Los medios masivos y el conflicto en Colombia

Por:     Rubén Darío Zapata - Por:     Rubén Darío Zapata  http://www.telesurtv.net/noticias/opinion/2088/los-medios-masivos-y-el-conflicto-en-colombia/

Los grandes medios masivos entregaron definitivamente su independencia y compromiso ético en función de los intereses del proyecto político de la elite, representada en lo esencial por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En el periódico de Medellín El Colombiano, por ejemplo, despidieron a dos de las voces más reconocidas e independientes del periodismo nacional por sus críticas al gobierno. Fernando Garavito (autor de la columna El señor de las moscas) fue despedido de El espectador por desvelar las relaciones del entonces candidato presidencial Alvaro Uribe Vélez con el narcotráfico y el paramilitarismo antioqueño. Sin dudas, esta última década fue fatal para el periodismo colombiano. Ante la polarización política del país, los grandes medios masivos entregaron definitivamente su independencia y compromiso ético en función de los intereses del proyecto político de la elite, representada en lo esencial por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, lo que redundó en la pobre calidad informativa y analítica de los contenidos periodísticos.  En el periódico de Medellín El Colombiano, por ejemplo, donde el bajón se ha sentido más por el compromiso de los dueños con la casa política de los Valencia Cossio (actual Ministro del Interior y de Justicia), despidieron a dos de las voces más reconocidas e independientes del periodismo nacional, Reinaldo Spitaleta y Javier Darío Restrepo, por sus críticas al gobierno. Fernando Garavito (autor de la columna El señor de las moscas) fue despedido de El espectador por desvelar las relaciones del entonces candidato presidencial Alvaro Uribe Vélez con el narcotráfico y el paramilitarismo antioqueño. Pero el compromiso de los grandes medios (RCN, Caracol, El Tiempo, etc.) con un proyecto político neoliberal, autoritario y excluyente, no se ha quedado en el silenciamiento de las voces independientes; sino que más bien éstas han terminado por convertirse en una caja de resonancia del gobierno para publicitar sus diversos programas o puntos de vista evitando tocar los temas complicados para el gobierno o maquillándolos a su conveniencia. Frente a este proyecto, el conflicto armado se erige como el principal obstáculo: hay que acabar con él como sea y, si no se puede, negarlo. Ésta ha sido la intención del gobierno de Uribe, replicada incesantemente en los grandes medios de comunicación en Colombia. Uribe fue ungido por los medios masivos de comunicación en 2002 para acabar con este conflicto (en seis meses), ante la supuesta "actitud endeble" del gobierno de Pastrana. Pasos y esfuerzos para deslegitimar el proceso de diálogo del gobierno de Pastrana con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Desde ese momento no hizo falta investigar a los responsables de secuestros, extorsiones y asesinatos, porque todo delito de este tipo tenía un solo y seguro responsable: las FARC. O, al menos, así lo sentenciaron en cada caso los medios masivos. Cuando se conoció que alguno de esos crímenes eran responsabilidad de bandas de delincuencia común, los medios igual insistieron en su versión, no se sintieron obligados a rectificar. El 15 de mayo del año 2000, por ejemplo, dos delincuentes colocaron un collar bomba a una señora, Elvia Cortés, exigiéndole a su marido una suma de 15 millones de pesos. Esta imagen dio la vuelta al mundo por la televisión y se estampó en muchísimos periódicos. Tan famosa fue la historia que luego la recreó para televisión la productora Huella latente, lo que sirvió para desprestigiar a las FARC y al proceso de paz. Desde entonces los medios vendieron la imagen del presidente Pastrana como la de un alcahuete o, en el mejor de los casos, un incompetente. Pero no hicieron el mismo esfuerzo de difusión cuando se comprobó que los autores del collar bomba eran delincuentes comunes y no integrantes de las FARC. Es imposible negar que mientras se desarrollaba el diálogo entre gobierno y las FARC, éstas últimas seguían expandiéndose militarmente, y que incluso utilizaron la zona de distención como fortín militar. En lo que no insistieron estos medios fue en advertir que al mismo tiempo, mientras dialogaba con la guerrilla, el gobierno de Pastrana desarrollaba políticas neoliberales que ocasionaron airadas protestas en los sectores sociales (como recortes en salud, educación y saneamiento). Tampoco se preguntaron los medios qué incidencia podía tener en las futuras negociaciones de paz el desarrollo del Plan Colombia por parte del gobierno colombiano en acuerdo con el estadounidense. En poco tiempo los medios de comunicación presentaron un verdadero mesías que prometía, a través de su política de seguridad democrática, devolver la confianza a los inversores extranjeros y convertir Colombia en un verdadero paraíso para el capital. Para ello, la misión fundamental era acabar con la guerrilla, más que en el plano militar en el plano del discurso. Por eso los medios masivos de comunicación asumieron las máximas del discurso uribista: en Colombia no hay conflicto y las guerrillas apenas sí son un grupo de facinerosos que aterrorizan a la población civil. Una de las características de los medios masivos de comunicación que se profundizó en estos ocho años de gobierno de Uribe tiene que ver con la adopción de las fuentes oficiales como única fuente y el discurso oficial como manual de estilo. Al agudizarse el conflicto social, los medios masivos se desmarcaron también, no del gobierno sino de sus opositores, y en buena medida multiplicaron el estigma de que estar contra el gobierno era ser subversivo, guerrillero y, por tanto, terrorista. Ya no resulta posible afirmar que los medios masivos de comunicación son algo así como el cuarto poder, que fiscaliza y vigila el comportamiento de los otros tres para garantizar la salud de la democracia. No son ya una voz imparcial (como han querido mostrarse todo el tiempo) ni representan el interés general del pueblo colombiano. La caja de resonancia Desde entonces los medios de comunicación de masas se concentraron en transmitir de forma acrítica los partes de guerra gubernamentales. Los primeros años del gobierno de Uribe fueron de capturas masivas, generalmente de personas integrantes de organizaciones sociales, siempre acusadas de terrorismo o de colaboración con organizaciones terroristas. Todos los días en el noticiero las cámaras filmaban a 20 ó 30 personas que habían sido capturadas. Pero pocas veces hubo un seguimiento juicioso a este tipo de información. Y en un país donde la justicia corrupta suele equivocarse con frecuencia, cabía esperar que ante la presión por los resultados las equivocaciones se multiplicaran. Pero los medios no lo consideraron un problema, y ni siquiera se preocuparon por transmitir que la mayor parte de estos capturados salían libres en menos de seis meses por falta de pruebas. Si fuera por las cifras de guerrilleros muertos, capturados o reinsertados presentadas por el gobierno a través de los medios, en Colombia se habría acabado tres o cuatro veces con la guerrilla que encontró el presidente Uribe al iniciar su mandato. Sin embargo, los medios masivos siguen contentándose con transmitir las cifras como loros repetidores. El gobierno instauró su forma directa de gobernar en los medios, con su voz regañona y sus salidas de tono cuando la confrontación era directa, con el irrespeto más grande a la dignidad de su cargo y a la de los periodistas. Y, a pesar de esto, siempre encontró espacio suficiente para aparecer en los medios como si lo hiciera desde su casa, o desde un consejo comunitario, algo que utilizó también para cautivar mediáticamente a la ciudadanía colombiana. Los medios masivos invisibilizan a las víctimas Mientras el gobierno acababa mediáticamente con el conflicto y con las guerrillas, se aprestaba también a finiquitar la desmovilización de los paramilitares, lo que le reportaría suficiente rédito político y, además, le permitiría encausar ese pasado borrascoso que amenaza su curriculo político. Para ello creó la Ley de Justicia y Paz (2005), que en el fondo solo buscaba reinsertar a los paramilitares con el menor trauma posible, sin garantizar realmente ni la justicia ni la paz ni la reparación. Por el contrario, metió al congreso un proyecto de reforma rural que prácticamente legitima el despojo al que los paramilitares habían sometido a millones de campesinos en todo el territorio nacional. Con unos medios de comunicación críticos, comprometidos con una sociedad justa e incluyente jamás hubiera podido instaurarse en país alguno una política como la del gobierno de Uribe, y mucho menos prolongarse a dos periodos y llegar a la desfachatez de amenazarnos con un tercero. Pero este gobierno llegó al extremo de eliminar el delito político de los expedientes de los grupos revolucionarios, a la vez que inventaba la fórmula para declarar a los paramilitares como delincuentes políticos a fin de poderlos amparar con amnistías y programas de reinserción. A propósito de este circo montado con ocasión de la supuesta desmovilización de los paramilitares, a finales de julio de 2005 se realizó el II Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que pretendía ser un espacio de deliberación y de presión para que el Estado colombiano asumiera la responsabilidad en el sinnúmero de desplazados, desparecidos y asesinados a manos de los paramilitares en connivencia con las fuerzas armadas. A este segundo encuentro no asistieron los grandes medios masivos (ni El Tiempo ni Caracol ni RCN), entre otras cosas porque las mismas organizaciones de las víctimas mantenían serías desconfianzas frente al papel que han jugado estos actores en esta dura situación que les ha tocado vivir. Lo que sucedió al día siguiente de la clausura del encuentro pareció darles la razón. Aún sin asistir al Encuentro, el diario El Tiempo publicó un comunicado supuestamente elaborado por los organizadores del evento. Según lo publicado, el Encuentro terminaba acusando a las guerrillas de las FARC y el ELN de ser los principales grupos terroristas violadores de los derechos humanos en el país, y exigiéndoles reparación. Esta información contradecía las conclusiones del Encuentro y se transformaba, más bien, en un señalamiento a las organizaciones participantes. Allí se denunciaban los crímenes de Estado y la Ley de Justicia y Paz, aprobada apenas una semana atrás. Según las víctimas, esta Ley aseguraba la impunidad de los crímenes cometidos por el Estado y de toda la estrategia paramilitar desarrollada por el mismo Estado. En el V Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, realizado en julio del 2009, la estrategia de los medios fue otra, pero igual de nefasta. Hacía pocos días se había conocido el asesinato en la selva de diez de los once diputados que permanecían capturados en poder de las FARC. Los grandes canales de televisión (RCN y Caracol) enviaron a sus presentadoras de farándula a cubrir el evento, como si de una fiesta se tratara. Pero realmente nada contaron sobre lo que pasaba allí: las periodistas insistían, a pesar de las versiones de los asistentes, en que aquel era un encuentro nacional de víctimas en general, diluyendo la significación de las responsabilidades del Estado en la estrategia paramilitar. Desde allí mismo se centraron en entrevistar por teléfono a familiares de las personas secuestradas y asesinadas, minimizando lo que ocurría en el Encuentro. Era, a todas luces, una actitud consciente y premeditada de invisibilización de las víctimas de los paramilitares y el Estado. Difícilmente podrá medirse el daño que la actitud de los medios masivos en Colombia durante estos últimos años ha producido en el tejido social y en la confianza de la gente, herida ya de por sí por un conflicto que dura casi cincuenta años. Y más difícil aún será resarcir estos daños. Los grandes medios han sido los que le han permitido conservar a Uribe altos índices de popularidad (prefabricando encuestas), a pesar de todos los escándalos que lo han asediado. La bomba de los falsos positivos no la destaparon los medios colombianos: fueron las organizaciones defensoras de derechos humanos, en colaboración con organizaciones internacionales, las que lograron situar el tema en la agenda internacional. Y, sin embargo, también en esta ocasión cubrieron las espaldas del presidente, intentando transmitir la idea de que se trataba de algunos militares descarriados, cuando se trataba del resultado de las presiones de la seguridad democrática sobre los resultados. Hoy los medios intentan inflar, de la misma manera que inflaron la figura de Uribe, la figura de Antanas Mockus, desviando la atención sobre los programas concretos de gobierno de cada uno de los candidatos. El peligro se avecina: una popularidad hinchada artificialmente es la puerta de entrada al autoritarismo político, al fascismo disimulado. Eso fue lo que mantuvo erguida e impoluta la figura de Uribe, a pesar de todas las denuncias en su contra, de los altos funcionarios corruptos y comprometidos con el paramilitarismo, de su estilo de mayoral y su moral mafiosa, incluso a pesar de los pésimos resultados en materia social. Rubén Darío Zapata es economista y filósofo. Colabora habitualmente con el periódico colombiano Periferia. Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=110472 Fuente: http://www.revistapueblos.org/spip.php?article1910

CRIMEN Y CASTIGO

Por Héctor Bernardo - http://www.revista2010.com.ar/noticia.php?id=56


DERECHOS HUMANOS


El juicio a los represores que formaron parte de la Unidad Nº 9 de La Plata marca un nuevo hito en la búsqueda de justicia. Un caso paradigmático en el que no sólo se juzga a 11 miembros de distintos niveles de este estamento, sino también a 3 médicos que formaron parte de la estructura civil que fue clave para el Terrorismo de Estado.


Los juicios a represores que actuaron en los Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura militar, han sido una marca de este tiempo. Pero las instituciones que estuvieron al servicio del Terrorismo de Estado no fueron todas clandestinas y no sólo fueron los entes militares los que formaron parte del  aparto represivo. La Policía Federal y las provinciales, así como los distintos servicios penitenciarios, jugaron un rol clave de toda esta estructura siniestra.

Durante mucho tiempo la responsabilidad de estas instituciones - y de algunos civiles vinculados a ellas - quedó velada por la impunidad. Sin embargo, la lucha de los movimientos sociales y la voluntad política del Gobierno Nacional hicieron que a estos sectores también le llegue la hora de responder por su complicidad en el genocidio llevado a cabo en nuestro país.

Desde el 12 de abril y hasta mediados de septiembre, en la ciudad de La Plata, el Tribunal Oral Federal Nº 1 lleva a cabo un juicio por homicidios, torturas y tormentos cometidos contra presos políticos durante la última dictadura militar por 11 ex agentes y 3 médicos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Los acusados son: Elvio Cosso, miembro de la Jefatura del Servicio Penitenciario; Abel Dupuy, ex jefe del penal; los agentes  Isabelino Vega, Víctor Ríos, Catalino Morel, Ramón Fernández, Jorge Peratta, Segundo Basualdo, Valentín Romero, Héctor Acuña, Raúl Rebaynera y los médicos Carlos Domingo Jurio, Enrique Leandro Corsi y Luís Domingo Favole.

Hasta el día de hoy todos estos criminales seguían paseando por las diagonales platenses sintiéndose impunes. Pero la Justicia les indicó que era la hora de responder por sus actos.

Oscar Rodríguez, abogado querellante por parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) destacó la importancia de este juicio al afirmar que “la Unidad 9 tiene tres particularidades distintas a los juicios que hemos tenido en La Plata. La primera, es que los juicios anteriores fueron hechos a imputados solitarios, muchos de ellos paradigmáticos como son los casos de Berges, Etchecolatz y Von Wernich; pero en esta ocasión aparece por primera vez el Servicio Penitenciario como objeto de juicio. Una fuerza nueva. Hasta ahora eran militares y policías, ahora es el Servicio Penitenciario es el que aparece”.

“La segunda particularidad – continuó Rodríguez- es que ahora son 14 los imputados, y entre ellos representan a todos los estamentos del organismo, porque van desde la Jefatura del Servicio, pasando por la máxima autoridad de la Unidad 9, hasta los oficiales. La tercera particularidad es que también van a juicio 3 médicos, que si bien pertenecían al Servicio, son parte del cuerpo civil. En este sentido, el caso de la Unidad 9 empieza a debelar esa cuestión de la dictadura y el genocidio que vincula a toda la sociedad con distintos niveles de responsabilidad”.

SPB: UNA PIEZA CLAVE DEL APARATO REPRESIVO
Durante la última dictadura militar la Policía Bonaerense estaba bajo el mando de Ramón Camps y Miguel Etchecolazt, dos de los mayores genocidas de nuestra historia. El denominado Circuito Camps estaba formado por más de 20 Centros Clandestinos de Detención entre ellos el Destacamento de Arana, la Estancia la Armonía, el Pozo de Bafield, el Pozo de Quilmes, La Cacha, la Brigada de Investigaciones, etc.

En ese contexto el SPB fue un eslabón clave para el funcionamiento de la estructura represiva. Si bien algunas unidades también funcionaban como Centros Clandestinos de Detención (como fue el caso del Hospital de la Unidad Nº 8 de Olmos, que funcionó como maternidad clandestina para las mujeres que estaban secuestradas), por lo general las unidades penitenciarias eran utilizadas por los represores para “blanquear” a los desaparecidos. 

El traslado a una unidad penitenciaria podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. En recientes declaraciones periodísticas, uno de los testigos de la causa, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, afirmó: “Nunca pensé en mi vida que me iba a poner tan contento si me llevaban a una prisión, pero en este caso significaba que me iban a legalizar y que me salvaría de ser un desaparecido más”.

Entre los ex presos políticos que estuvieron detenidos en la Unidad 9, que declararon como testigos y víctimas estuvieron: el ex canciller, Jorge Taiana; el secretario general de ATE y CTA de la provincia de Buenos Aires, Hugo “Cachorro” Godoy y el actual intendente de Quilmes, Francisco “El Barba” Gutiérrez.

Varias de la víctimas y sus familiares fueron amenazados durante el juicio para que no prestaran testimonio. Este hecho tiene sumamente preocupados a los organismos querellantes. El abogado de la APDH señaló al respecto que “Esto es muy preocupante porque demuestra que están contando con algún servicio para hacer inteligencia sobre las víctimas y quienes los rodean (familiares, abogados, etc.). Esto demuestra que el aparato represivo cuenta todavía con posibilidades operativas”.

LOS HECHOS

Además de ser juzgados por las torturas y los vejámenes que les inflingieron a los presos políticos, los miembros del SPB están acusados por los crímenes de los militantes Dardo Cabo, Rufino Pirles, Horacio Rapaport, Juan Deghi, Ángel Georgiavis y Alberto Pinto.

En enero de 1977 Cabo y Pirles fueron sacados del penal con la excusa de que iban a ser trasladados a Sierra Chica y el en trayecto fueron acribillados, los efectivos argumentaron un intento de fuga una escusa clásica usada por los represores para asesinar a detenidos que estaban blanqueados.

En el caso de Rapaport y Georgiavis, los asesinos intentaron disfrazar los crímenes como suicidios, pero los familiares pudieron constatar que por lo menos Georgiavis había sido degollado con una bayoneta.

El asesinato de Deghi se produjo el mismo día de su  liberación, el 20 de marzo de 1978. Según señalan los testigos cuando la esposa de Deghi, Elisa Falchi, fue a buscarlo al penal el día de su liberación los guardias le habrían dicho: “¿usted es la viuda de Deghi?”, lo que demostraría que los guardias sabían lo que sucedería horas más tarde.

En la Unidad Nº 9 estaban detenidos presos de todas partes del país. Militantes de Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, Zárate, y muchos otros lugares más. Lo que según señala Rodríguez revela que la Unidad 9 se había transformado en un centro de detención de presos políticos.

Uno de estos casos es el de Alberto Pinto, que era un militante de base que fue trasladado desde Córdoba y  por el cual están siendo juzgados los médicos. “Pinto tenía epilepsia de último grado, lo que le había producido un desgaste físico y cerebral notable. En esas condiciones, sabiendo el Servicio Penitenciario y los médicos que tenía ese problema, lo llevan a celda de aislamiento. La Cámara ya ha dicho que el sólo hecho de llevar a alguien a celda de aislamiento implica torturas, por las condiciones que tenían lugares. A Pinto lo mandaron a celda aislamiento declarando que estaba apto para ir. Además, como era de rutina, antes de ir a la celda de aislamiento había sido severamente golpeado lo que le había producido una perforación en el intestino. Dentro de la celda llega un momento que se dan cuenta que estaba al borde de la muerte y, como el Servicio Penitenciario no podía atenderlo, lo derivaron al San Juan de Dios donde finalmente murió. Todos estos vejámenes fueron realizados con la connivencia de los médicos. Así que ya sea por omisión o por comisión, son autores de torturas seguidas de muerte”, remarcó Rodríguez.

El abogado de la APDH se encargó de subrayar la importancia de la participación todas las personas en las audiencias: “No estamos sólo buscando condena. En estos juicios se revela cómo funcionó gran parte de la sociedad, cierta clase política, cómo funcionó el Poder Judicial y, en cierta manera, cómo sigue funcionando. 

Todo esto es una gran pedagogía histórica. Por eso la sociedad tiene que ir a los juicios. Ahí están los actores y las víctimas de carne y hueso. Los juicios son en si mismos otra pedagogía”.

Las audiencias contra los 14 miembros del SPB se llevan adelante en la ex sede de la AMIA de La Plata ubicada en calle 4 entre 51 y 53 los días lunes y martes desde la 10 de la mañana y para asistir sólo es necesario presentar el documento de identidad.

Uruguay:“El verdadero problema de América Latina no es la pobreza sino la riqueza

Fernando Arellano Ortiz - http://www.surysur.net/?q=node/14283


No hay que llamarse a engaño: el modelo neoliberal, pese a los efectos perversos que ha tenido en la profundización de las injusticias sociales en América Latina, sigue funcionando, “pero ya no gira en torno a las privatizaciones, la apertura económica y las desregulaciones, sino que se ha volcado en la apropiación de los recursos naturales”, sostiene el analista internacional y activista social uruguayo, Raúl Zibechi.

Investigador de las realidades socioeconómicas y políticas de los países latinoamericanos, Zibechi considera que los movimientos sociales tienen el reto de seguir presionando a lo largo y ancho de la región para acabar con la “larga noche neoliberal”.

Este analista internacional que estuvo exiliado en España por haber resistido la dictadura del Uruguay a mediados de los años 70, se ha dedicado a la investigación social y a la docencia que alterna con sus actividades de escritor y periodista.

Está dedicado por completo al trabajo con los movimientos sociales, es miembro del consejo de redacción del semanario Brecha de Montevideo y participa como docente en la Multiversidad Franciscana de América Latina. Además, es un destacado activista social y asesor de organizaciones sociales, barriales y medios de comunicación alternativos.

¡Ya basta!
Este intelectual uruguayo fue contundente en señalar que “es enteramente falso que el problema central de nuestras sociedades sea la existencia de porcentajes elevados de pobreza. El verdadero problema es la riqueza, es decir la existencia de una clase social parasitaria, que no cumple ningún rol positivo en la sociedad aunque sí tiene el suficiente poder tanto para influir en las políticas estatales, en las agendas públicas y de los medios de comunicación, como para desviar el foco de atención hacia su impúdica acumulación de riqueza”.

“Romper con esta concepción de la pobreza como problema a resolver y poner el centro de atención en la riqueza, es un requisito para cambiar las políticas sociales”, es una de sus recomendaciones.

Se lamentó de que “el gran triunfo ideológico del Banco Mundial es haber inoculado en las izquierdas, en los sindicatos y en los intelectuales progresistas, que se puede acabar con la pobreza sin tocar la estructura de la propiedad. O sea, sin modificar las relaciones de poder”

Criticó las denominadas políticas asistencialistas porque “no erradican la pobreza, no abordan las causas estructurales de la marginalidad y la exclusión social, por el contrario, profundizan el paradigma individualista del neoliberalismo. Estas políticas centradas en ‘el combate a la pobreza’ buscan evitar el conflicto. O sea, buscan la anulación de cualquier sujeto de abajo y quieren que sólo existan sujetos estatales o empresariales”.

Explicó que “los sujetos se forman en la lucha, nacen de ella y si la sociedad se instala en un periodo de letargo social, los actores se desvanecen. Toda la política del Banco Mundial y de las elites globales y nacionales es para 'des-sujetizar', para evitar que las diferencias se conviertan en conflicto social”.

Desde una perspectiva epistemológica, Zibechi llamó a los sectores progresistas y de izquierda en América Latina “a elegir el ¡Ya basta!, porque es una opción ética y política muy válida”.

Destacó igualmente que muchos de los proyectos y las políticas sociales progresistas como la economía solidaria, la autonomía y la horizontalidad, la educación popular, los movimientos sociales de gestión productiva “nacieron de las resistencias a las políticas de ajuste estructural del neoliberalismo. No obstante que la economía solidaria no es nada fuera del marco del conflicto. Puede ser un modo de adquirir fuerza para encarar el combate en mejores condiciones”

"Reprimerización" del aparato productivo

La crisis del neoliberalismo constituye para Zibechi “una oportunidad para presionar cambios”, por eso considera que “es indispensable meterse con la economía para cambiar la situación actual”. Y es que “América Latina no puede repetir la negativa experiencia de echar a perder los intentos por erigir el estado de bienestar para dar paso a la acumulación originaria, bajo el esquema de ‘acumulación por desposesión’, como lo denomina el sociólogo y politólogo británico David Harvey, que erosionó el papel regulador de los sindicatos y su carácter de interlocución, produjo una aguda desindustrialización y la reprimerización del aparato productivo, con su inevitable secuela de desempleo, creciente marginalización de los sectores populares urbanos y desplazamiento de los pequeños campesinos hacia las periferias urbanas”.

En su opinión, desvelar e “iluminar las formas de dominación como el modelo neoliberal ayuda a desmontarlas” y si bien éstas son muy potentes, también lo son las resistencias.

En la actual coyuntura, explica, la derecha en su afán de lograr una dominación hegemónica no solo “compra” a líderes sindicales o de izquierda sino que busca por diversas formas el apoyo total de las organizaciones sociales.

Puso como ejemplo el caso colombiano, en el que el establecimiento “no solamente coopta a los angelinos (en alusión al vicepresidente electo Angelino Garzón) sino a organizaciones sociales enteras”, como está sucediendo actualmente con la Confederación General del Trabajo (CGT) mediante el salto que dio su presidente Julio Roberto Gómez del izquierdista partido Polo Democrático al santismo, la expresión más ultraconservadora y oligárquica del establecimiento en Colombia.

Deslegitimado, pero no derrotado

Para Zibechi, el modelo neoliberal en los países de América Latina “sigue funcionando pero ya no gira en torno a las privatizaciones, la apertura económica y las desregulaciones, sino que se ha volcado a la apropiación de los bienes comunes. La novedad principal de la coyuntura regional consiste en que el Consenso de Washington fue deslegitimado pero el neoliberalismo no fue derrotado.

Por el contrario, la acumulación por desposesión, anclada en el modelo extractivista, se sigue profundizando en esta etapa a través de la minería transnacional a cielo abierto, los monocultivos de soja, caña de azúcar y palma, y del complejo forestación-celulosa. Estos emprendimientos, conducidos siempre por grandes multinacionales, se apropian de los bienes comunes, en particular agua y territorios, para convertir la naturaleza en mercancías (commodities) exportadas a los países centrales o emergentes como China e India”.

“Los resultados -agrega- están a la vista: los bancos tienen las mayores ganancias de su historia y el crecimiento económico se basa en exportaciones de commodities y minerales, en una suerte de reprimerización de la estructura productiva de los países. Es el camino que siguen los países de la región, más allá de las fuerzas políticas encargadas de administrar los gobiernos”.

Las política sociales que se han puesto en marcha en varios países de la región “acompañan y compensan la profundización del modelo neoliberal”.

El extratactivismo: parte del modelo neoliberal

- América Latina ¿atraviesa por un periodo de enterrar “la triste y larga noche neoliberal” para utilizar una frase del presidente ecuatoriano Rafael Correa, gracias en buena medida a las resistencias sociales que tomaron fuerza durante la década anterior?
- Sí y no. Sí, porque ha habido largas resistencias intensas, las cuales han dado cambios importantes, pero los nuevos gobiernos están desarrollando políticas que no salen del neoliberalismo sino que, por el contrario, lo sostienen, en consecuencia, creo que esa afirmación de Correa habría que matizarla mucho. Y no puedo estar de acuerdo con eso, porque de hecho en estos días en Ecuador hay conflicto con dirigentes indígenas acusados de sabotaje y terrorismo, entonces esto es relativo y hay que empujar un poco más.

- Hablemos de su país, Uruguay. ¿Cómo se puede entender que después de 34 años de existencia del Frente Amplio haya logrado llegar al poder, primero con Tabaré Vázquez y ahora con un ex guerrillero como Pepe Mujica?
- Bueno por una larga acumulación electoral que redundó en un triunfo aplastante por más de más del 50% y por una hegemonía del Frente Amplio en la sociedad uruguaya. Eso está consolidado y no creo que vaya a cambiar pronto.

- ¿El gobierno del Frente Amplio del Uruguay mantiene algunas políticas neoliberales?
- Sostiene el extractivismo y esto es un problema, a mi modo de ver, porque no se logra salir de las políticas que se han venido implementado desde hace mucho tiempo. Yo considero que el extractivismo es parte del modelo neoliberal.

- En ese sentido usted coincide con el ex Ministro de Estado ecuatoriano Alberto Acosta, que en su último libro sostiene que la maldición de los países de América Latina es la abundancia en recursos naturales
- Coincido totalmente, mi diferencia es que los Estados plurinacionales tienden a reproducir la lógica de dominación de cualquier Estado.

- ¿Cuál es su visión sobre el proceso actual de resistencias sociales en América Latina? ¿Habrá posibilidad de que se abra espacio un nuevo modelo económico?
- No veo pautas de un nuevo modelo económico de desarrollo, lamentablemente, y lo que observo me preocupa mucho precisamente porque nuestros países están anclados en el extractivismo.

- ¿Cuál es su concepto de los gobiernos progresistas de América Latina?
- Hay dos tipos de gobiernos progresistas: los de Brasil, Uruguay y Argentina que son gobiernos socialdemócratas aliados con un sector del capital; y los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde los movimientos son muy fuertes y siguen presionando más.

-En el caso de países como Perú, Colombia y México, habrá influido el hecho de que fueron virreinatos del imperio español, lo cual dejó una impronta cultural y política que ha permitido consolidarse a la derecha y por ende que sus dirigencias sean reacias a los cambios sociopolíticos?
- Sí, y por la debilidad de los movimientos sociales que no han logrado desbordar a estos gobiernos y de ahí la hegemonía del capital financiero que sigue siendo muy importante.

- ¿Cómo observa el horizonte político en Colombia?
- Muy complejo, y hasta que los movimientos sociales no logren empoderarse, salir con fuerza y ganar las calles, no creo que consigan derrotar esto.

*Observatorio Sociopolítico  www.cronicon.net., Bogotá

Catalunya: El triunfo de la razón

POR GUSTAVO CAPDEVILA - http://www.elargentino.com/nota-100571-El-triunfo-de-la-razon.html

La aprobación por parte del Parlamento de Cataluña de la prohibición de las corridas de toros en su territorio configura un avance en la lucha contra toda forma de tortura y la inclusión de la nación catalana entre las más avanzadas del mundo en cuanto a respeto al humanismo.

Este Parlamento -cuyos inicios se remontan al año 1000- ha votado una iniciativa legislativa popular promovida por la Palataforma Prou (Basta en catalán), que reunió las 180 mil firmas necesarias para que el legislativo la tratara. Es decir, que no fue desde los partidos políticos ni desde el propio gobierno que surgió el proyecto sino desde la propia sociedad civil.

Salvo cuatro partidos que claramente estuvieron a favor (Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya-Verds) o en contra (Partido Popular y Ciutadans), los dos mayoritarios, el Partit dels Socialistes de Catalunya y la confederación Convergencia i Unió dieron libertad de acción a sus diputados al momento de la votación. El resultado fue que, por una clara mayoría, desde el primero de enero de 2012 no habrá más de estos lamentables espectáculos en tierras catalanas.

Además del claro sentido de progreso que representa la abolición de la tortura pública y organizada de animales, la iniciativa reafirma culturalmente a Cataluña, país donde las corridas de toros fueron impuestas desde el momento en el que perdió su independencia y fue integrada al Estado borbónico.

Antes que la sanción de la ley, ya 85 municipios se declararon abolicionistas y apoyaban esta propuesta que buscaba sumar claramente a Cataluña al concierto de naciones europeas comprometidas con el humanismo. 

Como me explicaba hace un mes en Barcelona un miembro de la plataforma, "estamos cansados de escuchar que si un nene mata insectos con una lupa y la luz del sol o maltrata un animalito tiene tendencia psicópatas, entonces cómo entendemos a un grupo de tarados que ya son bien adultos y disfrutan viendo como torturan salvajemente a cuatro o cinco animales en una tarde y encima nos dice que es cultura". Otro reía diciendo que es insólito comparar al torero con un símbolo de valentía, ya que solamente se dedica a matar a un animal que fue ya torturado y cansado por los picadores y otros diestros. Es más bien el símbolo de la cobardía.

Asimismo, es necesario remarcar que el Parlament ha consagrado en ley algo que la propia sociedad catalana reclamaba y que se evidenciaba en que solamente queda una plaza de toros en Barcelona, ocupada en su mayor parte por turistas y no por ciudadanos locales. También generaba numerosas críticas las subvenciones que el Estado otorgaba a las corridas.

Esta iniciativa fue apoyada por numerosas personalidades catalanas como el capitán del Barça, Carles Puyol, el pintor Antoni Tapies, y por entidades de todo el mundo como colegios de veterinarios, premios Nobel de la Paz y hasta el mismo Dalai Lama, quien envió una carta a los parlamentarios.

Esto se inscribe en la tradición catalana de apuesta por la seriedad, la paz y la no violencia, y es así que el animal símbolo de Cataluña no es el toro sino un burro, el "ruc català" que simboliza la tenacidad y el amor al trabajo del pueblo catalán, contra la sinrazón y la brutalidad del toro.

Esta característica conocida en catalán como "seny" es la que marca el proceso hacia la recuperación de la independencia de Cataluña, tal como quedó demostrado en la marcha del pasado 10 de julio en Barcelona contra los atropellos de la justicia española frente a la lengua y las tradiciones catalanas.

Este final del proceso iniciado por la Plataforma Prou ha demostrado el apego a las más puras tradiciones democráticas en Cataluña, lo que es un ejemplo a seguir por las naciones de todo el mundo.

(*) Abogado. Vicepresidente del Casal dels Països Catalans de La Plata. Miembro del Consejo de las Comunidades Catalanas del Exterior de la Generalitat de Catalunya

Colombia: LA MAYOR FOSA COMÚN DE AMÉRICA LATINA, MUY LEJOS DE LOS MEDIOS

POR AZALEA ROBLES - http://www.cronicon.net/paginas/edicanter/ediciones46/nota1.htm

Recientemente en Colombia se descubrió la mayor fosa común de la historia contemporánea del continente americano, horrendo descubrimiento que ha sido casi totalmente invisibilizado por los mass-media en Colombia y en el mundo. La fosa común contiene los restos de al menos 2.000 personas, está en La Macarena, departamento del Meta. Desde 2005 el Ejército, desplegado en la zona, ha estado enterrando allí miles de personas, sepultadas sin nombre.

La población de la región, alertada por las filtraciones putrefactas de los cadáveres a las aguas de beber, y golpeada de desapariciones, ya había denunciado la existencia de la fosa en varias ocasiones durante el 2009: había sido en vano… pues la fiscalía no procedía a investigar. Fue gracias a la perseverancia de los familiares de desaparecidos y a la visita de una delegación de sindicalistas y parlamentarios británicos que investigaba la situación de derechos humanos en Colombia, en diciembre 2009, que se ha logrado destapar este horrendo crimen perpetrado por los agentes militares un Estado que les garantiza impunidad.

Se trata de la mayor fosa común del continente. Dos mil cuerpos en una fosa común, eso es un asunto grave para el Estado Colombiano, pero sus mass-media, y los mass-media internacionales, cómplices del genocidio, se han encargado de pasarla casi totalmente bajo silencio, cuando para encontrar una atrocidad parecida hay que remontarse a las fosas nazis… 

Este silenciamiento mediático está sin duda vinculado con los inmensos recursos naturales de Colombia, y los mega-negocios que allí se gestan en base a las masacres.

La Comisión Asturiana de derechos humanos, que visitó Colombia en enero 2010, (menos de un mes después del destape de la fosa) ha estado preguntando a las autoridades sobre el caso… las respuestas han sido preocupantes: en fiscalía, en procuraduría, en el ministerio del interior, en la ONU… todos pretenden eludir el tema… Y mientras tanto tratan de "operar" la fosa para minimizarla, pero ya la delegación británica la constató, y las mismas autoridades reconocieron al menos 2000 cadáveres. En diciembre "el alcalde, afín al gobierno, lo denunció también junto al sepulturero", pero después, las presiones oficiales tienden a hacerles "disminuir sus apreciaciones sobre el número de cuerpos NN…"

La delegación asturiana ha denunciado la ostensible voluntad de alterar la escena del crimen: "nadie está protegiendo el lugar. Nadie está impidiendo que se puedan disfrazar las pruebas. 

Que un tractor pueda entrar y volver a entremezclar cadáveres anónimos, a sacarlos y llevarlos a otro lugar" (1) "solicitamos a las instituciones responsables del Gobierno y del Estado colombiano que implementen las medidas cautelares necesarias para asegurar las informaciones ya registradas en los documentos oficiales, que tomen las medidas cautelares necesarias con el fin de asegurar el perímetro para prevenir la modificación de la escena, la exhumación ilegal de los cadáveres y la destrucción del material probatorio que allí obra(…) fundamental la creación de un Centro de Identificación Forense en La Macarena con el fin de lograr la individualización y plena identificación de los cadáveres NN allí sepultados." (2)

La Delegación Asturiana transmitió a las autoridades otra denuncia. Las autoridades adujeron desconocimiento, y alegaron incapacidad operativa "hay tantas fosas comunes en nuestro país que…" Se trata del municipio de Argelia en el Cauca: "Un "matadero" de gente, donde las familias no pudieron ir a buscar los cuerpos de sus desaparecidos, pues los paramilitares no las dejaron ingresar de nuevo a sus comunidades: desplazaron a los sobrevivientes. Las víctimas sobrevivientes relataron: "había gente amarrada a la que echaban perros hambrientos para ir asesinándolos poco a poco."

En Colombia, la Estrategia Paramilitar del Estado Colombiano, combinada con el accionar de policías y militares ha sido el instrumento de expansión de Latifundios. El Estado colombiano ha desaparecido a más de 50.000 personas a través de sus aparatos asumidos (policías, militares), y de su aparato encubierto: su Estrategia Paramilitar. (3) El Estado colombiano es el instrumento de la oligarquía y las multinacionales para su guerra clasista contra la población: es el garante del saqueo, la Estrategia Paramilitar se inscribe en esa lógica económica. (4)

La invisibilización de una fosa común de las dimensiones de la fosa de la Macarena obedece a que los negocios de multinacionales y oligarquías se basan en ese horror, y a que esta fosa es producto de asesinatos directamente perpetrados por el ejército nacional de Colombia, lo cual prueba aún más el carácter genocida del Estado colombiano en su conjunto (más allá de su presidente Uribe, cuyos negocios y vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo están más que comprobados (5)). La complicidad de los Mass-media es criminal, tanto a nivel nacional, como internacional. Los pueblos nos debemos de romper el silencio con el que se pretende ocultar el genocidio. Urge solidaridad internacional: Colombia es, sin duda, uno de los lugares del planeta en el que el horror del capitalismo se plasma de la forma más evidente, en su paroxismo más absoluto.

Notas

(1) http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2010_1/fosas-poco-comunes.html

(2) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=100450&titular="europa-no-puede-firmar-un-tlc-con-un-estado-violador-de-los-derechos-humanos

(3) Informe del 16.02.2010 paramilitares confiesan 30.470 asesinatos: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/66984-NN/ex-paramilitares-colombianos-reconocen-haber-cometido-cerca-de-30-mil-500-asesinatos/

(4) más acerca de fosa común y Terror Estatal: http://www.lahaine.org/index.php?p=42954

(5) http://www.kaosenlared.net/noticia/video-uribe-velez-narcotraficante-no-82-presidencia-colombia-7
http://www.lahaine.org/, julio de 2010.

Argentina y su legado a la democracia y la verdad

El Estado de la memoria

Natalia Brite  

http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=4752

Los argentinos asistimos a los juicios de los responsables militares y civiles del terrorismo estatal implantado por la última dictadura (1976-1983). Una sólida política de Derechos Humanos, desarrollada en los últimos años, terminó con la impunidad de los represores. Se trata de un modelo de Justicia que contrasta con las indefiniciones de Uruguay y Chile.

En 2003 prosperó el debate parlamentario que declaró nulas las leyes de obediencia debida y punto final. Esas normas, sancionadas entre 1986 y 1987, fueron el resultado de las negociaciones del entonces presidente Raúl Alfonsín con las Fuerzas Armadas, la cúpula eclesiástica y la derecha política. En aquellos años, el incipiente orden institucional debía dar respuesta al saldo de la dictadura: 30 mil detenidos-desaparecidos, 500 niños apropiados y miles de asesinados y exiliados.

En 1985 se condenó a los miembros de las juntas militares. La sentencia abrió, además, la posibilidad de seguir investigando. Pero al año siguiente, el Congreso Nacional, a instancias del bloque oficialista, sancionó la ley 23492 de Punto Final, que estipulaba un corto plazo para la presentación de denuncias judiciales referentes a la represión dictatorial. Pasado ese lapso, los casos no presentados prescribirían.

Ante aquella situación, los familiares de las víctimas se presentaron masivamente y la Justicia Federal dictó el procesamiento de unos 500 militares. El panorama enardeció a los uniformados y desató un alzamiento en marzo de 1987 bajo el liderazgo del coronel Aldo Rico.

La salida que encontró el gobierno de Alfonsín fue la inmediata sanción de la ley 23521 de Obediencia Debida, según la cual “los oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias; no merecen castigo por haber obrado en virtud de obediencia debida”. Lo mismo se estableció para oficiales superiores que no fueran jefes de zona o subzona.

Las consecuencias de esa decisión fueron el desprocesamiento y recuperación de la libertad de numerosos represores.

El periplo que garantizó la impunidad se completó en diciembre de 1990, cuando se produjo otro levantamiento militar liderado -en ese caso- por el coronel Mohamed Alí Seineldín. Acto seguido, el entonces presidente Carlos Menem decretó el indulto de los pocos represores condenados en 1985, “convencido” de que Argentina necesitaba una reconciliación.

Durante la década de 1990 el escenario político fue adverso a las demandas de derechos humanos. Aun así, el reclamo de los organismos se articuló y potenció con otras demandas surgidas como respuesta a las desigualdades sociales intrínsecas al modelo neoliberal. La crisis integral que transitaba Argentina por aquellos años conducía a una conclusión certera: la exclusión social y la desintegración nacional de finales de siglo eran la consecuencia del proyecto iniciado en 1976.

El reclamo de memoria, verdad y justicia ganó respaldo social y debió discutirse aún en el seno de una dirigencia política sin voluntad de cambio respecto del escenario de impunidad. En 1998 el Congreso derogó las leyes de punto final y obediencia debida. Se trató de un gesto meramente formal porque, a diferencia del proyecto de nulidad, no permitía la retroactividad necesaria para juzgar a los represores.

A fines de 2000, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó una querella por la desaparición de Liborio Poblete Roa y Gertrudis Marta Hlaczik, y la apropiación de su hija. El caso cayó en manos del Juez Federal Gabriel Cavallo, quien dictaminó que las leyes de impunidad debían ser anuladas. Ese fue el paso inicial para llevar nuevamente el debate al Congreso.

Finalmente, en 2003 se abrió un nuevo escenario en el cual los Derechos Humanos protagonizaron la agenda política. En agosto el Congreso declaró nulas las leyes y en setiembre el entonces presidente Néstor Kirchner firmó la promulgación.

Pasaron casi dos años hasta que la nulidad fue efectiva. En junio de 2005 la renovada Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las leyes de punto final y de obediencia debida. Además, avaló la nulidad sancionada por el Congreso. Ambas resoluciones se tomaron en el marco del caso Poblete.

Tras la crisis del 2001 y el reordenamiento que se registró al interior del bloque de poder, el gobierno que asumió en 2003, encabezado por Kirchner, reconoció que, para sortear esa crisis y “salir del infierno” –tal como lo expresaba el presidente-, se debía modificar la lógica de la gestión estatal.

El gobierno adoptó una retórica y una acción atravesadas por el sentido ético de juicio y castigo. La renovada política en Derechos Humanos atendía los reclamos de justicia y fue un modo contundente de romper con la discursiva neoliberal establecida con el golpe de Estado de 1976.

La Unidad de Coordinación Fiscal y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, órgano dependiente de la Procuraduría General de la Nación, informó que, hasta diciembre del 2007, eran 349 los represores procesados. Las causas referían a torturas, secuestros y homicidios cometidos en cuatrocientos noventa y ocho centros clandestinos de detención (CCD).

De los más de 260 detenidos que había en ese momento, sólo un 17 por ciento se encontraba alojado en instalaciones penitenciarias. Casi el 50 por ciento se cobijaba en unidades militares o policiales.

Un informe actualizado de la misma fuente da cuenta del incremento del número de procesados: hoy son 656. Entre ellos, hay 325 con al menos una causa en etapa de juicio y 140 imputados que alcanzarían en lo inmediato ese estadio procesal. Son casi 70 los condenados.

En lo que va de 2010 tuvieron lugar 5 juicios y 15 condenas. También se registran 9 debates en trámite -con más de 90 imputados-, y 8 más, que se desarrollarán en los próximos meses.

Las condiciones de detención también se modificaron de modo sustancial. 464 personas se encuentran detenidas, de las cuales el 55 por ciento está alojado en unidades penitenciarias. No quedan recluidos en unidades militares.

Las políticas de Justicia tuvieron un alcance inédito. Se siguió juzgando a la jerarquía militar, pero también a agentes penitenciarios, policías, personal de inteligencia, médicos y abogados. Entre los juzgados resaltan, también, un juez y un cura; y está procesado el ex ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.

El primer sentenciado tras la nulidad de las leyes fue Julio Simón, más conocido como el “Turco Julián”, un torturador sin rango jerárquico que fue condenado a 25 años de cárcel común en 2006. Sin embargo, el proceso fue una muestra de las reticencias que aún ofrece el Poder Judicial. Los familiares de las víctimas habían solicitado 50 años de reclusión y cuestionado el papel del fiscal, por argumentar la falta de antecedentes penales del acusado.

La segunda condena fue paradigmática. En 2007 el tribunal de la ciudad de La Plata condenó al represor Miguel Etchecolatz a reclusión perpetua por su responsabilidad en "delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio". Fue la primera vez que se incluyó la figura del genocidio en una sentencia.

Meses después, en esa misma ciudad, la tercera sentencia recayó sobre el sacerdote católico Christian Von Wernich, quien fue condenado a cadena perpetua. El ex capellán de la policía, que actuó junto al represor Ramón Camps, también fue sentenciado por su participación en un “genocidio”.

En 2009 comenzaron los primeros procesos en Santa Fe. Uno de ellos se sustanció contra el ex juez federal Víctor Brusa, quien se convirtió en el primer funcionario del Poder Judicial condenado por crímenes de lesa humanidad. Durante la dictadura, Brusa trabajó con el juez Fernando Mántaras, un nazi confeso.

En Córdoba, sede de la jefatura del Tercer Cuerpo de Ejército, se lleva adelante un juicio que reubicó al dictador Jorge Rafael Videla en el banquillo de los acusados. En ese mismo proceso se juzga a Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe de ese cuerpo.

En abril de 2010 comenzó el primer juzgamiento del personal penitenciario en La Plata. En julio se inició el primer proceso en Mendoza –que juzga, entre otros, a un médico y un abogado-, para agosto está previsto otro en Santiago del Estero y en ese mismo mes se juzgará a Luis Abelardo Patti, ex comisario, en la provincia de Buenos Aires.

El caso más resonante aún no ha llegado a juicio. Se trata de la denuncia presentada por Abuelas de Plaza de Mayo en 2002 por la probable apropiación de hijos de desaparecidos. La denunciada es la dueña del emporio mediático Clarín, Ernestina Herrera de Noble.

Herrera de Noble tuvo afinadas relaciones con la cúpula del régimen dictatorial, las cuales incluyeron la sesión de parte de la empresa Papel Prensa. Gabriel Cavallo, quien dictaminó una década atrás la necesidad de nulidad de las leyes de impunidad, hoy se desempeña como abogado defensor de la presunta apropiadora.

Sectores eclesiásticos, agrupamientos políticos de derecha y viejas estructuras militares han resistido la condena al genocidio. Son los mismos que han tramado oposiciones a medidas como el matrimonio igualitario, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la reconfiguración del régimen de retenciones a la agro-exportación y las estatizaciones de fondos previsionales.

La apertura en materia de Derechos Humanos fue parte constitutiva del rompimiento con la impunidad y con el escenario político que la sostenía. Justicia, memoria y reconfiguración socio-económica fueron expuestas en la misma fórmula.

Quizás esa ecuación es la que no logra visualizarse en igual medida en otros países de la región. En Uruguay y Chile se ha discutido largamente la política de Derechos Humanos. Sin embargo, en esos Estados, la crisis del modelo neoliberal no tomó la misma forma que en Argentina. En los enfrentamientos con los sectores más conservadores no tuvo centralidad la revisión del pasado dictatorial. Esto, entre otras razones, se explica por el menor peso relativo del movimiento de Derechos Humanos.

El Frente Amplio uruguayo gobierna desde 2006. Sin embargo sigue vigente la Ley de Caducidad, sancionada por el Congreso hace 24 años, para sostener la amnistía de los represores. En la actualidad se debate la posibilidad de derogación o nulidad de la norma en el seno del Parlamento.

La ley 15848 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue llevada a plebiscito en 1989 a pedido de la izquierda, pero la misma fue refrendada por el voto popular.

En 2007 surgió una nueva campaña para plebiscitar una enmienda constitucional que anularía parcialmente la ley, lo que hubiera implicado efectos retroactivos. En junio de ese año la Corte Electoral confirmó que se habían alcanzado las firmas para realizar un nuevo referéndum. El mismo tuvo lugar junto a las elecciones nacionales de octubre de 2009, pero no alcanzaron las voluntades necesarias para su aprobación.

Sin embargo, a partir de 2006 fueron condenados algunos represores cuyo accionar no quedó contenido en la ley por interpretación de sus excepciones o por la referencia extraterritorial que supuso la articulación de las dictaduras del Cono Sur, conocida como Plan Cóndor. El caso más sobresaliente fue la sentencia por “dictador” a José María Bordaberry, presidente de facto entre 1973 y 1976.

La Concertación de centro-izquierda chilena no pudo mantenerse en el poder y perdió la elección presidencial frente al derechista Marcelo Piñera en 2010.

El titular de la Conferencia Episcopal de Chile, monseñor Alejandro Goic, se reunió con Piñera en el palacio de La Moneda, para peticionar en nombre de la jerarquía eclesiástica. Los religiosos plantearon que “La iniciativa Chile, una mesa para todos en el bicentenario” no estaría completa si no considerara a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el Régimen Militar”. Los curas piden impunidad para los criminales de lesa humanidad.

Pese a que el ministro chileno de Justicia, Felipe Bulnes, descartó la política de indultos, se espera que la discusión tome cuerpo y el partido de gobierno no sería detractor pleno de la medida.

La solicitud de indultos había llegado a la ex presidenta Michelle Bachelet, quien no avanzó en ese sentido pero debió lidiar con su antecesor, también de la Concertación. Ricardos Lagos indultó a uno de los asesinos del líder sindical Tucapel Jiménez, durante la dictadura militar.

Además, sigue vigente el decreto-ley de amnistía que firmó el dictador Augusto Pinochet en 1978. La medida estuvo destinada a “las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos durante la vigencia de la situación de Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 10 de Marzo de 1978”. En 2009 se hizo el primer intento parlamentario de derogarla. Pero la maniobra no prosperó, tanto por oposición de la derecha como por indecisión del gobierno. En Chile hay pocos represores condenados. Cada caso que llega a la Justicia se somete a la interpretación judicial respecto de la pertinencia de la ley de amnistía.

nbrite@prensamercosur.com.ar

Chile: La iglesia del olvido

Álvaro Ramis.* - http://www.surysur.net/?q=node/14234

Crecí en una Iglesia de la que era fácil sentirse orgulloso. Era la Iglesia de don Raúl, de don Carlos Gonzalez, de don Jorge Hourton, de don Enrique Alvear, de don Carlos Camus, de don Sergio Contreras. Una Iglesia en las antípodas de los obispos argentinos o españoles, que en el mejor de los casos cerraron los ojos ante el horror, cuando no derechamente lo empujaron. De esa Iglesia aprendí que ser católico era sinónimo de defender los derechos humanos, promover la justicia y optar siempre por lo pobres.

La primera vez que escuché de censura, detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, torturados, exiliados o relegados no fue en mi familia, sino en la parroquia, leyendo por casualidad la revista de la Vicaría de la Solidaridad, cuando tenía diez años. Me acuerdo de varias noches sin dormir luego de enterarme por esa vía de lo que nunca me habían comentado mis padres, y sentir que el país en el que me creía tan seguro no era más que una parodia de espantos.

Fue como darse cuenta, de golpe, que el Chile de la televisión, de El Mercurio, incluso de una buena parte de mi familia, no era más que una caricatura, el decorado de un circo, los bastidores de una obra de terror. En medio de esa confusión, lo que me sostuvo fue aprender que Dios no era neutral en el Chile de Pinochet. Dios estaba con los perseguidos, quería que acabaran tantos sufrimientos, no le era indiferente la miseria y la penuria de la gente.

Aunque no entendía todo lo que pasaba, a esa edad para mi estaba claro que el Dios cristiano no era un dios de componendas ni de falsos equilibrios.

Han pasado muchos años y las certezas de fe que esa Iglesia me regaló nunca me han abandonado. Sigo pensando que Dios no es neutral, ni ambiguo ni indiferente. Sin embargo, dudo que la Iglesia que me ayudó a entender eso sea la misma Iglesia que hoy aparece desfilando ante La Moneda para reclamar una anodina “mesa para todos” en la que se sienten los que nunca han reconocido culpa ni arrepentimiento por las atrocidades con las que cargan.

Veo los rostros de don Alejandro Goic, de Cristián Precht y no puedo creerlo. ¿Tanto han cambiado los vientos en la curia, tan lejos han llegado los poderes de la nunciatura, tan dura es la presión de los “bienechores” empresariales? ¿Tan poco queda de la Iglesia valerosa y corajuda que conocimos? ¿Tan poca la decencia y tan corta la dignidad para dejarse usar para cumplir la promesa más impopular de la campaña presidencial? ¿O tanto el miedo a la irrelevancia y al olvido de los poderosos?

Como me ocurre a mi, creo que esta indignación le sobreviene a muchas personas. Amanda Jara, la hija de Víctor, lo compartía al decir que “es impresentable que la Iglesia se olvide del cardenal Silva Henríquez”. Es fácil entender que algunos de los nuevos obispos como Gonzalo Duarte o Juan Ignacio Gonzalez, que siempre defendieron a los genocidas y criminales pinochetistas, hagan estas proposiciones. Pero que las avalen quienes acompañaron los dolores de las víctimas, quienes les vieron a la cara en su hora más angustiosa, me parece infame.

Haber llevado a juicio a los sesenta condenados que hoy cumplen penas por crímenes atroces y alevosos, cometidos al amparo del Estado y sus recursos, ha sido un esfuerzo extenuante y desgastador que ha supuesto décadas para los familiares y las organizaciones que les han apoyado. Se trata de un número irrisorio de casos, que han contado con condiciones judiciales y carcelarias incomparables frente a la masa de presidiarios comunes que abarrotan las cárceles.

La propuesta del Episcopado, junto con dar pié a que se reduzca este número de condenados a la mitad, permite que se apruebe, de manera encubierta, una ley de obediencia debida que deje fuera de los tribunales a oficiales de menor graduación que hoy están en proceso.

Si algo caracteriza al cristianismo es que exige definiciones. Jesús nunca evadió conflictos y supo resistir a las presiones de los poderes de su tiempo. Su delito capital fue proponer un Reino distinto al Imperio del César, lo que representaba un crimen de lesa majestad. Por eso su muerte no sólo es un acto de donación, sino el resultado de un tipo de práctica consecuente que acabó por detonar su asesinato judicial, por instigación del poder religioso.

A pesar de la condena, Jesús fue fiel a si mismo, a su fe y a la justicia. ¿Puede la Iglesia chilena hoy decir lo mismo? ¿Puede anunciar con alguna credibilidad estos misterios?

*Columna publicada en la página de la radio de la Universidad de Chile (http://radio.uchile.cl).

Addenda
El Presidente de la Repúbloca anunció este domingo que revisará caso a caso los indultos, que serán sólo por razones humanitarias y no contemplarán a condenados por crímenes graves, entre los que se cuentan los de lesa humanidad. En cambio, dijo, promoverá una modernización del sistema penitenciario.

La milicia sanitaria de Eva Perón, una historia silenciada por la intolerancia

 Por Cynthia Ottaviano -

 http://tiempo.elargentino.com/notas/milicia-sanitaria-de-eva-peron-una-historia-silenciada-intolerancia

Tenían el día organizado “para cultivar el espíritu, la mente y las condiciones físicas”. Se despertaban al alba, hacían gimnasia, se duchaban y tomaban clases teóricas. Incluían Anatomía, Fisiología y también Doctrina Peronista. Almorzaban “respondiendo a un régimen alimentario científico”. Volvían a hacer deporte y se retiraban a limpiar su cuarto, “bajo el más estricto aseo”, sus tres uniformes reglamentarios, y su alma: “antes del sueño reparador” debían realizar “un examen de conciencia, preguntándose qué han hecho para la felicidad de la comunidad y de la patria”. No podían mentir. Estas eran algunas de las normas que cumplieron las mujeres, de entre 16 y 21 años, que se sumaron a la Escuela de Enfermeras de la Fundación Eva Perón. Esta verdadera milicia sanitaria fue creada a principios de 1948 y llegó a formar 858 enfermeras y 430 especialistas, cifra récord para la época. Pero el sueño dorado duró poco: con el golpe del ’55, las persiguieron, les allanaron las casas y les quemaron hasta los uniformes. Su historia fue silenciada hasta hoy.

En su mayoría eran chicas humildes, a las que no les importaba nada más que “servir a su pueblo”. Todo lo que pudieran hacer, para ellas, era poco, porque la escuela significaba “la dignidad, la vida”. El rigor era lo de menos. Así lo recuerda María Luisa Fernández, en diálogo con Tiempo Argentino: “Abnegación, desinterés y amor, esa era la frase de Evita. Y nosotras lo vivíamos así, no se nos ocurría cuestionarlo”.

Lo mismo cree Nilda Cabrera, egresada de la escuela en 1951: “En nuestras vidas no habíamos ido ni a La Salada –relató a este diario–. Era un sueño para nosotras. La primera vez que me subí a un avión fue para ir a Ecuador. Después a Perú. Y nos recibía el presidente del país”.

Por eso se sentían elegidas, por conocer países latinoamericanos y europeos, príncipes y presidentes. Sentían que las habían transformado y, en definitiva, ese era el objetivo de la Escuela: formar “misioneras de paz”, siempre “dentro de la norma disciplinaria”. Así lo explicó Adelina Fiora, la primera regenta: “muchas venían de hogares muy humildes y desconocían por completo el sentido de la disciplina, indispensable para el estudio que emprendían. Se me ocurrió que una manera de enseñarles a organizarse era izar y arriar la bandera en el patio. Tal como hacen en la escuela primaria y secundaria.” Y funcionó.

La idea tenía dos fuentes de inspiración muy concretas: el justicialismo, de raíz socialcristiana, y el proyecto del médico Ramón Carrillo para cambiar el mapa sanitario argentino. En 1945, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, se morían 300 bebés de cada mil que nacían. Carrillo sostenía que debía formar a 20 mil enfermeras profesionales, para el cuidado de la población civil, pero también para la defensa nacional en casos extremos, como guerras y catástrofes. En su “Plan Analítico de Salud Pública” (1947) sostuvo que por medio de la medicina asistencial, la sanitaria y la social podía cambiarse la realidad. 

Y el plan se puso en práctica. Hasta ese momento, la escuela de enfermería más conocida, tal vez, era la de la Cruz Roja Argentina. Para el peronismo, ninguna de las dos servía: eran del sistema capitalista. Bajo los parámetros de Eva y Carrillo, las alumnas debían tener otros principios: “No creen ofrecer limosnas, no entienden que van a regalar ayuda a los pobres: están regidas por el concepto justicialista, que constituye la base de la entidad central a la que pertenece. No esperan el llamado de los necesitados, se dedican organizadamente a buscar a quienes necesitan auxilio”, detalla una publicación de 1949, de la propia escuela. Para las alumnas era sencillo: la Cruz Roja era para la aristocracia. “Era gente de dinero, de doble y de triple apellido. Se anotaban para casarse con un médico. Nosotras éramos el Pueblo, las grasitas”, explica María Luisa. Grasitas o no, tenían que pasar exámenes, bolillero de por medio “Llegábamos re nerviosas”, agrega. 

El programa se considera de los más completos del momento: en primer año tenían Anatomía y Fisiología, Semiología (Médica), Higiene y Epidemiología General, Defensa Nacional, Historia de la Enfermería y Moral y Doctrina Peronista. En segundo: Enfermería Quirúrgica, Enfermería Clínica, Primeros Auxilios, Medicina Social y Doctrina Peronista. Y en tercero: Obstetricia y Ginecología, Infecciosas, Puericultura y Pediatría, Dietética y Arte Culinario, Neuropsiquiatría y Doctrina Peronista. Además, podían optar por estudiar un año más y recibirse como especialistas en Anestesia, Hemoterapia, Laboratorio y Asistencia Dental, entre otras. Resulta evidente que la única materia que se repetía año tras año era Doctrina Peronista. El objetivo era muy concreto, formar enfermeras, pero justicialistas: “la alumna es preparada para el civismo –remarcaban los escritos–, pues con la conquista de los derechos políticos de la mujer, adquiere gran importancia la capacitación de la juventud femenina en ese campo”. Se buscaba revolucionar la enfermería y el país. Como consideraban que no había material de formación suficiente, la escuela contaba con un equipo auxiliar de taquígrafas. De esa manera, se tomaba nota de las clases, para preparar los apuntes que después repartían en forma gratuita. Igual que los uniformes (reglamentario interno, de labor y de gala) y que las habitaciones individuales para las que venían del interior y la comida.

“Todo era revolucionario –sostiene Nilda–. Nos enseñaban a manejar, motos, jeeps y ambulancias.” Es que a su cargo tenían 200 motos, los jeeps blancos, equipados con carpas, camillas y botiquines y las varias “ambulancia-hospital”, una suerte de motor-home, con diez camas en su interior y una cabina de operaciones. Contaban también con equipo para realizar transfusión y oxigenoterapia. Tenían, además, hasta perros amaestrados, que transportaban botiquines de aluminio.

 “La disciplina era una cosa que se nos inculcaba mucho –detalló Delia Maldonado–. La primera lección que se nos dio fue la de saludar siempre al paciente. Y preguntarle cómo se sentía. Jamás se prendían las luces de la sala ni se despertaba a los pacientes batiendo las manos o gritando.”

Así se los había pedido la propia Evita, el 14 de septiembre de 1950, cuando la Escuela se incorporó a la Fundación Eva Perón. “En este acto le prometo al Presidente –sostuvo– que vamos a formar muchas enfermeras para ofrecerles a la patria, mujeres sacrificadas, capaces y dignas del pueblo argentino. Ustedes nunca podrán saber lo mucho que las quiero, nunca podrán comprender el profundo cariño que siente su presidenta hacia todas sus colaboradoras, nunca podrán comprender el amor entrañable y la satisfacción enorme que siento cuando veo una enfermera de la Fundación. Este afecto nace porque ustedes son artífices de esta gran obra, porque ponen no sólo el trabajo incansable sino el espíritu, porque colaboran conmigo para demostrar a nuestro presidente y al Pueblo  de lo que somos capaces las mujeres argentinas, cuando  amamos y trabajamos.”

Los deseos de Evita se apagaron con su muerte. No pudo, como hubiera querido, verlas egresar, ni darles sus diplomas, aunque algunos llegó a firmarlos. “Ella nos creó, pero como enfermeras, no pudimos hacer nada –dice Nilda, quien todavía conserva el título con la rúbrica de Evita –. Tuvimos mucho dolor, lloramos mucho.” Ese, tal vez, fue el prólogo de la tragedia: con el golpe del ’55, las enfermeras fueron perseguidas, allanaron sus casas, quemaron sus uniformes, sus apuntes y hasta los legajos de los hospitales. “Se vivió todo el odio”, resume María Luisa  “Ese día –agrega Nilda– empezamos a ver los aviones, los médicos corrían como locos. Yo trabajaba en el Policlínico San Martín, al rato empezaron a abrir puertas y se robaron todo: vajilla, nebulizadores, aparatos de presión. Todo. Fueron a mi casa, y mi mamá les tuvo que dar hasta las fotos. Pobrecita, estaba muy asustada.”

Con la dedicación y el esmero que sólo el odio rumiado durante años puede dar, los militares llegaron, incluso, a quitar una placa de un monumento que homenajeaba a dos enfermeras. Todavía hoy se lo puede ver en la avenida Costanera. Al fijar la vista se ve a dos mujeres, como recortadas por las llamas, sobre las alas de un avión. Son Amanda Allen y Luisa Komel. 

El 27 de septiembre de 1949, las enfermeras volvían en avión de Ecuador, adonde habían viajado para socorrer a las víctimas de un terremoto. Cuando estaban por llegar a la base de Morón, la máquina empezó a incendiarse. Dicen que, para ahogar el pánico,  cantaron “Los muchachos peronistas”. Evita había querido recibirlos. Así lo recordó su hermana Erminda Duarte: “Querías ser la primera en darles la bienvenida. En abrazar a las abnegadas muchachas. Y de pronto la noticia: el avión había caído. El pueblo que te acompañaba permaneció en un silencio consternado. Y de pronto te sacudió un llanto sin consuelo.”

La angustia por las cuatro muertes y los heridos fue tanta que decidieron homenajear a las enfermeras con el monumento que, incluso hoy, algunos creen que es por el accidente de LAPA. Pero no. Así como los golpistas prohibieron hasta la mención de Perón y el peronismo, sacaron la placa que recordaba a las “misioneras de la paz”, al “cuerpo de samaritanas”, a las mismas que con su relato empiezan a reconstruir esta historia. Silenciada, hasta hoy, por la intolerancia.