Nota sobre el frustrado golpe de estado en Ecuador

Atilio Boron - http://alainet.org/active/41300

1.       ¿Qué pasó ayer en Ecuador? 

 

Hubo una tentativa de golpe de estado. No fue, como dijeron varios medios en América Latina, una "crisis institucional", como si lo ocurrido hubiera sido un conflicto de jurisdicciones entre el Ejecutivo y el Legislativo sino una abierta insurrección de una rama del primero, la Policía Nacional, cuyos efectivos constituyen un pequeño ejército de 40.000 hombres, en contra del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas del Ecuador, que no es otro que su presidente legítimamente electo. Tampoco fue lo que dijo Arturo Valenzuela, Subsecretario de Estado de Asuntos Interamericanos, "un acto de indisciplina policial". ¿Caracterizaría de ese modo lo ocurrido si el equivalente de la Policía Nacional del Ecuador en EEUU hubiera vapuleado y agredido físicamente a Barack Obama, lesionándolo; lo hubiera secuestrado y mantenido en reclusión durante 12 horas en un hospital policial hasta que un comando especial del Ejército lo liberaba luego de un intenso tiroteo? Seguramente que no, pero como se trata de un mandatario latinoamericano lo que allá suena como intolerable aberración aquí aparece como una travesura de escolares.

 

En general todos los oligopolios mediáticos ofrecieron una versión distorsionada de lo ocurrido el día de ayer, evitando cuidadosamente hablar de tentativa de golpe de estado. En lugar de eso se referían a una "sublevación policial" lo cual, a todas luces, convierte los acontecimientos del Jueves en una anécdota relativamente insignificante. Es un viejo ardid de la derecha, siempre interesada en restar importancia a las tropelías que cometen sus partidarios y a magnificar los errores o problemas de sus adversarios. Por eso viene bien recordar las palabras pronunciadas este Viernes, en horas de la mañana, por el presidente Rafael Correa cuando caracterizó lo ocurrido como "conspiración" para perpetrar un "golpe de estado". Conspiración porque, como fue más que evidente en el día de ayer, hubo otros actores que manifestaron su apoyo al golpe en gestación : ¿no fueron acaso efectivos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana –y no de la Policía Nacional- los que se paralizaron al Aeropuerto Internacional de Quito y el pequeño aeródromo utilizado para vuelos provinciales? ¿Y no hubo grupos políticos que salieron a apoyar a los golpistas en calles y plazas? ¿No fue el propio abogado del ex presidente Lucio Gutiérrez uno de los energúmenos que trató de entrar por la fuerza a las instalaciones de la Televisión Nacional del Ecuador? ¿No dijo acaso el Alcalde de Guayaquil, y gran rival del presidente Correa, Jaime Nebot, que se trataba de un conflicto de poderes entre un personaje autoritario y despótico, Correa, y un sector de la policía, equivocado en su metodología pero a quien le asistía la razón en sus reclamos? Esta falsa equidistancia entre las partes en conflicto era una indirecta confesión de su complacencia ante los acontecimientos en curso y de su íntimo deseo de librarse de su -hasta ahora al menos- inexpugnable enemigo político. Para ni hablar de la lamentable involución del movimiento “indígena” Pachakutik, que en medio de la crisis hizo pública su convocatoria al “movimiento indígena, movimientos sociales, organizaciones políticas democráticas, a constituir un solo frente nacional para exigir la salida del Presidente Correa.” ¡Sorpresas te da la vida”, decía Pedro Navaja; pero no hay tal sorpresa cuando uno toma nota de los generosos aportes que la USAID y el National Endowment for Democracy han venido haciendo en los últimos años para “empoderar” a la ciudadanía ecuatoriana a través de sus partidos y movimientos sociales.

 

Conclusión: no fue un pequeño grupo aislado dentro de la policía quien intentó dar el golpe sino un conjunto de actores sociales y políticos al servicio de la oligarquía local y el imperialismo, que jamás le va a perdonar a Correa haber ordenado el desalojo de la base que Estados Unidos tenía en Manta, la auditoría de la deuda externa del Ecuador y su incorporación al ALBA, entre muchas otras causas. Incidentalmente, la policía ecuatoriana hace ya muchos años que, al igual que otras de la región, viene siendo instruida y adiestrada por su contraparte estadounidense. ¿Habrán incluido alguna clase de educación cívica, o sobre la necesaria subordinación de las fuerzas armadas y policiales al poder civil? No parece. Más bien, actualiza la necesidad de poner fin, sin más dilaciones, a la “cooperación” entre las fuerzas de seguridad de la mayoría de los países latinoamericanos y las de Estados Unidos. Ya se sabe que es lo que enseñan en esos cursos.

 

2.       ¿Por qué fracasó el golpe de estado? 

 

Básicamente por tres razones: en primer lugar, por la rápida y efectiva movilización de amplios sectores de la población ecuatoriana que, pese al peligro que existía, salió a ocupar calles y plazas para manifestar su apoyo al presidente Correa. Ocurrió lo que siempre debe ocurrir en casos como estos: la defensa del orden constitucional es efectiva en la medida en que es asumida directamente por el pueblo, actuando como protagonista y no como simple espectador de las luchas políticas de su tiempo. Sin esa presencia del pueblo en calles y plazas, cosa que había advertido Maquiavelo hace quinientos años, no hay república que resista los embates de los personeros del viejo orden. El entramado institucional por sí sólo es incapaz de garantizar la estabilidad del régimen democrático. Las fuerzas de la derecha son demasiado poderosas y dominan ese entramado desde hace siglos. Sólo la presencia activa, militante, del pueblo en las calles puede desbaratar los planes golpistas.

 

En segundo lugar, el golpe pudo ser detenido porque la movilización popular que se desarrolló con gran celeridad dentro del Ecuador fue acompañada por una rápida y contundente solidaridad internacional que se comenzó a efectivizar ni bien se tuvieron las primeras noticias del golpe y que, entre otras cosas, precipitó la muy oportuna convocatoria a una reunión urgente y extraordinaria de la UNASUR en Buenos Aires. El claro respaldo obtenido por Correa de los gobiernos sudamericanos y de varios europeos surtió efecto porque puso en evidencia que el futuro de los golpistas, en caso de que sus planes finalmente culminaran exitosamente, sería el ostracismo y el aislamiento político, económico e internacional. Se demostró, una vez más, que la UNASUR funciona y es eficaz, y la crisis pudo resolverse, como antes la de Bolivia, en 2008, sin la intervención de intereses ajenos a América del Sur.

 

Tercero, pero no último en importancia, por la valentía demostrada por el presidente Correa, que no dio brazo a torcer y que resistió a pie firme el acoso y la reclusión de que había sido objeto pese a que era más que evidente que su vida corría peligro y que, hasta último momento, cuando se retiraba del hospital, fue automóvil fue baleado con claras intenciones de poner fin a su vida. Correa demostró poseer el valor que se requiere para acometer con perspectivas de éxito las grandes empresas políticas. Si hubiese flaqueado, si se hubiera acobardado, o dejado entrever una voluntad de someterse al designio de sus captores otro habría sido el resultado. La combinación de estos tres factores: la movilización popular interna, la solidaridad internacional y la valentía del presidente terminó por producir el aislamiento de los sediciosos, debilitando su fuerza y facilitando la operación de rescate efectuada por el Ejército ecuatoriano.

  

3.       ¿Puede volver a ocurrir?

 

Sí, porque los fundamentos del golpismo tienen profundas raíces en las sociedades latinoamericanas y en la política exterior de Estados Unidos hacia esta parte del mundo. Si se repasa la historia reciente de nuestros países se comprueba que las tentativas golpistas tuvieron lugar en Venezuela (2002), Bolivia (2008), Honduras (2009) y Ecuador (2010), es decir, en cuatro países caracterizados por ser el hogar de significativos procesos de transformación económica y social y, además, por estar integrados a la ALBA. Ningún gobierno de derecha fue perturbado por el golpismo, cuyo signo político oligárquico e imperialista es inocultable. Por eso el campeón mundial de la violación a los derechos humanos -Álvaro Uribe, con sus miles de desaparecidos, sus fosas comunes, sus “falsos positivos”- jamás tuvo que preocuparse por insurrecciones militares en su contra durante los ocho años de su mandato. Y es poco probable que los otros gobiernos de derecha que hay en la región vayan a ser víctimas de una tentativa golpista en los próximos años. De las cuatro que hubo desde el 2002 tres fracasaron y sólo una, la perpetrada en Honduras en contra de Mel Zelaya, fue coronada exitosamente. El dato significativo es que su ejecución fue sorpresiva, en el medio de la noche, lo cual impidió que la noticia fuese conocida hasta la mañana siguiente y el pueblo tuviera tiempo de salir a ganar calles y plazas. Cuando lo hizo ya era tarde porque Zelaya había sido desterrado. Además, en este caso la respuesta internacional fue lenta y tibia, careciendo de la necesaria rapidez y contundencia que se puso de manifiesto en el caso ecuatoriano. Lección a extraer: la rapidez de la reacción democrática y popular es esencial para desactivar la secuencia de acciones y procesos del golpismo, que rara vez es otra cosa que un entrelazamiento de iniciativas que, a falta de obstáculos que se interpongan en su camino, se refuerzan recíprocamente. Si la respuesta popular no surge de inmediato el proceso se retroalimenta, y cuando se lo quiere parar ya es demasiado tarde. Y lo mismo cabe decir de la solidaridad internacional, que para ser efectiva tiene que ser inmediata e intransigente en su defensa del orden político imperante. Afortunadamente estas condiciones se dieron en el caso ecuatoriano, y por eso la tentativa golpista fracasó. Pero no hay que hacerse ilusiones: la oligarquía y el imperialismo volverán a intentar, tal vez por otras vías, derribar a los gobiernos que no se doblegan ante sus intereses.

 

 

- Dr. Atilio A. Boron, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED), Buenos Aires, Argentina  www.centrocultural.coop/pled -  http://www.atilioboron.com

España va mal

Por Ignacio Ramonet -  http://www.monde-diplomatique.es/isum/Main?ISUM_Portal=1

Se acabó la paz social. La huelga general del pasado 29 de septiembre contra la reforma laboral decidida por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero constituye la apertura de una temporada social probablemente agitada. 

El Gobierno ha prometido presentar al Congreso, antes de final de año, un nuevo proyecto de ley que pretende elevar de 65 a 67 años la edad legal de jubilación y ampliar el periodo de cómputo, para fijar la cuantía de la pensión, de los últimos 15 años de vida activa a los últimos 20... Sumado a la reforma laboral y al decretazo de mayo pasado que rebajó el salario de los funcionarios, congeló las pensiones y recortó los gastos en obras públicas, este proyecto acrecienta la ira de las organizaciones sindicales y de buena parte de los asalariados. 

De antemano, el Presidente del gobierno ha presentado sus decisiones como irrevocables: "Al día siguiente de la huelga general -alardeó en Tokio el 1 de septiembre- seguiremos con la misma actitud". Lo cual incita a los sindicatos a prever ya nuevas jornadas de protesta.

En su intransigencia, el Ejecutivo español sigue el modelo de otros gobiernos europeos. En Francia, a pesar de tres recientes movilizaciones masivas contra la reforma de las pensiones, el presidente Nicolas Sarkozy ha reiterado que no modificará la ley. En Grecia, seis huelgas generales en seis meses han sido desoídas por el Primer Ministro Yorgos Papandreu.

Amparándose en el principio de que, en democracia, la política se decide en el Parlamento y no en la calle, estos dirigentes ignoran el desconsuelo de amplias categorías sociales obligadas a recurrir a la huelga o a la manifestación callejera, expresiones de la democracia social, para reflejar su malestar específico (1). Actuando de ese modo, tales gobiernos yerran. Se comportan como si la legitimidad electoral se impusiese sobre las demás formas de legitimidad y de representación, y en particular sobre la legitimidad de la democracia social (2). En cualquier caso, esa inflexible actitud puede alentar a las masas descontentas, en una segunda etapa, a rechazar el diálogo social y a buscar un enfrentamiento frontal.

Sobre todo que, desde mayo pasado con el anuncio del brutal plan de ajuste, el disgusto de una parte importante de la sociedad española no ha parado de exacerbarse (3). Entre los casi cinco millones de desempleados, los trabajadores precarios, los jóvenes sin empleo, las mujeres asalariadas, los pequeños funcionarios y las familias de todos ellos se extiende la convicción de que el Ejecutivo los ha sacrificado. 

Al mismo tiempo, a través del fondo de rescate bancario, el gobierno transfería a las instituciones bancarias y de ahorros (responsables de la burbuja inmobiliaria) hasta 90.000 millones de euros... No contemplaba aumentar significativamente la fiscalidad de las rentas más altas, ni crear un impuesto sobre las grandes fortunas, ni reducir los presupuestos de defensa (unos 8.000 millones de euros anuales), ni la financiación de la Iglesia católica (unos 6.000 millones de euros), ni tan siquiera la partida presupuestaria de la Casa Real (casi 9 millones de euros)... 

 
Lo que desazona a muchos ciudadanos es la certeza de que el Ejecutivo ha adoptado esas medidas regresivas contra los asalariados, más que por convicción, por dictado de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Y por presión de los mercados financieros que, bajo amenaza de no invertir, exigen una caída de los salarios y una reducción del nivel de vida. De hecho, así lo reconoció ante un grupo de inversores japoneses el propio Presidente Zapatero: "Estamos abordando -confesó- las reformas que más preocupan a los inversores internacionales" (4). Y ante los máximos directivos de los principales bancos de negocios y fondos de inversión de Estados Unidos repitió que esas medidas  las adoptaba "para que los inversores y los mercados valoren la firme determinación que tengo de hacer que la economía española sea competitiva" (5). 

La reforma laboral no tiene ninguna relación con el recorte del déficit público ni con la reducción de los presupuestos del Estado, principales exigencias de los mercados financieros. Pero como el gobierno no puede devaluar la moneda para estimular las exportaciones, decidió favorecer el desplome de los salarios para ganar en competitividad.

Lo peor es que tan desacertadas medidas tienen pocas garantías de éxito. Los datos del paro registrados en agosto pasado, con la reforma ya en vigor, demuestran que el 93,4% de los contratos realizados fueron temporales... O sea, la precariedad continúa dominando el mercado laboral. La única diferencia es que ahora, a los empresarios, el despido les resulta más barato. 

Después de la crisis de los años 1990, el paro tardó trece años en reducirse al nivel medio europeo; en una época en que la tasa de crecimiento era muy fuerte y España recibía masivamente fondos estructurales europeos. Hoy, con esta reforma laboral y  con una previsión de raquítico crecimiento de larga duración, "el empleo en España -según la economista estadounidense Carmen Reinhart- no recuperará los niveles de 2007 hasta... 2017" (6). 

Entretanto, rechazado por sus propios electores, este gobierno habrá perdido probablemente el poder y cedido la dirección del país a la oposición conservadora y populista. Generalmente es lo que ocurre -lo vimos en Alemania, Reino Unido y más recientemente en Suecia- cuando los partidos de izquierda reniegan de sí mismos y optan por políticas desvergonzadamente derechistas. 

Notas: 

(1) El voto democrático, precisamente por ser general y universal, no siempre permite la expresión de sensibilidades particulares. 

(2) Léase Pierre Rosenvallon, "Le pouvoir contre l'intérêt général", Le Monde , París, 21 de septiembre de 2010. 

(3) Según una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el PSOE pierde 3,1 puntos. Sólo el 2,5% de los encuestados dice que la situación económica es buena o muy buena, frente al 22,6% que la considera regular y el 74,4% que la define como mala o muy mala. 

(4) El País, Madrid, 1 de septiembre de 2010. 

(5) Ibid , 21 de septiembre de 2010. 

(6) Ibid , 12 de septiembre de 2010.

Ecuador: ¿dónde están los monos?

Rivera Westerberg - http://www.surysur.net/?q=node/14815

Los hechos conocidos —la cáscara de la podrida fruta que cayó en Ecuador hoy del árbol golpista esmeradamente sembrado en el continente— son pocos, los policías sublevados proceden con un plan perfectamente trazado.

Que consiste en:

– Tomar el Regimiento Quito 1 (en rigor un destacamento policial)
– Agredir, golpear y posteriormente secuestrar al Presidente de la República
– Tomar y controlar el aeropuerto internacional de Quito y de otras ciudades
– Ejercer el control total de las vías urbanas (no se informa de las carreteras)
– Agredir a periodistas extraneros e impedir el libre tránsito de diplomáticos.

Con cautela moros y cristianos afirman que son pocos los alzados y que el asunto tiene solo la dimensiòn de una protesta por estimar que se les quitan determinados beneficios extra salariales. Son un puñado de chicos nerviosos, de diría.

Distintas secuencias grabadas por los corresponsales de la televisión local y foránea, en lasa que se advierte la violencia desmedida de los amotinados se ven en todas las pantallas del mundo; no obstante pasado el mediodía en Suramérica, la Secretaría de Estado estadounidense señala que sigue con interés los acontecimientos en Quito porque carece de información sobre lo que allí sucede.

Para entonces Rafael Correa —que se había tragado el humo de una lacrimógena que le arrojaron en pleno rostro y se encontraba apresado o secuestrado, en todo caso impedido de salir, de un hospital curiosa y coincidentemente policial en el norte de la capital— había dicho que se estaba en presencia de un conato de golpe de Estado y que era posible que intentaran asesinarlo.

El gobierno de Ecuador había pedido sendas reuniones_ del Consejo Permanmente de la OEA de los presidentes de los países integrantes de la UNASUR —se reúnen esta noche en Buenos Aires; Chávez, por su parte, citaba a los representantes del ALBA. El Secretario General de la OERA expresaba que lo de Quito no era golpe de Estado.

Todavía al comenzar a caer la tarde suramericana no se conocñ´ìa el pensamiento de las cúpulas militares ecuatorianas, que al parecer apoyan desde sus casas o cuarteles al gobierno legítimo; los policías presuntamente leales callan.

El fantasma de Honduras respiró sobre el hombro de los embajadores en la OEA. E$l recuerdo de Allende se asomó a la ventana desde la que Correa ofrecía su vida a los sublevados, pero advirtiéndoles que no daría un paso atrás.

El pueblo quiteño se abría paso entre los amotinados para llenbar, primero, la plaza frente al palacio de Gobiertno y luego las calles en dirección al hospital para rescatar a su presidente.

Unos cuantos policías amotinados lograron paralizar un país con veliocidad y organizadamente. Caperucita Roja existe y es ella la que toma el te con el sombrerero loco. Los Buendía ya no creen en la colita de chancho.

Posiblemente al cerrar la noche la grotesca payasada —o ensayo de algo, ¿de qué?— haya terminado. Lo que suceda después será el prólogo de otro final —no necesariamente en Ecuador. ¿Quién o quiénes están verdaderamente en la mira y con el dedo en el gatillo?

Chile: Por qué hay presos políticos mapuche en huelga de hambre?

Enrique Orellana - http://alainet.org/active/41222

"Hay un conflicto entre el Estado, el pueblo mapuche y la sociedad chilena. Básicamente, es un problema social, histórico y político. El problema profundo es que el Estado chileno redujo y aplastó al mundo mapuche, le quitó su territorio y lo convirtió en campesino pobre y discriminado. Eso ocurrió a partir de 1881, desde la fundación de Temuco. Hoy existen nuevas generaciones de mapuches que han empezado a despertar y han desarrollado planteamientos más estratégicos para su relación con el Estado". (Francisco Huenchumilla)

 

El origen histórico del conflicto

  

Desde que los españoles invadieron la nación Mapuche, éstos se vieron obligados a defenderse del exterminio y la dominación colonial en sangrientas batallas, en las que los mapuche han luchado por preservar su patrimonio, sus tierras, su cultura. También se han firmado tratados de paz, los que han sido sistemáticamente rotos, se ha adherido a acuerdos internacionales de respeto a los pueblos originarios, los que también son continuamente violados.... La consecuencia final del intento de anexionarse el territorio ancestral Mapuche, y la puesta en marcha de una política de asimilación y genocidio étnico, tuvo como consecuencia la muerte de miles de mapuche y el desplazamiento de otros muchos a las ciudades y a las tierras áridas y empobrecidas. El Estado de Chile despojó a los mapuche del 95% de su territorio.

 

 El interés radica en que estos son territorios boscosos que se explotan para el negocio millonario de las forestales, y el Estado busca la buena relación con los grandes empresarios por sobre el legítimo derecho que tienen a ser una cultura indígena diferenciada; unos derechos consagrados en las leyes internacionales; para vivir libremente y en paz sobre la base de su tradicional y ancestral tierra, y para perpetuar su cultura, su identidad, su tradición y vivir en armonía con sus valores culturales y espirituales. La visión cósmica (espiritual) de los mapuches está indisolublemente ligada a la relación con la tierra en la que viven. Sus derechos han sido cercenados al ser privados de la libertad de estar en comunión con sus tierras ancestrales, como sustento físico, mental y espiritual de la identidad y cultura Mapuche.

 

No obstante, como los valores espirituales de los mapuches se caracterizan por una correcta utilización de los medios tradicionales de desarrollo sostenible, naturalmente, entran en conflicto con los valores dominantes en la sociedad chilena. Además, ambos sistemas de valores están en total oposición, debido a los planes a largo plazo de expansión capitalista del Estado chileno, al ir de la mano junto con los proyectos de las compañías multinacionales energéticas, forestales y de extracción minera, y con los terratenientes locales descendientes de europeos.

 

La huelga de hambre

 

Desde el 12 de julio de 2010 hay 32 presos políticos mapuche en huelga de hambre, en protesta por:

 

    1. La militarización del territorio Mapuche: Ésta se arrastra desde hace años, cuando en el contexto de la persecución a los Lonko Pascual Pichun y Aniceto Norín, Carabineros se instalaban como guardia privada de las empresas forestales y colonos latifundistas. Hoy, el ataque y odiosidad permanente que sufren niños, mujeres, ancianos y autoridades mapuche, el racismo institucional, y el uso de escuadrones "anti-guerrilla" revela la participación de los poderes del Estado en la mantención de esta situación, y la existencia y operatividad del Grupo Territorista Hernán Trizano, quienes reaparecieron en la opinión pública hace unos meses con amenazas de muerte a personas mapuche. Las regiones VII, IX y X están invadidas por militares que impiden el ejercicio del Estado de Derecho, aplastando derechos como el de libre circulación, reunión y asociación. El presidente Piñera tiene nueva táctica, que intenta poner en marcha la segunda Pacificación de Araucanía (refiriéndose al primer asalto a la nación Mapuche entre 1865-1883, cuando la recientemente formada República llevó a cabo una brutal política de genocidio y asimilación contra la nación mapuche. Durante este histórico e infame ataque, miles de mapuches murieron de hambre o directamente asesinados por el ejército chileno).

 

    2. Aplicación de la Ley Antiterrorista (18.314): Los prisioneros condenados bajo la Ley Antiterrorista tienen que hacer frente a un juicio militar por el cual puede utilizarse como prueba la identificación del acusado por testigos anónimos. Si son sentenciados bajo esta ley, sus sentencias pueden ser dobladas respecto a la ley ordinaria. Según la Organización de Naciones y Pueblos No-representados, los juicios previos hacen más difícil la puesta en libertad de los detenidos, además de facilitar el enjuiciamiento y el ocultamiento de pruebas a la defensa por más de 6 meses. Innumerables presos políticos han denunciado haber sido objeto de torturas durante los interrogatorios y a lo largo de la detención. Esta Ley coarta las garantías constitucionales referidas al debido proceso y a la presunción de inocencia. Dentro de las nuevas modificaciones a la Ley Antiterrorista, el Ministro del Interior anunció que las nuevas medidas endurecerán las penas por crímenes graves, ofreciendo garantías a aquellos que ayuden a detener la violencia, afirmando que el proyecto ofrecerá nuevas herramientas para acabar con grupos “terroristas”. Asimismo, señaló que si un activista arrepentido desea dar información no tendrá que hacer frente a cargos criminales. En resumen, si alguno es acusado de los llamados “crímenes terroristas”, se le ofrecerá la oportunidad de denunciar las actividades de otros, para ser amnistiados de sus delitos. Así, el actual gobierno busca, a través de la táctica de “divide y vencerás”, incrementar el miedo, con la esperanza de que los mapuche se vuelvan unos contra otros.

 

    3. Doble juzgamiento: A causa del atentado que sufrió el fiscal Mario Elgueta en octubre del año 2008, hay 5 presos políticos mapuche (PPM) que están siendo procesados por la Justicia Civil y además por la Justicia Militar en dicha causa, dejando de manifiesto el doble juzgamiento al que se somete a los imputados por los mismos hechos constitutivos de presuntos delitos.

 

    4. Inhabilitación de los testigos sin rostro: La práctica de los “testigos sin rostro” debilita gravemente el derecho a la defensa y la capacidad de ésta para refutar tales pruebas, ya que la identidad y la conducta de los testigos (exigidos a los testigos de la defensa), tienen una relación directa con la credibilidad de estos. Es posible que los propios testigos tengan antecedentes penales o rencillas personales o políticas en contra de los acusados.

 

Al mismo tiempo, los testigos pudieran ser inducidos por policías y fiscales a mentir impunemente, bajo la protección de éstos, bajo soborno o extorsión. Todo esto se agrava cuando los “testigos sin rostro” son, realmente, imputados confesos, que pese a ello han sido liberados por sus propios persecutores bajo la figura de “no perseverar en la acusación”, sin embargo, ni siquiera la Ley Antiterrorista, a través de la delación compensada, permite salir sin polvo y paja a quienes se declararon culpables y fueron formalizados por tales delitos. Existen a disposición los antecedentes de que estos testigos son pagados, o mantienen diferencias personales con la comunidad, por su propio comportamiento (robos, etc.).

 

 5. Garantías de justo proceso: Término de las abusivas prácticas de “detenciones preventivas” que permiten a los fiscales mantener discrecionalmente encarcelados durante años a un acusado aunque no haya sido pronunciada una condena en su contra, entre otras, y conciernen a todos los habitantes de la República de Chile.

 

 En la actualidad, en Chile 34 líderes presos políticos mapuche se encuentran en diferentes prisiones del Sur. 28 de ellos están acusados o cumpliendo condena bajo la Ley Antiterrorista. En total, 60 miembros de la comunidad están en prisión, en libertad condicional o bajo medidas cautelares. Tres mapuche han tenido que pedir refugio político, uno en Argentina y dos en Suiza, y además, cinco mapuche han muerto debido a los disparos y torturas de la policía chilena. Durante más de una década, sucesivos gobiernos chilenos han aplicado la ley antiterrorista de la anterior dictadura de Pinochet, promulgada como medida de represión de los derechos democráticos de los ciudadanos. Actualmente esta ley se aplica sobre los defensores de los derechos que el pueblo mapuche tiene sobre sus tierras ancestrales, así como sobre las comunidades mapuche y sobre sus dirigentes y partidarios, en un claro intento de sabotear los movimientos que reivindican los ancestrales derechos que los mapuche tienen sobre sus tierras, y silenciar sus justas y democráticas demandas para que se les devuelvan sus antiguos territorios.

 

 Tras las recientes elecciones de 2010 y la llegada de un nuevo gobierno de derecha bajo el liderazgo del presidente Piñera, los mapuche se han preparado ante la intensificación de la represión y la violencia, que como era previsible este gobierno ha adoptado contra ellos. Durante el pasado año el número de detenidos bajo la Ley Antiterrorista se ha doblado respecto a la anterior administración.

 

 Otra seña de identidad de la gestión del gobierno con respecto a la resistencia política de los mapuche, en particular durante los períodos de huelga de hambre, ha sido la implantación de un apagón informativo en los medios de comunicación; de esta manera, la clase dirigente chilena espera impedir la observación, tanto interna como externa, de la violación de los derechos humanos inherentes en la actual política del Estado. Por si esto fuera poco, durante los actuales períodos de huelga de hambre de los PPM, el gobierno lamentablemente ha ido más lejos al colocar comida en las celdas de los huelguistas de hambre, lo cual ha sido fotografiado y distribuido a los medios de comunicación locales e internacionales, en un claro intento de desacreditar y debilitar la protesta.

 

Nuestro gran agradecimiento a Consuelo Silva por la redacción de este resumen.

 

    Fuentes:

    http://www.azkintuwe.org/

    http://www.elciudadano.cl/

    http://biphome.spray.se/ceme/

    http://www.mapuche-nation.org/espanol/indice.htm

Venezuela - Elecciones de la Asamblea Nacional: Un punto de inflexión en el proceso bolivariano?

Julio Fermín - http://alainet.org/active/41153

Antes de concretarse la elección de la Asamblea Nacional en Venezuela, casi todos los voceros políticos coincidieron en la importancia de estos comicios y en que el resultado sería un parlamento más plural.

 

Y es que estas elecciones legislativas de este domingo en Venezuela ya eran significativas por cuanto en la pasada convocatoria, celebrada en 2005, la oposición se retiró argumentando una supuesta falta de garantías democráticas.  Aquella decisión, posteriormente, sería reconocida por los opositores como un error político que los autoexcluyó del escenario del debate político por excelencia en cualquier país.

 

Pero estas elecciones también rompieron el paradigma de los comicios que tradicionalmente no movilizan el interés de la ciudadanía, dado que por segunda ocasión se realiza en forma separada de la elección del presidente de la república.  En las elecciones parlamentarias del año 2005 la participación apenas fue del 25,26%

 

En esta oportunidad, estando convocados 17 millones de venezolanos y venezolanas, la participación fue masiva, una cifra récord superior al 65% de participación, es decir, aproximadamente un 35% de abstención.  Aunque lejanos están los procesos electorales de los años 60, 70 y 80 donde la participación superaba el 90%, en los últimos 11 años de proceso bolivariano, el sistema electoral ha tenido que soportar duros ataques y cuestionamientos de la oposición que han tenido sus efectos en la voluntad de participación del electorado.

 

Sin embargo, al mismo tiempo, son innumerables los testimonios de observadores nacionales e internacionales de que el sistema electoral es de los más avanzados del mundo.  Por una parte, debido a su automatización cercana al 100%, pero también la participación de miles de personas tanto de las organizaciones políticas, como de los medios informativos, funcionarios de todos los poderes públicos, incluyendo el propio organismo electoral.  Adicionalmente, se debe tomar en cuenta la participación ciudadana, ya que los coordinadores de centros electorales y miembros de las mesas son ciudadanos elegidos al azar, antes de cada proceso electoral.

 

Lo que estaba en juego para las fuerzas de la Revolución bolivariana.

 

En estas elecciones se eligieron 165 diputados y diputadas, en una elección que combinó la elección nominal y por lista.  Es decir, se eligieron diputados por nombre y apellido en las 87 circunscripciones electorales, y otro grupo se eligió por partido u organización política, siempre de manera proporcional a la población del circuito electoral.  También se eligieron diputados al parlamento latinoamericano y los representantes indígenas a la Asamblea Nacional.

 

La Asamblea Nacional es un organismo fundamental en el sistema democrático venezolano, ya que entre sus funciones principales se encuentran la selección y designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), los rectores del Consejo Nacional Electoral y los miembros del Poder Ciudadano: Defensor del Pueblo, Contralor General de la República y Fiscal General de la República, aparte de ser un organismo contralor del Poder Ejecutivo.

 

Sin embargo, en esta elección las metas de las fuerzas políticas en disputa van más alla de lograr una mayoría.

 

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en alianza con el Partido Comunista (PCV), tenía como punto de honor lograr la mayoría calificada, es decir, alcanzar un mínimo de 110 diputados y diputadas (dos tercios del total) que le permitiría entre otras cosas: remover magistrados del TSJ; nombrar a los miembros del poder electoral y el poder ciudadano, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y proponer reformas constitucionales.  Del mismo modo, se requiere un mínimo de 99 diputados (tres quintas partes del total), para aprobar un voto de cesura al Vicepresidente y aprobar las Leyes Orgánicas.

 

El avance de la oposición

 

Por otra parte, la oposición con cualquier resultado ya ganaba representación en el escenario tradicional para el debate político de la nación.

 

Para esta elección, los distintos partidos opositores, que por separados no superan el 10% de la intención de voto, se propusieron alcanzar la “unidad perfecta” que no pudieron en procesos anteriores.  A tal efecto, seleccionaron candidatos únicos para cada circunscripción electoral y el resto se postuló en las listas cerradas de cada partido.

 

No se puede pasar por alto este hecho, más allá de una estrategia electoral.  Por una parte, la oposición se “pone a derecho”, es decir, asume la legitimidad del sistema político venezolano y valida el sistema electoral, que en otras ocasiones se encarga de descalificar, y asume la vocería de sectores de la población que tienen cierto descontento con las políticas gubernamentales.  Pero también, puede tener un efecto positivo sobre la calidad del debate político y el ejercicio de la contraloría social sobre las políticas públicas.

 

Aunque es apenas percibido por la población, la mayor parte de los gobernadores y alcaldes han comprendido la necesidad de orientar sus políticas de manera prioritaria hacia la inclusión social de los sectores más pobres, así como atender prioritariamente los temas de alimentación, educación y salud, lo cual de alguna manera está alineado con las políticas del ejecutivo nacional.  Inclusive, en este proceso, muchas de estas autoridades participaron activamente en la campaña en su condición de militantes partidistas, mientras se criticaba al mismo tiempo la participación del presidente Chávez, quien es presidente del PSUV.

 

A diferencia de las elecciones de gobernadores, alcaldes y consejos legislativos de 2008 cuando esto no fue posible, las consecuencias fueron negativas y no pudieron aprovechar la abstención de votantes favorables al gobierno, para conseguir un mayor número de autoridades locales y regionales.

 

Tendencias y resultados

 

Con gran retraso, pasadas las 2:00 am del 27 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral anunció los resultados que dan 91 diputados a los diputados del PSUV (mucho menos de los esperado), 59 a la oposición (también menos de lo esperado) y 2 diputados para el PPT, con lo cual habrá que ponerse de acuerdo para aprobar las leyes orgánicas y otros efectos.  Sin embargo, al momento de mirar los resultados totales, habrá dos maneras analizarlos: a) el PSUV ganó en 18 estados, b) la oposición obtuvo el 52% de los votos totales.  La realidad es que ya el PSUV no tendrá la mayoría absoluta.  La votación para el Parlamento Latinoamericano resultó: Psuv 43%, Mud 45%.

 

Los resultados son parte de una tendencia que se viene desarrollando como conducta electoral desde 2007.

 

La población electoral se comporta de manera distinta cuando está en juego la figura presidencial.  Es decir, cuando se trata de referendum revocatorio, elección presidencial, la enmienda reciente que permite la reelección continua los venezolanos participan masivamente y la relación de la votación es aproximadamente un 60/40 a favor de la opción del presidente Chávez.

 

Mientras que cuando se trata de elecciones parlamentarias, de gobernadores, alcaldes, municipales, etc. la situación cambia y la tendencia es más dispersa.

 

Este fenómeno se viene configurando de manera clara a partir de 2007.  Como se recordará en esa elección, donde se propuso la Reforma Constitucional, por primera vez las fuerzas políticas que repaldan al presidente Chávez perdieron en las urnas electorales por un estrecho margen, menor al 1%

 

Pero al año siguiente, en las elecciones de gobernadores, alcaldes y consejos legislativos regionales, si bien la alianza roja seguía obteniendo la mayoría de la votación nacional, se produjo un fenómeno nuevo: los números comenzaron a revertirse a favor de la oposición.  En el Distrito Capital, y los estados Zulia, Miranda, Lara, Carabobo, Anzoátegui y Táchira, es decir, donde se encuentran las ciudades con mayor población fueron elegidas autoridades de organizaciones políticas opositoras.

 

En estas elecciones, el PSUV pudo recuperarse en el Distrito Capital, Lara y Carabobo, logrando la mayoría de los cargos en disputa.  Sin embargo, en otros casos la tendencia se ha repetido y ampliado, por ejemplo en el estado Zulia la oposición obtuvo 13 diputados de 15 posibles.

 

Dos factores son claves para entender esta tendencia.

 

Por una parte, así como la oposición tiende a la convergencia, que se concretó en la Mesa de la Unidad Democrática como movimiento electoral.  En el caso de las fuerzas políticas de la Revolución bolivariana a medida que pasa el tiempo se van dispersando.  La Asamblea elegida en 2005 era 100% favorable al proceso político impulsado por el presidente Chávez.  Para este momento, sólo mantienen el apoyo del Partido Comunista de Venezuela, siendo la división más reciente la del Partido Patria para Todos quienes apuestan a la despolarización, y convertirse en un fiel de la balanza.

 

Finalmente, el gobierno bolivariano ante las debilidades y errores de la oposición está siempre en compentencia consigo mismo.  En tal sentido, la falta de eficiencia y eficacia en la gestión pública como en el caso del suministro de energía eléctrica.  Pocos casos conocidos, pero muy significativos de corrupción administrativa, como el caso de los alimentos de PDVAL.  Y algo muy sensible para toda la sociedad como es la falta de control de la delincuencia y las debilidades en las políticas de seguridad ciudadana.

 

Ya el PSUV había reconocido parcialmente sus debilidades y dificultades, ya que la mayor parte de los diputados y diputados actuales no fueron presentados como candidatos.  El partido apostó por candidatos jóvenes y algunos representantes de movimientos sociales, todos elegidos por la base.

 

El volumen de votación de 52% de la opisición es un alerta para el proyecto político de la Revolución bolvariana, de cara a las próximas elecciones municipales en 2011 y quizá la elección presidencial de 2012.  Quizá más es hora de retomar la necesidad de aplicar las 3R: Revisar, Rectificar y Reimpulsar, esbozada por el presidente Chávez después de la derrota en 2007.

 

- Julio Fermín es miembro del Equipo de Formación, Información y Publicaciones (EFIP) de Caracas y de ALAI.

Concentración y ganancias extraordinarias del poder económico

Por 

 Martín Schorr, investigador del Conicet - http://sur.elargentino.com/notas/concentracion-y-ganancias-extraordinarias-del-poder-economico

En la posconvertibilidad se han manifestado dos procesos sumamente relevantes por sus implicancias distributivas y porque expresan que las grandes firmas integrantes del núcleo selecto del poder económico local, sobre todo las que se desenvuelven en ámbitos productivos, han venido ocupando un lugar protagónico entre los ganadores del régimen económico en curso.

En primer lugar, se afianzaron las tendencias a la concentración y la centralización del capital. En 2008 las cien empresas manufactureras más grandes dieron cuenta del 43% de la producción industrial total, frente a una participación del 37% en 2001 y del 28% en 1993. Esto se dio en el marco de una aceleración del proceso de extranjerización iniciado a mediados de la década de 1990; en la actualidad más del 70% de la facturación global de esa cúpula empresaria está en manos de capitales foráneos.


En segundo lugar, como resultado del dispar comportamiento entre la productividad y los salarios, tuvo lugar una importante transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia los capitalistas, que se suma a las abultadas traslaciones verificadas entre 1976 y 2001: en 2009 el costo salarial ajustado por productividad fue un 17% más reducido que en 2001 y un 37% inferior al de 1993. A raíz de los cambios registrados en la estructura de precios y rentabilidades relativas de la economía asociados a la “salida devaluatoria” de la convertibilidad, estos incrementos en el margen bruto de explotación de la fuerza de trabajo se tradujeron en ganancias netas muy elevadas, principalmente para las grandes corporaciones del sector fabril (en particular entre 2004 y 2007, cuando la rentabilidad sobre ventas de los oligopolios líderes osciló entre el 14% y el 19%). Ello, en un contexto caracterizado por una relativamente débil formación de capital.


Además de la performance de la productividad, los salarios y la inversión, en la explicación de los dos procesos aludidos concurren otros factores explicativos, entre los que sobresalen tres. Por un lado, la inserción de la mayoría de las compañías líderes en las producciones más favorecidas por el dólar alto (sin políticas activas y coordinadas de desarrollo industrial) y la vigencia de salarios bajos a nivel internacional y mercados externos expansivos. Por otro, en el marco de variadas acciones y omisiones estatales, la captación diferencial de excedentes a partir de la fijación oligopólica de precios en numerosas ramas como, entre otras, la elaboración de productos metálicos básicos, abonos y fertilizantes, sustancias químicas básicas, aceites y grasas vegetales, neumáticos, ciertas maquinarias agrícolas, cemento y cal, papel y derivados, golosinas, azúcar y vehículos automotores. 


Finalmente, la presencia destacada de estos grandes capitales en distintos espacios de acumulación de privilegio que se generaron en los años recientes y los sesgos de las políticas hacia las pymes.


La puesta en marcha del proyecto para que los trabajadores participen de las ganancias empresarias tendría un indudable y deseable impacto redistributivo, en especial si se termina focalizando en el segmento de las grandes empresas que han sido ampliamente favorecidas por el esquema económico vigente y procura evitar la elusión impositiva. Con vistas a fortalecer planteos redistributivos de esta naturaleza, sería auspicioso que ello se articulara con un conjunto de medidas complementarias tendientes a aplacar las diferentes fuerzas que en la posconvertibilidad han impulsado la concentración económica, la centralización del capital y las ganancias extraordinarias de las firmas líderes.

Todos querían ser progresistas

Marcos Roitman Rosenmann* - http://www.surysur.net/?q=node/14700

Desde hace unos años se ha levantado una polémica donde se entrecruzan diferentes debates. Las discusiones reflejan las preocupaciones sobre el futuro que nos espera y los retos de un mundo que se resquebraja a marchas forzadas. Conservadores, neoliberales, socialdemócratas e izquierda construyen estrategias tendentes a corroborar o a negar alternativas sobre la profundidad de la crisis capitalista, las luchas anticapitalistas, las perspectivas de la democracia y la viabilidad del socialismo.

Para no errar en el análisis debemos partir de un marco contextual. Nos encontramos inmersos en el dominio del modo de producción capitalista. Poco se resiste a su lógica. Un ejemplo nos lo da el cuerpo humano. Ojos, riñones, hígados o huesos adquieren un valor de cambio. Las clases populares, explotadas y dominadas, aportan sus órganos para enfrentar el hambre; de esta forma pueden pagar sus deudas y comer durante algún tiempo, mientras la burguesía alarga su vida gracias a estos "donantes" de necesidad. Llegados a este punto, los límites éticos los engulle el mercado.

Sin embargo, desde hace un tiempo acceder a un banco privado de retinas, plasma, sangre o riñones se interpreta como un avance civilizatorio. Nada puede resistirse al tren del progreso, y si existen efectos no deseados será la propia revolución científico-técnica la que cree los antídotos, revirtiendo y reparando el daño infringido. Ni el calentamiento del planeta ni la pérdida de biodiversidad son un obstáculo.

Si el imperialismo y el mercado imponen su lógica sin contrapesos se profundizarán las guerras para apropiarse de los recursos naturales, imperando la ley del más fuerte y emergiendo gobiernos totalitarios y depredadores. Estamos ante una disyuntiva: o se cambia de rumbo o asistiremos a una catástrofe de proporciones planetarias.

Puestos en esta situación, la lucha teórica se ubica en el primer plano de la batalla política dentro del capitalismo del siglo XXI. Ya no es posible, si alguna vez lo fue, reflexionar sobre el cambio social democrático al margen de los procesos de liberación, las tecnociencias y las nuevas formas de actuar y del pensar. Ejemplos de luchas democráticas, de liberación nacional y anticapitalista, la hayamos en el Sumak Kawsay o el buen vivir desarrollados en la nueva Constitución de Ecuador, en el Estado plurinacional y la ciudadanía plena reconocidos en la Carta Magna boliviana, pero también lo encontramos en los municipios autónomos de rebeldía zapatista; sin olvidarnos de los aportes provenientes de la revolución cubana y las propuestas como la Alba o el Banco del Sur, lanzadas por la República Bolivariana de Venezuela.

En esta lucha por salvar y dotar de rostro humano al capitalismo se enquista la mentalidad progresista social-conformista. Sus analistas proceden de la intelectualidad autodenominada progresistas de izquierda. Desentrañar equívocos y desmantelar la mentalidad progresista nos obliga a realizar una inmersión en sus postulados. Bajo el sincretismo teórico hacen uso de cualquier filosofía o tópico, si ello les da beneficios.

Falsean la naturaleza de instituciones. Para los progresistas, un banco bien podría ser una entidad caritativa si se le dota de un organigrama solidario. Sus mentes pensantes, construyen un mundo dual, en el cual polarizan el mundo y cuyo resultado consiste en enfrentar las fuerzas progresistas versus la derecha cavernícola. De la noche a la mañana y por arte de magia, debemos entender que ser progresista consiste en ponerse al lado de los desamparados, los dominados, explotados y excluidos, y cubrir con un manto de sensibilidad social sus políticas públicas. De esta manera tan laxa, todos aquellos que posean esta sensibilidad social, pueden considerarse progresistas y soldados en la lucha contra la derecha oscurantista y neoliberal.

Si aceptamos esta definición de progresistas, los ejemplos de hombres y mujeres pertenecientes a esta clase son muchos. Podemos empezar con el todo poderoso Billy Gates. En su haber apuntamos su decisión de donar la mitad de su fortuna a obras sociales. En segundo lugar situaríamos a la mismísima reina de Gran Bretaña: ella financia de su bolsillo a jóvenes de escasos recursos para concluir sus tesis doctorales. El siguiente progresista sería George Soros, empresario filántropo, mecenas del arte y la cultura.

Tampoco puede faltar a la cita de los progresistas empresarios como Carlos Slim, preocupado por el buen hacer de las políticas sociales de los gobiernos, con alto grado de sensibilidad social, ni de banqueros responsables. Ellos son la personificación del altruismo, invierten beneficios en obra social. Financian universidades públicas, se comprometen en la defensa del medio ambiente y emprenden campañas por la integración de los disminuidos síquicos y físicos al mercado de trabajo.

En fin, para concluir la lista, podríamos afirmar que cualquier partidario de luchar contra el efecto invernadero o salvar al lince ibérico es progresista por definición. Así, Brigitte Bardott puede ser considerada un estandarte del progresismo cuando rechaza el asesinato de focas para el comercio de pieles y, a la par, conservadora cuando se une al Frente Nacional ultraderechista de Le Pen.

En esta circunstancia esquizofrénica me asaltan dudas: ¿Puedo aliarme con Briggite Bardott en su lucha contra la matanza de las indefensas focas y abstraer su ideológica neofascista? El desconcierto aumenta al leer a Bardott: "Hemos perdido el derecho a escandalizarnos cuando los clandestinos y pordioseros profanan nuestras iglesias y las transforman en pocilgas humanas, cagando detrás del altar o haciendo pis en las columnas, expandiendo sus olores nauseabundos bajo las bóvedas sagradas". Tal vez necesite un respiro y ver el lado positivo: Brigitte Bardott ha sido una sex-simbol, no importa que sea racista y xenófoba, a fin de cuenta tiene un corazón progresista cuando se trata de focas. Por consiguiente, tomaré su mano y la investiré de progresismo amparándome en el dicho popular: "no importa de qué color sea el gato, blanco o negro, lo importante es que cace ratones". 1

1. Véase su libro Un grito en el silencio, Editorial Le Roche, 2003. Un tribunal de París la condenó a pagar 5 mil euros por las declaraciones xenófobas y racistas contenidos en el texto, y a la editorial otros 5 mil euros por publicarlos.

*Doctor en Sociología. Profesor Titular de estructura social de América Latina Universidad Complutense de Madrid.

Los civiles en el banquillo de Nuremberg

Por 

 Eric Calcagno, senador de la Nación, y Alfredo Eric Calcagno, Dr. en Ciencias Políticas. - http://sur.elargentino.com/notas/los-civiles-en-el-banquillo-de-nuremberg

Cuando se consideran los crímenes de lesa humanidad cometidos, en general, se atribuye el protagonismo a los militares; parecería que los civiles hubieran sido ajenos a ellos. Sin embargo, la historia muestra que no es así. Siempre existieron civiles que no sólo participaron en los delitos perpetrados, sino que muchas veces fueron sus autores intelectuales o ejecutores directos y, con frecuencia, sus beneficiarios económicos y políticos.

Un ejemplo histórico típico es lo ocurrido en la Alemania nazi, no sólo por la índole de los delitos, sino también por la profundidad de la investigación realizada. Si se analiza el juicio sustanciado en el Tribunal de Nuremberg, puede calibrarse la importancia de la participación civil en esos delitos de lesa humanidad.

El Tribunal estuvo integrado por juristas estadounidenses, británicos, soviéticos y franceses; se designó un juez titular y un fiscal por país, cada uno con su suplente. Funcionó desde el 20 de noviembre de 1945 hasta el 1º de octubre de 1946. Con respecto a cada procesado debía determinarse su participación en un plan común para cumplir crímenes contra la paz; si planeó o inició guerras y otros crímenes contra la paz; si cometió crímenes de guerra; y si cometió crímenes contra la humanidad.

Fueron procesados 24 personajes del nazismo; otros ya habían muerto, algunos de ellos por suicidio. La primera comprobación interesante es que seis de ellos eran militares y 18, civiles. Además, debe considerarse que el principal criminal, Adolf Hitler (ya suicidado), fue un civil, y que uno de los principales instrumentos para la comisión de delitos fue un partido político.

Entre los procesados civiles condenados a muerte y ahorcados figuran Wilhelm Frick, ministro del Interior; Joachim von Ribbentrop, ministro de Relaciones Exteriores; Hans Frank, gobernador de Polonia; Fritz Sauckel, líder de la zona de Turingia; Arthur Seyss-Inquart, comisario del Reich en los Países Bajos; Ernst Kaltenbrunner, jefe de la Policía Secreta, y Alfred Rosenberg, ideólogo del racismo. Robert Ley, jefe del Frente del Trabajo Alemán, se suicidó antes del juicio.

Además fueron condenados Walter Funk, ministro de Economía, y Rudolf Hess, segundo en la línea de sucesión de Hitler, ambos a prisión perpetua; Baldur von Schirach, líder de la zona de Viena, y Albert Speer, ministro de Armamentos, a 20 años de prisión cada uno; y Konstantin von Neurath, protector de Bohemia y Moravia, a 15 años de prisión.

Fueron absueltos Franz von Papen, que había sido embajador en Turquía (1939-1944); Hjalmar Schacht, presidente del Banco Central (1933-1938); y ministro de Economía (1934-1937); Hans Fritzsche, comentarista de radio y jefe de informaciones del ministro Goebbels.
Al industrial nazi Gustav Krupp se lo consideró inepto para someterlo a juicio por razones de salud. Posteriormente, en 1947, su hijo Alfried Krupp fue sometido en Nuremberg a un tribunal militar estadounidense, que en julio de 1948 lo condenó a 12 años de prisión, por haber utilizado en sus fábricas mano de obra esclava judía proveniente de campos de concentración y prisioneros de guerra. Sin embargo, en 1951, John McCloy, alto comisionado de los Estados Unidos en Alemania, revisó la sentencia, lo puso en libertad y le devolvió sus bienes, que habían sido confiscados.

Vinculación económica. Es interesante examinar la vinculación entre los responsables de la economía y los delitos de lesa humanidad. En este caso, de qué modo el ministro Walter Funk instrumentó la economía para servir primero el esquema político nazi y después a la guerra.

Funk era un periodista especializado en finanzas e ingresó al partido nazi en 1931 y, en 1933, fue jefe de prensa del Gobierno y subsecretario del Ministerio de Propaganda. En 1938, fue nombrado ministro de Economía y plenipotenciario general para la Economía de Guerra; luego agregó a esas funciones las de presidente del Banco Central y reemplazó en esos cargos a Hjalmar Schacht. Desde agosto de 1939, fue miembro del Consejo Ministerial de Defensa del Reich, y, a partir de 1943, miembro del Consejo de Planificación Central.

En el juicio de Nuremberg se lo acusó de haber planeado la guerra, en especial, de haber preparado la ocupación del territorio ruso, incluso mediante la impresión de rublos. Proyectó la explotación económica del vasto territorio ruso como proveedor de materias primas para Europa y fue un estrecho colaborador de Hermann Goering.
En cuanto a los crímenes de lesa humanidad, propuso el decreto por el que se prohibía toda actividad económica a los judíos, “que lógicamente seguía a la eliminación de los judíos de la vida política”.

En 1942 acordó con Himmler la remisión al Banco Central de oro, joyas y dinero de las SS (grupo paramilitar) sin determinar su origen; se enviaron entonces al Banco Central las pertenencias de las víctimas de los campos de concentración. Así, fueron a las bodegas del Banco el dinero, las joyas, los relojes y el oro de los dientes y los anteojos de los recluidos. En el juicio, Funk declaró que no sabía que el Banco Central recibía esos objetos; el Tribunal declaró que, o bien sabía lo que se recibía, o bien cerraba deliberadamente los ojos.
Se probó que participaba en el aprovechamiento económico de los territorios anexados. Presidió la Continental Oil, que explotaba el petróleo de los territorios ocupados del este de Europa. Fue responsable de la incautación de las reservas de oro del Banco Nacional de Checoslovaquia y de la liquidación del Banco Nacional de Yugoslavia. En 1943 fue miembro del Consejo Central de Planificación, que determinaba el número de trabajadores que necesitaba la industria alemana y requería su provisión, en especial por la deportación desde los territorios ocupados. Bajo su dirección, el Banco Central otorgó un fuerte crédito a las SS para la construcción de fábricas para que trabajaran obreros provenientes de campos de concentración.

Como atenuante, el Tribunal concluyó que Funk nunca fue una figura dominante en los programas en los que participó. En consecuencia, se lo condenó a prisión perpetua. Se salvó así de ser ahorcado como otros colegas ministros, pero quedó marcada la responsabilidad del ministro de Economía en los crímenes de lesa humanidad, aunque no hubiera intervenido personalmente en actos de violencia física.

Responsabilidades compartidas. La atribución de responsabilidades entre civiles y militares por estos crímenes, varió según los países y las situaciones. En Alemania, los jefes militares debieron responder por los delitos cometidos; pero no sólo ellos, también los civiles que participaron fueron enjuiciados ante el Tribunal Internacional.

Esta no fue la situación general en América latina. Ahora, con la perspectiva que dan los decenios transcurridos, puede analizarse con mayor lucidez en qué medida la avidez de poder y dinero de grupos mixtos, integrados por civiles y militares, llevaron a situaciones sangrientas. Pero la realidad es que cargaron con casi toda la responsabilidad los grupos militares ejecutores, mientras los civiles que planearon e instigaron muchos de esos hechos violentos y a menudo usufructuaron los resultados económicos y políticos, quedaron impunes. Ya decía Keynes que algunos economistas podían matar más gente que cualquier conquistador de la historia.

Los cambios en Cuba, vistos desde Cuba

Por Santiago Masetti | Desde La Habana - http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=4798

América latina y su versatilidad política - Más allá de sus errores y deficiencias, la experiencia cubana se basa en un contrato social de nuevo tipo, horizontal, plebeyo; quizá de naturaleza parecida al que le dio origen al peronismo, y expresa la marca histórica de la Isla: independencia o anexionismo a Estados Unidos.


La idea consiste en una crónica sobre lo que sucede en Cuba, en particular sobre la existencia o no, y de ser positiva la respuesta, del verdadero alcance de los cambios políticos, económicos y administrativos anunciados hace pocos días e inscriptos dentro de las reformas encaradas por el gobierno a partir de febrero del 2008, fecha en la que Raúl Castro tomó en sus manos la Administración del país, que es eso lo que implica su cargo de presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Y por último, por qué no, sobre el tan sonado tema en la prensa internacional, el de los presos liberados.

El conjunto medidas adoptadas por el gobierno de la Isla trata en forma muy especial sobre el aumento de la productividad del trabajo, el incremento de la producción de alimentos y la reformulación en el sector agrícola en general, y sobre ciertas modalidades al interior de la vida política cubana que suelen no ser abordadas lo suficiente, como el de la búsqueda por parte del gobierno, de canales directos para el diálogo con los distintos sectores de la sociedad, complementarios a los institucionales y previstos por la Constitución y el ordenamiento jurídico.

Es en ese marco donde con regulares encuentros entre funcionarios de distinto nivel y estudiantes, sindicatos, organizaciones de mujeres y de otras identidades, son miles los cubanos que debaten, y en no pocos casos disparan sus críticas a la gestión de gobierno.Sin dudas fueron los resultados de esas discusiones, y no solo las iniciativas desde adentro del aparato de poder, las que motivaron algunos de los ejes recientemente planteados por Raúl Castro.

En su discurso del pasado 1 de agosto ante la sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), que es el Parlamento cubano, hizo un balance tendiente y enfatizó sobre el esperado programa de reformas, auque dejó en claro que las mismas se darán en el ámbito de lo que él mismo calificó de "actualización del modelo económico cubano”, descartando toda posibilidad de poner el acento en criterios “de mercado”.

Unos de los principales desafíos de la dirección de la revolución cubana, en estos momentos, es darle solución a problemas internos que vienen heredados del denominado periodo especial, el bloqueo económico de Estados Unidos y las consecuencias de la crisis financiera global en este país. La dirigencia cubana no se cansa de repetirlo.

"En una primera fase, que planificamos concluir en el primer trimestre del próximo año, se modificará el tratamiento laboral y salarial a los trabajadores disponibles e interruptos de un grupo de organismos de la administración central del estado, suprimiendo los enfoques paternalistas que desestimulan la necesidad de trabajar para vivir y con ello reducir los gastos improductivos, que entraña el pago igualitario, con independencia de los años de empleo, de una garantía salarial durante largos períodos a personas que no laboran", dijo Raúl Castro ante la ANPP.

Ello significa que la Administración Pública comenzó a diseñar un plan de reforma del Estado, que implica a millones de trabajadores, sin recurrir en despidos ni quitas salariales. El mismo consiste en la redistribución de la mano de obra entre las distintas áreas productivas, con programas de capacitación para los empleados y de discusión al interior de las propias direcciones empresariales, tendientes al aumento de la productividad.

Fue el propio Raúl Castro el que le puso plazo a la puesta en marcha de la propuesta y la evaluación de sus primeros resultados – mediados del año próximo-, sin que dicho programa implique el olvido o el pase a jubilación de observaciones anteriores y públicas del hermano del líder de la Revolución en el sentido de reconocer que la actual escala salarial en notoriamente insuficiente como nivel de ingreso promedio; situación esa que la sociedad trata de subsanar a través de mecanismos económicos informales, tolerados por el gobierno, y que van desde el ingreso por remesas de fondos que muchos cubanos reciben de familiares en el exterior, como sucede en buen parte de los países latinoamericanos, hasta el ejercicio de actividades cuentapropistas.

Es en orden a esa realidad que debe interpretarse el siguiente párrafo de la intervención de Raúl Castro ante los asambleístas: El Consejo de Ministros también acordó ampliar el ejercicio del trabajo por cuenta propia y su utilización como una alternativa más de empleo de los trabajadores excedentes, eliminando varias prohibiciones vigentes para el otorgamiento de nuevas licencias y la comercialización de algunas producciones, flexibilizando la contratación de fuerza de trabajo.

El doctor en Ciencias Económicas y profesor titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI), Ernesto Molina, dijo a Veintitrés: cuando se hace un análisis de cómo están empleados los distintos sectores de la economía cubana, registramos que existe un porcentaje muy grande de trabajadores que si bien ocupan un puesto efectivo en el sistema laboral, el mismo no se aprovecha en términos de producción, simplemente porque no hay posibilidad de hacerlo; lo que da como resultado una plantilla de empleados inflada, con mucha gente que aparentemente esta trabajando pero que en realidad no lo hace en términos económicamente efectivos. Ante esa situación, todo indicaría que la solución pasa por el despido de un número importante de cubanos y cubanas, discutiendo entonces la posibilidad de abrir líneas de subsidios para los desempleados. Pero Cuba no está en condiciones de tomar esa medida, más allá de que si se tomase no se le estaría dando solución al problema. De ahí la importancia de trabajar a fondo en el fomento de ciertos niveles de cuentapropismo.

En el marco descripto, las cifras oficiales de Cuba dan cuenta de un desempleo casi irrelevante, del 1,7 por ciento, aunque está claro que, según los recientes planteos de Raúl Castro en ANPP, el mismo implica una dosis alta de espejismo. Lo que también está claro, pero la prensa internacional crítica para con el gobierno de este país no lo dice o lo oculta, es que el sistema legal y la propia tradición política del modelo inaugurado hace ya mucho tiempo, el 1 de enero de 1959, obligan al Estado a que no haya un solo cubano ni una sola cubana en edad activa sin salario.

Ana María Ibarra, investigadora de la Universidad de La Habana, dijo: me imagino que todo (el desarrollo de las actividades por cuenta propia) se hará organizadamente, e implicará también el establecimiento de un régimen impositivo adecuado, al que tendremos que acostumbrarnos.

Los dichos de Ibarra cobran especial relevancia dado que - y se trata de otro tema también ocultado por los relatos hegemónicos sobre Cuba – los habitantes de este país, salvo los pocos casos de cuentapropistas preexistentes a los reciente anuncios oficiales, no pagan impuestos, abonan tarifas de servicios y transportes públicos de carácter meramente simbólico, y acceden a los sistemas de salud y ecuación públicas, en todos sus niveles, en forma absolutamente gratuitas, con el aditamento de extensos programas de becas complementarias, que implican vivienda y alimentación, con los niveles de calidad que puede ofrecer un Estado de la complejidad del cubano, basado en una suerte de contrato social de total horizontalidad social y con una economía que, más allá de sus propios errores, sufre medio siglo bloqueo, el que hasta ahora le significó a la economía del país pérdidas por 220 mil millones de dólares.

No todas las voces coinciden con Ana María Ibarra y Néstor Molina. Ese es el caso, por ejemplo, de Carlos Pérez Peña, Premio Nacional de Teatro 2009, quien afirmó: las medidas (anunciadas por Raúl Castro) son tímidas. Siento que esto tiene que ser más abierto; no sólo con el cuentapropismo. Además, considero que deben establecerse leyes que protejan a ese nuevo sujeto que será el trabajador particular.
Muchos de los grandes problemas cubanos están relacionados, paradójicamente, con los logros sociales alcanzados por la Revolución; ya que el potencial educacional y científico de la población alcanza promedios de países altamente desarrollados, según lo admiten datos difundidos por la ONU: el 100 por ciento de los niños está matriculado en escuelas primarias; uno de cada once cubanos es graduado universitario; 30.000 cuentan con maestrías y 12.000 alcanzaron títulos doctorales.

Antes del triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro, Cuba contaba con un 40 por ciento de población rural; en la actualidad ese indicador pasó a ser del 20 por ciento, sin que esos niveles básicos de Desarrollo Social se hayan alterado sustancialmente tras la modificación que sufrió el sistema internacional en el que Cuba está inscripto, en alianza con la desaparecida Unión Soviética.

Tras la caída del llamado orden comunista, entre 1989 y 1990 el comercio internacional cubano cayó en un 60 por ciento, lo que provocó severos desabastecimientos, caída estrepitosa del signo monetario y merma grave de las reservas en divisas. Entonces los cubanos vivieron una larga década de penurias durante el denominado “período especial”. A las pérdidas ya mencionadas como consecuencia del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos y a los costos que implico el mapeo mundial de fines de la pasada década del ’80 deben sumárseles los efectos de la actual crisis global, que sólo en 2008 le significaron a Cuba daños equivalentes a los 10 mil millones de dólares, sin descartar entre ellos los derivados de las variables atmosféricas de huracanas violentos de las tres últimas temporadas, todo según cifras oficiales.

En entonces en ese contexto que debería interpretarse la insistencia de Raúl Castro ante la ANPP cuando destacó “sin el aumento de la eficiencia y la productividad es imposible elevar salarios, incrementar las exportaciones y sustituir importaciones, crecer en la producción de alimentos y en definitiva sostener los enormes gastos sociales propios de nuestro sistema socialista, esfera en la que también estamos en el deber de ser racionales, ahorrando mucho más sin sacrificar la calidad”.

Es por eso que resulta frecuente oír entre los funcionarios y dirigentes cubanos la expresión “batalla económica” como definición de la actual coyuntura. El periodista y ex diputado entre 1993 y 1998 Pedro Martínez Pires sostuvo: es una batalla que yo diría hay que librar en muchos frentes, porque a los avatares de las catástrofes naturales –insisto en que las ultimas temporadas de huracanes fueron desastrosas- debemos tener en cuenta la necesidad de resolver varios de los problemas estructurales que nos afectan, entre los cuales no es menor el de la seguridad alimentaria, toda vez que formamos parte de un país que sigue necesitando de la importación de alimentos.

No fue casual, parece, aquella mención especial que hizo Raúl Castro ante los parlamentarios, el 1 de agosto pasado, y que ya mencionáramos en los primeros párrafos de este artículo, cuando se refirió a la urgente necesidad de impulsar cambios sustanciales en toda la cadena de producción agropecuaria, los que sin duda son aguardados con particular atención por la mayoría de los cubanos.

Suele suceder con las lecturas mediáticas sobre Cuba fogoneadas desde Estados Unidos, que, con mucha frecuencia, lo que paree tener amplia repercusión fronteras afuera apenas si inquieta al devenir cotidiano de quienes viven en la Isla.

Ese es el caso de los presos recientemente liberados. La escasa preocupación que se registra aquí por el asunto, incluso entre quienes no callan sus miradas críticas respecto del gobierno, podría ser explicada por las siguientes consideraciones de Martínez Pires: la liberación de los presos es una medida que no es nueva, porque Cuba tiene una historia muy larga al respecto. Desde el triunfo de la Revolución y después del intento de invasión por Playa Girón fueron liberados 1.500 detenidos en esos acontecimientos. A tal punto es una tradición del modelo inaugurado en 1959 que la Iglesia Católica y el gobierno de España respaldaron las recientes liberaciones, liberaciones esas que beneficiaron a personas que fueron juzgadas y condenadas conforme a la Constitución y al sistema penal de nuestros país, el mismo que forma parte de la tradición jurídica convalidad por la comunidad internacional que se expresa en la ONU. Debo destacar que ninguna instancia legal, nacional ni internacional, observo el contundente cuerpo de evidencias ofrecido respecto de las relaciones de esos presos ahora liberados con la diplomacia estadounidense que actúa en el país desde la conocida Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana.

A modo de conclusión: quien no acepte que el actual sistema cubano, más allá de sus errores y deficiencias, se basa en un contrato social de nuevo tipo, horizontal, plebeyo podríamos decir, quizá de naturaleza parecida a la que le dio origen al peronismo, y que expresa la marca histórica de la Isla –independencia o anexionismo a Estados Unidos-; difícilmente pueda fotografiar o radiografiar a este país desde su trastienda.

Aceituna sin Hueso - Marginales Video por Miriela Moreno Guevara - Video de MySpace

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