a organizaciones sin fines de lucro, aunque deberá esperar un fallo de la Corte Suprema para dar por comenzado el plazo para que los grupos mediáticos se adecuen a los nuevos topes de licencias. La oposición rechazó que la ley se haya reglamentado antes de que se expida el máximo tribunal y sus legisladores harán una presentación a través del Parlamento.

“La ley pone a la Argentina en posibilidad de vivir en libertad de expresión y de terminar con las posiciones dominantes”, aseguró Mariotto. Para el titular del Afsca, la ley “es profundamente antimonopólica”, y la manera en la que fue reglamentada “garantiza la posibilidad de pluralidad y diversidad”, sostuvo.

Publicado ayer en el Boletín Oficial, el decreto reglamentario 1225/2010 lleva las firmas de la presidenta Cristina Kirchner y del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Fue fruto de varios meses de trabajo del equipo del Afsca. El organismo avanzó en esta etapa de la implementación de la norma después de que la Corte levantara en junio la suspensión total de la ley, detenida por presentaciones de opositores y grupos de medios. Hasta agosto, el Afsca organizó foros provinciales, donde se recibieron propuestas de medios comunitarios, universidades, sindicatos, agrupaciones de vecinos y operadores de cable, entre otros.

Estos son algunos de los principales aspectos puntualizados por la reglamentación:

- Quiénes pueden ser licenciatarios. La ley de medios audiovisuales permite, por primera vez, que las cooperativas de servicios públicos accedan a la titularidad de licencias de radio y TV. La reglamentación del artículo 31 confirma que estas asociaciones también podrán prestar servicios de telecomunicaciones. En otras palabras, el mercado sigue estando vedado para las grandes compañías telefónicas, tal como exigió el centroizquierda no oficialista durante el debate parlamentario por la ley.

- Multiplicidad de licencias. Una misma persona jurídica no podrá tener más de diez licencias de televisión abierta o radio en todo el país, ni más de tres en una misma zona de cobertura, tal como lo estableció la 26.522. El decreto agrega que los operadores de cable no podrán funcionar en más de 24 ciudades o municipios. “El Grupo Clarín en la ciudad de Buenos Aires y en algunas ciudades del interior tiene más licencias de las permitidas, lo mismo que Supercanal en Mendoza”, explicó Mariotto. El titular del Afsca recordó que, de acuerdo con la nueva legislación, “quien tiene televisión abierta no puede tener distribución de señales de cable en la misma área de cobertura”. Adicionalmente, y en consonancia con el espíritu antimonopólico de la norma, ningún licenciatario individual podrá dirigirse a más del 35 por ciento de la población nacional.

- Plazo de adecuación. La situación de las empresas que poseen más licencias de las ahora permitidas o que exceden el porcentaje de alcance autorizado por la nueva ley fue uno de los puntos más discutidos. La reglamentación finalmente lo desdobló en dos criterios. En primer lugar, se les da la posibilidad de presentar un plan de adecuación voluntaria, es decir, de “iniciar el trámite de adecuación mediante declaración jurada” en la que los grupos propongan la regularización de su situación. De no hacerlo, la autoridad de aplicación podrá actuar de oficio y realizar las transferencias necesarias. “Se le pone un piso y un techo a la voluntad empresaria”, resumió Bulla.

- Publicidad. Las publicidades en el interior de los programas deberán limitarse a sobreimpresos o zócalos. “Con el objeto de evitar la contaminación visual”, dice la norma, los “chivos” no podrán ocupar más de un quinto de la pantalla y se computarán como publicidad dentro de los límites máximos establecidos por la 26.522. Asimismo, se establecen condiciones para la transmisión publicitaria en el horario de protección al menor. “La idea es que no te pasen un ‘Mandá HOT al 2020’ en medio de Floricienta”, ilustró una fuente del organismo.

- Producción nacional. Con el objetivo de fomentar el cine nacional, los canales de televisión deberán pasar al menos ocho películas argentinas por año. Todas deberán ser estrenos televisivos. Las señales regionales o de cable, eximidas de esta obligación, deberán aportar al fondo del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), con lo que se financia el cine local. El decreto agrega que las películas deberán pasarse en horario central. “Los cinco canales de TV abierta de Buenos Aires deberán estrenar ocho películas cada uno: un total de cuarenta films nacionales”, explicó a Gustavo Bulla, director de Supervisión y Evaluación del Afsca, que agregó que los derechos de estas producciones deberán ser adquiridos por anticipado. “Un éxito lo compra cualquiera. El tema es apostar por un guión”, sostuvo.

- Transmisión en red. Las retransmisiones quedan permitidas, pero reguladas. El decreto establece que la estación de origen deberá pasar al menos una hora de producción propia en el horario central, “además del servicio informativo propio”. Sólo el 30 por ciento de programación de una jornada puede ser una retransmisión total de la radio o canal de cabecera. “Sobre 24 horas sólo siete podrán conectarse en red –detalló Bulla–. Las restantes 17 las tendrán que ocupar con programación diseñada en la estación.” Además, el organismo llevará un registro de las emisoras integrantes de la red y de los porcentajes y contenidos de retransmisión.

- Ordenamiento de la grilla. Tal como anticipó este diario, la reglamentación establece un ordenamiento de la grilla del cable “de forma tal que todas las señales correspondientes al mismo género se encuentren en forma correlativa”. El decreto les da prioridad “a las señales locales, regionales y nacionales y a aquellas destinadas a programas infantiles, educativos e informativos”.

Otros aspectos quedaron relegados para más adelante y los irá estableciendo la autoridad de aplicación. Entre ellos, la conformación de un Consejo Asesor de la Infancia, un plan de fomento a la producción de programas de ficción y el organigrama del nuevo Afsca.

La autoridad funciona con mayoría propia desde enero, pese a la protesta de la oposición, que aún no nombró a los miembros por la segunda y tercera minoría. “Lo lógico es esperar que se despejen las cuestiones judiciales”, dijo la diputada Patricia Bullrich, de la opositora Coalición Cívica. Para la legisladora, “la ley no está en condiciones de ser reglamentada todavía y no nos parece oportuno no esperar los fallos”.

Bullrich se refería al artículo 161, que pone un plazo de un año para que las empresas excedidas en cantidad de licencias se adecuen a los nuevos topes de concentración. Este artículo fue judicializado por el Grupo Clarín –entre otros medios–, cuyo planteo fue remitido en julio a la Corte para que se expidiera sobre su supuesta inconstitucionalidad. Esta traba legal implica que, desde ayer, la norma funciona en todos sus aspectos –cuotas mínimas, regulaciones publicitarias–, exceptuando el plazo de adecuación. “Formalmente, ese artículo está suspendido y lo tiene en estudio la Corte. No bien esté liberado, el directorio estará en condiciones de sacar una resolución y, a partir de ahí, empezará a correr el reloj de arena”, agregó Bulla.

La transformación del mapa de medios se iniciará con la adjudicación directa de licencias a las entidades estatales y sin fines de lucro. Luego comenzarán los concursos para nuevas señales comerciales. Finalmente, la sentencia del máximo tribunal decidirá el destino de los grupos de medios. Si la Corte confirma el artículo 161, las empresas deberán quedarse con un máximo de diez señales de radio y TV. Si falla en contra, el Afsca aún podrá aplicarles el viejo límite de veinticuatro licencias, también incumplido.

“Nunca existió tanta libertad”

Uno de los periodistas que denunciaron las desapariciones durante la dictadura desde el Buenos Aires Herald, Robert Cox, aseguró ayer que en la Argentina “nunca existió tanta libertad de prensa como ahora”. Cox aseguró que “la batalla que se da en la opinión pública no es una guerra de periodistas, sino una guerra de empresas”.

“Esta es una de las épocas donde la censura no está presente. Yo estuve presente en este país en varios pasajes de su historia y no hubo ninguno en donde se discutieran todos los temas con esta libertad”, graficó. En su exposición, el periodista sostuvo que recordaba “muy bien” lo sucedido con Papel Prensa durante la dictadura y explicó que “mi impresión es que regalaron la empresa para conseguir el apoyo de esos medios”. Cox también sostuvo que “el Gobierno debe crear un mecanismo que evite el monopolio del papel”, definió y destacó la importancia de la nueva ley de medios, “que permite que se escuchen muchas voces y eso es lo que necesita cualquier país”.