Argentina: El debate es por la hegemonía del poder económico

Julio C. Gambina - http://alainet.org/active/39911
El contrapunto político de estas horas parece revivir las discusiones del 2008 en torno a las políticas económicas necesarias. Lo que está en discusión es el modelo económico del país, es decir, ¿qué se produce y para quién? Ello supone definir también la distribución del ingreso nacional. No existe la posibilidad de una distribución equitativa del ingreso si no se modifica el modelo productivo. Es un debate que trasciende a la Argentina, que empieza a sustanciarse en la región latinoamericana y caribeña e incluso en el mundo producto de la crisis del capitalismo.

Un ejemplo de lo dicho es la inauguración de la muestra agropecuaria de Palermo. Resulta notorio verificar que el sector hegemónico de las centrales empresariales del sector agropecuario, agrupadas en la Mesa de Enlace, reiteran en la coyuntura su demanda por eliminar las retenciones a las exportaciones (20.724 millones de pesos al 30 de junio, unos 5.000 millones de dólares para medio año)[1], al tiempo que reivindican su papel histórico y presente en la dirección política de la sociedad.

El momento es considerado propicio por los datos de evolución de la economía. Es un momento para la ofensiva. 

El pronóstico de CEPAL[2] señala para Argentina un crecimiento del orden del 6,8% para el 2010. Sin embargo, las expectativas, no solo en el gobierno, están por encima de ese guarismo, especialmente en el sector agropecuario, que deja en el pasado la sequía y la caída de los precios internacionales, fenómenos que afectaron la rentabilidad del 2009.

El presente año viene con perspectivas de crecimiento de la renta y los principales propietarios de tierra no quieren resignar un nuevo ciclo de auge de ganancias y de posibilidades de acumulación, que son las que en definitiva definen el proceso de dominación económica, política e ideológica de la sociedad capitalista. 

Especialmente para la Sociedad Ruralestá puesto el desafío en la disputa por la hegemonía de la clase dominante en la Argentina.

Recuperar el modelo de dominación del “centenario”

Por eso, en el discurso de Hugo Biolcati[3], Presidente de la Sociedad Rural en la inauguración de la muestra de Palermo se recupera la memoria del “centenario” (1910). Sin duda el momento más claro de hegemonía de la oligarquía terrateniente y ganadera, asociada al poder con frigoríficos, ferrocarriles y bancos, mayoritariamente de propiedad externa, principalmente ingleses.

Convengamos, que ese recuerdo es recuperado por la renovada existencia de una base material que sustenta el modelo productivo actual, surgido de políticas económicas cuyo origen remiten a la década del 90 y que no han sido modificadas. Desde la aprobación de la producción transgénica en 1996, tiempos de Felipe Solá (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca), Domingo Cavallo (Ministerio de Economía) y Carlos Menem (Presidencia de la Nación), irrumpió la “revolución sojera” (expansión de la frontera productiva, de 6 millones a 17 millones de hectáreas) que afecta la diversidad productiva y especialmente a la agricultura familiar.

No solo es cuestión de soja, porque también en aquellos tiempos se aprobó el tratado minero entre nuestro país y Chile para explotar la cordillera. El país se está transformando en un gran receptor de inversión externa en alimentación y minería, afectando la tierra y el medio ambiente,  contribuyendo a depredar recursos naturales.

El privilegio a la producción agraria transgénica, especialmente de soja, viene acompañado de la mega minería a cielo abierto. Tanto el agro como la minería necesitan del paquete tecnológico en manos del capital externo, surgiendo así una alianza estratégica para la dominación. El modelo productivo vigente en la Argentina encuentra asociado en la cúpula del poder al capital más concentrado de origen local y externo.

La cúpula del poder es un lugar que las centrales empresariales del campo le disputan a otros sectores que supieron ganar terrenos en otros momentos. Es el caso del sector industrial en periodo de sustitución de importaciones (periodo especialmente criticado por el titular de la SRA, dando origen al “rumbo perdido”); o el bancario especulativo en momentos de liberalización financiera. La convertibilidad permitió una cierta hegemonía, modificada luego de la crisis del 2001 y la salida del régimen convertible. El gran crecimiento de la economía entre 2003 y 2007 disimuló las diferencias, las que volvieron a aparecer como disputa del ingreso con el retorno de la inflación.

Pensar la alternativa

Queda claro el sujeto social y económico de la dominación, sus disputas y su modelo productivo. En razón de ello, estamos convencidos que no alcanza con críticas éticas, que apelen a la generosidad de los poderosos para una distribución paliativa del ingreso. No alcanza con políticas compensatorias favorecidas por el superávit fiscal primario. Se necesita, por el contrario, la constitución de sujetos colectivos organizados que sustenten otro modelo productivo, otro modelo económico para otro país, con una ecuación de distribución del ingreso que satisfaga necesidades sociales mayoritarias insatisfechas.

Pero insistamos, eso supone cambios profundos en la orientación de la política económica. No alcanza con parches de una política social compensatoria. Lo sustancial son los cambios en el orden de las relaciones sociales de producción. Ese es el debate pendiente, y esencialmente, el desafío a construir si se piensa en perspectiva emancipatoria.

Buenos Aires, 1 de agosto de 2001

Julio C. Gambina es Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. www.juliogambina.blogspot.com

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[1] Información al 1-08-2010 en www.afip.gov.ar

[2] Estudio económico de América Latina y el Caribe 2009-2010. Sitio de CEPAL en internet.

[3] Discurso completo en versión on line del Diario La Nación del 1 de agosto de 2010.

Los medios masivos y el conflicto en Colombia

Por:     Rubén Darío Zapata - Por:     Rubén Darío Zapata  http://www.telesurtv.net/noticias/opinion/2088/los-medios-masivos-y-el-conflicto-en-colombia/

Los grandes medios masivos entregaron definitivamente su independencia y compromiso ético en función de los intereses del proyecto político de la elite, representada en lo esencial por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En el periódico de Medellín El Colombiano, por ejemplo, despidieron a dos de las voces más reconocidas e independientes del periodismo nacional por sus críticas al gobierno. Fernando Garavito (autor de la columna El señor de las moscas) fue despedido de El espectador por desvelar las relaciones del entonces candidato presidencial Alvaro Uribe Vélez con el narcotráfico y el paramilitarismo antioqueño. Sin dudas, esta última década fue fatal para el periodismo colombiano. Ante la polarización política del país, los grandes medios masivos entregaron definitivamente su independencia y compromiso ético en función de los intereses del proyecto político de la elite, representada en lo esencial por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, lo que redundó en la pobre calidad informativa y analítica de los contenidos periodísticos.  En el periódico de Medellín El Colombiano, por ejemplo, donde el bajón se ha sentido más por el compromiso de los dueños con la casa política de los Valencia Cossio (actual Ministro del Interior y de Justicia), despidieron a dos de las voces más reconocidas e independientes del periodismo nacional, Reinaldo Spitaleta y Javier Darío Restrepo, por sus críticas al gobierno. Fernando Garavito (autor de la columna El señor de las moscas) fue despedido de El espectador por desvelar las relaciones del entonces candidato presidencial Alvaro Uribe Vélez con el narcotráfico y el paramilitarismo antioqueño. Pero el compromiso de los grandes medios (RCN, Caracol, El Tiempo, etc.) con un proyecto político neoliberal, autoritario y excluyente, no se ha quedado en el silenciamiento de las voces independientes; sino que más bien éstas han terminado por convertirse en una caja de resonancia del gobierno para publicitar sus diversos programas o puntos de vista evitando tocar los temas complicados para el gobierno o maquillándolos a su conveniencia. Frente a este proyecto, el conflicto armado se erige como el principal obstáculo: hay que acabar con él como sea y, si no se puede, negarlo. Ésta ha sido la intención del gobierno de Uribe, replicada incesantemente en los grandes medios de comunicación en Colombia. Uribe fue ungido por los medios masivos de comunicación en 2002 para acabar con este conflicto (en seis meses), ante la supuesta "actitud endeble" del gobierno de Pastrana. Pasos y esfuerzos para deslegitimar el proceso de diálogo del gobierno de Pastrana con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Desde ese momento no hizo falta investigar a los responsables de secuestros, extorsiones y asesinatos, porque todo delito de este tipo tenía un solo y seguro responsable: las FARC. O, al menos, así lo sentenciaron en cada caso los medios masivos. Cuando se conoció que alguno de esos crímenes eran responsabilidad de bandas de delincuencia común, los medios igual insistieron en su versión, no se sintieron obligados a rectificar. El 15 de mayo del año 2000, por ejemplo, dos delincuentes colocaron un collar bomba a una señora, Elvia Cortés, exigiéndole a su marido una suma de 15 millones de pesos. Esta imagen dio la vuelta al mundo por la televisión y se estampó en muchísimos periódicos. Tan famosa fue la historia que luego la recreó para televisión la productora Huella latente, lo que sirvió para desprestigiar a las FARC y al proceso de paz. Desde entonces los medios vendieron la imagen del presidente Pastrana como la de un alcahuete o, en el mejor de los casos, un incompetente. Pero no hicieron el mismo esfuerzo de difusión cuando se comprobó que los autores del collar bomba eran delincuentes comunes y no integrantes de las FARC. Es imposible negar que mientras se desarrollaba el diálogo entre gobierno y las FARC, éstas últimas seguían expandiéndose militarmente, y que incluso utilizaron la zona de distención como fortín militar. En lo que no insistieron estos medios fue en advertir que al mismo tiempo, mientras dialogaba con la guerrilla, el gobierno de Pastrana desarrollaba políticas neoliberales que ocasionaron airadas protestas en los sectores sociales (como recortes en salud, educación y saneamiento). Tampoco se preguntaron los medios qué incidencia podía tener en las futuras negociaciones de paz el desarrollo del Plan Colombia por parte del gobierno colombiano en acuerdo con el estadounidense. En poco tiempo los medios de comunicación presentaron un verdadero mesías que prometía, a través de su política de seguridad democrática, devolver la confianza a los inversores extranjeros y convertir Colombia en un verdadero paraíso para el capital. Para ello, la misión fundamental era acabar con la guerrilla, más que en el plano militar en el plano del discurso. Por eso los medios masivos de comunicación asumieron las máximas del discurso uribista: en Colombia no hay conflicto y las guerrillas apenas sí son un grupo de facinerosos que aterrorizan a la población civil. Una de las características de los medios masivos de comunicación que se profundizó en estos ocho años de gobierno de Uribe tiene que ver con la adopción de las fuentes oficiales como única fuente y el discurso oficial como manual de estilo. Al agudizarse el conflicto social, los medios masivos se desmarcaron también, no del gobierno sino de sus opositores, y en buena medida multiplicaron el estigma de que estar contra el gobierno era ser subversivo, guerrillero y, por tanto, terrorista. Ya no resulta posible afirmar que los medios masivos de comunicación son algo así como el cuarto poder, que fiscaliza y vigila el comportamiento de los otros tres para garantizar la salud de la democracia. No son ya una voz imparcial (como han querido mostrarse todo el tiempo) ni representan el interés general del pueblo colombiano. La caja de resonancia Desde entonces los medios de comunicación de masas se concentraron en transmitir de forma acrítica los partes de guerra gubernamentales. Los primeros años del gobierno de Uribe fueron de capturas masivas, generalmente de personas integrantes de organizaciones sociales, siempre acusadas de terrorismo o de colaboración con organizaciones terroristas. Todos los días en el noticiero las cámaras filmaban a 20 ó 30 personas que habían sido capturadas. Pero pocas veces hubo un seguimiento juicioso a este tipo de información. Y en un país donde la justicia corrupta suele equivocarse con frecuencia, cabía esperar que ante la presión por los resultados las equivocaciones se multiplicaran. Pero los medios no lo consideraron un problema, y ni siquiera se preocuparon por transmitir que la mayor parte de estos capturados salían libres en menos de seis meses por falta de pruebas. Si fuera por las cifras de guerrilleros muertos, capturados o reinsertados presentadas por el gobierno a través de los medios, en Colombia se habría acabado tres o cuatro veces con la guerrilla que encontró el presidente Uribe al iniciar su mandato. Sin embargo, los medios masivos siguen contentándose con transmitir las cifras como loros repetidores. El gobierno instauró su forma directa de gobernar en los medios, con su voz regañona y sus salidas de tono cuando la confrontación era directa, con el irrespeto más grande a la dignidad de su cargo y a la de los periodistas. Y, a pesar de esto, siempre encontró espacio suficiente para aparecer en los medios como si lo hiciera desde su casa, o desde un consejo comunitario, algo que utilizó también para cautivar mediáticamente a la ciudadanía colombiana. Los medios masivos invisibilizan a las víctimas Mientras el gobierno acababa mediáticamente con el conflicto y con las guerrillas, se aprestaba también a finiquitar la desmovilización de los paramilitares, lo que le reportaría suficiente rédito político y, además, le permitiría encausar ese pasado borrascoso que amenaza su curriculo político. Para ello creó la Ley de Justicia y Paz (2005), que en el fondo solo buscaba reinsertar a los paramilitares con el menor trauma posible, sin garantizar realmente ni la justicia ni la paz ni la reparación. Por el contrario, metió al congreso un proyecto de reforma rural que prácticamente legitima el despojo al que los paramilitares habían sometido a millones de campesinos en todo el territorio nacional. Con unos medios de comunicación críticos, comprometidos con una sociedad justa e incluyente jamás hubiera podido instaurarse en país alguno una política como la del gobierno de Uribe, y mucho menos prolongarse a dos periodos y llegar a la desfachatez de amenazarnos con un tercero. Pero este gobierno llegó al extremo de eliminar el delito político de los expedientes de los grupos revolucionarios, a la vez que inventaba la fórmula para declarar a los paramilitares como delincuentes políticos a fin de poderlos amparar con amnistías y programas de reinserción. A propósito de este circo montado con ocasión de la supuesta desmovilización de los paramilitares, a finales de julio de 2005 se realizó el II Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que pretendía ser un espacio de deliberación y de presión para que el Estado colombiano asumiera la responsabilidad en el sinnúmero de desplazados, desparecidos y asesinados a manos de los paramilitares en connivencia con las fuerzas armadas. A este segundo encuentro no asistieron los grandes medios masivos (ni El Tiempo ni Caracol ni RCN), entre otras cosas porque las mismas organizaciones de las víctimas mantenían serías desconfianzas frente al papel que han jugado estos actores en esta dura situación que les ha tocado vivir. Lo que sucedió al día siguiente de la clausura del encuentro pareció darles la razón. Aún sin asistir al Encuentro, el diario El Tiempo publicó un comunicado supuestamente elaborado por los organizadores del evento. Según lo publicado, el Encuentro terminaba acusando a las guerrillas de las FARC y el ELN de ser los principales grupos terroristas violadores de los derechos humanos en el país, y exigiéndoles reparación. Esta información contradecía las conclusiones del Encuentro y se transformaba, más bien, en un señalamiento a las organizaciones participantes. Allí se denunciaban los crímenes de Estado y la Ley de Justicia y Paz, aprobada apenas una semana atrás. Según las víctimas, esta Ley aseguraba la impunidad de los crímenes cometidos por el Estado y de toda la estrategia paramilitar desarrollada por el mismo Estado. En el V Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, realizado en julio del 2009, la estrategia de los medios fue otra, pero igual de nefasta. Hacía pocos días se había conocido el asesinato en la selva de diez de los once diputados que permanecían capturados en poder de las FARC. Los grandes canales de televisión (RCN y Caracol) enviaron a sus presentadoras de farándula a cubrir el evento, como si de una fiesta se tratara. Pero realmente nada contaron sobre lo que pasaba allí: las periodistas insistían, a pesar de las versiones de los asistentes, en que aquel era un encuentro nacional de víctimas en general, diluyendo la significación de las responsabilidades del Estado en la estrategia paramilitar. Desde allí mismo se centraron en entrevistar por teléfono a familiares de las personas secuestradas y asesinadas, minimizando lo que ocurría en el Encuentro. Era, a todas luces, una actitud consciente y premeditada de invisibilización de las víctimas de los paramilitares y el Estado. Difícilmente podrá medirse el daño que la actitud de los medios masivos en Colombia durante estos últimos años ha producido en el tejido social y en la confianza de la gente, herida ya de por sí por un conflicto que dura casi cincuenta años. Y más difícil aún será resarcir estos daños. Los grandes medios han sido los que le han permitido conservar a Uribe altos índices de popularidad (prefabricando encuestas), a pesar de todos los escándalos que lo han asediado. La bomba de los falsos positivos no la destaparon los medios colombianos: fueron las organizaciones defensoras de derechos humanos, en colaboración con organizaciones internacionales, las que lograron situar el tema en la agenda internacional. Y, sin embargo, también en esta ocasión cubrieron las espaldas del presidente, intentando transmitir la idea de que se trataba de algunos militares descarriados, cuando se trataba del resultado de las presiones de la seguridad democrática sobre los resultados. Hoy los medios intentan inflar, de la misma manera que inflaron la figura de Uribe, la figura de Antanas Mockus, desviando la atención sobre los programas concretos de gobierno de cada uno de los candidatos. El peligro se avecina: una popularidad hinchada artificialmente es la puerta de entrada al autoritarismo político, al fascismo disimulado. Eso fue lo que mantuvo erguida e impoluta la figura de Uribe, a pesar de todas las denuncias en su contra, de los altos funcionarios corruptos y comprometidos con el paramilitarismo, de su estilo de mayoral y su moral mafiosa, incluso a pesar de los pésimos resultados en materia social. Rubén Darío Zapata es economista y filósofo. Colabora habitualmente con el periódico colombiano Periferia. Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=110472 Fuente: http://www.revistapueblos.org/spip.php?article1910

CRIMEN Y CASTIGO

Por Héctor Bernardo - http://www.revista2010.com.ar/noticia.php?id=56


DERECHOS HUMANOS


El juicio a los represores que formaron parte de la Unidad Nº 9 de La Plata marca un nuevo hito en la búsqueda de justicia. Un caso paradigmático en el que no sólo se juzga a 11 miembros de distintos niveles de este estamento, sino también a 3 médicos que formaron parte de la estructura civil que fue clave para el Terrorismo de Estado.


Los juicios a represores que actuaron en los Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura militar, han sido una marca de este tiempo. Pero las instituciones que estuvieron al servicio del Terrorismo de Estado no fueron todas clandestinas y no sólo fueron los entes militares los que formaron parte del  aparto represivo. La Policía Federal y las provinciales, así como los distintos servicios penitenciarios, jugaron un rol clave de toda esta estructura siniestra.

Durante mucho tiempo la responsabilidad de estas instituciones - y de algunos civiles vinculados a ellas - quedó velada por la impunidad. Sin embargo, la lucha de los movimientos sociales y la voluntad política del Gobierno Nacional hicieron que a estos sectores también le llegue la hora de responder por su complicidad en el genocidio llevado a cabo en nuestro país.

Desde el 12 de abril y hasta mediados de septiembre, en la ciudad de La Plata, el Tribunal Oral Federal Nº 1 lleva a cabo un juicio por homicidios, torturas y tormentos cometidos contra presos políticos durante la última dictadura militar por 11 ex agentes y 3 médicos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Los acusados son: Elvio Cosso, miembro de la Jefatura del Servicio Penitenciario; Abel Dupuy, ex jefe del penal; los agentes  Isabelino Vega, Víctor Ríos, Catalino Morel, Ramón Fernández, Jorge Peratta, Segundo Basualdo, Valentín Romero, Héctor Acuña, Raúl Rebaynera y los médicos Carlos Domingo Jurio, Enrique Leandro Corsi y Luís Domingo Favole.

Hasta el día de hoy todos estos criminales seguían paseando por las diagonales platenses sintiéndose impunes. Pero la Justicia les indicó que era la hora de responder por sus actos.

Oscar Rodríguez, abogado querellante por parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) destacó la importancia de este juicio al afirmar que “la Unidad 9 tiene tres particularidades distintas a los juicios que hemos tenido en La Plata. La primera, es que los juicios anteriores fueron hechos a imputados solitarios, muchos de ellos paradigmáticos como son los casos de Berges, Etchecolatz y Von Wernich; pero en esta ocasión aparece por primera vez el Servicio Penitenciario como objeto de juicio. Una fuerza nueva. Hasta ahora eran militares y policías, ahora es el Servicio Penitenciario es el que aparece”.

“La segunda particularidad – continuó Rodríguez- es que ahora son 14 los imputados, y entre ellos representan a todos los estamentos del organismo, porque van desde la Jefatura del Servicio, pasando por la máxima autoridad de la Unidad 9, hasta los oficiales. La tercera particularidad es que también van a juicio 3 médicos, que si bien pertenecían al Servicio, son parte del cuerpo civil. En este sentido, el caso de la Unidad 9 empieza a debelar esa cuestión de la dictadura y el genocidio que vincula a toda la sociedad con distintos niveles de responsabilidad”.

SPB: UNA PIEZA CLAVE DEL APARATO REPRESIVO
Durante la última dictadura militar la Policía Bonaerense estaba bajo el mando de Ramón Camps y Miguel Etchecolazt, dos de los mayores genocidas de nuestra historia. El denominado Circuito Camps estaba formado por más de 20 Centros Clandestinos de Detención entre ellos el Destacamento de Arana, la Estancia la Armonía, el Pozo de Bafield, el Pozo de Quilmes, La Cacha, la Brigada de Investigaciones, etc.

En ese contexto el SPB fue un eslabón clave para el funcionamiento de la estructura represiva. Si bien algunas unidades también funcionaban como Centros Clandestinos de Detención (como fue el caso del Hospital de la Unidad Nº 8 de Olmos, que funcionó como maternidad clandestina para las mujeres que estaban secuestradas), por lo general las unidades penitenciarias eran utilizadas por los represores para “blanquear” a los desaparecidos. 

El traslado a una unidad penitenciaria podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. En recientes declaraciones periodísticas, uno de los testigos de la causa, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, afirmó: “Nunca pensé en mi vida que me iba a poner tan contento si me llevaban a una prisión, pero en este caso significaba que me iban a legalizar y que me salvaría de ser un desaparecido más”.

Entre los ex presos políticos que estuvieron detenidos en la Unidad 9, que declararon como testigos y víctimas estuvieron: el ex canciller, Jorge Taiana; el secretario general de ATE y CTA de la provincia de Buenos Aires, Hugo “Cachorro” Godoy y el actual intendente de Quilmes, Francisco “El Barba” Gutiérrez.

Varias de la víctimas y sus familiares fueron amenazados durante el juicio para que no prestaran testimonio. Este hecho tiene sumamente preocupados a los organismos querellantes. El abogado de la APDH señaló al respecto que “Esto es muy preocupante porque demuestra que están contando con algún servicio para hacer inteligencia sobre las víctimas y quienes los rodean (familiares, abogados, etc.). Esto demuestra que el aparato represivo cuenta todavía con posibilidades operativas”.

LOS HECHOS

Además de ser juzgados por las torturas y los vejámenes que les inflingieron a los presos políticos, los miembros del SPB están acusados por los crímenes de los militantes Dardo Cabo, Rufino Pirles, Horacio Rapaport, Juan Deghi, Ángel Georgiavis y Alberto Pinto.

En enero de 1977 Cabo y Pirles fueron sacados del penal con la excusa de que iban a ser trasladados a Sierra Chica y el en trayecto fueron acribillados, los efectivos argumentaron un intento de fuga una escusa clásica usada por los represores para asesinar a detenidos que estaban blanqueados.

En el caso de Rapaport y Georgiavis, los asesinos intentaron disfrazar los crímenes como suicidios, pero los familiares pudieron constatar que por lo menos Georgiavis había sido degollado con una bayoneta.

El asesinato de Deghi se produjo el mismo día de su  liberación, el 20 de marzo de 1978. Según señalan los testigos cuando la esposa de Deghi, Elisa Falchi, fue a buscarlo al penal el día de su liberación los guardias le habrían dicho: “¿usted es la viuda de Deghi?”, lo que demostraría que los guardias sabían lo que sucedería horas más tarde.

En la Unidad Nº 9 estaban detenidos presos de todas partes del país. Militantes de Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, Zárate, y muchos otros lugares más. Lo que según señala Rodríguez revela que la Unidad 9 se había transformado en un centro de detención de presos políticos.

Uno de estos casos es el de Alberto Pinto, que era un militante de base que fue trasladado desde Córdoba y  por el cual están siendo juzgados los médicos. “Pinto tenía epilepsia de último grado, lo que le había producido un desgaste físico y cerebral notable. En esas condiciones, sabiendo el Servicio Penitenciario y los médicos que tenía ese problema, lo llevan a celda de aislamiento. La Cámara ya ha dicho que el sólo hecho de llevar a alguien a celda de aislamiento implica torturas, por las condiciones que tenían lugares. A Pinto lo mandaron a celda aislamiento declarando que estaba apto para ir. Además, como era de rutina, antes de ir a la celda de aislamiento había sido severamente golpeado lo que le había producido una perforación en el intestino. Dentro de la celda llega un momento que se dan cuenta que estaba al borde de la muerte y, como el Servicio Penitenciario no podía atenderlo, lo derivaron al San Juan de Dios donde finalmente murió. Todos estos vejámenes fueron realizados con la connivencia de los médicos. Así que ya sea por omisión o por comisión, son autores de torturas seguidas de muerte”, remarcó Rodríguez.

El abogado de la APDH se encargó de subrayar la importancia de la participación todas las personas en las audiencias: “No estamos sólo buscando condena. En estos juicios se revela cómo funcionó gran parte de la sociedad, cierta clase política, cómo funcionó el Poder Judicial y, en cierta manera, cómo sigue funcionando. 

Todo esto es una gran pedagogía histórica. Por eso la sociedad tiene que ir a los juicios. Ahí están los actores y las víctimas de carne y hueso. Los juicios son en si mismos otra pedagogía”.

Las audiencias contra los 14 miembros del SPB se llevan adelante en la ex sede de la AMIA de La Plata ubicada en calle 4 entre 51 y 53 los días lunes y martes desde la 10 de la mañana y para asistir sólo es necesario presentar el documento de identidad.

Uruguay:“El verdadero problema de América Latina no es la pobreza sino la riqueza

Fernando Arellano Ortiz - http://www.surysur.net/?q=node/14283


No hay que llamarse a engaño: el modelo neoliberal, pese a los efectos perversos que ha tenido en la profundización de las injusticias sociales en América Latina, sigue funcionando, “pero ya no gira en torno a las privatizaciones, la apertura económica y las desregulaciones, sino que se ha volcado en la apropiación de los recursos naturales”, sostiene el analista internacional y activista social uruguayo, Raúl Zibechi.

Investigador de las realidades socioeconómicas y políticas de los países latinoamericanos, Zibechi considera que los movimientos sociales tienen el reto de seguir presionando a lo largo y ancho de la región para acabar con la “larga noche neoliberal”.

Este analista internacional que estuvo exiliado en España por haber resistido la dictadura del Uruguay a mediados de los años 70, se ha dedicado a la investigación social y a la docencia que alterna con sus actividades de escritor y periodista.

Está dedicado por completo al trabajo con los movimientos sociales, es miembro del consejo de redacción del semanario Brecha de Montevideo y participa como docente en la Multiversidad Franciscana de América Latina. Además, es un destacado activista social y asesor de organizaciones sociales, barriales y medios de comunicación alternativos.

¡Ya basta!
Este intelectual uruguayo fue contundente en señalar que “es enteramente falso que el problema central de nuestras sociedades sea la existencia de porcentajes elevados de pobreza. El verdadero problema es la riqueza, es decir la existencia de una clase social parasitaria, que no cumple ningún rol positivo en la sociedad aunque sí tiene el suficiente poder tanto para influir en las políticas estatales, en las agendas públicas y de los medios de comunicación, como para desviar el foco de atención hacia su impúdica acumulación de riqueza”.

“Romper con esta concepción de la pobreza como problema a resolver y poner el centro de atención en la riqueza, es un requisito para cambiar las políticas sociales”, es una de sus recomendaciones.

Se lamentó de que “el gran triunfo ideológico del Banco Mundial es haber inoculado en las izquierdas, en los sindicatos y en los intelectuales progresistas, que se puede acabar con la pobreza sin tocar la estructura de la propiedad. O sea, sin modificar las relaciones de poder”

Criticó las denominadas políticas asistencialistas porque “no erradican la pobreza, no abordan las causas estructurales de la marginalidad y la exclusión social, por el contrario, profundizan el paradigma individualista del neoliberalismo. Estas políticas centradas en ‘el combate a la pobreza’ buscan evitar el conflicto. O sea, buscan la anulación de cualquier sujeto de abajo y quieren que sólo existan sujetos estatales o empresariales”.

Explicó que “los sujetos se forman en la lucha, nacen de ella y si la sociedad se instala en un periodo de letargo social, los actores se desvanecen. Toda la política del Banco Mundial y de las elites globales y nacionales es para 'des-sujetizar', para evitar que las diferencias se conviertan en conflicto social”.

Desde una perspectiva epistemológica, Zibechi llamó a los sectores progresistas y de izquierda en América Latina “a elegir el ¡Ya basta!, porque es una opción ética y política muy válida”.

Destacó igualmente que muchos de los proyectos y las políticas sociales progresistas como la economía solidaria, la autonomía y la horizontalidad, la educación popular, los movimientos sociales de gestión productiva “nacieron de las resistencias a las políticas de ajuste estructural del neoliberalismo. No obstante que la economía solidaria no es nada fuera del marco del conflicto. Puede ser un modo de adquirir fuerza para encarar el combate en mejores condiciones”

"Reprimerización" del aparato productivo

La crisis del neoliberalismo constituye para Zibechi “una oportunidad para presionar cambios”, por eso considera que “es indispensable meterse con la economía para cambiar la situación actual”. Y es que “América Latina no puede repetir la negativa experiencia de echar a perder los intentos por erigir el estado de bienestar para dar paso a la acumulación originaria, bajo el esquema de ‘acumulación por desposesión’, como lo denomina el sociólogo y politólogo británico David Harvey, que erosionó el papel regulador de los sindicatos y su carácter de interlocución, produjo una aguda desindustrialización y la reprimerización del aparato productivo, con su inevitable secuela de desempleo, creciente marginalización de los sectores populares urbanos y desplazamiento de los pequeños campesinos hacia las periferias urbanas”.

En su opinión, desvelar e “iluminar las formas de dominación como el modelo neoliberal ayuda a desmontarlas” y si bien éstas son muy potentes, también lo son las resistencias.

En la actual coyuntura, explica, la derecha en su afán de lograr una dominación hegemónica no solo “compra” a líderes sindicales o de izquierda sino que busca por diversas formas el apoyo total de las organizaciones sociales.

Puso como ejemplo el caso colombiano, en el que el establecimiento “no solamente coopta a los angelinos (en alusión al vicepresidente electo Angelino Garzón) sino a organizaciones sociales enteras”, como está sucediendo actualmente con la Confederación General del Trabajo (CGT) mediante el salto que dio su presidente Julio Roberto Gómez del izquierdista partido Polo Democrático al santismo, la expresión más ultraconservadora y oligárquica del establecimiento en Colombia.

Deslegitimado, pero no derrotado

Para Zibechi, el modelo neoliberal en los países de América Latina “sigue funcionando pero ya no gira en torno a las privatizaciones, la apertura económica y las desregulaciones, sino que se ha volcado a la apropiación de los bienes comunes. La novedad principal de la coyuntura regional consiste en que el Consenso de Washington fue deslegitimado pero el neoliberalismo no fue derrotado.

Por el contrario, la acumulación por desposesión, anclada en el modelo extractivista, se sigue profundizando en esta etapa a través de la minería transnacional a cielo abierto, los monocultivos de soja, caña de azúcar y palma, y del complejo forestación-celulosa. Estos emprendimientos, conducidos siempre por grandes multinacionales, se apropian de los bienes comunes, en particular agua y territorios, para convertir la naturaleza en mercancías (commodities) exportadas a los países centrales o emergentes como China e India”.

“Los resultados -agrega- están a la vista: los bancos tienen las mayores ganancias de su historia y el crecimiento económico se basa en exportaciones de commodities y minerales, en una suerte de reprimerización de la estructura productiva de los países. Es el camino que siguen los países de la región, más allá de las fuerzas políticas encargadas de administrar los gobiernos”.

Las política sociales que se han puesto en marcha en varios países de la región “acompañan y compensan la profundización del modelo neoliberal”.

El extratactivismo: parte del modelo neoliberal

- América Latina ¿atraviesa por un periodo de enterrar “la triste y larga noche neoliberal” para utilizar una frase del presidente ecuatoriano Rafael Correa, gracias en buena medida a las resistencias sociales que tomaron fuerza durante la década anterior?
- Sí y no. Sí, porque ha habido largas resistencias intensas, las cuales han dado cambios importantes, pero los nuevos gobiernos están desarrollando políticas que no salen del neoliberalismo sino que, por el contrario, lo sostienen, en consecuencia, creo que esa afirmación de Correa habría que matizarla mucho. Y no puedo estar de acuerdo con eso, porque de hecho en estos días en Ecuador hay conflicto con dirigentes indígenas acusados de sabotaje y terrorismo, entonces esto es relativo y hay que empujar un poco más.

- Hablemos de su país, Uruguay. ¿Cómo se puede entender que después de 34 años de existencia del Frente Amplio haya logrado llegar al poder, primero con Tabaré Vázquez y ahora con un ex guerrillero como Pepe Mujica?
- Bueno por una larga acumulación electoral que redundó en un triunfo aplastante por más de más del 50% y por una hegemonía del Frente Amplio en la sociedad uruguaya. Eso está consolidado y no creo que vaya a cambiar pronto.

- ¿El gobierno del Frente Amplio del Uruguay mantiene algunas políticas neoliberales?
- Sostiene el extractivismo y esto es un problema, a mi modo de ver, porque no se logra salir de las políticas que se han venido implementado desde hace mucho tiempo. Yo considero que el extractivismo es parte del modelo neoliberal.

- En ese sentido usted coincide con el ex Ministro de Estado ecuatoriano Alberto Acosta, que en su último libro sostiene que la maldición de los países de América Latina es la abundancia en recursos naturales
- Coincido totalmente, mi diferencia es que los Estados plurinacionales tienden a reproducir la lógica de dominación de cualquier Estado.

- ¿Cuál es su visión sobre el proceso actual de resistencias sociales en América Latina? ¿Habrá posibilidad de que se abra espacio un nuevo modelo económico?
- No veo pautas de un nuevo modelo económico de desarrollo, lamentablemente, y lo que observo me preocupa mucho precisamente porque nuestros países están anclados en el extractivismo.

- ¿Cuál es su concepto de los gobiernos progresistas de América Latina?
- Hay dos tipos de gobiernos progresistas: los de Brasil, Uruguay y Argentina que son gobiernos socialdemócratas aliados con un sector del capital; y los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde los movimientos son muy fuertes y siguen presionando más.

-En el caso de países como Perú, Colombia y México, habrá influido el hecho de que fueron virreinatos del imperio español, lo cual dejó una impronta cultural y política que ha permitido consolidarse a la derecha y por ende que sus dirigencias sean reacias a los cambios sociopolíticos?
- Sí, y por la debilidad de los movimientos sociales que no han logrado desbordar a estos gobiernos y de ahí la hegemonía del capital financiero que sigue siendo muy importante.

- ¿Cómo observa el horizonte político en Colombia?
- Muy complejo, y hasta que los movimientos sociales no logren empoderarse, salir con fuerza y ganar las calles, no creo que consigan derrotar esto.

*Observatorio Sociopolítico  www.cronicon.net., Bogotá

Catalunya: El triunfo de la razón

POR GUSTAVO CAPDEVILA - http://www.elargentino.com/nota-100571-El-triunfo-de-la-razon.html

La aprobación por parte del Parlamento de Cataluña de la prohibición de las corridas de toros en su territorio configura un avance en la lucha contra toda forma de tortura y la inclusión de la nación catalana entre las más avanzadas del mundo en cuanto a respeto al humanismo.

Este Parlamento -cuyos inicios se remontan al año 1000- ha votado una iniciativa legislativa popular promovida por la Palataforma Prou (Basta en catalán), que reunió las 180 mil firmas necesarias para que el legislativo la tratara. Es decir, que no fue desde los partidos políticos ni desde el propio gobierno que surgió el proyecto sino desde la propia sociedad civil.

Salvo cuatro partidos que claramente estuvieron a favor (Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya-Verds) o en contra (Partido Popular y Ciutadans), los dos mayoritarios, el Partit dels Socialistes de Catalunya y la confederación Convergencia i Unió dieron libertad de acción a sus diputados al momento de la votación. El resultado fue que, por una clara mayoría, desde el primero de enero de 2012 no habrá más de estos lamentables espectáculos en tierras catalanas.

Además del claro sentido de progreso que representa la abolición de la tortura pública y organizada de animales, la iniciativa reafirma culturalmente a Cataluña, país donde las corridas de toros fueron impuestas desde el momento en el que perdió su independencia y fue integrada al Estado borbónico.

Antes que la sanción de la ley, ya 85 municipios se declararon abolicionistas y apoyaban esta propuesta que buscaba sumar claramente a Cataluña al concierto de naciones europeas comprometidas con el humanismo. 

Como me explicaba hace un mes en Barcelona un miembro de la plataforma, "estamos cansados de escuchar que si un nene mata insectos con una lupa y la luz del sol o maltrata un animalito tiene tendencia psicópatas, entonces cómo entendemos a un grupo de tarados que ya son bien adultos y disfrutan viendo como torturan salvajemente a cuatro o cinco animales en una tarde y encima nos dice que es cultura". Otro reía diciendo que es insólito comparar al torero con un símbolo de valentía, ya que solamente se dedica a matar a un animal que fue ya torturado y cansado por los picadores y otros diestros. Es más bien el símbolo de la cobardía.

Asimismo, es necesario remarcar que el Parlament ha consagrado en ley algo que la propia sociedad catalana reclamaba y que se evidenciaba en que solamente queda una plaza de toros en Barcelona, ocupada en su mayor parte por turistas y no por ciudadanos locales. También generaba numerosas críticas las subvenciones que el Estado otorgaba a las corridas.

Esta iniciativa fue apoyada por numerosas personalidades catalanas como el capitán del Barça, Carles Puyol, el pintor Antoni Tapies, y por entidades de todo el mundo como colegios de veterinarios, premios Nobel de la Paz y hasta el mismo Dalai Lama, quien envió una carta a los parlamentarios.

Esto se inscribe en la tradición catalana de apuesta por la seriedad, la paz y la no violencia, y es así que el animal símbolo de Cataluña no es el toro sino un burro, el "ruc català" que simboliza la tenacidad y el amor al trabajo del pueblo catalán, contra la sinrazón y la brutalidad del toro.

Esta característica conocida en catalán como "seny" es la que marca el proceso hacia la recuperación de la independencia de Cataluña, tal como quedó demostrado en la marcha del pasado 10 de julio en Barcelona contra los atropellos de la justicia española frente a la lengua y las tradiciones catalanas.

Este final del proceso iniciado por la Plataforma Prou ha demostrado el apego a las más puras tradiciones democráticas en Cataluña, lo que es un ejemplo a seguir por las naciones de todo el mundo.

(*) Abogado. Vicepresidente del Casal dels Països Catalans de La Plata. Miembro del Consejo de las Comunidades Catalanas del Exterior de la Generalitat de Catalunya

Colombia: LA MAYOR FOSA COMÚN DE AMÉRICA LATINA, MUY LEJOS DE LOS MEDIOS

POR AZALEA ROBLES - http://www.cronicon.net/paginas/edicanter/ediciones46/nota1.htm

Recientemente en Colombia se descubrió la mayor fosa común de la historia contemporánea del continente americano, horrendo descubrimiento que ha sido casi totalmente invisibilizado por los mass-media en Colombia y en el mundo. La fosa común contiene los restos de al menos 2.000 personas, está en La Macarena, departamento del Meta. Desde 2005 el Ejército, desplegado en la zona, ha estado enterrando allí miles de personas, sepultadas sin nombre.

La población de la región, alertada por las filtraciones putrefactas de los cadáveres a las aguas de beber, y golpeada de desapariciones, ya había denunciado la existencia de la fosa en varias ocasiones durante el 2009: había sido en vano… pues la fiscalía no procedía a investigar. Fue gracias a la perseverancia de los familiares de desaparecidos y a la visita de una delegación de sindicalistas y parlamentarios británicos que investigaba la situación de derechos humanos en Colombia, en diciembre 2009, que se ha logrado destapar este horrendo crimen perpetrado por los agentes militares un Estado que les garantiza impunidad.

Se trata de la mayor fosa común del continente. Dos mil cuerpos en una fosa común, eso es un asunto grave para el Estado Colombiano, pero sus mass-media, y los mass-media internacionales, cómplices del genocidio, se han encargado de pasarla casi totalmente bajo silencio, cuando para encontrar una atrocidad parecida hay que remontarse a las fosas nazis… 

Este silenciamiento mediático está sin duda vinculado con los inmensos recursos naturales de Colombia, y los mega-negocios que allí se gestan en base a las masacres.

La Comisión Asturiana de derechos humanos, que visitó Colombia en enero 2010, (menos de un mes después del destape de la fosa) ha estado preguntando a las autoridades sobre el caso… las respuestas han sido preocupantes: en fiscalía, en procuraduría, en el ministerio del interior, en la ONU… todos pretenden eludir el tema… Y mientras tanto tratan de "operar" la fosa para minimizarla, pero ya la delegación británica la constató, y las mismas autoridades reconocieron al menos 2000 cadáveres. En diciembre "el alcalde, afín al gobierno, lo denunció también junto al sepulturero", pero después, las presiones oficiales tienden a hacerles "disminuir sus apreciaciones sobre el número de cuerpos NN…"

La delegación asturiana ha denunciado la ostensible voluntad de alterar la escena del crimen: "nadie está protegiendo el lugar. Nadie está impidiendo que se puedan disfrazar las pruebas. 

Que un tractor pueda entrar y volver a entremezclar cadáveres anónimos, a sacarlos y llevarlos a otro lugar" (1) "solicitamos a las instituciones responsables del Gobierno y del Estado colombiano que implementen las medidas cautelares necesarias para asegurar las informaciones ya registradas en los documentos oficiales, que tomen las medidas cautelares necesarias con el fin de asegurar el perímetro para prevenir la modificación de la escena, la exhumación ilegal de los cadáveres y la destrucción del material probatorio que allí obra(…) fundamental la creación de un Centro de Identificación Forense en La Macarena con el fin de lograr la individualización y plena identificación de los cadáveres NN allí sepultados." (2)

La Delegación Asturiana transmitió a las autoridades otra denuncia. Las autoridades adujeron desconocimiento, y alegaron incapacidad operativa "hay tantas fosas comunes en nuestro país que…" Se trata del municipio de Argelia en el Cauca: "Un "matadero" de gente, donde las familias no pudieron ir a buscar los cuerpos de sus desaparecidos, pues los paramilitares no las dejaron ingresar de nuevo a sus comunidades: desplazaron a los sobrevivientes. Las víctimas sobrevivientes relataron: "había gente amarrada a la que echaban perros hambrientos para ir asesinándolos poco a poco."

En Colombia, la Estrategia Paramilitar del Estado Colombiano, combinada con el accionar de policías y militares ha sido el instrumento de expansión de Latifundios. El Estado colombiano ha desaparecido a más de 50.000 personas a través de sus aparatos asumidos (policías, militares), y de su aparato encubierto: su Estrategia Paramilitar. (3) El Estado colombiano es el instrumento de la oligarquía y las multinacionales para su guerra clasista contra la población: es el garante del saqueo, la Estrategia Paramilitar se inscribe en esa lógica económica. (4)

La invisibilización de una fosa común de las dimensiones de la fosa de la Macarena obedece a que los negocios de multinacionales y oligarquías se basan en ese horror, y a que esta fosa es producto de asesinatos directamente perpetrados por el ejército nacional de Colombia, lo cual prueba aún más el carácter genocida del Estado colombiano en su conjunto (más allá de su presidente Uribe, cuyos negocios y vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo están más que comprobados (5)). La complicidad de los Mass-media es criminal, tanto a nivel nacional, como internacional. Los pueblos nos debemos de romper el silencio con el que se pretende ocultar el genocidio. Urge solidaridad internacional: Colombia es, sin duda, uno de los lugares del planeta en el que el horror del capitalismo se plasma de la forma más evidente, en su paroxismo más absoluto.

Notas

(1) http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2010_1/fosas-poco-comunes.html

(2) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=100450&titular="europa-no-puede-firmar-un-tlc-con-un-estado-violador-de-los-derechos-humanos

(3) Informe del 16.02.2010 paramilitares confiesan 30.470 asesinatos: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/66984-NN/ex-paramilitares-colombianos-reconocen-haber-cometido-cerca-de-30-mil-500-asesinatos/

(4) más acerca de fosa común y Terror Estatal: http://www.lahaine.org/index.php?p=42954

(5) http://www.kaosenlared.net/noticia/video-uribe-velez-narcotraficante-no-82-presidencia-colombia-7
http://www.lahaine.org/, julio de 2010.