sábado, 7 de marzo de 2015

Brazos a torcer

NÉSTOR NÚÑEZ - http://bohemia.cu/2015/03/06/internacionales/venezuela-argentina.html

Hace apenas unas semanas, en declaraciones al portal digital Vox, el presidente norteamericano, Barack Obama, no tuvo reparos en afirmar que en la política exterior de su país es una práctica necesaria “torcer el brazo” a aquellas naciones y pueblos que no hacen lo que Washington les demanda.

La justificación se basa en el hecho de que, según el mandatario, “estamos rodeados de malas personas”, y se requiere de cualquier método, incluido el militar, para sacar de juego actitudes tan incómodas.

Y, desde luego, semejante “tarea” demanda de actores y acólitos (bien individualmente o en suma parcial o total), como los servicios oficiales de espionaje, seguridad, o bélicos de los propios Estados Unidos, un tergiversador y aplastante engendro mediático, y los segmentos derechistas y reaccionarios en cada escenario concreto a desestabilizar.

De manera que la receta no ha variado con los siglos, aun cuando la Oficina Oval hable de “cambios” en sus percepciones globales, y esgrima una retocada Doctrina de Seguridad Nacional que, se insiste, privilegiaría la diplomacia sobre el ruido de las armas.

En todo caso -apuntan los entendidos- estaríamos en la era de las ya tituladas “revoluciones blandas”, de neto corte imperial-injerencista y nombre objetivamente eufemístico, toda vez que de laxas han demostrado tener muy poco (ver Venezuela, Oriente Medio o Ucrania, por solo citar ejemplos recientes).

Bolivarianismo en la mira

No es posible en tan breve espacio agotar la lista de agresiones a que se ha visto sometida la Venezuela Bolivariana en su casi década y media de Gobierno popular, encabezado originalmente por el Comandante Hugo Chávez, y ahora por su sucesor Nicolás Maduro.

Baste solo apuntar entonces que, consciente del papel fundamental que Caracas desempeña en las nuevas rutas de independencia, autodeterminación, multilateralidad, colaboración y progreso que se van forjando al sur del Río Bravo (amén de los tesoros energéticos y naturales locales), el derrocamiento de la Revolución Bolivariana es una prioridad dentro de la agenda imperial y hegemonista.

Y por estos días, justo a un año de los dañinos y sangrientos disturbios derechistas en varios departamentos, incluidos en el plan desestabilizador denominado entonces “La salida”, el presidente Maduro anunció la desarticulación de una intentona golpista que involucró a varios oficiales de la aviación militar nacional y a un importante grupo de opositores políticos, todos con un amplio historial de apego a la violencia.

Aunque desde Washington se habló de no injerencia en los asuntos internos de Venezuela, lo cierto es que los implicados contaban con cuantiosos recursos financieros, un avión Tucano que bombardearía puntos previamente seleccionados de Caracas y que procedería de una base en el exterior, simultáneas declaraciones oligárquicas sobre un cambio de régimen interno y la adopción de un nuevo programa de Gobierno netamente pro imperial, y visas previas concedidas a los ejecutores del ataque por los Estados Unidos en caso de cualquier negativa eventualidad.

Figuras de la embajada norteamericana en Caracas, como la encargada de negocios, Kelly Keiderling, aparecieron además como enlaces con los promotores de la pretendida asonada.
Todo en medio de la continuación de los actos de sabotaje a la cadena de abastecimiento de alimentos y productos básicos que llevan a cabo grupos oligárquicos, con el objetivo de sembrar un masivo descontento que favorezca la desestabilización interna, entre otros actos agresivos en curso.

Un gran engranaje destructivo que no solo viene chocando con la resistencia y las acciones de defensa de los sectores populares y las autoridades oficiales, sino que concita, y deberá seguir concitando, un amplio y creciente rechazo externo entre quienes en América Latina y el resto del mundo conocen a carta cabal de dónde proceden tales planes y a qué oscuros intereses responden.

Conflicto sobre El Plata

A escasos ocho meses de las elecciones presidenciales argentinas, programadas para este 25 de octubre, y sin la posibilidad constitucional de una reelección de la actual mandataria, Cristina Fernández, la derecha local como instrumento del injerencismo externo no solo pretende desacreditar al partido gobernante, sino además enterrar políticamente, de manera definitiva, la trayectoria de una gobernante cuyo devenir local y regional es admirable en materia de convergencia, y unidad, y en la defensa de la independencia y la autodeterminación. El pretexto es el reciente deceso, de un disparo en la cabeza, del fiscal Alberto Nisman, quien se dice preparaba una impugnación contra la presidenta por pretendida complicidad en el encubrimiento de funcionarios iraníes signados como sospechosos en el atentado dinamitero ocurrido en Buenos Aires en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita en Argentina (AMIA), en el cual perecieron 85 personas.

Nisman apareció muerto en su apartamento cuando, según una prensa conservadora, tradicionalmente hostil al Gobierno, se aprestaba a hacer pública su demanda y al parecer había redactado incluso una petición de detención contra la jefa de Estado. Aun cuando las investigaciones policiales se inclinan mayoritariamente por la tesis de un suicidio, la avalancha mediática reaccionaria, junto con la posición abiertamente hostil de determinados oficiales de justicia apegados a la tendencia de Nisman, se ha encargado de tejer una tenebrosa historia de manejos sucios de la Casa Rosada con la intención de “burlar las leyes nacionales” y “proteger a los sospechosos iraníes” a cambio de materializar “negocios comerciales y de trasiego de armas con Teherán”.

En pocas palabras, que tanto la estadista como sus colaboradores se proyectan mediante esa campaña en son de verdaderos mafiosos, involucrados nada menos que con uno de los países que el hegemonismo norteamericano estigmatiza como representante de un renovado “eje del mal” a escala planetaria.

De hecho, el sustituto de Nisman, el también fiscal Gerardo Pollicita, ha optado por seguir el juego contra la Casa de Gobierno, mientras que todos los días la prensa amarilla estructura historias y devela “manejos oficiales urdidos en la oscuridad” para sacarle el cuerpo al asunto y demeritar la figura de un funcionario legal casi elevado al rango de mártir. No importa, desde luego, que hasta hoy ninguno de los “ilustres magistrados” implicados en la parte sucia del guion haya presentado una sola prueba documental sobre los desmanes y la culpabilidad del poder ejecutivo, que -en un documento de 68 páginas- rechazó de inmediato los provocadores acontecimientos, alegando justamente la falta de argumentos serios de aquellos que azuzan el escándalo.

Y es curioso que para tales elementos ahora la palabra “impunidad” cobre algún valor y se incluya y reitere en los muchos textos que quieren desdibujar la figura de Cristina Fernández y el devenir de logros y simpatía popular que acumula la corriente política conocida como kirchnerismo en la historia reciente de Argentina.

Precisamente, la impunidad fue una de las variantes preferidas de los Gobiernos oligárquicos que precedieron la llegada a la Casa Rosada del extinto Néstor Kichner, de manera de dejar sin castigo a los torturadores que asesinaron y desaparecieron a no menos de 30 mil ciudadanos en los largos años de dictadura militar. Una táctica de “aniquilamiento de opositores” proveniente de las escuelas norteamericanas de seguridad, y aplaudida y estimulada por personajes como el exsecretario de Estado Henry Kissinger y los ocupantes de la Oficina Oval por aquellos turbulentos años.

Por su parte, la presidenta, en una reciente alocución pública en la Patagonia, en el extremo más austral de país, recordó las múltiples maniobras derechistas e injerencistas que ha debido enfrentar su administración, a las que se une ahora este episodio, curiosamente coincidente con la cercanía del final de su mandato, y con la realización de los comicios donde deberán ser elegidos un nuevo Ejecutivo y los integrantes del poder legislativo.

Poco después, en otra comparecencia, recordó Fernández que en Argentina hace varios años que verdaderamente impera la ley, mientras el papa Francisco dijo que intentará interceder ante Irán e Israel para recabar información sobre los sucesos en Buenos Aires en 1994, conocidos como el “caso AMIA”.

No obstante, no es ocioso recordar que aquellos que intentan inflamar la situación interna rioplatense silencian que antes de su misteriosa muerte, el fiscal Nisman ya había hecho público su pretendido expediente, en el cual no aparecía una sola prueba concreta en contra de la dignataria. Además, y en relación con el caso AMIA, tanto el desparecido funcionario como quienes hoy intentan levantar su figura fueron objeto de rechazo por las comunidades judías locales, debido a un marcado interés por silenciar durante largos años toda información relativa al atentado y obstaculizar incluso las investigaciones policiales.

Por añadidura, no pocos observadores locales subrayan que de una oligarquía implicada en actos corruptos y cómplice de torturadores y matarifes no es exagerado esperar maniobras desestabilizadoras, que incluso recurran al asesinato en sus propias filas si con ello impulsan sus planes estratégicos de retomar el poder.

Contra el gigante

El Brasil gobernado por la izquierda tampoco ha estado exento de las prácticas agresivas que intentan sabotear los nuevos proyectos políticos latinoamericanos y caribeños.

Con más razón cuando el gigante sudamericano se ha venido constituyendo en un pilar fundamental en la integración económica y política de nuestras naciones y en un factor trascendente en la lucha por la multipolaridad y la consolidación de positivas alternativas globales, a través de su activa membresía en el llamado Grupo Brics, junto a Rusia, China, Sudáfrica y la India.

En consecuencia, la receta de la desestabilización y el descrédito no han faltado contra los sucesivos Gobiernos del Partido de los Trabajadores.

De hecho, la presidenta Dilma Rouseff fue víctima de operaciones de espionaje y seguimiento ilegal de sus llamadas telefónicas a cuenta de los organismos norteamericanos de subversión, mientras que en las recientes elecciones, donde renovó su mandato, debió enfrentar una poderosa campaña mediática que intentó elevar al escalón de efímera “revelación política nacional” a una oponente que ni siquiera acumularía los votos para acudir a la segunda ronda. Paralelamente, se agitó otro alboroto mediático en torno a casos de corrupción ocurridos en la estatal Petrobrás, la empresa petrolera nacional, no solo para exigir la disolución de ese importante ente económico y su consecuente privatización, sino además para intentar entronizar en la percepción del ciudadano común la traza de una administración infecta, y por tanto incapaz de conducir adecuadamente los destinos nacionales.

Una historia, dicho sea de paso, a la que la derecha y sus aliados externos se empeñan en añadir leña a cada momento, aun cuando las autoridades oficiales han tomado cartas en el asunto y desarrollado las investigaciones pertinentes para delimitar las responsabilidades que correspondan.

Un mismo guion

De modo que los más recientes acontecimientos en Venezuela, Argentina y Brasil recolocan en el actuar regional el hecho de que ni las derechas locales ni quienes les apoyan desde el exterior han renunciado a darle vuelta –por cualquier medio- a las páginas de autodeterminación que hoy escribe buena parte de nuestra zona geográfica.

Ni en Washington ni en los reductos oligárquicos ha sido bien vista la irrupción creciente en los Gobiernos latinoamericanos y caribeños de movimientos políticos y personalidades de tendencias progresistas, y, en consecuencia, la práctica de “torcer el brazo” no ha dejado ni dejará de estar vigente en los vínculos con el poderoso vecino del norte.

Es válido insistir, entonces, en la circunstancia de que los casi tres lustros de administración bolivariana han transcurrido en medio del asedio constante de las fuerzas derechistas de dentro y de fuera.

Mientras, en Bolivia, el Gobierno de Evo Morales debió abatir la preparación de un magnicidio con el uso de profesionales del crimen introducidos en el país, e incluso los intentos de fraccionar territorialmente al actual Estado Plurinacional. Rafael Correa, en Ecuador, sigue siendo blanco de las campañas de difamación internas y externas, y debió sortear el intento de sacarlo del Gobierno e incluso darle muerte mediante una pretendida “protesta policial”.

Entretanto, en Argentina, los años de Gobierno kirchnerista han sido pródigos en el ejercicio de campañas difamatorias y golpes financieros foráneos contra unas autoridades de probada vocación latinoamericanista y popular.

Es que se trata de autoridades comprometidas con un cambio que propende a eliminar la nociva dependencia externa regional, aspiran a hacer de nuestra área un interlocutor válido y constructivo en el concierto internacional, y abogan por la multilateralidad, la paz y el respeto como bases de un mundo verdaderamente justo.

Y en ese camino, abren sus puertas a vínculos crecientes y mutuamente ventajosos con países como Rusia y China, considerados por los hegemonistas oponentes clave para la materialización de su universo absolutista, y que por añadidura desobedecen los criterios imperiales contra pueblos y naciones caprichosamente calificados como adictos al mal, y se niegan a admitir que sean la violencia, la prepotencia, la discriminación y la exclusión los parámetros válidos en la convivencia global.

En ese contexto, cómo dudar de la continuidad de la historia de agresiones, hostilidad, simulación y golpes rastreros o directos (según aparezca o se fomente la oportunidad) que ha marcado siglos de azarosa convivencia hemisférica, no importa la carga retórica que pretenda dorar la píldora ante los ojos de posibles ingenuos.

A menos que un día nadie vuelva a hablar en la Casa Blanca de “torcer brazos” ajenos, y que la sensatez, el comportamiento civilizado, el reconocimiento del derecho ajeno y de la no injerencia, así como el destierro de las ambiciones insanas se conviertan de una vez en las únicas y absolutas regidoras de la convivencia universal.

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