Daniel Gonzalez Almandoz - http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=5655
El impulso dado desde espacios del kirchnerismo, en especial por el senador nacional Aníbal Fernández -autor del proyecto- a la posibilidad que adolescentes de entre 16 y 18 años adquieran el derecho de emitir su voto, fue parte de la agenda pública de la última semana.
A favor y en contra de la iniciativa se sumaron voces en un debate que, por momentos, mezcló, como gustan decir los contadores, peras con manzanas.
Mientras quienes apoyan esta propuesta avanzaron en sostener la importancia cívica de esta medida, sus detractores la redujeron a un oportunismo del gobierno, como si una iniciativa tan compleja tuviese una linealidad directa con la emisión directa del voto. Este oportunismo, que con un amplio grado de posibilidad está presente, se constituye sin embargo como una insuficiencia analítica: pensar que porque impulsan una ley todos los jóvenes van a votar al oficialismo, es como suponer que por los avances del radicalismo yrigoyenista toda la clase media y las anti-oligarquías votan a la UCR; o que todas las mujeres votan al justicialismo porque en su gestión se aprobó el derecho al voto femenino.
Más allá de las motivaciones coyunturales, la posibilidad de que este segmento juvenil pueda elegir autoridades es un emergente inevitable del cambio de época que atraviesa el mundo, y de manera particular, América Latina.
Los cambios en las matrices socio culturales de la región implicaron un fuerte retorno a la participación de jóvenes. Esta situación aún dista de ser algo generalizado pero representa una sustancial transformación de la situación dominante a fines del siglo pasado y los inicios del nuevo milenio. Se evidencia en diferentes instancias que, con distinto grado de institucionalidad, la juventud pretende discutir la cosa pública, por lo general a través de dispositivos impulsados por los consejos juveniles, e incorporan cada vez más campos de presencia.
Resulta interesante para entender, sobre todo parte de las insuficiencias señaladas por lo detractores de la idea, cómo la mayoría de los partidos políticos se expresan, aunque no siempre materialicen, a favor de la renovación en las instituciones.
Un claro ejemplo de esto lo constituye la senadora nacional por Mendoza Laura Montero (UCR), que en el marco de su campaña de promoción a favor de la reforma política -previo a la puesta en primer plan de la posibilidad de voto juvenil-, afirmó, de acuerdo a lo que reprodujo el portal www.parlamentario.com que “lo que proponemos es el cupo de jóvenes, que haya una mayor representación de los jóvenes. Esto es sumamente importante, porque lamentablemente para muchos la política ha sido algo secundario y suelen ver al sistema político como algo extraño, ajeno a la vida cotidiana. Nosotros debemos despertar en los jóvenes el interés por la política, incorporarlos desde su visión y hacerlos parte del sistema de los partidos políticos y de la política en general. Esto permitirá incorporar a nuestros jóvenes a la vida política y traer aires nuevos a los partidos políticos”.
Pero Montero, una de las espadas del ex vicepresidente Julio Cobos, no es una expresión aislada. La senadora nacional por Salta, Sonia Escudero -Bloque justicialista 8 de octubre-, presentó un proyecto en un sentido similar. Como indicó el sitio web de Qué pasa Salta, la iniciativa “plantea una modificación en el artículo 60 del Código Nacional Electoral, estableciendo que ‘Las listas que se presenten para los cargos a Diputados Nacionales deberán estar integradas por jóvenes de ambos sexos de hasta cuarenta años de edad cumplidos a la fecha de la elección en una proporción no menor al 30 por ciento de los cargos a elegir y garantizando que al menos uno de cada tres candidatos pertenezcan a esa franja etaria".
Entre sus argumentos, la legisladora salteña sostiene que “mientras la edad promedio de los argentinos es de 32,5 años, la edad promedio de la actual composición de la Cámara de Diputados es de 52 años”.
De estos impulsos dados por las dos fuerzas políticas mayoritarias en cuanto a su representación parlamentaria surgen dos preguntas iniciales: ¿cómo construir jóvenes comprometidos de manera cívica para ocupar, desde los 25 años, diversos roles y responsabilidades estatales a las cuales lleguen como resultado de voluntades populares y no como imposiciones partidocráticas que garantizan la reproducción del sistema dominante y, por lo mismo, no son renovación? Y por otro lado, ¿qué mejor forma que lograr esto que, más allá de los esfuerzos educativos a los cuales no hay que renunciar, darle forma concreta en un sentido de derechos y obligaciones, a la toma de responsabilidad en elegir, de manera involucrada, a los responsables de debatir y decidir sobre la cosa pública?.
¿Hay diferencia de conciencia cívica entre un joven de 17 años y uno de 18, e incluso de 20? ¿El establecimiento de este derecho, no obliga acaso a la necesaria y tan mentada renovación de todos los partidos políticos? ¿No implica esto la asunción de una política de Estado seria y compartida para pensar las estructuras representativas a futuro en un marco de pluralismo y diversidad en serio?
Cuando las respuestas se ejecutan desde marcos de seriedad y responsabilidad transformadora, la tendencia conduce a afirmar que la baja de la edad para el ejercicio del derecho político del voto es positiva. Cuando las mismas se elucubran desde una resistencia por la resistencia misma, o por la negativa al cambio, aparecen objeciones con un liviano tono de solidez. Y abre disputas al interior de esos sectores, que en general representan a espacios anquilosados que incluso en sus propios partidos han practicado el ostracismo juvenil.
Para tomar un ejemplo, en un comunicado de prensa, difundido por Clarín, las autoridades nacionales de la UCR rechazaron la propuesta ya que “sólo es "el intento de una maniobra electoral" que procura utilizar a este segmento de la población. No se aprecia un estudio serio y profundo en esta propuesta, sólo se observa el intento de una maniobra electoral, que tiene como objetivo, la utilización de este segmento de posibles votantes".
Sin embargo, los segmentos juveniles del centenario partido no comparten esa mirada. Como difundió el diario UNO de Entre Ríos, Emiliano Wollenberg, secretario general de la agrupación Franja Morada -brazo universitario del radicalismo-, y miembro de la Juventud Radical de Paraná, se expresó de acuerdo con el voto optativo desde los 16 años y sostuvo: “Siempre proponemos la participación juvenil, incluso eso está contemplado en la carta orgánica del partido”. El dirigente señaló que “no es esta una cuestión de edad, pues entre los mayores de 18 años hay mucha gente que tampoco está preparada para saber qué significa un voto y cuál es la responsabilidad”.
En la misma línea se expresó la juventud del socialismo enterriano. La agencia APF publicó: “El responsable provincial de la juventud del Socialismo entrerriano, Juan Manuel Rossi, aseguró: `Estamos de acuerdo con todo lo que tiene que ver con la ampliación de derechos`, y `más allá del kirchnerismo, desde el 2003 hay una gran cantidad de jóvenes que se volcaron a participar en política. La participación forma parte de la política`”.
En esa publicación Rossi estableció que “no hay que esperar para aprender”, y echó por tierra el argumento contrario a la iniciativa que habla de la "desinformación” de los jóvenes.
Hace tres días, el gobierno de facto de Federico Franco, a quien el pueblo democrático paraguayo no reconoce como presidente, firmó un decreto que habilita la liberación de semillas transgénicas para su entrada y siembra dentro del territorio paraguayo. Con este hecho se percibe claramente las razones del golpe de Estado Parlamentario, perpetrado el 22 de junio pasado, contra el Gobierno de Fernando Lugo, quien durante su gestión ha tenido políticas ambientales que había cuestionado y congelado la habilitación de semillas transgénicas, por su peligrosidad para la salud y para el ambiente.
La imagen es antigua y se remonta a la época en que los niños aún podían jugar fútbol en las calles y la pelota la ponía el acomodado del barrio. El partido terminaba cuando el propietario del balón se enojaba porque había sufrido un trancazo rudo o iba perdiendo y no lo soportaba. Tomaba la pelota, y se iba. Acababa el partido abruptamente, pasando por sobre los acuerdos previos, las reglas establecidas y todas esas normas que los niños del barrio habían establecido y la tradición reafirmaba. 
En 2009, tras el hundimiento de la banca Lehman Brothers, entre promesas de control y regulación del mundo financiero, se pretendió que la era del secreto bancario había terminado y el G20 prometió acabar con los paraísos fiscales; esos oscuros estados de cartón-piedra donde se oculta el dinero negro y sucio del mundo.
Crisis vienen y crisis van, la asiática y la sub prime en EE.UU. y la de Portugal, la de Grecia y la de España, y la que viene y las que vendrán, las que suman hasta hoy la no despreciable cifra de más de 280 en las últimas décadas, desde que el capitalismo financiero sionista con sede en la Bolsa de Wall Street, comenzó a imponer sus políticas neoliberales a nivel planetario. 
Pero el problema es que la gente sale a la calle. Y a la pobreza y la desocupación no se las soluciona con palos, rejas y expulsión de extranjeros... ¿Cómo? ¿Y qué pasó con el capitalismo que iba a solucionar todos los problemas por sí mismo? 
Una de las características que España comparte con los otros países intervenidos en la Eurozona (Grecia, Portugal e Irlanda) es la pobreza de su Estado. Los ingresos al Estado son de los más bajos de la UE-15, el grupo de países de la UE más próximos a España por su nivel de riqueza. Cuando la crisis empezó, representaban sólo el 34% del PIB (en Grecia el 37%, en Irlanda el 34% y en Portugal el 39%. Como comparación, en Suecia representan el 54%). Esta pobreza se basa (como también les ocurre a los otros países intervenidos) en la escasa capacidad recaudatoria del Estado, que se explica, en parte, por la gran regresividad de su política fiscal. Las rentas del capital, por ejemplo, reciben un tratamiento muy distinto a las rentas del trabajo. A las primeras se las trata mucho más favorablemente que a las segundas. Esto implica que las personas que derivan la mayoría de sus rentas de la posesión de capital pagan muchos menos impuestos que los que derivan tales rentas del mundo del trabajo, y que representan la gran mayoría de la ciudadanía. Ni que decir tiene que hay argumentos (algunos válidos) para explicar tal diferencia, pero toda la evidencia muestra que en España tal diferencial es excesivo, y ello como resultado de que los poseedores de capital tienen mucha más influencia sobre las instituciones políticas que los que derivan sus rentas del trabajo. Ejemplos de ello hay múltiples. Veamos.