lunes, 7 de julio de 2025

09/07/1947 - PERÓN PROCLAMA LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA

LA INDEPENDENCIA FUE Y SERÁ LATINOAMERICANA - JULIO SEMMOLON
Los gobiernos de Perón y de Kirchner tienen un punto en común respecto del significado que le adjudican al concepto de Independencia. Para ambos presidentes la fecha patria tuvo sentido en la medida que el país intentó zafar de las ataduras económica y financiera.
El 9 de Julio de 1947 Juan Domingo Perón -trece meses después de asumir como presidente de la Nación- resolvió que la celebración de la fecha patria tuviera lugar -por primera vez para un gobierno constitucional- en el preciso sitio en que sesionara aquel congreso emancipador que le confirió ese valor histórico. Pero no se trató de un acto protocolar que sólo rompía la tradición impuesta por el centralismo porteño a las autoridades, de no moverse de la Capital Federal. Perón se constituyó en la Casa de Tucumán para proclamar la independencia económica argentina, aduciendo que se había cancelado en su totalidad la deuda externa, de manera que, también por primera vez, se habían roto las cadenas de la dominación a las que venía atado el país desde más de un siglo antes. Fue para él como celebrar el Día de una Independencia efectiva, ya no meramente retórica tal cual se acostumbraba en los actos circunstanciales de evocación.
Desde luego, una mirada ideológica antagónica de entonces podía inferir que lo de Tucumán se trató de otra ostentación demagógica del régimen. Pero la gestión completa del primer gobierno peronista demostró que produciría en pocos años la mayor transformación social de la historia, entre otras razones por adoptar criterios reñidos con las pautas inculcadas desde afuera por naciones muy influyentes.
Como ningún jefe de Estado anterior, Perón le dio una importancia política estratégica a la tarea de contrarrestar el alto grado de dependencia de todo tipo que padecía el país, tanto en lo cultural como en lo económico. Por eso las relaciones fueron tan ríspidas con Gran Bretaña y de neta confrontación con Estados Unidos. Al provocar primero el recelo y luego la aversión de ambas potencias, Perón buscó afanosamente el atajo de una equidistancia política respecto del mundo bipolar instaurado en la posguerra, que le permitió un margen de maniobra mucho más autónomo que el registrado en todos los tiempos precedentes. Y por atreverse a tanto, su modelo de la tercera posición debió pagar con el bombardeo y el asesinato de civiles inermes en la Plaza de Mayo, el derrocamiento provocado por la reacción oligárquica, antipopular y cipaya.
La carga simbólica inmanente de la liturgia peronista de aquella época quedó patentizada en ese acto consumado en el mismo lugar donde en 1816 las Provincias Unidas del Río de la Plata proclamaran su independencia. Perón sabía que ésta no fue enteramente posible antes ni lo sería jamás, a menos que la Argentina también se librara del yugo económico impuesto por las dos potencias ya citadas, a través de lo que se conoce como neocolonialismo. Por eso fue el primer presidente que pudo realizar tamaña declaración, en ese día y en ese lugar, sobre la base de medidas concretas tomadas con suma determinación.
En rigor de verdad, la Casa de Tucumán -así llamada por todos los argentinos menos por los tucumanos, que la llaman la Casa Histórica- prácticamente había sido abandonada a su triste suerte de paulatino deterioro, luego de efectuado aquel tardío y demasiado deliberativo grito libertario, si se tiene presente que la impronta nacional en la naciente historia había comenzado el 25 de Mayo de 1810, nada menos que seis años antes. Debemos ser uno de los poquísimos, si no el único país que celebra dos fechas patrias vinculadas al mismo propósito.
Lo cierto es que cuando doña Francisca Bazán de Laguna, la propietaria, recupera su vivienda tras el ofrecimiento realizado para que ahí sesione el Congreso de Tucumán -cosa que ocurrió durante pocos meses, puesto que el Congreso luego se trasladó a Buenos Aires-, la casa por diferentes motivos entró en un acelerado proceso de menoscabo. Recién en 1874 fue adquirida por la Nación, aunque durante algunos años se la destinó para que sirviese de oficina de correos, y más adelante cayó en la total desatención. A tal punto que hacia 1903, debido a su pésimo estado de conservación se decidió demolerla casi por completo, sólo preservándose lo que hoy se conoce como el Salón de la Jura de la Independencia, que la posteridad pudo verificar a través de alguna pintura de época.
Continuaron pasando los años de desapego y desmemoria hacia la residencia que cobijó a 33 diputados de once provincias argentinas y tres del Alto Perú, hasta que un gobierno de la estigmatizada Década Infame, en 1942, por fin resolviera restaurarla procurando devolverle el aspecto original. La “puesta en valor” como hoy se dice fue inaugurada el 24 de setiembre de 1943, por el gobierno de facto surgido del golpe militar del 4 de junio de ese año, que tenía precisamente en el coronel Perón a su más trascendente referente ideológico.
Lamentablemente después del cruento golpe militar de 1955, muy poco se hizo para identificar el sentido de la celebración patria de la Independencia con la acción soberana por evitar todo lo posible incurrir en vínculos o negociaciones con países u organismos multilaterales que desemboquen en la dependencia económica y financiera de nuestro país. Hubo apenas un pálido intento durante el gobierno del debilitado presidente Arturo Illia (de hecho, al momento de ser derrocado en 1966, la deuda externa era inferior a la recibida en 1963), y en cuanto al período Cámpora-Perón de 1973-1974, fue demasiado breve para afianzar una política definida en esa dirección, aunque hubo gestos audaces que dieron cuenta de la misma intencionalidad.
Recién casi medio siglo después de aquella matanza fratricida, propiciada por sectores diversos varias veces derrotados por el peronismo con amplitud en comicios libres y transparentes, surgió otro gobierno de cuño peronista que, en principio, tuvo un escaso apoyo electoral, pero que de inmediato adoptó medidas contundentes que le devolvieron la autoestima a una sociedad desalentada respecto de su incierto futuro. El 25 de Mayo de 2003 –es decir, coincidente con la otra fecha patria que recuerda el mismo propósito libertario-, desde la propia asunción como presidente y ante la Asamblea Legislativa, Néstor Kirchner identificó el significado de la Independencia con impulsar cuanto antes un eficaz programa de desendeudamiento, que le permitiera gobernar con la mayor autonomía posible.
En 1816 no había unanimidad de criterio en torno al sentido de la decisión rioplatense de emanciparse del decadente reino de España. Por eso, salvo Córdoba, las otras cinco provincias integrantes de la Liga Federal (a saber: Banda Oriental, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones) no enviaron representantes al Congreso de Tucumán. A grandes rasgos, por un lado terciaba el interés del puerto de Buenos Aires de librarse políticamente de toda influencia española, para comerciar sin traba alguna con la industriosa Inglaterra, país que para lograr esa ventaja mercantilista auspiciaba las causas emancipadoras en Sudamérica. Del otro lado, la Unión de los Pueblos Libres, creada por José Gervasio Artigas, tenía una visión independentista diferente, puesto que necesitaba proteger a los pueblos del interior de la sucedánea dominación que ya ejercía la centralista ciudad portuaria.
Este sentido dual –ambivalente si se quiere- de la Independencia perdura entre los argentinos hasta nuestros días, de ahí la necesidad de señalar el hito fijado en aquella celebración de Perón en la Casa de Tucumán. Concepto revalorizado por Kirchner, para establecer una política que reunió la vieja aspiración de la autonomía económica con el renovado empeño de hacer posible la integración regional por la que tanto abogó tempranamente aquél (“El año 2000 nos encontrará unidos o dominados”, presagiaba Perón).
Durante el atormentador período que medió entre ambos gobiernos –sobre todo el signado por el terrorismo de Estado, cuando la dictadura fue además de genocida también vendepatria-, hubo tiempo para que germinara como contraste la preclara conciencia del camino liberador, mediante la lectura de autores ineludibles como Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche, Jorge Abelardo Ramos y Eduardo Galeano. A partir de la constitución de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se hizo explícito el mensaje que hoy pugna por hacer prevalecer esa visión de conjunto, integradora, como la única posible para garantizar la construcción de la anhelada Patria Grande.

jueves, 26 de septiembre de 2024

16 de septiembre por tres: 1955, 1969 y 1976

Leónidas F. Ceruti - https://www.anred.org/2018/09/16/16-de-septiembre-por-tres-1955-1969-y-1976/
El Golpe de 1955 tuvo claros objetivos sociales, económicos y políticos. Las primeras acciones fueron la ocupación de los locales sindicales por los comandos civiles, se intervino la CGT y el Ministerio de Trabajo, se declararon nulas y disueltas las comisiones internas y cuerpos de delegados y se nombraron Interventores Militares en numerosos sindicatos. La Ley de Asociaciones Profesionales fue derogada, quedando restringido el derecho de huelga. Represión e intimidación del sindicalismo, con el arresto de cientos de dirigentes sindicales. Se sancionó el decreto 7107, que excluía de cualquier actividad a todos los que se hubieran desempeñado en la conducción de la CGT o sus sindicatos entre febrero de 1952 y septiembre de 1955. Asimismo se designaron delegados de fábrica por parte del Ministerio de Trabajo, habiendo sido despedidos los anteriores. Además, hubo una ofensiva contra las condiciones de producción y de trabajo.
Toda esa batería de medidas contra la clase obrera y sus organizaciones gremiales llevó al movimiento obrero a desarrollar una política de defensa de las conquistas logradas. La represión y proscripción del peronismo, sumado a la ofensiva de los patrones para poner disciplina en los lugares de trabajo, dieron origen a la Resistencia Peronista, fuera y dentro de las fábricas.
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Los golpistas, tanto militares como civiles, se pusieron de acuerdo entre otros objetivos: «eliminar la tutela del Estado en las relaciones obrero-patronales” y «estabilizar, liberalizar y desarrollar la economía”. De la intervención en el comercio exterior se pasó a la liberación de todo control, de la compra de cereales por el Estado a la libre exportación con solo precios de sostén, de la nacionalización de los depósitos bancarios a su devolución a la banca privada
¿Y que paso el 16 de septiembre de 1969, en Rosario? La dictadura de Onganía intervino «La Unión Ferroviaria», anuló convenios y conquistas, produjo rebajas de categorías y sueldos, 116.000 empleados y obreros fueron sancionados. El 8 de septiembre de 1969, el Cuerpo de Delegados de la Seccional Rosario del Ferrocarril Mitre y la Comisión Coordinadora de la Unión Ferroviaria comunicaba que «se iniciaba una huelga de brazos caídos en los lugares de trabajo», tras la suspensión de un delegado administrativo. Por la noche una masiva asamblea decidió continuar la huelga, esta vez por 72 horas, con la adhesión de La Fraternidad, y la medida se extendió a las Seccionales de Arroyo Seco, Empalme, Villa Constitución, San Nicolás, Cañada de Gómez y Casilda.
La empresa anunció suspensiones; la CGT Unificada de Rosario se declaró «en estado de alerta y convoco a un plenario», mientras los delegados declararon «la huelga por tiempo indeterminado». La solidaridad del resto de los ferroviarios se extendió por todo el país. La dictadura, a través del CONASE (Consejo Nacional de Seguridad), ordenaba la aplicación de la «Ley de Defensa Civil», por lo cual todo el personal ferroviario era movilizado, con convocatoria militar y les sería aplicado el Código de Justicia Militar.
Posteriormente, un plenario de 32 gremios, resolvió «realizar un paro por 38 Horas, los días 16 y 17 de septiembre”.
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El 16, desde las 10:00 horas, masivas columnas de trabajadores comenzaron a marchar partiendo de sus   sedes sindicales o de los lugares de trabajo. Desde La Fraternidad más de 7000 ferroviarios se dirigieron a la empresa Minetti; posteriormente se les sumaron los obreros textiles de «Extesa», se incorporan los trabajadores del vidrio, de la construcción. Desde Oroño al 1300 marchó la columna de Luz y Fuerza, y otra lo hizo de la Usina Sorrento. Del sur venían los obreros del frigorífico Swift, los portuarios y los metalúrgicos. Todos trataban de converger al local de la CGT, en Córdoba al 2100. Los estudiantes concentrados en las distintas facultades se unían a las columnas.
La represión lograba parcialmente dispersar a los manifestantes, pero estos resistían, se reagrupan y continuaba la protesta. Por toda la ciudad, aparecían barricadas. Los puntos de concentración aumentaban, se incendiaban los colectivos y troles que no paraban, y la policía se fue replegando.
Con el correr de las horas, la lucha se desplazó a los barrios. Se incorporaron las amas de casa y los niños, y durante toda la jornada se turnaron para mantener en actividad las barricadas, donde se realizaban espontáneas asambleas para discutir cómo continuar.
Las fuerzas policiales desbordadas no consiguieron penetrar en Empalme Graneros, Tablada, los barrios de la zona oeste, algunas zonas de Arroyito, en varias manzanas de la zona sur, y en varios barrios. El Ejército se hizo cargo de la represión y comenzó a recuperar el control de la ciudad. Un desconocido Coronel Galtieri
comandaba uno de los batallones. Los enfrentamientos siguieron por la noche y durante el día 17.
Hace años, la historiadora Beba Balvé señalo que el «Segundo Rosariazo continuaba siendo el hecho maldito de la ciudad. De eso no se habla, no se recuerda, pareciera que el fuego antidictatorial continuara quemando”. Las clases dominantes tomaron nota de la capacidad de lucha y la fuerza de los trabajadores junto a otros sectores sociales. Por eso durante años hubo un «pacto o conspiración de silencio”. Si algo distinguió a esas jornadas fue la decisión de ganar las calles de todo el pueblo de la ciudad contra una dictadura. Además en cada barricada reinaba la alegría, la solidaridad, se disfrutaba la pelea por la libertad, y la bronca antidictatorial florecía en las manifestaciones donde codo a codo luchaban peronistas, comunistas, socialistas, radicales, independientes.
Las efemérides nos llevan al 16 de septiembre de 1976, que pasó a la historia como la Noche de los Lápices, cuando fueron secuestrados varios estudiantes secundarios, en la ciudad de La Plata.
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Un grupo de los adolescentes, que el año anterior había obtenido el boleto estudiantil gratuito después de una larga lucha, iban a ser las víctimas en esa noche siniestra. La mayoría de ellos eran militantes políticos de la organización peronista Unión de Estudiantes Secundarios. Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, pertenecía a la Juventud Guevarista del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
El operativo fue realizado por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y por la Policía de la provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces por el general Ramón Camps.
Entre el 16 y el 19 de septiembre de 1976 los secuestrados fueron: Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio de Acha, Horacio Ángel Ungaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Ciocchini, Pablo Díaz. Luego fueron bestialmente torturados en el Pozo de Banfield. El único sobreviviente fue Pablo Díaz. Otros jóvenes raptados en sus hogares fueron Patricia Miranda Emilce Moler y Gustavo Calotti por Grupos de Tareas. Estuvieron en Arana, Pozo de Quilmes, Comisaría 3 de Valentín Alsina y Devoto.
Estos tres 16 de septiembre deben vivir en la memoria del pueblo y, como un homenaje a aquellos que lucharon en esos años, debemos continuar haciendo frente a las injusticias que se nos presentan jornada tras jornada.

miércoles, 19 de julio de 2023

Se cumplen 99 años de la Masacre de Nalpalpí

http://notinac.com.ar/politics2/item/93958-chaco-se-cumplen-99-a%C3%B1os-de-la-masacre-de-nalpalp%C3%AD.html

 

 

En 1884 el Ministro de Guerra y Marina argentino Benjamín Victorica comandó sus tropas en las acciones de conquista y ocupación de los territorios actuales de la provincia del Chaco, entonces habitadas por los pueblos mocoít, qom, pilagás, wichís, vilelas y otros. El proceso de desplazamiento forzado y utilización de éstos como mano de obra barata precisó entonces de la creación de las llamadas reducciones civiles, instituciones estatales que delimitaban territorios donde confinar a los pobladores originarios para su control y disponibilidad. La reducción de Napalpí fue creada en 1911, sobre una extensión de 20.000 hectáreas. En 1915 se encontraban en la misma 1300 personas pertenecientes a las comunidades qom, mocoít y shinpi’, usualmente empleadas en la explotación forestal y algodonera de la administración del Territorio Nacional del Chaco en control del territorio, así como por colonos externos en sus chacras e ingenios azucareros. Los habitantes de la reducción no tenían permitida la libre circulación y sufrían de pésimas condiciones habitacionales, sanitarias, alimenticias y laborales, con paga no equitativa, sin descanso y forzados a costumbres ajenas a su tradición y forma ancestral de vida.

Entre fines de 1923 y principios de 1924, los conflictos por estas condiciones entre los habitantes de la reducción y el gobierno del Territorio Nacional del Chaco aumentaron cuando el gobernador Fernando Centeno prohibió la salida de indígenas de la reducción, ya que los colonos locales se oponían al traslado de la mano de obra hacia los ingenios de las provincias de Jujuy y Salta. Mientras los qom y mocoít deseaban trabajar en la zafra, donde la paga era escasa pero mayor que en la reducción, los colonos pretendían hacer uso de éstos en sus cultivos de algodón. Liderados por los caciques Gómez, Maidana, Machado y Dominga, cientos de qom y mocoít se retiraron de la reducción y concentraron en El Aguará para iniciar una huelga y petición de mejores condiciones de vida, que no tuvo respuesta al principio por parte de las autoridades. En mayo de 1924 las negociaciones se extendieron con peticiones y promesas por parte de la administración del territorio, aunque ante su incumplimiento la concentración se mantuvo en firme mientras la prensa local hablaba de “amenaza indígena” y “sublevación”. En junio de ese año un contingente policial fue instalado cerca de la reducción para perseguir a sus habitantes.

El 19 de julio, el avión Chaco II del Aero Club Chaco sobrevoló la zona y arrojó desde el aire comida y golosinas para sacar a los qom y mocoít de sus viviendas: cuando esto ocurrió una fuerza de más de cien hombres de la Policía Nacional de Territorios, junto a colonos y terratenientes, dispararon más de 5000 balas hacia los hombres, ancianos, mujeres y niños concentrados allí. Quienes no murieron por la balacera fueron rematados con machetes, vejados y torturados. Se preservan testimonios de mutilaciones, decapitaciones, empalamientos, entierros en fosas comunes e incineración de cadáveres. Los cuerpos de los líderes fueron exhibidos como escarmiento, y un frasco con las orejas y testículos del cacique Maidana permaneció tras la masacre en la comisaría de la localidad cercana de Quitilipi. Los sobrevivientes de la masacre (cerca de cuarenta niños y quince adultos) fueron perseguidos hasta el mes de septiembre para eliminar la posibilidad de testigos. Se estima que en total fueron asesinadas entre 400 y 500 personas qom y mocoít.

Poco tiempo después de la masacre comenzaron a circular las primeras noticias en la prensa chaqueña y partes militares, que en maniobras de ocultamiento adoptaron la versión oficial que hablaba de “malones” y enfrentamientos entre facciones de pueblos originarios. El juzgado federal de Resistencia, capital del Chaco, caratuló el expediente 910/24 como “Sublevación indígena en la Reducción de Napalpí”, recogiendo sólo versiones policiales y sin testigos de las comunidades afectadas. Centeno se vio obligado a ir hacia la capital Buenos Aires, donde los diarios ya recogían versiones de la matanza, a exponer una versión falsa indicando que los muertos habían sido cuatro, todos ellos “indígenas que se mataron entre ellos”. El 29 de agosto, cuarenta días después de la matanza, el exdirector de la Reducción de Napalpí Enrique Lynch Arribálzaga denunció mediante una carta al Congreso Nacional que la persecución de sobrevivientes continuaba para que no pudieran servir de testigos si se enviara una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.

El caso escaló de forma tal que en septiembre de 1924 la Cámara de Diputados de la Nación comenzó a discutirlo con una sesión por semana durante el siguiente mes. Varios legisladores reclamaron la renuncia de Centeno y el bloque socialista asumió la responsabilidad de la comisión investigadora. El 4 de septiembre se convocó una sesión extraordinaria para interpelar al Ministro del Interior, Vicente Gallo, durante seis horas. Allí el diputado Francisco Pérez Leirós expuso los resultados refiriéndose a ellos como “una serie de hechos que parecen propios de la pesadilla de un loco” y mostró el frasco con las orejas y los testículos del cacique Maidana.

A pesar de las pruebas y resultados de las investigaciones, la causa fue rápidamente cerrada. Centeno continuó en su cargo y desplazó al juez que atendía el caso, Justo Farías, para reemplazarlo por Juan Sessarego, un hombre de su confianza. El fiscal Jerónimo Cello, que pidió porque el caso no fuera archivado, fue por ello desplazado. Sessarego sobreseyó a los ochenta policías imputados. El crimen permaneció de esta manera impune y oculto durante ocho décadas.

En 2004, ochenta años después de la masacre, las organizaciones representantes de los pueblos originarios del Chaco iniciaron una acción civil resarcitoria de indemnización por daños y perjuicios, y en enero de 2008 el gobierno de esa provincia pidió disculpas públicas y oficiales por los hechos. En 2014 el Ministerio Público Fiscal de la Nación inició una nueva investigación de los crímenes cometidos en Napalpí que duró cuatro años para determinar si habían tenido lugar crímenes de lesa humanidad, y solicitó la apertura de un Juicio por la Verdad ante la situación de que todos los responsables ya se encontraran fallecidos. Como parte de esta investigación, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Chaco y la organización civil Fundación Napalpí solicitaron también la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Este equipo comenzó los trabajos de exhumación de la fosa común en el sitio de la masacre en 2018, y encontró en septiembre del año siguiente los primeros restos óseos que determinaron la existencia de cuatro tumbas comunes.

lunes, 8 de noviembre de 2021

Quién tiene la culpa, el socialismo o el capitalismo | Espacio de Sergio

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Brasil: Golpe contra Dilma – giro decisivo en la historia | Espacio de Sergio

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martes, 25 de febrero de 2020

La polémica ‘Ndrangheta

Ariel Sancheta - https://realpolitik.com.ar/nota/39327/italia-detienen-a-primo-de-mauricio-macri-vinculado-con-la-mafia-calabresa/?whabot&fbclid=IwAR0UHkvKq2Ryvj26eDRAyTr0YG3E5hxA0gvSYM3UjPjkuAxVsWJEQmme65Y
Todo ocurrió años atrás en Siderno (Italia), cuando el personal del Escuadrón Móvil de Reggio Calabria procedió a arrestar a Salvatore Macrì, de entonces 66 años, en ejecución de una orden emitida por el Tribunal de la Sección de la Revisión de ese lugar, que ha restablecido la efectividad de la prisión.
La orden fue emitida por el juez para las Investigaciones Preliminares del juzgado de Reggio Calabria, en agosto del año 2014. Un año después, en el mes de mayo, Macrì era arrestado como parte de la causa que lo investigaba por “vicio en la contratación pública”.
Salvatore Macrì es el hermano del difunto jefe Vincenzo, alias “U Baruni”. Y es también nieto de Antonio Macrì, alias don ‘Ntoni Macrì, quien fuera considerado el jefe indiscutible de todo la ‘Ndrangheta calabresa, asesinado en Siderno en 1975.
Todo comenzó con una palabra. En calabrés, andragathos da origen a la palabra 'ndranghita, que italianizada se convierte en ‘Ndrangheta. Significa poder, pero también espeso, antiguo, confiable. Es un vocablo que concentra prestigio, control del territorio y dinero.
Esta organización mafiosa calabresa descansa sobre una estructura familiar, que controla territorios muy definidos sobre los que actúa como contrapoder de las instituciones democráticas. 
Desprendida de sus orígenes rurales en el siglo XIX, la ‘Ndrangheta se especializó en la obra pública, edilicia y de infraestructura y articuló un nudo de intereses, lícitos e ilícitos alrededor de arquitectos, ingenieros y políticos. 
Ahora la integran modernos empresarios con doctorados de universidades muchas veces privadas, capaces de expresarse y hacer negocios en varias lenguas. Con sus ritos centenarios y lo ultramoderno. Armas y drogas, como otras mafias italianas, pero también licitaciones y financiamientos públicos, inversiones inmobiliarias, operaciones financieras. 
Nació en Calabria y desde ahí se proyecta hacia el resto del mundo. Sus miembros ocupan cargos políticos en aquellos países en los que la ‘Ndrangheta opera. Debido a la estructura familiar, los apellidos permanecen: Piromalli de Gioia Tauro, Tripodo de Sambatello, De Stefano de Reggio Calabria, Nitra de San Luca y ’Ntoni Macrì de Siderno. Así, Macrì. Con “acento grave” en la ì. Es la historia familiar del actual presidente argentino.
Antonio Macrì, “Tonino” para los amigos, fue hermano de Franco, padre del ex presidente Mauricio Macri. 
Siderno queda a 30 kilómetros de Polistena, en los llanos de Gioia Tauro, donde hizo su fortuna con una empresa constructora Giorgio Macrì, el padre de Franco, Pía y Tonino, abuelo de Mauricio y Jorge y también de Ángelo Calcaterra, quien es parte de lo que se conoce como ‘ndrina y está asociado a los negocios familiares. 
Giorgio Macrì era hijo de una familia de terratenientes que recibió del estado la concesión del Correo en la región de Roma. En las postrimerías de la segunda guerra mundial fue uno de los fundadores del partido del Hombre Común, que expresaba los temores y la insatisfacción de las clases medias con la democracia que sucedería al fascismo. 
Giorgio se dirigió a la Argentina en 1946 y tres años después lo siguieron sus hijos. Franco se casó con la rica heredera Alicia Blanco Villegas, que apenas era una adolescente, y en 1959 dieron a luz al primogénito, que hasta hace poco presidía la República Argentina. Tonino tuvo a Jorge, y Pia a Ángelo Calcaterra, el propietario nominal de las empresas familiares.

lunes, 9 de diciembre de 2019

Guerra judicial: un claro y brutal caso de lawfare




La persecución judicial contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner es un claro y brutal caso de “lawfare”. La configuración del tratamiento que ha recibido la vicepresidenta electa así lo confirma. 

Esto es la continuidad de la doctrina de la Seguridad Nacional -con la que Estados Unidos tiene injerencia en los países latinoamericanos- por otras vías. Es la destrucción del enemigo mediante el uso que aúna la desinformación, la influencia de los servicios de inteligencia y su uso en sede judicial. Este caso y el de Lula Da Silva, en Brasil, apuntan a lograr la destrucción del dirigente opositor.

Los que crearon el lawfare en Estados Unidos han dicho que la guerra convencional, los atentados, el secuestro y la desaparición de personas tienen muy mala prensa. Entonces se usa el aparato judicial bajo la doctrina del common law, es decir, el derecho creado por decisiones de los tribunales.

Esa doctrina dice que no hay derechos hasta que los jueces dictan sentencias. La constitución, las leyes y las sentencias judiciales tienen una jerarquía plana. Por ello, todas las garantías constitucionales quedan relegadas a la voluntad de los jueces que son adiestrados por la misma academia de los Estados Unidos.


Estos casos serán tratados para su condena internacional por el Tribunal Ético para el que fui electo presidente el 24 de noviembre. Se van a analizar los casos de lawfare en América Latina, principalmente en Argentina, Brasil y Ecuador.

Ese tribunal ético lo integran además el jurista español Baltazar Garzón; Renata Ávila, abogada de Julian Assange; y Agnes Callamard, Relatora Especial de las Naciones Unidas para Ejecuciones Sumarias, entre otros.

La iniciativa es fruto del Common Action Forum (CAF), un vivero de proyectos progresistas radicado en Madrid, que cumple cinco años con el objetivo de vivificar la democracia y combatir los desafíos totalitaristas.

Espero que este tribunal ético emita su sentencia con la clarificación de lo que significa el lawfare y una enfática descalificación, para que se nulifique esta práctica brutal y deje de destruir la institucionalidad de los países.

+ Eduardo Barcesat - Abogado constitucionalista. UBA