Ofensiva internacional neo fascista

Jorge Elbaum - http://www.elcorreo.eu.org/La-internacional-neofascistaDiez-conjeturas-sobre-la-aceleracion-parda?lang=es

El pueblo de los países pobres se mata trabajando para financiar el desarrollo de los países ricos.
El Sur financia al Norte, y especialmente a las clases dominantes de los países del Norte.
El medio de dominación más poderoso es actualmente la deuda.

Jean Ziegler

1. Bolsonaro no está solo.

Los climas políticos son contagiosos. Existen variadas formas de mímesis en la historia. Enlazar los procesos simultáneos que se dan en los distintos puntos cardinales implica aceptar que estamos viviendo un peligroso cambio de época. Desde la crisis económico-financiera de 2008 se aceleraron los discursos xenófobos, los desplazamientos poblacionales y los mecanismos sutiles o brutales de proteccionismo cultural y étnico : la parafernalia neoliberal de las fronteras abiertas se transformó en una maquinaria dispuesta para el desprecio al otro. Una carga de provincianismo racista acompañada del recrudecimiento de las guerras comerciales más o menos abiertas. El supremacismo blanco de Trump que envía soldados para detener a hondureños desesperados, es el espejo de la Europa islamofóbica (constituidos estos últimos en los perseguidos judíos del presente). Quienes suscribieron la guerra civil en Siria clausuraron después las compuertas para las oleadas de desesperados que escapaban de los bombardeos. En Italia la Liga Norte de Matteo Salvini empieza a discutir su Brexit. En Austria el partido neonazi FPÖ forma parte de la coalición gubernamental con dos ministerios, el de relaciones exteriores y el del interior. En Finlandia y en Suecia tres de cada diez ciudadanos apoyan a partidos que reivindican la discriminación y la superioridad blanca, haciendo caso omiso a las humillaciones que sufren diariamente los migrantes. En Hungría, el premier Viktor Orban convoca a expresar la identidad moral y étnica de los magyares por sobre el resto de los habitantes. Marine Le Pen sigue conservando el favor de un cuarto de los franceses y por primera vez desde la Segunda Guerra un partido nazi entra en el Bundestag de la mano de Alternativa por Alemania, sin que el sistema político germano haya apelado a las cacareadas prohibiciones que existen sobre el discurso hitlerista. En Polonia el partido Ley y Justicia de Jarosław Kaczyński impulsa y aprueba normativas revisionistas, condescendientes con los colaboracionistas nazis, quienes —según las nuevas normas— deben ser considerados como perseguidos por los soviéticos, luego de la Gran Guerra Patria. En Holanda Geert Wilders llama a prohibir las mezquitas y, en Israel, Netanyahu impone una Ley que legitima el apartheid, al tiempo que muchas democracias occidentales lo premian con el traslado de la embajada a Jerusalén, sin considerar la continuidad de la ocupación de Palestina.

2. El casino.

Existe una ofensiva reaccionaria motivada por la crisis estructural que se origina en la financierización. Este modelo de acumulación logra extorsionar al mundo productivo mediante la exigencia de rentabilidades solo alcanzables mediante la brutal precarización, la flexibilidad y la caída del poder adquisitivo de los salarios. La trampa radica en que el capital productivo se fuga hacia paraísos fiscales exigiendo que el mundo del trabajo maximice la explotación para poder competir con la rentabilidad ofrecida por su lógica rentística. Su expresión más violenta son los fondos buitre defendidos por equipos de abogados expertos en guerras jurídicas dispuestos a saquear las arcas estatales de los países que se endeudan con apoyo del FMI y las élites locales. Por su parte, los Macri, Temer, Piñera y otros se ven beneficiados con cuantiosas comisiones (provenientes de la emisión de títulos de deuda) y sobre todo con la expectativa de convertirse en futuros CEOs de las empresas transnacionales que adquirirán las destrozadas redes productivas locales, mediante inversiones ínfimas.

3. Camisas pardas.

Los movimientos reaccionarios siempre han sido el resultado del intento de democratización de las sociedades y del desafío a los sectores privilegiados. Frente a Espartaco en Roma, a la irrupción de los trabajadores en 1870 o en 1917, y/o a la conformación del peronismo de la década del ’40, los poderes fácticos se aliaron con el objetivo de ahogar cualquier posibilidad de darle cabida o continuidad a la extensión de la equidad y la libertad. Todos los procesos de reacción responden al miedo que sienten los sectores del privilegio a perder el control del tablero : Bolsonaro y el resto de las derechas en el mundo irrumpen como expresión desesperada ante los posibles avances de los sectores democráticos. Quienes los votan han sido cooptados por el terror ante la invasión de los extraños, a quienes se presenta como los responsables de amenazar aquello que se ha conquistado : el ultraliberalismo produce las condiciones de la marginalidad y la violencia y se ofrece para solucionar el problema con mano dura, homofobia, misoginia y etiquetamientos variados. El temor sistémico es inoculado a través de murmuraciones repetidas por los medios hegemónicos que instigan a la aceptación inmediata de respuestas rápidas y crueles. En forma paralela, el delito, el narcotráfico y la imbricación de los organismos de seguridad en los entramados oscuros del poder mafioso, aumentan con los efectos del ultraliberalismo y la falta de proyectos sociales colectivos esperanzadores.

4. Meteorología.

Las convocatorias a la violencia de Estado son exitosas cuando existe una ciudadanía carente de conciencia crítica, y al mismo tiempo ajena a los procesos de participación democrática cotidiana. Los climas reaccionarios necesitan fabricar enemigos internos y externos y de ser posible combinarlos. Pueden ser elegidos entre los más débiles y vulnerables con la condición de despertar desconfianzas generalizadas : migrantes, nacionalidades foráneas o portadores de características étnicas o fenotípicas suelen ser las víctimas prioritarias. Estos etiquetamientos son útiles para ocultar el proceso de deterioro que generan las políticas de acrecentamiento de la riqueza. Al instigar al odio hacia un enemigo se busca cambiar el eje del debate real sobre la producción material cultural y simbólica de las crisis que sus políticas producen.

5. Bienes.

La inclusión social expresada en el consumo aparece como una paradoja : el neoliberalismo excluye al tiempo que sus opositores, los sectores progresistas, intentan expandir el mercado interno. Cuando esto último sucede, los incluidos se desesperan por conservar lo que han adquirido y se identifican con facilidad con los discursos privatistas y discriminatorios. Desprecian a quienes están subsidiados por el Estado, porque los consideran competidores ilegítimos de su ascenso social.

6. Pánico.

Las olas reaccionarias hacen brotar los miedos atávicos de una sociedad y los redirigen hacia sujetos alejados de los generadores de la crisis. Los brasileños no votaron específicamente por los nazis sino, mayoritariamente, contra la inseguridad y contra la corrupción instalada como expresión (única) del PT, obviando la permanente estafa estructural que supone la fuga de capitales, el endeudamiento y la carga impositiva mayoritaria sobre los sectores más empobrecidos de las sociedades.

7. Pátina.

Ni Bolsonaro ni Trump ni Netanyahu ni Salvini ni Le Pen ni Macri son antisistema : son el corazón brutal del sistema, la expresión más cabal del capitalismo rentista, su versión más fidedigna y transparente. Todos ellos son tributarios de un nuevo sentido común basado en un doble soporte cultural : espiritual y académico. Una teología de la prosperidad individual (santa y egoísta), y unos discursos econométricos que fetichizan las cuantificaciones obviando las orientaciones valorativas, como si pudiesen existir estas últimas en formatos ajenos al comportamiento humano. De esa manera se ofrecen ante los impávidos receptores como portadores de un halo divino y de una carcasa científica. Anuncian repetidamente que Dios y la Verdad los escoltan.

8. Damocles

En ese marco, las opciones que ofrece la globalización en términos de sistema político son tres : el pacto continuista que consiste en competir por nimiedades, sin discutir los puntos centrales del sistema. Desmontar el sistema de partidos en nombre de un “que se vayan todos”, dejándole al mercado la oferta electoral de vedettes, deportistas o actores para gobernar sin presiones. O la propuesta de derechas basadas en la persecución, la proscripción, la guerra jurídica y la deslegitimación mediática. Cualquier oposición del tipo productivista, que pretenda limitar la especulación y valorizar el trabajo, será acusada de populista y descalificada en los altares bienpensantes del poder mundial. El modelo de democracia al que se puede acceder, aquel que autorizan, sólo es el que se ofrece como funcional a la financierización extorsiva.

9. Aniquilamiento

La lógica del mercado busca exterminar a la política porque ese es el único territorio donde las grandes mayorías pueden lograr la democratización de algo. Solo la remanida voluntad general o su versión remasterizada, el poder popular, pueden hacerle frente.

10. Atenti

Los que vienen marchando no son los santos.

Maduro no será la izquierda, pero Guaidó es el imperialismo

María Julia Bertomeu, Gustavo Buster, Daniel Raventós* - http://questiondigital.com/maduro-no-sera-la-izquierda-pero-guaido-es-el-imperialismo/

La autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente del país, alegando —según el art. 233 de la constitución bolivariana— la ocupación ilegal del cargo por Maduro, ha abierto el escenario definitivo de un golpe de estado del imperialismo estadounidense y de los sectores de la oposición venezolana que lo apoyan.

No es el primero. Ahí están los antecedentes de 2002 y 2004, cuyo desarrollo conspirativo y entramado jurídico-político son ampliamente conocidos. También en este caso, y para sortear las disposiciones antigolpistas de la OEA, este golpe ha ido acompañado de un entramado jurídico político a partir de la victoria de la oposición en las elecciones legislativas de diciembre de 2015. Sus argumentos centrales son el carácter anticonstitucional de la composición de la Asamblea Nacional Constituyente (no así su convocatoria), el vaciado de funciones de la Asamblea Nacional, la renovación irregular del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo Electoral Nacional y, finalmente, el no reconocimiento de las elecciones presidenciales de mayo de 2018, por las limitaciones impuestas a la participación de la oposición.

Las acusaciones de violación de la Constitución Bolivariana de 1999 por parte de la oposición también son reales y se concentran en las irregularidades denunciadas en la elección de tres diputados de la Amazonía, sin los cuales la Asamblea Nacional carece de los dos tercios necesarios para renovar otros órganos de poder.

En este pulso por la legalidad constitucional bolivariana, lo cierto es que tanto el gobierno Maduro como los sectores de la oposición que conformaron en su día el Frente Opositor 16 de Julio (reclamando la legitimidad del referéndum opositor) han violado el texto en el que quieren arroparse. Del pulso legal se ha pasado a una dualidad de poder legislativo y de este a un escenario de golpe de estado impulsado por la Administración Trump, que puede concluir en una confrontación que acabe con lo que queda de una república exhausta por la crisis social, un extractivismo económico en bancarrota, la corrupción y unas sanciones cuyo propósito es hambrear a la población para obligarla a rebelarse y aceptar la “liberación” del imperialismo.

Efectivamente, como ha señalado el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, Maduro no es la izquierda, aunque viniendo de él, y visto lo visto, sea un sarcasmo. Desde hace más de tres años, Sin Permiso ha publicado cerca de 200 textos de autores y autoras venezolanos y latinoamericanos de izquierda (que se pueden consultar en nuestros archivos), analizando las políticas sociales y económicas del gobierno Maduro y anteriormente de Chávez. Lejos del “golpe de timón” exigido por el entonces agonizante Hugo Chávez, la República Bolivariana representa hoy los intereses de la llamada “boliburguesía”, que no ha dudado en hipotecar el patrimonio de la nación para sobrevivir a costa de créditos rusos y chinos.

La crisis económica venezolana no es de hace cuatro días. En marzo de 2013, Sin Permisopublicaba un artículo en donde podía leerse que Venezuela tenía entonces “una situación económica extremadamente preocupante y una situación social sensiblemente mejorada”. Seis años después, la situación social también es “extremadamente preocupante”. Y no todo es responsabilidad del imperialismo.

Pero Guaidó, lejos de representar al pueblo venezolano, es un peón del proyecto de golpe de estado preparado en Washington por los Bolton y los Abrams, fantasmas de los cambios imperialistas de régimen de las últimas tres décadas, ahora convocados por la administración Trump. El saqueo del monopolio estatal del petróleo venezolano es el botín al que aspiran, aunque sea a costa de incendiar a toda la región. Saben perfectamente que la cuestión clave es la actitud de las fuerzas armadas bolivarianas, un elemento central del propio régimen, cuya capacidad operativa impide por el momento una intervención militar imperialista.

Así que el pulso, como estamos viendo estos días, se juega en la calle, a golpe de manifestaciones masivas convocadas por el gobierno y la oposición golpista, acentuando la crisis económica y social y la huida emigratoria, mientras se cierra el cerco diplomático y se refuerzan las sanciones, en una escalada de la tensión. Cualquier pretensión de legalidad constitucional de la oposición golpista es mera comedia. El art. 233 busca ante todo conferir legalidad al poder de facto republicano ante el secuestro o asesinato del presidente y para ello exige al presidente de la Asamblea Nacional, asumido el poder, convocar elecciones en treinta días. ¿Dónde quedará el discurso de la legalidad constitucional de Guaidó el próximo 23 de febrero cuando no sea así?

Pero como bien ha explicado él mismo, no se trata de eso, sino de derrocar primero a Maduro, gobernar transitoriamente y solo después convocar elecciones. Fuera de la Constitución Bolivariana de 1999. Por su parte, el gobierno Maduro ofrece convocar elecciones legislativas, pero no presidenciales, apoyándose en sus triunfos electorales municipales y regionales de 2017 y en una abstención que afecta más a quienes se pueden permitir emigrar del país que a los que no tienen más remedio que quedarse.

En este escenario, la defensa de la Revolución nacional democrático bolivariana —a la que tan mal servicio ha prestado el gobierno Maduro— pasa por la reafirmación del marco constitucional de 1999, que recoge sus conquistas sociales y garantiza la propiedad estatal de su patrimonio petrolero y minero. El objetivo del golpe de estado imperialista, ahora como antes, es acabar con ella. La primera tarea frente al imperialismo es defenderla.

Pero igualmente imprescindible es llevar a cabo el “golpe de timón” que pidió Hugo Chávez y que el gobierno Maduro no solo ha sido incapaz de dar, sino que es un obstáculo para el mismo. Reconstruir la legitimidad popular de la Revolución Bolivariana exige un cambio de orientación que arrincone los intereses de la “boliburguesía”. Para ello es indispensable la defensa sin concesiones de los intereses populares y la resistencia al intento de golpe de estado. Ambos objetivos no solo no son contradictorios, sino complementarios. Lo que significa no callarse ante las actuaciones que el régimen de Maduro hace mal entorpeciendo precisamente la defensa de lo que queda de la revolución. Mal le pese a una izquierda determinada para la cual cualquier crítica a este régimen es “traición” y “apoyo al imperialismo y a la reacción”. Una izquierda cuyo lema bien podría ser, como dejamos apuntado en un editorial firmado con Antoni Domènech hace cuatro años: “No molesten al conductor”.

La actual situación de dualidad de poder, de pulso político en la calle, no durará mucho. Solo la amenaza de la desestabilización regional, con el desbordamiento de la crisis económica y social venezolana a los países vecinos, podría abrir espacio a un proceso de mediación —como el propuesto por México y Uruguay— para que Naciones Unidas garantizase la celebración a corto plazo de elecciones legislativas y presidenciales que permitiesen la reconstrucción de la legitimidad republicana de la Constitución de 1999.

Pero la mayoría de los gobiernos neoliberales de América Latina y la Unión Europea se han alineado con el golpe de estado diseñado por la Administración Trump. Maduro no será de izquierdas, pero parece difícil justificar que plegarse a sus presiones, como lo ha hecho Pedro Sánchez de la humillante manera revelada por El País, lo sea. O que la participación de Vanguardia Popular —la organización de derecha extrema a la que pertenecen Leopoldo López y Juan Guaidó—  en las reuniones de la Internacional Socialista, convertida en una caricatura de si misma, la transformen de pronto en una organización progresista. Oponerse al apoyo al golpe de estado imperialista es también una tarea defensiva contra el giro reaccionario de los populismos de derechas, se llamen Trump, Bolsonaro, Orbán, Casado o Rivera.

*Miembros del Comité de Redacción de Sin Permiso

EL PETRÓLEO, OTRA VEZ LO QUE MUEVE EL GOLPE EN VENEZUELA

http://misionverdad.com/La-Guerra-en-Venezuela/fondos-buitre-confian-en-la-casa-blanca-para-tomar-los-activos-de-citgo

La misión de Juan Guaidó como "presidente interino de Venezuela" bajo el supuesto de restablecer el orden democrático y combatir la crisis humanitaria, no tarda mucho en exteriorizar las verdaderas razones por las que se encauzan los implicados internacionales. Y en relación a la industria petrolera, se nota con premeditación.

Según una nota publicada por la calificadora de riesgo S&P Global Platts, entre los planes inmediatos del recién proclamado "gobierno de transición" aparece la renovación de la junta directiva de Citgo Petroleum Corporation, filial de PDVSA con capacidad operativa de 750 mil barriles diarios, equivalentes al 4% del total refinado en Estados Unidos. 

Esto viene en consonancia con la intención de usar los recursos bloqueados internacionalmente a Venezuela bajo interesadas acusaciones de corrupción, según una ley presentada en la Asamblea Nacional en desacato.

En ese mismo sentido,  el director del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, afirmó que su país cree que los fondos y activos bloqueados a Venezuela deberían "ser administrados por Juan Guaidó por el presidente interino del país". 

Además de esto, añade S&P Global Platts, que Guaidó prevé la creación de "una nueva ley nacional de hidrocarburos que establezca términos fiscales y contractuales flexibles para proyectos adaptados a los precios del petróleo y al ciclo de inversión petrolera".

En esta línea, según fuentes cercanas a Guaidó, el "gobierno paralelo" proyecta crear una nueva agencia de hidrocarburos "para ofrecer rondas de licitación de proyectos de gas natural y crudo convencional, pesado y extrapesado" en función de generar acuerdos ventajosos para transnacionales energéticas estadounidenses.

Así se ve la sustancia de fondo del "gobierno paralelo" (o de transición) de Guaidó; netamente enfocado en boicotear las finanzas del Estado venezolano para establecer un nuevo régimen de explotación petrolera, que otorgue el crudo venezolano a las corporaciones estadounidenses que hoy compiten por él.  

Basta como ejemplo citar el caso de ExxonMobil, expulsada durante el gobierno de Hugo Chávez por no aceptar el nuevo régimen de explotación hidrocarburífera reconocido en la Constitución bolivariana.  Una vez expulsada, esta corporación presionó a Guyana para explotar los recursos energéticos ubicados en el Esequibo venezolano, hoy en disputa con Guyana.

De prosperar esta intención, y poder extraer estos recursos, ExxonMobil se convertiría en uno de los principales exportadores de petróleo en América Latina, según analistas de Wood Mackenzi. Así es el tamaño de sus intereses en Venezuela, como se vio en los últimos días cuando hizo que Washington presionara al Grupo de Lima para que incluyera un rechazo a la detención por parte de la Armada Nacional Bolivariana de un buque de la corporación en aguas venezolanas.

Eso guarda estrecha relación con que Estados Unidos tiene como objetivo poder regular, hacia abajo o hacia arriba, el mercado de energía global, de acuerdo a la estrategia 2018-2022 de la Agencia para el Desarrollo Internacional del Departamento de Estado. Eso se traduce en políticas de intervención que alteran principalmente los mercados petroleros, sometiendo a los actores que participan allí mediante medidas de presión selectivas como sanciones energéticas, agresiones financieras de diversas índole, e intentos de cambio de régimen como el que hoy registra Venezuela. 

El fin es sostener a los Estados Unidos en una posición privilegiada dentro de la economía global, permitiéndole regular el mercado energético en función de golpear las economías de las potencias rivales: China y Rusia.

Venezuela, aliado fundamental de estos países, ha configurado una política energética basada en la cooperación mixta, con el predominio de la estatal PDVSA en los convenios de extracción de recursos petroleros por encima de las empresas privadas y estatales foráneas, manteniendo un control soberano del territorio y sus fuentes de energía.

Por eso, habla bastante por sí mismo que entre las primeras medidas de Guaidó, en su intento de usurpar funciones presidenciales, sea vender a futuro los recursos petroleros de Venezuela a las mismas corporaciones que, sin injerencias, no quieren negociar en igualdad de condiciones con el Estado venezolano. 

Francia: El decálogo de los chalecos amarillos

Francesc CasadóR . http://matrizur.org/2019/01/el-decalogo-de-los-chalecos-amarillos/

  

Un sábado más de movilizaciones en Francia de los indignados por las reformas económicas del presidente Emmanuel Macron y en particular contra el aumento de los impuestos sobre el carburante. Un movimiento espontáneo surgido en las redes sociales, sin relación aparente con partidos o sindicatos y con el objetivo último de destituir al actual gobierno. Otras interpretaciones apuntan a la conspiración, similar a la revolución naranja sucedida en Ucrania y vinculada al fascismo, dirigida contra Macron por sus recientes declaraciones a favor de la creación de un ejército europeo que recupere su soberanía territorial frente a los EEUU, una iniciativa que no habría gustado al sector más antieuropeísta representado por la Agrupación Nacional de extrema derecha liderada por Marine Le Pen. Incluso algunos medios afirman que las protestas son la punta del iceberg de la rebelión contra la transición energética en el seno de una UE empeñada en limitar el uso de hidrocarburos para su desarrollo económico. En cualquier caso, son múltiples los motivos de las reivindicaciones sociales y políticas en el discurso de los ‘chalecos amarillos’.

El aumento del impuesto ecológico sobre la gasolina y el gasoil anunciado por el primer ministro, Édouard Philippe, ha sido finalmente aplazado, también se han reducido las condiciones para superar el control técnico de vehículos que de lo contrario hubiera supuesto tener que comprar uno nuevo híbrido o eléctrico. Un auténtico problema para la población que habita en ciudades periféricas, alejadas de París, donde el coche es imprescindible para desplazarse. En Francia dos terceras partes de la población trabaja fuera de la localidad donde reside, tras la desindustrialización de las ciudades, el proceso de gentrificación ha ido alejando progresivamente a los trabajadores de los centros urbanos afectando a su movilidad. También los inmigrantes, desde los barrios periféricos de París y de otras grandes urbes galas donde habitan, sufren los inconvenientes de las largas distancias que dificultan el normal acceso a los distintos bienes y servicios. Fue en las regiones desindustrializadas del Reino Unido, como consecuencia del proceso de globalización, donde se gestó la victoria del Brexit, que ahora es erigido como bandera por los antieuropeístas del continente.

Los ‘chalecos amarillos’ tuvieron su precedente en el movimiento Nuit Debout que se celebró en la capital francesa durante el 2016 contra la Ley del Trabajo, unas movilizaciones con el objetivo de converger en la lucha con otras plataformas sociales de izquierda. Las actuales protestas han exigido desde el primer día la dimisión del presidente, esta premisa política está dando alas a la líder de la oposición, la ultra Marine Le Pen, en su campaña para las próximas elecciones europeas de mayo. El apoyo de la población a los manifestantes es alta, especialmente entre los votantes de la Francia Insumisa del izquierdista Mélenchon y del ultraderechista Reagrupamiento Nacional, ambas formaciones son euroescépticas, la primera defiende el euroescepticismo suave con preferencia por la soberanía nacional frente a la mundialización de la economía neoliberal y el segundo un euroescepticismo radical próximo a las nuevas doctrinas anglosajonas lideradas por Trump en su empeño por un mundo unipolar.

Marine Le Pen asegura defender las reivindicaciones de la calle, la seguridad contra el terrorismo y querer hacer de Francia un país independiente y sostenible recurriendo a un discurso populista alejado de los argumentos de clase. Los partidos ‘atrapalotodo’ aparecieron en la posguerra transformando la formación ideológica en un simple órgano de gestión dedicado a campañas de marketing centradas en captar el voto de los electores indecisos en aquellas circunscripciones más fluctuantes. Las consecuencias de esta falta de compromiso político se pueden comprobar en el explosivo cóctel en que se ha convertido el Estado italiano, una coalición entre los euroescépticos del Movimiento Cinco Estrellas y la Liga Norte, formación de extrema derecha.

En la Unión Europea a pesar del “cordón sanitario” acordado por los principales países para excluir a las formaciones ultras están gobernando o cogobernando en Austria, Bélgica, Italia, Finlandia, Eslovaquia, Bulgaria, Letonia y Polonia. En un reciente manifiesto firmado por los exdirigentes de Izquierda Unida, Cayo Lara y Gaspar Llamazares, se reprocha a la actual dirección del partido que la izquierda no “ha sido capaz de superar nítidamente la lógica neoliberal”. El documento pone el foco en la necesidad de cerrar filas y enfrentar esta nueva amenaza desde la unidad. Advierten de los últimos procesos electorales en Europa y América donde “lamentablemente, la agitación, la frustración y el miedo han derivado más fácilmente hacia las propuestas corporativas, autoritarias y xenófobas de la extrema derecha que hacia las propuestas solidarias y progresistas de la izquierda”.

El discreto encanto de la pequeña burguesía progresista

Por Mariano Dubin* (para La Tecl@ Eñe)- https://lateclaenerevista.com/el-discreto-encanto-de-la-pequena-burguesia-progresista-mariano-dubin/

Las clases medias que hacen de su progresismo un bien cultural legitimado que luego traducen en mejorar sus posiciones objetivas (beca, cargo, cátedra, posición jerárquica, etc.) y reproducen, por tanto, su clase son las mismas que dicen: “los otros se aprovechan de los pobres”.

El progresismo, sabemos, es el monopolio de la sensibilidad social.

Todo camino a las subsecretarías del Estado, las becas, las mejores condiciones laborales, los privilegios sociales está asfaltado con buenas intenciones. Eso sí el trabajo material de ese camino lo hacen siempre los mismos negros de mierda. Porque la pregunta es clave para un programa popular: ¿cuántos negros y negras ocupan voces relevantes de los espacios públicos y políticos? De ese privilegio, bueno, mejor no hablar de ciertas cosas.

¿Pero por qué esta recurrencia tópica de “perder los privilegios”? Los verdaderos privilegios, en realidad, no pueden perderse (“deconstruirse”, como dice la retórica de moda) porque básicamente son estructurales, es decir, no se pueden desarmar en una cifra de 280 caracteres. Lo estructural no es subjetivamente reversible; si lo es, no es estructural.

Nadie podría deconstruir, por caso, la propiedad privada. No porque la propiedad privada no fuera un sentido históricamente construido (de hecho hace poco más de 100 años había poblaciones en el actual territorio argentino que la desconocía: como el pueblo Selknam que fue exterminado por los Braun Menéndez). Los Selknam que cazaban guanacos no encontraron en esas mansas ovejas traídas por la extensión de la frontera ganadera propiedad privada: ¿hoy qué sentido más originario se produce en cualquier intercambio cotidiano –hasta pidiendo prestado un encendedor para prender un pucho- que el de la propiedad privada?

Porque la propiedad privada no puede ser arrojada en la esquina a la primera alcantarilla de nuestras frustraciones personales sino que estamos enajenados a ella por las relaciones materiales de producción contemporáneas.

La supremacía moral de las clases medias progresistas

Existe un proceso de secularización de larga duración donde una clase que ya no puede legitimarse por orden divino troca su justificación de ser en una “razón cultural superior”. Los modos de legitimación actuales imposibilitan decir: el sistema nos permitió estar donde estamos y ustedes se pudrirán donde nacieron.

Este proceso de secularización no elimina, por cierto, dos elementos centrales de la tradición occidental (al menos, en sus inflexiones oficiales): la idea de liberación postrera y la idea de que la acción social esconde una verdad que los sentidos ocultan.

Quienes asumen la potestad de indicar cuál es esa liberación y cuál es esa estructura oculta del mundo son los mismos y hacen de ese supuesto saber una soberbia epistemológica que corresponde relativamente a su posición objetiva en la sociedad. En el siglo XIX el gran tópico fue la raza, en el siglo XX la clase y en este siglo XXI, aparentemente, el género. Sobre este tópico, claro, hay apropiaciones diversas y derivas muy particulares. Sólo nos referimos a sus modos legítimos, aquellos necesarios para la reproducción social, que exigen hablar de un otro popular indefinido, monstruoso, oscuro.

En este marco, el discurso fantasmal sobre la pobreza y los réditos civilizatorios de la cultura para constituirse como clase son perfectos para establecer una clase social media (que en términos identitarios no ha parado de crecer en la historia argentina: cada vez hay más personas que se perciben “clase media”): la pérdida de una identidad proletaria, obrera, trabajadora, popular (o cualquier otra identidad marcada por el trabajo y que unificara mayorías) no es algo local sino global y parte del triunfo postrero del capitalismo.

Por si fuera necesario aclarar: no nos referimos a las izquierdas, los feminismos, los peronismos, los marxismos. El progresismo es una matriz ideológica que puede operar dentro de esos campos y otros porque lo que determina no es una retórica o una adscripción partidaria sino una perspectiva pequeño burguesa de supremacía moral. Hay izquierdas, feminismos, peronismos, marxismos que no aplican a esta definición.

Nunca los discursos se construyen por su contenido o solamente por él. Por ejemplo, decir todos, todas o todes no significa –a priori- ningún cambio que no sea retórico. Esto se sabe: no es el dictum, lo dicho, lo que determina a una ideología sino, principalmente, su enunciación, sus relaciones de posibilidad, su estructura de poder, su acumulación social. Y si uno deja de lado el balbuceo de los discursos modernizadores (donde unos siempre se presentan más allá del determinante social y se asumen a sí mismo libres, autónomos, deconstruidos y a los otros siempre se los presenta como la resaca social, el caso total de la no agencia, la decadencia) hay una continuidad de siglos.

Fuera de las neurosis de las clases medias progresistas, hay un sistema que en su irracionalidad extrema, en su destrucción inmediata, en su colonización de Marte y la Luna al compás de millones que beben agua de zanjas podridas como perros, hace que estalle la crisis (que además de ser material se vive en términos de zozobra, tristeza, odio, rabia, locura). Todo es posible. La destrucción del mundo, por ejemplo. En este contexto, hay tres elementos a señalar: 1) la agudización de la lucha interimperialista (principalmente, Estados Unidos y China pero en un mapa de aliados y enemigos más complejo); 2) el alza creciente de la lucha de clases en términos mundiales (sin síntesis programáticas); 3) la pérdida del “consenso democrático” entre las clases populares (que hoy está siendo vehiculizado, principalmente, por las derechas occidentales).

Momento urgente para articular una política nacional, popular, revolucionaria. No para dejarse zozobrar en esa radicalidad ideológica con nula extensión social a las que nos quieren condenar las clases medias progresistas.

El imperialismo: un tigre de neurosis

¿Estamos discutiendo política? ¿O estamos discutiendo performáticas del yo, laboratorios posibles de un lenguaje cada vez más barroco y dispositivos de autoafirmación de clase?

Frente a derrotas ideológicas y políticas de larga duración y procesos de fragmentación social crecientes, la pequeña burguesía progresista se ha tornado endogámica en sus obsesiones y frustraciones (y, a veces, intolerante en su incapacidad de entender la complejidad de las relaciones humanas y sociales). A su vez, los niveles relativamente bajos, en los últimos años, de la lucha de clases y ciertos niveles de vida que le producían un excedente de tiempo dedicado al ocio (al menos hasta el año 2016) le han facilitado vivir, provisoriamente, en sus precarios paraísos artificiales; en un desmadre social generalizado, esos paraísos se hubieran destruido en mil pedazos de manera inmediata porque sus propias condiciones de existencia desaparecerían. No es el caso. Tal vez, pronto.

Hay una disociación general en estas clases medias progresistas entre su discurso de radicalidad ideológica total y su nula extensión social. Hay un contexto de producción discursiva evidente e inmediato: la fragmentación social. Es lógico, en este marco, que las clases o las subclases -cada vez más pronunciadas en sus sociabilidades intramuros- se comporten ajenas a un patrón cultural general, y más dependientes de sus propios patrones, sistemas de legitimidad, prácticas, lecturas, valores y creencias, etc. Al mismo tiempo como cada subclase tiene a su interior cantidad importante de actores y, asimismo, circuitos y jergas y guiños de autolegitimación constante, pueden vivir en la ilusión de ser una mayoría.

Las clases medias progresistas no poseen como objetivo de representación a las clases populares. Son centro y fin de todas sus proyecciones ideológicas. Se autoperciben como “territorios libres” en una lucha imaginaria donde el imperialismo ha desaparecido como enemigo y se ha convertido en figuras cada vez más fantasmales, imprecisas, neuróticas. El imperialismo hacia el interior de este sector opera básicamente como enajenación completa. El enemigo ya no es el imperialismo sino las leyes culturales opresivas que nos conformaron como sujeto: la autoincriminación.

El capital, hoy, produce atomización radical. Toda ideología que apele al fraccionamiento, en términos objetivos, no hace ningún movimiento disruptivo. Sólo reproduce la lógica del capital. De hecho, mientras el capital se sigue reproduciendo y concentrando y saqueando al mundo, y la guerra interimperialista agudiza todas las contradicciones, y en la Argentina el hambre crece día a día, las clases medias progresistas hacen de su indignación moral un capital cultural que no deja de ser altamente rentable y enmarcado en los modos de producción material contemporáneos.

El imperialismo es un tigre de neurosis que hace ver enemigos en todos lados y en ningún lado.  En este fantasmal escenario, las clases medias progresistas poseen el monopolio de la sensibilidad social. Y su discurso político se ahoga en la supremacía moral. Son el enemigo ideal (grotesco e inofensivo) de las nuevas derechas.

Berisso, 18 de diciembre de 2018

* Docente, escritor y poeta. Universidad Nacional de La Plata.

La Cumbre del G-20, plataforma de lanzamiento de la reelección de Macri

Claudio della Croce-CLAE - http://questiondigital.com/la-cumbre-del-g-20-plataforma-de-lanzamiento-de-la-reeleccion-de-macri/

La meta del presidente argentino Mauricio Macri en la organización d la Cumbre de los 20 en Buenos Aires, más allá de su infructuosa búsqueda de inversiones y de “integrar al país en el mundo”, es utilizarla como plataforma para el lanzamiento de su reelección en 2019, en medio de una de las crisis económicas, financieras y sociales más grandes de la historia argentina.

La cumbre se escenifica en  un momento en el que los gobiernos progresistas están en reflujo y hay una nueva ola de gobiernos neoliberales en la región que buscan salvaguardar el sistema de capitalismo financiero mientras el presidente estadounidense Donald Trump ve recortadas sus facultades ante la elección de una Cámara de Representantes adversa.

Pedidos de financiamiento para infraestructura, impulso a los acuerdos comerciales y objetivos políticos se entrelazan en las prioridades para la actividad paralela del presidente Mauricio Macri, quien prevé encuentros bilaterales con los mandatarios de Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reina Unido y Japón. Y no se desccarta reuniones con los líderes de Corea del Sur, Singapur e Italia.

La evolución de las inversiones extranjeras en Argentina es una de las principales prioridades que tendrá el mandatario durante los encuentros, sobre todo en la posibilidad de ampliar los programas de participación público-privada (PPP). Macri espera concretar la apertura de nuevos mercados para la (cada vez menor) producción argentina. Durante la cumbre es probable que se firmen acuerdos pendientes en el ámbito agroindustrial.

Además del aspecto financiero y comercial, la llegada de los mandatarios más poderosos del mundo tendrá también encuentros políticos, como el previsto con la primera ministra británica, Theresa May, a quien le manifestaría el malestar por los ejercicios militares recientes efectuados en las islas Malvinas.

El documento de consenso, en el que el Gobierno trabaja desde hace un año y está en poder de las cancillerías de los países participantes, incluye capítulos sobre educación, futuro del trabajo, sistema impositivo, desarrollo sustentable y comercio internacional.

EEUU

Además de participar en el G-20, Trump llegará a la Argentina en una visita de Estado y abordará con Macri el acuerdo con el FMI (que se logró gracias a la presión del mandatario estadounidense para evitar el default), el ingreso de la Argentina a la OCDE, las crisis en Venezuela y Nicaragua, el acceso a mercados para productos argentinos y la cooperación en materia de energía, seguridad y derechos humanos. Washington tuvo en la Argentina de Macri un aliado desde el primer momento.

Se espera también que aborden la intención de EE.UU. de involucrarse en la explotación de los yacimientos de hidrocaruburos de Vaca Muerta, en los que está interesado el secretario estadounidense de Energía, Rick Perry.

China

A tres semanas del arribo del presidente chino Ji-Xinping, a la Argentina con motivo de su participación en la reunión del G20 el gobierno del país anfitrión decidió enviar a una avanzada a ese país para allanar las negociaciones en camino para obtener más financiamiento, inversiones y favorecer el comercio.

La comitiva está integrada por el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, el asesor presidencial hombre de máxima confianza del presidente Mauricio Macri Francisco Cabrera y, con el fin de contarles a las autoridades chinas la situación tras el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y explicar las políticas impuestas en materia monetaria, de equilibrio fiscal, así como los avances del plan de inversiones en infraestructura y las proyecciones para 2019.

Cabrera será el encargado de encarar los temas de PPP (proyectos de participación público privada), aprovechando el interés de Pekin de relanzar una nueva Ruta de la Seda, Según datos oficiales, la inversión china en la Argentina pasó de 21 millones de dólares en 2005 a 246 millones en 2016. El macrismo espera inversiones por un monto de 9.000 millones de dólares en infraestructura y energía.

En tanto, la construcción de la central nuclear Atucha III es uno de los puntos que generaron incertidumbre en los últimos tiempos debido a los requerimientos del FMI para recortar gastos y la insistencia de Pekín para que no haya una marcha atrás.

Rusia

La energía, el comercio y las inversiones están al tope de la agenda de la relación entre la Argentina y Rusia. Macri y Putin –de reunirse- podrán discutir la evolución de las inversiones rusas en el país y los programas de PPP, en los que el sector privado ruso ya tuvo experiencias de bajo calibre, la participación rusa en el desarrollo de Vaca Muerta, y la exportación de alimentos..

En la Cancillería argentina contemplan que Putin yh Macri aborden la cooperación en seguridady las posibilidades de cooperar en materia de ciencia y la exploración espacial, además de estudiar un pacto de cooperación entre el Mercosur y a la Unión Económica Euroasiática.

Gran Bretaña, Francia, Japón

Theresa May será la segunda premier británico que pise la Argentina desde el fin de la Guerra de Malvinas y su visita confirma el deshielo en las relaciones del vínculo bilateral impulsado por la administración Macri, que permitió acuerdos de cooperación y facilitó la identificación de los cuerpos de combatientes argentinos enterrados en el cementerio de Darwin.

El deshielo tiene su precio: Argentina no menciona el tema de la soberanía y actualmente negocian la ampliación de la oferta de vuelos comerciales desde las Malvinas hacia el continente.

Mientras, la evolución de las inversiones francesas tras el acuerdo con el FMI, será una prioridad de Macri, así como el agradecimiento al apoyo público de Macron a la gestión de su gobierno. El tema del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea dejó de ser un tema prioritario, pero la cancillería argentina sueña con hacer un anuncio durante el G-20. No se descarta que forme parte de la conversación el ingreso de la Argentina a la OCDE.

Asimismo, Macri buscará concretar un tratado bilateral de inversión (TBI) con Japón y abordará dos ejes claves en sus intereses: un acuerdo comercial con el Mercosur y la transferencia de mando de la presidencia del G-20. Impulsor de Tratados de Libre Comercio, Macri buscará darle el primer empuje político significativo a esta negociación. Por lo pronto, en julio el Gobierno anunció la apertura del mercado de carnes locales a Japón.

México, Brasil y otros encuentros

En el Gobierno no descartan que el brasileño Michel Temer pueda venir acompañado del mandatario electo Jair Bolsonaro, pero recuerdan que es un tema de Brasil. Sí está confirmado que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto tendrá una participación menor en la Cumbre para asistir al traspaso de mando en México, con Andrés Manuel López Obrador.

Además de la cumbre de líderes, Macri asistirá a un encuentro (fuera de la sede oficial en Costa Salguero) a cargo del Banco Mundial y otro presidido por la reina de Holanda Máxima Zorreguieta, hija de un alto funcionario de la dictadura cívico-militar argentina. Desde el gobierno subrayan la presencia de Angel Gurría, el secretario general de la OCDE, a la que el Gobierno argentino pugna por ingresar.

Seguridad

El gobierno argentino destinó 150 millones de dólares, un tercio destinado a la militarización y a lo que llama la “seguridad y la defensa de la Cumbre” , en un momento de conflicto social en auge, presupuesto que sirve para comprar y justificar la compra de más materiales “antidisturbios”, o sea, balas de goma, cascos para la policía, y todos los elementos que sirven para reprimir y que después quedan en el país.

El tema del esquema de seguridad trascendió las fronteras. El gobierno uruguayo solicitó autorización al Parlamento para que Uruguay reciba a 400 militares estadounidenses y cuatro aeronaves del 26 de noviembre al 3 de diciembre para realizar tareas de seguridad y custodiar al presidente Donald Trump, en su visita. El pedido fue realizado por la Oficina de Cooperación de Defensa de la Embajada de EEUU al ministerio de Defensa uruguayo.

Aunque el proyecto de ley que enviara el jecutivo aún no fue debatido en la Asamblea General, cuenta con la repulsa de las organizaciones de izquierda y movimientos populares, entre ellas la poderosa central sindical unitaria PIT-CNT, cuyo secretario general, Marcelo Abdala, dijo estar “absolutamente en contra de esta iniciativa” y recordó que “en Argentina habrá movilizaciones importantes: si quieren que monitoreen desde otro lugar”.

Además de Trump, asistirán a la cumbre Vladimir Putin (Rusia), Angela Merkel (Alemania), Emmanuel Macron (Francia), Xi Jinping (China), Narendra Modi (India), Recep Tayyip Erdogan (Turquía), Shinzo Abe (Japón), Justin Trudeau (Canadá), Theresa May (Gran Bretaña), Pedro Sánchez (España), y Salmán bin Abdulaziz (Arabia Saudita).

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) es parte de los 25 mil agentes dispuestos por el Gobierno para transitar los dos días del G20 en paz: ese es el principal objetivo del macrismo, antes que alcanzar algún consenso geopolítico bastante improbable entre los líderes Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping y Angela Merkel.

El diario Perfil señala que la AFI se dedica desde hace meses a realizar un trabajo de control y seguimiento sobre los diferentes grupos que se manifestarán contra el encuentro y la injerencia del FMI: analizó las últimas 20 reuniones del G20, y se mantiene en contacto permanente con las agencias de inteligencia de los 28 países participantes: los 19 protagonistas de la Cumbre, más los que integran organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Si bien existe un trabajo coordinado con la CIA, el MI5 y la KGB, entre otras agencias, cada presidente invitado cuenta con un equipo de seguridad personal. Solo el estadounidense Donald Trump traerá una custodia de alrededor de mil personas, según adelantó Clarín. Estados Unidos ayudará a las Fuerzas Armadas a blindar el espacio aéreo con un avión y un barco radarizados (el portaaviones USS Carl Vinson).

*Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

El bloqueo a Venezuela

CELAG - http://rinacional.com.ar/sitio/notas-sobre-el-bloqueo-a-venezuela/

La prensa mundial dedica a diario extensos espacios (de preferencia titulares y columnas de opinión) para resaltar todas las dificultades por las que atraviesa el pueblo venezolano. Al hacerlo, siempre culpa de ello a la gestión del presidente, Nicolás Maduro. Periodistas, opinólogos, cantantes, actores, académicos y políticos opinan con fruición en los principales medios del mundo acerca de Venezuela. Pero esa obsesión mediática con el país caribeño siempre oculta una variable clave para cualquier análisis mínimamente riguroso: el bloqueo.

Al igual que ha ocurrido por décadas con Cuba, se juzga y critica el proceso político y la situación venezolana como si no existiera esa tremenda variable. No es novedad que un país cuyo Gobierno intenta hacer una política interior y exterior de manera independiente y que, además, plantea una crítica al sistema capitalista sea bloqueado brutalmente. Le ocurre a Cuba desde hace mas de 50 años. Le ocurrió al Gobierno de Salvador Allende quien, desde el inicio de su mandato, tuvo que lidiar con un bloqueo económico internacional que impulsó el congelamiento de las ventas del cobre en el exterior. De hecho, en su discurso de diciembre de 1972 ante las Naciones Unidas, Allende denunció “el bloqueo financiero y económico ejercido por los Estados Unidos”. Lo mismo hizo este año el presidente Maduro en las 73a Asamblea General de las Naciones Unidas.

La estrategia es la misma: bloquear política y económicamente a los países disidentes (o sea, soberanos) y ocultar mediáticamente el bloqueo, así como sus consecuencias, ante la opinión publica mundial. Le ha pasado a Cuba, le ocurrió a Chile y le sucede a Venezuela.

Sin embargo, en cada caso el bloqueo adquiere expresiones y modalidades particulares. Para el caso de Venezuela podemos distinguir cuatro: 1) bloqueo a través de decretos extraterritoriales, 2) bloqueo a través de intermediarios, 3) bloqueo mediante agencias de calificación de riesgo y, 4) bloqueo informativo impulsado por las corporaciones mediáticas.

La primera modalidad se formalizó el 9 de marzo de 2015, cuando Barack Obama firmó un decreto ejecutivo que declaró a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria”. Literalmente, este decreto dice: “Por medio de la presente, informo que he emitido una Orden Ejecutiva declarando una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada por la situación en Venezuela”. Esa orden ejecutiva se ha ido extendiendo en el tiempo y ampliando en sus efectos. En mayo de 2018, Donald Trump, en respuesta a la insolencia chavista de convocar (una vez más) a elecciones, decretó sanciones del Departamento del Tesoro para prohibir la compra, por parte de ciudadanos estadounidenses, de cualquier deuda del Gobierno de Venezuela, incluidas las cuentas por cobrar. Estas sanciones incluyen al Banco Central y a la estatal petrolera PDVSA. Al día de hoy, Venezuela no puede hacer uso del Dólar como moneda internacional, ni puede negociar ninguna transacción internacional a través de dicha divisa. Esto implica la imposibilidad de negociar la deuda externa, ya que la mayoría de los contratos de deuda pertenecen a jurisdicción estadounidense.

En esa línea, gran parte del sistema financiero internacional ha venido propiciando, en los últimos años, un esquema de bloqueo hacia las operaciones financieras de Venezuela. Se han sucedido cancelaciones unilaterales de contratos de corresponsalía bancaria del Citibank, Comerzbank, Deutsche Bank, etc. Desde julio de 2017, el agente de pago de los bonos emitidos por PDVSA, Delaware, informó que su banco corresponsal (PNC Bank) en Estados Unidos se negaba a recibir fondos provenientes de la estatal petrolera.

La segunda forma, el bloqueo mediante intermediarios, es una expresión propia de estos tiempos. El objetivo es evitar que cualquier intermediario que realiza transacciones con Venezuela las lleve a cabo, impidiendo toda interacción y relacionamiento de Venezuela con empresas de los Estados Unidos. Y no sólo de allí: el Novo Banco (Portugal) notificó en agosto de 2017 la imposibilidad de realizar operaciones en dólares con instituciones públicas venezolanas por bloqueo de intermediarios. Se impide, así, que los intermediarios de pago actúen, bloqueando cualquier acción de pago. Esta modalidad ha tenido consecuencias humanitarias en tanto se han visto afectadas, por ejemplo, las compras de medicamentos y de alimentos.

En 2017, 300 mil dosis de insulina pagadas por el Estado venezolano no llegaron al país porque el Citibank boicoteó la compra de este insumo. El banco estadounidense se negó a recibir los fondos que Venezuela estaba depositando para pagar la importación de este inmenso cargamento, necesario para los pacientes con diabetes. En consecuencia, la insulina quedó paralizada en un puerto internacional, a pesar de que existían los recursos para adquirir el medicamento. A eso se suma que el laboratorio colombiano BSN Medical impidió la llegada de un cargamento de Primaquina, medicina usada para tratar la malaria. Un total de 23 operaciones en el sistema financiero internacional fueron devueltas (entre ellas 39 millones de dólares para alimentos, insumos básicos y medicamentos). Finalmente, desde noviembre del año pasado, 1.650 millones de dólares de Venezuela destinados a la compra de alimentos y medicinas están secuestrados por parte de la empresa de servicios financieros Euroclear, en cumplimiento de las sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU.

El bloqueo de intermediarios no sólo apunta a las operaciones financieras. También afecta la movilidad de los venezolanos en los más diversos ámbitos. Desde 2014 se han ido de Venezuela Air Canada, Tiara Air, Alitalia, Gol, Lufthansa, Latam Airlines Aero México, United Airlines, Avianca, Delta Airlines, Aerolíneas Argentinas, etc. Es cada vez mas difícil llegar por aire a Venezuela.

También las agencias de viaje se unen al cerco. Por ejemplo: 15 boxeadores venezolanos no pudieron presentarse al evento clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 (CAC), debido a la imposibilidad de llegar a un acuerdo con las agencias, las cuales pusieron varias limitaciones, entre ellas, el precio del pasaje: éste pasó de 300 a 2.100 dólares por persona al enterarse la empresa que se trataba del traslado de la Federación Venezolana de Boxeo. Cuando, luego, un privado ofreció un vuelo chárter para trasladar al equipo, Colombia y Panamá no autorizaron el uso de sus espacios aéreos, por lo que México también decidió negarse a ceder su espacio para el vuelo. Antes había ocurrido una situación similar con la selección femenina de voleibol. Este año, Guatemala negó visados a la selección de rugby venezolana para participar en el Sudamericano 4 Naciones B y, también, a la selección nacional de lucha para el Campeonato Panamericano.

También se bloquea las expresiones culturales: a principios de año, el banco italiano Intensa Sanpaolo bloqueó los recursos para la participación del pabellón de Venezuela en la XVI Bienal de Arquitectura de Venecia. Como un “crimen cultural” lo calificó el Ministro Ernesto Villegas quien logró, tras arduas gestiones y denuncias, romper ese cerco.

Y no sólo vemos trabas para que manifestaciones culturales y deportivas venezolanas salgan al exterior y representen a sus país, puesto que el boicot también opera a la inversa: artistas y deportistas de otros países se niegan a ir a Venezuela y, con desparpajo, hablan acerca del Gobierno venezolano y del chavismo. Tal vez Miguel Bosé y Jaime Bayly son los ejemplos más esperpénticos en ese sentido. Este boicot cultural y deportivo es muy efectivo a la hora de incidir en la opinión pública mundial y una poderosa herramienta para la construcción de un sentido común negativo hacia Venezuela, debido a la popularidad de quienes como Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Kevin Spacey, Gloria Stefan o Francisco Cervelli (receptor de los Pittsburg Pirates) diseminan propaganda negativa, en un contexto de bloqueo multidimensional.

La tercera modalidad se expresa a través de la arbitraria e injusta calificación de riesgo que hacen las agencias. El riesgo país (RP) otorgado por las agencias de calificación es improcedente si observamos el cumplimiento de Venezuela con el pago de la deuda externa. En los últimos 4 años la República ha honrado sus compromisos de pago por un total de 73.359 millones de dólares. No obstante, el RP ha seguido subiendo. Como denuncia el economista Alfredo Serrano, “van 32 meses en los últimos 14 años en los que el RP contra Venezuela ha subido, a pesar del incremento del precio del petróleo. En la actualidad, el RP, dado por JP Morgan (EMBI +), se encuentra en 4.820 puntos, es decir, 38 veces más de lo que le asignan a Chile, aun cuando este país tiene una ratio de deuda/PIB similar al venezolano. Todo esto encarece y prácticamente impide cualquier posibilidad de obtención de créditos”.

Estos tres bloqueos están teñidos de cinismo y paradojas: mientras que, por un lado, la prensa mundial denuncia ‘hambruna y crisis humanitaria’ en Venezuela, por otro, en acción coordinada, países e instituciones proestadounidenses bloquean el ingreso de medicamentos y alimentos al país. Mientras el Grupo de Lima, Estados Unidos y la Unión Europea muestran consternación por la emigración venezolana, las lineas aéreas de esos mismos países abandonan el territorio. Y, en tanto se cumplen los compromisos de pago, aumenta el riesgo país.

Es una absurda inversión de la realidad. Sin embargo, por muy absurda que sea se sostiene ideológicamente gracias a la cuarta modalidad de bloqueo: el mediático. Este bloqueo también es muy paradojal pues Venezuela es el país del que más hablan los medios de las corporaciones internacionales. Se trata, pues, de un ‘bloqueo ruidoso’, diferente, por ejemplo, al bloqueo silencioso que hay respecto de Guantánamo, de las masacres en Yemen y Palestina o de los constantes asesinatos de periodistas en México. Por el contrario, con Venezuela hay profusión informativa, continuidad de agenda escandalera y festín verborrágico .

Efectivamente, durante el 2017, sobre una muestra de 90 medios estadounidenses, se contabilizaron 3.880 noticias negativas sobre Venezuela, es decir, una media de 11 diarias, encabezadas por Bloomberg y el Miami Herald. En cuanto a las agencias, Reuters y AFP juntas reúnen el 91% de las noticias negativas. A su vez, el diario El País de España mencionó a Venezuela en ¡249! de las 365 ediciones del 2017, casi a diario y siempre negativamente. Y si eso parece una exageración, falta el adjetivo adecuado para calificar lo de la cadena alemana Deutsche Welle (DW): ésta publicó 630 noticias sobre el presidente Maduro…¡casi 2 diarias! Para el caso de la prensa latinoamericana son los medios de México, Colombia y Chile (es decir, los principales integrantes de la Alianza del Pacífico), los que más y con menor rigor periodístico informan: 4.200 noticias negativas aparecieron en México el 2017, 3.188 en Colombia y 3.133 en Chile.

¡Ninguna mencionó el bloqueo!

El cerco mediático opera generando inmenso ruido y, a la vez, invisibilizando tanto al bloqueo como al pueblo chavista. Ambos no existen en los medios de las corporaciones y, al no existir ambos, la opinión pública mundial, que mayoritariamente accede a información sobre Venezuela a través de la agenda informativa hegemónica, es proclive a formarse una visión sesgada de la realidad.

Esa es la fórmula del bloqueo actual, impulsado a modo de política exterior por los Estados Unidos contra los países periféricos que, como Venezuela, buscan construir con soberanía sus propios caminos. Podemos ver una continuidad con los casos de Cuba y Chile durante el siglo 20, pero también vemos rasgos característicos del siglo 21 y de esta etapa del imperialismo.

Macri y el becerro de oro

Jorge Elbaum *  -  http://www.la-epoca.com.bo/2018/09/13/macri-y-el-becerro-de-oro/

Ellos creen en el capitalismo feroz como un modelo de repartijas meritocráticas de las cuales ellos siempre saldrán gananciosos. Tienen fe en ese dios hipostasiado de becerro de oro. Disfrutan de los beneficios que les entrega esa divinidad y hacen de él un principio de verdad diseminado, gracias al aporte del bombardeo simbólico de canales, frecuencias y odios racistas y supremacistas.

Le pagaron a los fondos buitres para lograr una apertura internacional de los mercado que le permitiesen endeudarse como nunca antes lo había hecho un gobierno en la historia argentina. Dicha colocación de deuda incluyó el suculento número de 700 millones en comisiones para pícaros amigos del poder cuyos nombres algún día tendrá que conocer el pueblo argentino. Esta globalización externa –basada en el endeudamiento y no en las exportaciones—el permitió fugar 50 mil millones de dólares: por cada tres unidades del billete verde, una la destinaron a plazas desconocidas. Quizás paraísos fiscales o circuitos de dinero negro dispuestos para adornar a jueces o redactores de cuadernos subrepticios.

Por eso se auto-blanquearon el dinero que previamente fugaron. De esa manera pagaron menos impuestos de los pobres más pobres de la Patria. Mientras cada uno de nosotros aportamos el 21 por ciento del IVA ante cada compra en blanco, ellos “extrajeron” del mercado miles de millones sobre los que debían haber tributado. Se hicieron un pagadiós (del mismo becerro de oro en el que creen). Bajaron los salarios mediante la pérdida del valor del peso: al depreciar la moneda, quienes obtienen divisas del exterior (ellos, las mineras, los cerealeros, los exportadores en su conjunto) cuentan con una porción mayor de la riqueza nacional sin hacer nada: son más ricos y tienen más poder para comprar medios, periodistas, empresas, jueces e imponer las verdades del becerro de otro el resto de la sociedad.

Al poder comprar u obtener por exportaciones una gran cantidad de dólares pueden jugar a la ruleta de la especulación financiera a costa del resto de la sociedad: desde que asumió Macri, las LEBACS difuminadas por el Banco Central le han costado a toda la sociedad argentina un costo fiscal inédito, en el mismo lapso que el gobierno macrista ha instalado la verborragia del necesario ajuste fiscal. Las consecuencias de la ruleta financiera –como era de esperar—beneficiaron a los amigos del macrismo y repercutieron en la baja de las jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo y las pensiones, como producto del cambio de la ecuación de su incremento.

Paralelamente les bajaron las retenciones y las cargas impositivas a los ricos. Beneficiaron a los millonarios sojeros y a las empresas mineras. Redujeron los impuestos a los bienes personales de los más ricos y rebajaron los porcentuales a los autos de alta gama. Eliminaron los controles a la “libre” compra de divisas –incentivando la fuga— y se empecinaron de destruir los programas sociales mediante su clausura y el despido de empleados públicos. Mientras recortaban el gasto orientado a los más pobres y persiguieron a referentes políticos de la oposición y sindicalistas rebeldes se condonaban deudas propias con el estado, y se viabilizaban negociados para los propios ministros con eufemismos de “tensión de intereses”.

Lograron disminuir el valor del salario al limitar su capacidad adquisitiva y sus ejecutores se vanagloriaron de eso en los ágapes programados por los organismos multilaterales. Le dijeron a la sociedad que nunca “volverían al FMI” y en la mitad de su mandato –después de endeudarse irresponsablemente—le entregaron al lleve de la economía argentina a los mismos que precipitaron la tragedia traumática del 2001.

Como en aquella ocasión, todas las propiedades argentinas se desvalorizaron y las empresas trasnacionales se abalanzaron a adquirir empresas locales “a dos pesos” extranjerizando aun más la economía (y las tierras, sobre todo en el sur de nuestro país). Dicha ajenización derivó en fuga de capitales, a través de royalties y de beneficios (de dichas empresas y ejecutivos) y la pérdida de control de espacios estratégicos cercanos a recursos naturales estratégicos. Dichos mecanismos son el consabido paso previo para que los imperios “decreten” estados fallidos y se vean en la necesidad de intervenir en esas geografías para garantizar la protección de las inversiones de sus conciudadanos. Destruyeron las paritarias y orientaron a una parte de los jueces (con la colaboración de medios hegemónicos y servicios) para ocultar detrás de una paranoia de escándalo y vodevil el saqueo imperante.

La reducción salarial impuesta por la financiarización globalizada (del neoliberalismo fascista) no es otra cosa que la imposición “de los mercados” para que los potenciales inversores gocen de salarios miserables (medidos en dólares) y logren paralelamente comprar en oferta (por migajas) las empresas liquidadas por la propia política macrista. Obvio que para eso tienen que despedir muchos trabajadores. Y cuánto más despidan más bajarán los salarios porque “el ejército de reserva” de los laburantes estará dispuesto a emplearse por poco dinero antes que tener que ver morir de hambre a su familia. Dolarización, pedida del poder adquisitivo, inflación, desocupación y extranjerización de economía exigen fuerzas de seguridad orientadas a la represión y no a controlar el delito.

El abandono de la soberanía es otra de las políticas activas coherentes con el actual proceso de deterioro social: ni la moneda local (el peso), ni las Malvinas, ni los próceres, ni la historia local, ni la producción de conocimiento (universidad/ciencia y tecnología) aparecen como baluartes que le despierten alguna sensibilidad patriótica. Sueñan que viven en Miami. Hasta que –más temprano que tarde—suene el escarmiento. La memoria histórica se acumula en los pliegues de la emocionalidad más profunda. Irrumpe cuando el cansancio dice “basta”. El tiempo huele a eso. Estamos cerca. Solo habrá que cuidar a nuestrxs hermnaxs: los cultores del becerro de oro han dado muchas muestras de su tendencia al derramamiento de sangre de los más humildes. No se los permitamos. Edifiquemos una esperanza cuya fortaleza los inunde. Para que por fin, ese becerro de oro que tanto aman se les derrita, como metal fundido, entre sus huesos.

---

*         Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).

FMI en Argentina y Grecia: similitudes y diferencias

Francisco Cantamutto* - https://mundo.sputniknews.com/economia/201808221081410115-argentina-grecia-fmi-similitudes/

El FMI es un viejo conocido de los argentinos y de los griegos. En ambos rincones del mundo, las tres letras de sus siglas bastan para generar el repudio de los sectores más golpeados por las recetas económicas de la entidad, particularmente los más desfavorecidos.

En Argentina, basta recordar el estallido social de 2001, producto de una gravísima crisis financiera generada a lo largo de una década de cumplimiento a rajatabla de los mandatos del FMI, que incluyeron privatizaciones masivas y la liberalización de amplios sectores de la economía. Ahora vuelve con un rescate de 50.000 millones de dólares, que genera resquemores en la sociedad.

En Grecia, los coletazos de la crisis global de 2008 provocaron protestas masivas, particularmente a partir de 2010 y 2012, cuando la llamada 'troika' —la tríada de Banco Central Europeo, Comisión Europea y FMI— intervino en el rescate de los bancos y el pago de la deuda soberana, a cambio de la aplicación de medidas severas de austeridad.

El FMI "refuerza el lugar subordinado de los países de la periferia" y consolida "el poderío estructural de los grandes centros, donde el lugar prominente lo tiene y lo seguirá teniendo EEUU", al menos mientras el órgano "estructure la arquitectura financiera internacional".

Para entender el rol de Washington en este esquema, es necesario retrotraerse a la salida de la Segunda Guerra Mundial. En los pactos que dieron origen al organismo, EEUU "impuso su voluntad, incluso frente a otras potencias",

Las cláusulas  que generan problema son las que tienen que ver con el ajuste fiscal, la apertura de las cuentas externas que someten a los países a una creciente volatilidad y lo que tiene que ver con el alcance de reformas estructurales", explicó el economista.

Aquí es donde las exigencias para Argentina y Grecia se empiezan a parecer: a cambio de los rescates, el FMI pidió algún tipo de reforma  impositiva y previsional, además de privatizaciones de activos en manos estatales. Independientemente de los montos de los préstamos, las condicionalidades "son significativas".

El caso argentino

Para el FMI, "volver a prestarle a la Argentina es reforzar su rol, avalando a un Gobierno que es cabeza de playa del retorno de conservadurismo neoliberal a la región", opinó el integrante de la SEC.

El préstamo 'stand-by' acordado entre mayo y junio de 2018 "equivale al total de fuga de activos desde que Cambiemos está en el Gobierno nacional, es decir, diciembre de 2015". Para el investigador, "es una cifra significativa", que no solo expresa el aval a la actual administración sino que "señala la magnitud de la crisis percibida por el organismo".

De momento, el Gobierno argentino se está centrando en las exigencias que tienen que ver con la macroeconomía. Con el ajuste fiscal, "sobrecumplió" la meta pactada, pero no está teniendo éxito con la inflación, que puede llegar a ubicarse en un rango superior al 32% acordado. Es posible que por este motivo pida un "perdón" en la primera revisión.

Para el resto de las reformas, la administración de Mauricio Macri y el oficialista frente Cambiemos "no está visualizando con claridad la posibilidad" de implementar sin resistencias reformas en el sistema de pensiones, los impuestos o la legislación laboral, pues eso requeriría de mayorías de las que no dispone en el Congreso de por sí.

En diciembre de 2017, cuando intentó poner en marcha una reforma previsional, miles de personas salieron a manifestar su descontento en las calles. La medida, que cambiaba el sistema de reajuste de las prestaciones sociales, fue aprobada.

Pero esto no es suficiente para satisfacer las recomendaciones del FMI, que incluyen el alza de la edad jubilatoria y la baja de la tasa de sustitución (es decir, la relación entre el promedio de los sueldos y la pensión que un trabajador retirado recibe). Implementar estas medidas sería algo "difícil de gestionar" para el Gobierno.

En materia laboral, a falta del apoyo del Congreso, el oficialismo ha impulsado "la posibilidad de  incluir cláusulas de flexibilización en los acuerdos paritarios por sector", como ha sucedido en las industrias del petróleo, automotriz y lechera. Asimismo, existe "una suerte de activismo judicial antiobrero" en fallos que van contra trabajadores.

La posibilidad de avanzar con las reformas no es algo que el Gobierno tenga garantizado, a pesar de que quiera ir por ese rumbo. Para poder garantizarlo va a depender de fuerzas políticas que no controla y es ahí donde la movilización de fuerzas populares puede ponerle un dique de contención al ajuste.

El caso griego

El tercer salvataje que recibió Grecia de la 'troika' culminó el 20 de agosto de 2018, y en los últimos ocho años, Atenas recibió financiación por 330.000 millones de dólares. Las exigencias de los acreedores redujeron el PIB en un 27%.

El desempleo, que llegó a un pico de 27%, hoy oscila en el 20%. La deuda se ubica en el 180% del PIB. Las pensiones se vieron sustancialmente reducidas, y las reformas allanaron el camino para que lo hagan aún más en 2019.

En 2008, "los países centrales" optaron por "un mecanismo" que otorgó un salvataje a los bancos de la región. Con esta decisión, trasladaron la Grecia, Portugal, España e Irlanda se vieron afectados por políticas de austeridad.

"Cuando el FMI negocia con Grecia, lo que busca es sostenerla en el redil. (…) Estalló una crisis social muy importante cuyo emergente final fue el Gobierno de Syriza, que en su momento llegó a proponer la posibilidad de salir de la eurozona para poder salvar la crisis”.

Economistas que participaron del proceso griego, como el exministro de Finanzas Yanis Varoufakis, o Costas Lapavitsas, "cuentan cómo se dio la negociación", con un modo de proceder "cruento" de los funcionarios de la troika.

Y si bien "hubo unos retrocesos del discurso a los hechos" el Gobierno de Syriza, encabezado por Alexis Tsipras, "declaró cierta resistencia y negoció en virtud de eso". Este movimiento político es el "emergente" del descontento social surgido con la crisis griega, pero "terminó siendo garante de la gobernabilidad a favor de la troika y en contra de los sectores populares".

Las diferencias

"En el caso argentino, [el acuerdo] se da en un Gobierno que tiene un tinte político claramente distinto, porque se para en un lugar donde no hay resistencia a las exigencias”.

Desde la llegada al Gobierno de Cambiemos la deuda "aumentó en casi 100.000 millones del dólares, pasó de más del 50% del PIB al 70%, el salario real cayó en los últimos años entre 5 y 6% en trabajadores del sector privado formal hasta un 11% en los estatales”.

Estas tendencias, que recuerdan el desempeño de Grecia desde el inicio del rescate en 2010, se están dando hoy en Argentina. "La pregunta es si Cambiemos va a lograr garantizar la gobernabilidad durante ocho años que dio Syriza".

"Cambiemos no tiene todo regalado para garantizar su continuidad en el Gobierno. En ese sentido se prende una luz de esperanza para que en 2019 [año electoral] pueda llegar un gobierno de distinto cuño que pueda sacar a argentina de este corset que es el acuerdo con el FMI”.

* Economista, integrante de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina (SEC).

El 'lawfare': guerra jurídica contra la democracia

Enrique Santiago Romero - www.eldiario.es/tribunaabierta/lawfare-guerra-juridica-democracia_6_806029406.html

El 1 de septiembre de 2016 el Senado de Brasil destituyó a Dilma Rousseff de la presidencia del país en un “juicio político” en el que resultó condenada por supuestamente haber manipulado el presupuesto público.

Entre el 2 de noviembre de 2017 y el 6 de marzo de 2018, la expresidenta argentina Cristina Kirchner recibió tres procesamientos judiciales, dos por presuntos delitos de corrupción y uno por interferir presuntamente en la investigación del atentado de la AMIA, ocurrido en Buenos Aires en el año 1994.

El 24 de enero de 2018 el Tribunal Supremo de Brasil ratifica la sentencia contra el que fuera presidente del país y actual candidato mejor situado en las encuestas para las próximas elecciones presidenciales, Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión por corrupción. Acaba en prisión en abril de 2018 y resulta inhabilitado para la reelección presidencial.

El 9 de abril 2018 la Fiscalía de Colombia ejecuta una orden de captura con fines de extradición de los EE.UU. contra el diputado electo del partido FARC y responsable de la implementación del Acuerdo de Paz Jesús Santrich, por un supuesto delito de conspiración para exportar cocaína a los EE.UU.. Desde entonces permanece en prisión, apartado de la implementación del acuerdo de paz y sin haber podido tomar posesión de su escaño en la Cámara Legislativa a pesar de no existir acusación alguna contra él en Colombia.

El 3 de julio de 2018 se dicta por un tribunal de Ecuador una orden de prisión y captura internacional contra el ex presidente Rafael Correa. Previamente, el 14 de diciembre de 2017, era condenado a seis años de prisión el vicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción. Y el 17 de junio de 2018 era capturado en Madrid, por solicitud de Ecuador, Pablo Romero, quien fuera parte del equipo de Gobierno de Rafael Correa.

“La legitimidad otorgada al proceso de judicialización de la política emana del consenso sobre la 'corrupción' como problema fundamental de América Latina”. Esta premisa cargada de razón formal fue manifestada por instituciones financieras internacionales y agencias del Gobierno estadounidense promotoras del Ajuste Estructural del Estado en la década de los años 90. Viene siendo utilizada para atacar gobiernos, fuerzas políticas y líderes de izquierdas de América Latina que se oponen a los ajustes neoliberales dictados por el FMI, afirmando que los “populismos de izquierda” presentan un problema de corrupción estructural, omitiendo que la corrupción  es intrínseca al neoliberalismo y a las políticas de ajuste y austeridad. Contra todos los que han puesto en marcha con éxito alternativas a las políticas neoliberales se ha utilizado el 'lawfare', la “guerra jurídica asimétrica”, que ha sustituido la doctrina de la Seguridad Nacional -guerra contra insurgente- que se impartía desde las Escuelas de las Américas. Ahora son judiciales las escuelas desde las que el Norte expande su estrategia para acabar con los gobiernos de izquierdas inhabilitando políticamente a los líderes que pretenden rescatar la soberanía nacional de sus pueblos.    

Guerra jurídica o 'lawfare' es una palabra inglesa correspondiente a una contracción gramatical de las palabras "ley" (Law) y "guerra" (warfare), que describe una forma de guerra asimétrica. Una "guerra jurídica" que se despliega a través del uso ilegítimo del derecho interno o internacional con la intención de dañar al oponente, consiguiendo así la victoria en un campo de batalla de relaciones políticas públicas, paralizando política y financieramente a los oponentes, o inmovilizándolos judicialmente para que no puedan perseguir sus objetivos ni presentar sus candidaturas a cargos públicos. De esta forma describe el 'lawfare' el “Informe del Encuentro de expertos en Cleveland sobre el 11 septiembre y sus consecuencias”, del año 2010.

El 'lawfare' se muestra ahora con toda intensidad. Su planificación comenzó hace años mientras la izquierda en América Latina ponía en marcha sistemas democráticos más participativos e igualitarios que eran apoyados mayoritariamente. Mientras esto ocurría, las fuerzas neoliberales lideradas por el “establecimiento” estadounidense, diseñaban la nueva estrategia de combate y desprestigio a esos movimientos políticos que cosechaban éxitos para la izquierda.  

Remontémonos al 16 de octubre de 1998. El exdictador chileno Augusto Pinochet fue detenido en Londres acusado de crímenes contra la humanidad por una orden emitida por el juez Garzón a petición de colectivos defensores de víctimas. El final de la “guerra fría” causó la desorientación estratégica de su vencedor, los EEUU. Era imprescindible definir un nuevo enemigo que permitiera mantener el conglomerado militar-industrial base del sistema capitalista que doblegó a los países socialistas. Ese periodo de desorientación posibilitó que el ejercicio de acciones penales desde terceros países -la 'jurisdicción universal' contemplada en las legislaciones nacionales desde hacía años, pero imposible de aplicar durante la 'guerra fría'-, se convirtiera en una poderosa herramienta contra regímenes autoritarios responsables de crímenes contra la humanidad, conductas ilícitas ejecutadas para reprimir los anhelos de cambio de los pueblos. Fueron años de expansión de la 'jurisdicción universal'. A la detención de Pinochet le siguió el inicio de procedimientos judiciales impulsados por colectivos de víctimas contra militares y políticos argentinos, uruguayos, colombianos, congoleses, estadounidenses, israelíes… responsables de masivas violaciones a los derechos humanos.

La respuesta de las democracias occidentales no fue expandir la jurisdicción universal, sino combatir la oportunidad abierta para hacer respetar el derecho internacional y acabar con la impunidad de los crímenes internacionales. Las contrarreformas legales de la 'jurisdicción universal' en Bélgica en el año 2003 y España en los años 2009 (PSOE) y 2014 (PP), son ejemplos de esta regresión, así justificada: “(…) La jurisdicción universal puede usarse por motivos políticos o con fines vejatorios, y puede afectar negativamente al orden mundial causando fricciones innecesarias entre los Estados, abusos potenciales de los procedimientos legales y privación de derechos humanos individuales” (I.B.C. Revue internationale de droit pénal, 2008/1, Vol. 79).

Quienes mantienen el actual orden mundial extrajeron lecciones sobre las potencialidades de la 'jurisdicción universal' -fácil accesibilidad, bajo coste y alta eficiencia- para utilizarla a favor de sus intereses. Comenzó el diseño de nuevas estrategias que les permitieran mantener su poder y capacidad de intervención cuando ello fuera necesario. Debido a los efectos políticos contraproducentes que tuvo la doctrina de la Seguridad Nacional -torturas, desapariciones forzadas, dictaduras, protestas sociales...-, desde el fin de la guerra fría los Estados Unidos no utilizan como primera opción la implantación de regímenes autoritarios si les es posible mantener el control sobre cualquier país por medios de apariencia más democrática. La intervención jurídica se convierte en una opción eficaz siempre que exista un plan para alcanzar el fin buscado. El plan requiere una táctica -intervención jurídico-política para cooptar al poder judicial y operadores jurídicos -, unos recursos -escuelas y programas de formación de jueces y juristas- y unos objetivos: derrocar a los gobiernos que pretenden rescatar la soberanía nacional de sus pueblos. La estrategia es desprestigiar a las fuerzas políticas que los dirigen e inhabilitar electoralmente y destruir políticamente a los líderes que los encabezan.

Los precedentes de esta estrategia jurídico-política los encontramos en la denominada “guerra contra el terrorismo” impulsada después del 11-S de 2001. Los EE.UU. intentaron crear una nueva interpretación del derecho aplicable a los conflictos armados, pretendiendo hacer desaparecer paulatinamente la abismal diferencia entre derecho penal interno y derecho internacional humanitario. Han intentado imponer nuevas categorías jurídicas no previstas en las leyes internas ni internacionales, como el “combatiente enemigo ilegal” o su derecho unilateral a “vigilar y ejecutar” con el que justifican la utilización de drones asesinos. Un paso más ha sido la masiva judicialización de la política con sustento en el consenso sobre la “corrupción”, aplicada de forma generalizada a los líderes de la izquierda alternativa latinoamericana que han pretendido garantizar la soberanía nacional frente a la injerencia.

Desde principios del siglo XXI comenzaron a invertir recursos en programas de cooptación de las instituciones judiciales de numerosos países, en especial los de América Latina. Las “Escuelas de las Américas” para militares se han sustituido por escuelas judiciales y programas de capacitación jurídica, tanto en los Estados Unidos -donde acuden a recibir doctrina jueces y operadores jurídicos-, como en los países de América del Sur, donde a través de una generosa financiación de la agencia estadounidense para el desarrollo, la USAID, se han creado y controlado políticamente las escuelas de capacitación judicial. En Colombia, desde la creación de la escuela de formación del poder judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, financiada por USAID, se ha transitado del sistema jurídico de naturaleza 'continental' -imperio de la ley escrita- previsto en la Constitución Política, a un sistema de precedente judicial -'common law' estadounidense- carente de sustento constitucional. Ahora son los jueces de la Corte Constitucional quienes redactan las leyes mediante el proceso de revisión constitucional. En caso de sentenciar que una ley no se ajusta a la Constitución, proceden a darle una nueva redacción actuando como una segunda y definitiva cámara legislativa. En América Latina asistimos a la paulatina sustitución de los sistemas penales inquisitivos o mixtos, por el sistema penal acusatorio a imagen y semejanza del de los Estados Unidos, provocando un desmesurado empoderamiento de las fiscalías nacionales, que en la práctica operan sobre las instrucciones, informaciones e 'indictments' remitidos por la justicia estadounidense.

El plan diseñado para la expansión del 'lawfare' ha comenzado a alcanzar sus objetivos. Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Cristina Kirchner, Lula, Jesús Santrich, Rafael Correa… todos ellos han sido objeto de esta estrategia político-jurídica que los inmoviliza políticamente en esta nueva guerra jurídica. El objetivo es desprestigiarlos a ellos y a sus fuerzas políticas equiparándolos a delincuentes comunes e inhabilitándolos electoralmente. El poder judicial que permitió que América Latina fuera uno de los continentes con más corrupción institucional -en muchos casos se benefició de ella-, que nunca fue capaz de combatirla, ahora se ha convertido en un arma de intervención directa en los asuntos políticos internos, al servicio de los intereses de las oligarquías y fuerzas conservadoras foráneas y locales. La guerra jurídica implica un gran retroceso en los procesos de fortalecimiento institucional de los países de América Latina. El Poder Judicial debería mantenerse al margen de la confrontación política para evitar repetir fracasos institucionales de otras épocas que le causaron graves crisis de legitimidad y el desafecto popular. Esta injerencia en los asuntos políticos supone la anulación de la independencia judicial por su consciente politización, y provoca irremediablemente la desaparición de la división de poderes que sustenta el Estado de Derecho. El 'lawfare' se ha convertido en uno de los mayores peligros para la democracia en todo el mundo y en especial en América Latina.