miércoles, 3 de marzo de 2010
martes, 2 de marzo de 2010
Claves del verdadero aislamiento argentino
Arturo Trinelli - http://alainet.org/active/36416
Sabido es que no hay relaciones diplomáticas que no persigan intereses concretos en un mundo movido por el capital y la suma de intereses. Tampoco es posible hoy hablar de una gran hermandad latinoamericana sin contradicciones, a pesar de nuestros pueblos haber pasado las mismas penurias, seguir siendo el “patio trasero” de las grandes potencias y haber sufrido saqueos y exterminios de sus pueblos originarios, entre otros padecimientos comunes. Pretender ello sería abonar una utopía latinoamericana que algunos de nuestros libertadores imaginaron, en la época en donde el enemigo era común y la ilusión de ser independientes todo lo podía.
Las relaciones entre los países de Latinoamérica tienen sus dificultades. Estas van desde asimetrías y disputas comerciales, de las cuales el Mercosur puede dar fe, hasta otras movidas por la expansión propia del capital (papeleras sí o no entre Argentina y Uruguay). También aparecen controversias que tienen que ver con límites fronterizos, algunos de los cuales fueron formalizados en la Corte Internacional de La Haya: el enfrentamiento que afrontan Nicaragua y Costa Rica por derechos de navegación del río San Juan y derechos anexos (2005) y, más recientemente, la que mantienen Perú y Chile, presentada por el primero, en busca de la delimitación marítima sobre el Pacífico. Entre otros conflictos, esto se suma al histórico reclamo boliviano a Chile por la salida al mar, lo cual llevó a la ruptura de las relaciones diplomáticas, y a la guerra entre Perú y Ecuador, de la cual Argentina formó parte con la vergüenza de la venta ilegal de armas.
A pesar de ello, las relaciones latinoamericanas han madurado en los últimos años saludablemente. Salvo el caso de Honduras, que ha recibido el repudio de toda la comunidad internacional, los gobiernos de Latinoamérica han conseguido consolidar sus democracias, dejando atrás las dictaduras que se extendieron por numerosos países de la región, en muchos casos promoviendo un clima hostil entre vecinos, donde el ejemplo más emblemático, quizás, sea el de Argentina y Chile cuando una eficaz mediación papal evitó el horror de la guerra. En la actualidad, los gobiernos han sabido interpretar, más allá de sus diferencias, que la mejor manera de enfrentarse a la dinámica del capitalismo global es estando unidos, con fructíferos lazos de integración expresados comercialmente a través de bloques económicos, o con avances sobre cuestiones puntuales: lucha contra el narcotráfico, cooperación, energía, etc. En este sentido, haber conseguido que en la última cumbre del Grupo Río en Cancún todos los países presentes se alineen detrás de la Argentina en su reclamo por la soberanía en Malvinas, debe considerarse como un logro diplomático de envergadura.
Respaldo a la soberanía argentina
El propio Presidente Lula, político destacado y recientemente condecorado como "estadista global" en el último Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza, hizo suyas las palabras con las cuales defendió la soberanía Argentina en las islas y hasta puso en cuestión la función de Naciones Unidas, que en todo este tiempo no pudo avanzar en una gestión que promoviera la negociación diplomática en torno a Malvinas, alentando la sospecha de una posible condescendencia con el Reino Unido por su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad, con capacidad de veto.
Menos diplomáticas, pero igualmente efectivas, fueron las palabras de Hugo Chávez pidiéndole a la Reina Isabel que devuelva las islas porque en el “siglo XXI el colonialismo se había terminado”. Y hasta el aliado norteamericano en la región, Álvaro Uribe, también suscribió a la declaración final en repudio al accionar británico. Con lo cual ya vemos que el posicionamiento a favor de la Argentina no remite únicamente a países con gobiernos ideológicamente afines al de nuestro país. El caso de Uribe y el de Piñera, con quien incluso hubo un acercamiento en esas jornadas, hablan a las claras de un posicionamiento de la región que respalda la posición argentina de reabrir las negociaciones por la soberanía de Malvinas, circunstancia que desde 1982 el Reino Unido se niega a hacer, violando de esta manera resoluciones de la ONU que obligan a un diálogo entre las partes, pero que ahora cuenta con un contundente reclamo de los países miembros tendiente a avanzar en ese sentido.
Enorme trascendencia, además, tuvo en la prensa internacional la declaración del Grupo Río. Los principales medios del mundo destacaron el respaldo a nuestro país. El diario The Guardian de Inglaterra publicó días atrás una columna de opinión de John Hughs, ex embajador británico en la Argentina, llamada “El fárrago de las Falklands”, donde sostuvo que sea cual fuere el resultado de esta nueva controversia, no cambiaría el hecho de que para los argentinos las Malvinas siempre serían argentinas, y destacó también la gestión de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner como promotores de que la cuestión Malvinas tenga un nuevo vuelo mediático y un perfil más alto. La repercusión a favor de la Argentina también se expresó en el reciente anuncio de Repsol-YPF de encarar una búsqueda de hidrocarburos a fines de este año en la cuenca Malvinas, en aguas profundas de la placa continental argentina.
Por supuesto que ello por sí sólo no constituye un elemento que pueda cambiar la situación. Además, no se debe perder de vista que la decisión de haber desencadenado una guerra debilita cualquier reclamo argentino, en la medida en que Gran Bretaña ha cortado toda posibilidad de diálogo desde entonces. Pero sí se ha logrado trasladar en el plano internacional una disputa que en el terreno diplomático, como bien aseguró Lula, estaba estancada ante la negativa británica de ceder a una negociación y la pasividad de Naciones Unidas para hacer cumplir sus propias resoluciones.
¿Cuál ha sido el verdadero aislamiento?
Todo ello pone en cuestión la tan mentada crítica al supuesto aislamiento de Argentina en el mundo. Pero ¿de qué aislamiento estamos hablando? ¿Será el que, años atrás, con el pretexto de evitarlo hizo que se abandonara la tradicional y prudente política de neutralidad argentina para formar parte de la Guerra del Golfo? Recordemos que esta situación no le ocasionó al país ningún beneficio económico ni político. Y mucho menos en lo relativo a Malvinas, donde EEUU, a quien se trató de seducir con el envío de tropas, siempre manifestó su apoyo a su tradicional socio, el Reino Unido, y por estos días acaba de convalidar su neutralidad, aunque el vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley, dijo que su país reconoce el gobierno de los kelpers, lo cual equivale más o menos a decir que las islas le pertenecen al Reino Unido. Así se abandonó la tradicional postura argentina que ha contribuido en operaciones pacificadoras por todo el mundo, incluyendo El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Ecuador, Perú, el Sahara Occidental, Angola, Kuwait, Chipre, Croacia, Kosovo y Bosnia.
Esta visión que añora una inserción argentina en el mundo semejante a la de los ’90 fue ejemplarmente representada con la crítica que Arturo Valenzuela, Jefe del área de América Latina de la Casa Blanca, sostuvo sobre la famosa falta de seguridad jurídica de Argentina en su última visita al país. Muchos dirigentes locales se hicieron eco de esas palabras para criticar la manera en que la Argentina maneja su política exterior. Quienes la sostienen la vinculan con un supuesto desinterés del país por atraer inversiones, seducir a los mercados y priorizar los vínculos con sus vecinos latinoamericanos, buscando consolidarlos a través de instituciones con funciones a largo plazo, como Unasur, de manera de sostener un proceso de integración con organismos que excedan los gobiernos de turno y marquen una nueva agenda en la política exterior latinoamericana, donde los países puedan renovar sus potencialidades para proteger mejor sus recursos y hacer más sólidas sus economías.
Ahora bien, ¿cuál ha sido el verdadero aislamiento argentino? Desde nuestro punto de vista, el que se ha impuesto desde el siglo XIX con el triunfo ideológico de la Argentina como granero del mundo y donde “cultivar el suelo es servir a la patria”. Nuestra experiencia histórica y la de las grandes potencias demuestran que pretender evitar el aislamiento económico dinamizando exclusivamente un sector de la economía no constituye una vía genuina de desarrollo. Por el contrario, nos ha colocado en la periferia del mundo y condenado a un aislamiento que, desde lo ideológico, se sostuvo con la fantasía de la racionalidad superior de los mercados por sobre la necesaria intervención del Estado en la economía.
Salir de ese aislamiento será un proceso largo no exento de tensiones, en donde entre otras cosas habrá que apelar a la estabilidad, la solvencia y el crecimiento fortaleciendo nuestros recursos científicos y tecnológicos. Pero será necesario sostenerlo, junto con una eficaz gestión diplomática, pues allí residirá, quizás, la mayor esperanza de recuperar Malvinas.
- Arturo Trinelli es Lic. en Ciencia Política (UBA)
Sabido es que no hay relaciones diplomáticas que no persigan intereses concretos en un mundo movido por el capital y la suma de intereses. Tampoco es posible hoy hablar de una gran hermandad latinoamericana sin contradicciones, a pesar de nuestros pueblos haber pasado las mismas penurias, seguir siendo el “patio trasero” de las grandes potencias y haber sufrido saqueos y exterminios de sus pueblos originarios, entre otros padecimientos comunes. Pretender ello sería abonar una utopía latinoamericana que algunos de nuestros libertadores imaginaron, en la época en donde el enemigo era común y la ilusión de ser independientes todo lo podía.
Las relaciones entre los países de Latinoamérica tienen sus dificultades. Estas van desde asimetrías y disputas comerciales, de las cuales el Mercosur puede dar fe, hasta otras movidas por la expansión propia del capital (papeleras sí o no entre Argentina y Uruguay). También aparecen controversias que tienen que ver con límites fronterizos, algunos de los cuales fueron formalizados en la Corte Internacional de La Haya: el enfrentamiento que afrontan Nicaragua y Costa Rica por derechos de navegación del río San Juan y derechos anexos (2005) y, más recientemente, la que mantienen Perú y Chile, presentada por el primero, en busca de la delimitación marítima sobre el Pacífico. Entre otros conflictos, esto se suma al histórico reclamo boliviano a Chile por la salida al mar, lo cual llevó a la ruptura de las relaciones diplomáticas, y a la guerra entre Perú y Ecuador, de la cual Argentina formó parte con la vergüenza de la venta ilegal de armas.
A pesar de ello, las relaciones latinoamericanas han madurado en los últimos años saludablemente. Salvo el caso de Honduras, que ha recibido el repudio de toda la comunidad internacional, los gobiernos de Latinoamérica han conseguido consolidar sus democracias, dejando atrás las dictaduras que se extendieron por numerosos países de la región, en muchos casos promoviendo un clima hostil entre vecinos, donde el ejemplo más emblemático, quizás, sea el de Argentina y Chile cuando una eficaz mediación papal evitó el horror de la guerra. En la actualidad, los gobiernos han sabido interpretar, más allá de sus diferencias, que la mejor manera de enfrentarse a la dinámica del capitalismo global es estando unidos, con fructíferos lazos de integración expresados comercialmente a través de bloques económicos, o con avances sobre cuestiones puntuales: lucha contra el narcotráfico, cooperación, energía, etc. En este sentido, haber conseguido que en la última cumbre del Grupo Río en Cancún todos los países presentes se alineen detrás de la Argentina en su reclamo por la soberanía en Malvinas, debe considerarse como un logro diplomático de envergadura.
Respaldo a la soberanía argentina
El propio Presidente Lula, político destacado y recientemente condecorado como "estadista global" en el último Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza, hizo suyas las palabras con las cuales defendió la soberanía Argentina en las islas y hasta puso en cuestión la función de Naciones Unidas, que en todo este tiempo no pudo avanzar en una gestión que promoviera la negociación diplomática en torno a Malvinas, alentando la sospecha de una posible condescendencia con el Reino Unido por su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad, con capacidad de veto.
Menos diplomáticas, pero igualmente efectivas, fueron las palabras de Hugo Chávez pidiéndole a la Reina Isabel que devuelva las islas porque en el “siglo XXI el colonialismo se había terminado”. Y hasta el aliado norteamericano en la región, Álvaro Uribe, también suscribió a la declaración final en repudio al accionar británico. Con lo cual ya vemos que el posicionamiento a favor de la Argentina no remite únicamente a países con gobiernos ideológicamente afines al de nuestro país. El caso de Uribe y el de Piñera, con quien incluso hubo un acercamiento en esas jornadas, hablan a las claras de un posicionamiento de la región que respalda la posición argentina de reabrir las negociaciones por la soberanía de Malvinas, circunstancia que desde 1982 el Reino Unido se niega a hacer, violando de esta manera resoluciones de la ONU que obligan a un diálogo entre las partes, pero que ahora cuenta con un contundente reclamo de los países miembros tendiente a avanzar en ese sentido.
Enorme trascendencia, además, tuvo en la prensa internacional la declaración del Grupo Río. Los principales medios del mundo destacaron el respaldo a nuestro país. El diario The Guardian de Inglaterra publicó días atrás una columna de opinión de John Hughs, ex embajador británico en la Argentina, llamada “El fárrago de las Falklands”, donde sostuvo que sea cual fuere el resultado de esta nueva controversia, no cambiaría el hecho de que para los argentinos las Malvinas siempre serían argentinas, y destacó también la gestión de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner como promotores de que la cuestión Malvinas tenga un nuevo vuelo mediático y un perfil más alto. La repercusión a favor de la Argentina también se expresó en el reciente anuncio de Repsol-YPF de encarar una búsqueda de hidrocarburos a fines de este año en la cuenca Malvinas, en aguas profundas de la placa continental argentina.
Por supuesto que ello por sí sólo no constituye un elemento que pueda cambiar la situación. Además, no se debe perder de vista que la decisión de haber desencadenado una guerra debilita cualquier reclamo argentino, en la medida en que Gran Bretaña ha cortado toda posibilidad de diálogo desde entonces. Pero sí se ha logrado trasladar en el plano internacional una disputa que en el terreno diplomático, como bien aseguró Lula, estaba estancada ante la negativa británica de ceder a una negociación y la pasividad de Naciones Unidas para hacer cumplir sus propias resoluciones.
¿Cuál ha sido el verdadero aislamiento?
Todo ello pone en cuestión la tan mentada crítica al supuesto aislamiento de Argentina en el mundo. Pero ¿de qué aislamiento estamos hablando? ¿Será el que, años atrás, con el pretexto de evitarlo hizo que se abandonara la tradicional y prudente política de neutralidad argentina para formar parte de la Guerra del Golfo? Recordemos que esta situación no le ocasionó al país ningún beneficio económico ni político. Y mucho menos en lo relativo a Malvinas, donde EEUU, a quien se trató de seducir con el envío de tropas, siempre manifestó su apoyo a su tradicional socio, el Reino Unido, y por estos días acaba de convalidar su neutralidad, aunque el vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley, dijo que su país reconoce el gobierno de los kelpers, lo cual equivale más o menos a decir que las islas le pertenecen al Reino Unido. Así se abandonó la tradicional postura argentina que ha contribuido en operaciones pacificadoras por todo el mundo, incluyendo El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Ecuador, Perú, el Sahara Occidental, Angola, Kuwait, Chipre, Croacia, Kosovo y Bosnia.
Esta visión que añora una inserción argentina en el mundo semejante a la de los ’90 fue ejemplarmente representada con la crítica que Arturo Valenzuela, Jefe del área de América Latina de la Casa Blanca, sostuvo sobre la famosa falta de seguridad jurídica de Argentina en su última visita al país. Muchos dirigentes locales se hicieron eco de esas palabras para criticar la manera en que la Argentina maneja su política exterior. Quienes la sostienen la vinculan con un supuesto desinterés del país por atraer inversiones, seducir a los mercados y priorizar los vínculos con sus vecinos latinoamericanos, buscando consolidarlos a través de instituciones con funciones a largo plazo, como Unasur, de manera de sostener un proceso de integración con organismos que excedan los gobiernos de turno y marquen una nueva agenda en la política exterior latinoamericana, donde los países puedan renovar sus potencialidades para proteger mejor sus recursos y hacer más sólidas sus economías.
Ahora bien, ¿cuál ha sido el verdadero aislamiento argentino? Desde nuestro punto de vista, el que se ha impuesto desde el siglo XIX con el triunfo ideológico de la Argentina como granero del mundo y donde “cultivar el suelo es servir a la patria”. Nuestra experiencia histórica y la de las grandes potencias demuestran que pretender evitar el aislamiento económico dinamizando exclusivamente un sector de la economía no constituye una vía genuina de desarrollo. Por el contrario, nos ha colocado en la periferia del mundo y condenado a un aislamiento que, desde lo ideológico, se sostuvo con la fantasía de la racionalidad superior de los mercados por sobre la necesaria intervención del Estado en la economía.
Salir de ese aislamiento será un proceso largo no exento de tensiones, en donde entre otras cosas habrá que apelar a la estabilidad, la solvencia y el crecimiento fortaleciendo nuestros recursos científicos y tecnológicos. Pero será necesario sostenerlo, junto con una eficaz gestión diplomática, pues allí residirá, quizás, la mayor esperanza de recuperar Malvinas.
- Arturo Trinelli es Lic. en Ciencia Política (UBA)
lunes, 1 de marzo de 2010
El terremoto en Chile, una experiencia para la crisis mundial del futuro
Rómulo Pardo Silva - http://www.argenpress.info/2010/03/el-terremoto-en-chile-una-experiencia.html
El país sudamericano sufrió un sismo de grado 8,3 de la escala de Richter que ha provocado la muerte de más de 700 personas, inmensos daños materiales y una intensa alteración social. La respuesta nacional al cataclismo ha sido la del sistema capitalista votado por el 90% de los electores.
Es importante tomar el doloroso hecho como una demostración de lo que puede hacer la burguesía en estos casos. Sabiendo que se acaba el petróleo, cambiarán los climas, faltarán el agua, las tierras cultivo, los recursos materiales… es vital tener conciencia de si habrá una respuesta en bien de todos o de una clase.
En el país capitalista se percibe la falta de una autoridad firme que conduzca sin vacilaciones la gestión necesaria. Es compresible. Los políticos de la burguesía en los cargos del estado comparten con los empresarios las decisiones. Ése es su compromiso. Paralelamente el estado carece de los medios propios necesarios para operar.
Falta agua potable para los afectados en la zona del terremoto, la empresa es privada y no se ha dotado de los medios para producir la electricidad que necesita para bombearla. Miles de personas no tenían dónde comprar alimentos, los supermercados son privados y sus dueños decidieron no abrir. Las comunicaciones han fallado, las empresas son particulares y no instalaron generadores a petróleo para emergencias. No se puede viajar a la zona ni desde ella, los dueños de los buses no permiten que den servicio aunque hay vías con problemas pero disponibles. Se necesita reparar las carreteras, el ministro ruega a los concesionarios que lo hagan pronto…
Todo lo anterior en una sociedad de mala educación y sin lazos de vida colectiva, debido al modelo individualista que se ha impuesto, con las consiguientes consecuencias de adaptación a las circunstancias de emergencia. Dentro de un sistema de comunicación empresarial que en lugar de estimular la comprensión objetiva del drama busca lo espectacular mostrando una y otra vez las mismas escenas escogidas aunque no sean representativas de la situación general y lo que se requiere. Un periodismo capaz de inducir a culpar al estado pero que no nombra a los negociantes que han construido mal o se niegan a vender lo indispensable a una población estresada. Ni menos decir que los servicios básicos faltantes son responsabilidad de capitalistas.
El compromiso de las fuerzas armadas en la situación llega al extremo de afirmar que no habría maremoto cuando en realidad ciudades costeras ya estaban semidestruidas varias horas antes.
La comprensión popular de estas deficiencias es muy importante, especialmente por lo que viene. El caso chileno no difiere de lo que pasó después de huracán Katrina de Estados Unidos. La gente debe saber que la respuesta cubana socialista sí fue diferente durante los huracanes que azotaron gran parte de la isla, una conducta colectiva casi sin muertes.
Lo importante para salvar vidas y dar seguridad es tener un poder político democrático con medios, dispuesto a planificar racionalmente adelantándose a los problemas, un estado no amarrado a poderes fácticos minoritarios.
En la ciudad de Concepción el pueblo obligó a abrir la venta de comida, no otros, mientras los medios condenaban el saqueo de la propiedad privada.
Capitalismo y socialismo son muy distintos a la hora de salvar la vida de los pobres.
El país sudamericano sufrió un sismo de grado 8,3 de la escala de Richter que ha provocado la muerte de más de 700 personas, inmensos daños materiales y una intensa alteración social. La respuesta nacional al cataclismo ha sido la del sistema capitalista votado por el 90% de los electores.
Es importante tomar el doloroso hecho como una demostración de lo que puede hacer la burguesía en estos casos. Sabiendo que se acaba el petróleo, cambiarán los climas, faltarán el agua, las tierras cultivo, los recursos materiales… es vital tener conciencia de si habrá una respuesta en bien de todos o de una clase.
En el país capitalista se percibe la falta de una autoridad firme que conduzca sin vacilaciones la gestión necesaria. Es compresible. Los políticos de la burguesía en los cargos del estado comparten con los empresarios las decisiones. Ése es su compromiso. Paralelamente el estado carece de los medios propios necesarios para operar.
Falta agua potable para los afectados en la zona del terremoto, la empresa es privada y no se ha dotado de los medios para producir la electricidad que necesita para bombearla. Miles de personas no tenían dónde comprar alimentos, los supermercados son privados y sus dueños decidieron no abrir. Las comunicaciones han fallado, las empresas son particulares y no instalaron generadores a petróleo para emergencias. No se puede viajar a la zona ni desde ella, los dueños de los buses no permiten que den servicio aunque hay vías con problemas pero disponibles. Se necesita reparar las carreteras, el ministro ruega a los concesionarios que lo hagan pronto…
Todo lo anterior en una sociedad de mala educación y sin lazos de vida colectiva, debido al modelo individualista que se ha impuesto, con las consiguientes consecuencias de adaptación a las circunstancias de emergencia. Dentro de un sistema de comunicación empresarial que en lugar de estimular la comprensión objetiva del drama busca lo espectacular mostrando una y otra vez las mismas escenas escogidas aunque no sean representativas de la situación general y lo que se requiere. Un periodismo capaz de inducir a culpar al estado pero que no nombra a los negociantes que han construido mal o se niegan a vender lo indispensable a una población estresada. Ni menos decir que los servicios básicos faltantes son responsabilidad de capitalistas.
El compromiso de las fuerzas armadas en la situación llega al extremo de afirmar que no habría maremoto cuando en realidad ciudades costeras ya estaban semidestruidas varias horas antes.
La comprensión popular de estas deficiencias es muy importante, especialmente por lo que viene. El caso chileno no difiere de lo que pasó después de huracán Katrina de Estados Unidos. La gente debe saber que la respuesta cubana socialista sí fue diferente durante los huracanes que azotaron gran parte de la isla, una conducta colectiva casi sin muertes.
Lo importante para salvar vidas y dar seguridad es tener un poder político democrático con medios, dispuesto a planificar racionalmente adelantándose a los problemas, un estado no amarrado a poderes fácticos minoritarios.
En la ciudad de Concepción el pueblo obligó a abrir la venta de comida, no otros, mientras los medios condenaban el saqueo de la propiedad privada.
Capitalismo y socialismo son muy distintos a la hora de salvar la vida de los pobres.
domingo, 28 de febrero de 2010
La “amenaza” del Estado
Por Mario Rapoport * - http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-141164-2010-02-28.html
La cuestión del Fondo del Bicentenario oculta otra sin duda más importante: la del rol del Estado en la vida económica y social del país. En los “dorados” años ’90 la revista liberal The Economist (20-9-1997) dedicaba uno de sus números al futuro del Estado. Para dar el tono, en la tapa se dibujaba una implacable mano mecánica que amenazaba con un dedo a una pobre mujer solitaria huyendo despavorida. Y en el interior de la revista se destacaba, entre otras cosas, que “el crecimiento de los gobiernos en las economías avanzadas [...] ha sido persistente, universal y contraproductivo”, llegándose a afirmar que la “democracia es verdaderamente incompatible con la libertad”. El extremo era una foto de estudiantes festejando su graduación subtitulada: “Hagamos que ellos paguen” (su propia educación). Esas ideas, tan primitivas (y peligrosas) empujaron la crisis mundial que padecemos.
En verdad, durante décadas, los magos del neoliberalismo han demonizado al Estado. Con un pase de magia nos han dicho que “achicar el Estado es agrandar la nación”. Pero esta frase tenía significados ocultos; no se lo estaba haciendo desaparecer, se hacía creer que desaparecía mientras seguía muy activo tratando de mantener el orden establecido o de alterarlo de acuerdo con los intereses de los que detentaban el poder en ese mismo Estado. Por supuesto, el endeudamiento público servía para agrandar fortunas personales. Todo esto con la complicidad de entidades internacionales, que ayudaron a “desfondar” las riquezas que quedaban.
Bajo el predominio neoliberal, el Estado se desentendía de cualquier acción destinada a paliar las desigualdades sociales generadas por el mercado, e incluso las acentuaba a través de la legislación laboral y de políticas que fomentaban el desempleo. Tenía, sin embargo, una activa participación en la desregulación de las actividades financieras, la apertura externa, la venta de activos públicos y el sostenimiento de un “cepo” cambiario. En este último caso se trataba, paradójicamente, de un tipo de cambio fijo, para el que la libertad de mercado no funcionaba, aunque ayudaba a garantizar la entrada de capitales externos y su tasa de rentabilidad posibilitando, luego, su posterior fuga. Más aún, si nos remontamos hacia atrás, la prédica de un Estado presuntamente imparcial, con escasa o nula intervención en la actividad económica, queda desenmascarada cuando se observa que la implantación de los modelos neoliberales es precedida y acompañada en América latina por el terrorismo de Estado, como en Chile, en 1973, y en Argentina, en 1976.
El discurso que promovía la retirada del Estado de la esfera económico-social no impedía, en nuestro país, llevar adelante la contención del salario nominal, la disolución de la CGT, la supresión de actividades gremiales y la reforma a la Ley de Contratos de Trabajo. Tampoco significaba un impedimento para implementar la Cuenta de Regulación Monetaria, una especie de subsidio indirecto y garantía del sector financiero; así como la nacionalización por conveniencia personal de la Compañía Italo-Argentina de Electricidad, de la que Martínez de Hoz había sido director. Y todo ello completado con la socialización/estatización de la deuda externa privada, en la que tuvo responsabilidad el entonces presidente del Banco Central, Domingo Cavallo. Es decir, como afirmaba Karl Polanyi, “el laissez faire no era un método para lograr una cosa, sino la cosa que quería lograrse”, sólo alcanzable por medio de la acción estatal.
En el orden mundial ha ocurrido lo mismo. Tanto en el caso de Thatcher como en el de Reagan fueron poderosas intervenciones públicas las que impusieron nuevas reglas del juego a los actores económicos en beneficio de los más ricos; las que redujeron la protección social y abrieron la vía de la globalización y la desregulación de la actividad económica con su secuela de burbujas especulativas y crisis periódicas. Pero, al mismo tiempo, tanto en el campo de la seguridad interna como en el terreno internacional –cuya muestra más clara fue la invasión a Irak– los gastos del Estado se multiplicaron hasta llegar a ser calificada esa política como una especie de keynesianismo militar. Cierto es que el Estado norteamericano actuó en momentos críticos a fin de tratar de ayudar a las grandes empresas o bancos en quiebra de su país. Como en el caso de las Cajas de Ahorro y Préstamo en los años ’90, o en la actual acción masiva para salvar a instituciones financieras. Siempre, claro está, con el dinero de los contribuyentes (ergo, la recaudación fiscal del Estado). Según Philippe Frémeaux, un respetado economista francés, “las teorías de Friedrich Hayek y Milton Friedman fueron útiles para reducir la redistribución de los ingresos de los más pobres, pero se regresa bien rápidamente a John Maynard Keynes cuando se trata de salvar al capitalismo de su derrumbe”. Parafraseando al recordado Atahualpa Yupanqui: “Las pérdidas son de todos, las ganancias son ajenas”.
Para eliminar confusiones: el Estado nunca se fue. Frente a visiones que lo reducen a un aparato burocrático, a un conjunto de instituciones relacionadas con la conservación del orden sobre un determinado territorio (detentando el monopolio de la violencia legítima según Max Weber), el tipo de Estado resultante en una sociedad es la consecuencia del orden socioeconómico que logran imponer los sectores cuyos intereses son hegemónicos. Por eso se produjo el salvataje bancario. Pero no se avanzó mucho más, no hubo una reorientación de recursos hacia las principales víctimas: ahorristas, propietarios de inmuebles, pequeñas y medianas empresas, desocupados, etc.
Curiosamente, si el sistema bancario y financiero, responsable de la crisis, no fue castigado, ahora se pretende punir a algunos estados nacionales. Por ejemplo, se quiere obligar a Grecia y a España a realizar políticas de ajuste (achicar el gasto público, reducir empleos y salarios, etc.) como las que fracasaron en la Argentina, haciéndolos responsables de sus propias crisis. Claro que esos países tienen un serio problema: no pueden devaluar su moneda porque están en la zona del euro, esa especie de “dolarización” a la europea.
Aquí se trata de frenar la utilización de las reservas para evitar que el Estado las “malgaste” cuando EE.UU. sobrevive a su endeudamiento gracias a la emisión de dólares o bonos. Pocos critican la fuga de capitales por cifras mayores al propio Fondo (eso no es “malgastar” las reservas, hay que conservarlas para cuando sea necesario volver a llevárselas), pero se quiere impedir que se utilicen (aunque pueda discutirse la forma más conveniente) para gastos sociales y de infraestructura y para aliviar la deuda pública externa. El Estado es un mal administrador salvo cuando tiene que socorrer al capital privado estatizando su propia deuda, como en la última etapa de la dictadura militar.
Como decía Keynes frente a la crisis del ’30, “lo que nos hace falta ahora no es apretarnos la cintura, sino animar la expansión y la actividad, comprar cosas, crear cosas”. Y los medios para ello no deben venir de un ilusorio y condicionante financiamiento externo, sino de la propia lógica del crecimiento interno que permitió generar recursos financieros genuinos. La experiencia de la crisis de 2001 es una ventaja que no podemos desaprovechar porque conocemos el final de la película. Cuidémonos de no repetirlo.
* Economista e historiador.
La cuestión del Fondo del Bicentenario oculta otra sin duda más importante: la del rol del Estado en la vida económica y social del país. En los “dorados” años ’90 la revista liberal The Economist (20-9-1997) dedicaba uno de sus números al futuro del Estado. Para dar el tono, en la tapa se dibujaba una implacable mano mecánica que amenazaba con un dedo a una pobre mujer solitaria huyendo despavorida. Y en el interior de la revista se destacaba, entre otras cosas, que “el crecimiento de los gobiernos en las economías avanzadas [...] ha sido persistente, universal y contraproductivo”, llegándose a afirmar que la “democracia es verdaderamente incompatible con la libertad”. El extremo era una foto de estudiantes festejando su graduación subtitulada: “Hagamos que ellos paguen” (su propia educación). Esas ideas, tan primitivas (y peligrosas) empujaron la crisis mundial que padecemos.
En verdad, durante décadas, los magos del neoliberalismo han demonizado al Estado. Con un pase de magia nos han dicho que “achicar el Estado es agrandar la nación”. Pero esta frase tenía significados ocultos; no se lo estaba haciendo desaparecer, se hacía creer que desaparecía mientras seguía muy activo tratando de mantener el orden establecido o de alterarlo de acuerdo con los intereses de los que detentaban el poder en ese mismo Estado. Por supuesto, el endeudamiento público servía para agrandar fortunas personales. Todo esto con la complicidad de entidades internacionales, que ayudaron a “desfondar” las riquezas que quedaban.
Bajo el predominio neoliberal, el Estado se desentendía de cualquier acción destinada a paliar las desigualdades sociales generadas por el mercado, e incluso las acentuaba a través de la legislación laboral y de políticas que fomentaban el desempleo. Tenía, sin embargo, una activa participación en la desregulación de las actividades financieras, la apertura externa, la venta de activos públicos y el sostenimiento de un “cepo” cambiario. En este último caso se trataba, paradójicamente, de un tipo de cambio fijo, para el que la libertad de mercado no funcionaba, aunque ayudaba a garantizar la entrada de capitales externos y su tasa de rentabilidad posibilitando, luego, su posterior fuga. Más aún, si nos remontamos hacia atrás, la prédica de un Estado presuntamente imparcial, con escasa o nula intervención en la actividad económica, queda desenmascarada cuando se observa que la implantación de los modelos neoliberales es precedida y acompañada en América latina por el terrorismo de Estado, como en Chile, en 1973, y en Argentina, en 1976.
El discurso que promovía la retirada del Estado de la esfera económico-social no impedía, en nuestro país, llevar adelante la contención del salario nominal, la disolución de la CGT, la supresión de actividades gremiales y la reforma a la Ley de Contratos de Trabajo. Tampoco significaba un impedimento para implementar la Cuenta de Regulación Monetaria, una especie de subsidio indirecto y garantía del sector financiero; así como la nacionalización por conveniencia personal de la Compañía Italo-Argentina de Electricidad, de la que Martínez de Hoz había sido director. Y todo ello completado con la socialización/estatización de la deuda externa privada, en la que tuvo responsabilidad el entonces presidente del Banco Central, Domingo Cavallo. Es decir, como afirmaba Karl Polanyi, “el laissez faire no era un método para lograr una cosa, sino la cosa que quería lograrse”, sólo alcanzable por medio de la acción estatal.
En el orden mundial ha ocurrido lo mismo. Tanto en el caso de Thatcher como en el de Reagan fueron poderosas intervenciones públicas las que impusieron nuevas reglas del juego a los actores económicos en beneficio de los más ricos; las que redujeron la protección social y abrieron la vía de la globalización y la desregulación de la actividad económica con su secuela de burbujas especulativas y crisis periódicas. Pero, al mismo tiempo, tanto en el campo de la seguridad interna como en el terreno internacional –cuya muestra más clara fue la invasión a Irak– los gastos del Estado se multiplicaron hasta llegar a ser calificada esa política como una especie de keynesianismo militar. Cierto es que el Estado norteamericano actuó en momentos críticos a fin de tratar de ayudar a las grandes empresas o bancos en quiebra de su país. Como en el caso de las Cajas de Ahorro y Préstamo en los años ’90, o en la actual acción masiva para salvar a instituciones financieras. Siempre, claro está, con el dinero de los contribuyentes (ergo, la recaudación fiscal del Estado). Según Philippe Frémeaux, un respetado economista francés, “las teorías de Friedrich Hayek y Milton Friedman fueron útiles para reducir la redistribución de los ingresos de los más pobres, pero se regresa bien rápidamente a John Maynard Keynes cuando se trata de salvar al capitalismo de su derrumbe”. Parafraseando al recordado Atahualpa Yupanqui: “Las pérdidas son de todos, las ganancias son ajenas”.
Para eliminar confusiones: el Estado nunca se fue. Frente a visiones que lo reducen a un aparato burocrático, a un conjunto de instituciones relacionadas con la conservación del orden sobre un determinado territorio (detentando el monopolio de la violencia legítima según Max Weber), el tipo de Estado resultante en una sociedad es la consecuencia del orden socioeconómico que logran imponer los sectores cuyos intereses son hegemónicos. Por eso se produjo el salvataje bancario. Pero no se avanzó mucho más, no hubo una reorientación de recursos hacia las principales víctimas: ahorristas, propietarios de inmuebles, pequeñas y medianas empresas, desocupados, etc.
Curiosamente, si el sistema bancario y financiero, responsable de la crisis, no fue castigado, ahora se pretende punir a algunos estados nacionales. Por ejemplo, se quiere obligar a Grecia y a España a realizar políticas de ajuste (achicar el gasto público, reducir empleos y salarios, etc.) como las que fracasaron en la Argentina, haciéndolos responsables de sus propias crisis. Claro que esos países tienen un serio problema: no pueden devaluar su moneda porque están en la zona del euro, esa especie de “dolarización” a la europea.
Aquí se trata de frenar la utilización de las reservas para evitar que el Estado las “malgaste” cuando EE.UU. sobrevive a su endeudamiento gracias a la emisión de dólares o bonos. Pocos critican la fuga de capitales por cifras mayores al propio Fondo (eso no es “malgastar” las reservas, hay que conservarlas para cuando sea necesario volver a llevárselas), pero se quiere impedir que se utilicen (aunque pueda discutirse la forma más conveniente) para gastos sociales y de infraestructura y para aliviar la deuda pública externa. El Estado es un mal administrador salvo cuando tiene que socorrer al capital privado estatizando su propia deuda, como en la última etapa de la dictadura militar.
Como decía Keynes frente a la crisis del ’30, “lo que nos hace falta ahora no es apretarnos la cintura, sino animar la expansión y la actividad, comprar cosas, crear cosas”. Y los medios para ello no deben venir de un ilusorio y condicionante financiamiento externo, sino de la propia lógica del crecimiento interno que permitió generar recursos financieros genuinos. La experiencia de la crisis de 2001 es una ventaja que no podemos desaprovechar porque conocemos el final de la película. Cuidémonos de no repetirlo.
* Economista e historiador.
sábado, 27 de febrero de 2010
Haití, test para la humanidad
por Leonardo Boff - Fuente: Rebelión
El desastre que se abatió sobre Haití, arrasando Puerto Príncipe, matando a millares de personas y privando al pueblo de las estructuras mínimas para la supervivencia, es una prueba para la humanidad. Según los pronósticos de quienes siguen sistemáticamente el estado de la Tierra, no pasará mucho tiempo antes de que nos enfrentemos a varios Haitíes, con millones y millones de refugiados climáticos, provocados por eventos extremos que podrán ocasionar una verdadera devastación ecológica y destruir incontables vidas humanas.
En este contexto dos virtudes, ligadas a la esencia de lo humano, deben alcanzar especial relevancia: la hospitalidad y la solidaridad.
La hospitalidad, ya lo vio el filósofo Kant, es un derecho y un deber de todos, pues todos somos habitantes, o mejor, hijos e hijas de la misma Tierra. Tenemos derecho a circular por ella, a recibir y ofrecer hospitalidad ¿Estarán las naciones dispuestas a atender este derecho básico de aquellas multitudes que ya no puedan vivir en sus regiones supercalentadas, sin agua y sin cosechas? El instinto de supervivencia no respeta los límites de los estados-naciones. Los bárbaros de antaño derribaron imperios y los nuevos «bárbaros» de hoy no harán otra cosa, en caso de que no sean exterminados por los que usurparon la Tierra para sí. Paro aquí porque los escenarios probables y no imposibles son dantescos.
La segunda virtud es la solidaridad. Ella es inherente a la esencia social del ser humano. Ya los clásicos del estudio de la solidaridad como Renouvier, Durkheim, Bourgeois y Sorel enfatizaron el hecho de que una sociedad no existe sin la solidaridad de unos hacia otros. Supone una conciencia colectiva y el sentimiento de pertenencia de todos. Todos aceptan de una manera natural vivir juntos para realizar juntos la política, que es la búsqueda conjunta del bien común.
Debemos someter a crítica el concepto de la modernidad que parte de la absoluta autonomía del sujeto en la soledad de su libertad. Se dice: cada uno debe hacer lo suyo sin necesidad de los otros. Para que los seres humanos así solitarios puedan vivir juntos necesitan de hecho un contrato social, como el elaborado por Rousseau, Locke y Kant. Pero ese individualismo es falso e ilusorio. Hay que reconocer el hecho real e irrenunciable de que el ser humano es siempre un ser de relación, un-ser-con-los-otros, entretejido siempre en una urdimbre de todo tipo de conexiones. Nunca está solo. El contrato social no funda la sociedad, sólo la ordena jurídicamente.
Además, la solidaridad posee un trasfondo cosmológico. Todos los seres, desde los topquarks pero especialmente los organismos vivos, son seres de relación y nadie vive fuera de la red de inter-retro-conexiones. Por eso, todos los seres son solidarios recíprocamente. Cada uno ayuda al otro a sobrevivir —es el sentido de la biodiversidad— y no necesariamente son víctimas de la selección natural. A nivel humano, en vez de la selección natural, por causa de la solidaridad, introducimos el cuidado, especialmente para con los más vulnerables. Así no sucumben a los intereses excluyentes de grupos o de un tipo de cultura feroz que coloca la ambición por encima de la vida y de la dignidad.
Hemos llegado a un punto de la historia en el cual todos nos descubrimos entrelazados en una única geosociedad. Sin la solidaridad de todos con todos y también con la Madre Tierra no habrá futuro para nadie. Las desgracias de un pueblo son nuestras desgracias, sus lágrimas son nuestras lágrimas, sus avances, nuestros avances. Sus sueños son nuestros sueños.
Bien decía el Che Guevara: "La solidaridad es la ternura de los pueblos". Es la ternura que tenemos que dar a nuestros sufrientes hermanos y hermanas de Haití.
El desastre que se abatió sobre Haití, arrasando Puerto Príncipe, matando a millares de personas y privando al pueblo de las estructuras mínimas para la supervivencia, es una prueba para la humanidad. Según los pronósticos de quienes siguen sistemáticamente el estado de la Tierra, no pasará mucho tiempo antes de que nos enfrentemos a varios Haitíes, con millones y millones de refugiados climáticos, provocados por eventos extremos que podrán ocasionar una verdadera devastación ecológica y destruir incontables vidas humanas.
En este contexto dos virtudes, ligadas a la esencia de lo humano, deben alcanzar especial relevancia: la hospitalidad y la solidaridad.
La hospitalidad, ya lo vio el filósofo Kant, es un derecho y un deber de todos, pues todos somos habitantes, o mejor, hijos e hijas de la misma Tierra. Tenemos derecho a circular por ella, a recibir y ofrecer hospitalidad ¿Estarán las naciones dispuestas a atender este derecho básico de aquellas multitudes que ya no puedan vivir en sus regiones supercalentadas, sin agua y sin cosechas? El instinto de supervivencia no respeta los límites de los estados-naciones. Los bárbaros de antaño derribaron imperios y los nuevos «bárbaros» de hoy no harán otra cosa, en caso de que no sean exterminados por los que usurparon la Tierra para sí. Paro aquí porque los escenarios probables y no imposibles son dantescos.
La segunda virtud es la solidaridad. Ella es inherente a la esencia social del ser humano. Ya los clásicos del estudio de la solidaridad como Renouvier, Durkheim, Bourgeois y Sorel enfatizaron el hecho de que una sociedad no existe sin la solidaridad de unos hacia otros. Supone una conciencia colectiva y el sentimiento de pertenencia de todos. Todos aceptan de una manera natural vivir juntos para realizar juntos la política, que es la búsqueda conjunta del bien común.
Debemos someter a crítica el concepto de la modernidad que parte de la absoluta autonomía del sujeto en la soledad de su libertad. Se dice: cada uno debe hacer lo suyo sin necesidad de los otros. Para que los seres humanos así solitarios puedan vivir juntos necesitan de hecho un contrato social, como el elaborado por Rousseau, Locke y Kant. Pero ese individualismo es falso e ilusorio. Hay que reconocer el hecho real e irrenunciable de que el ser humano es siempre un ser de relación, un-ser-con-los-otros, entretejido siempre en una urdimbre de todo tipo de conexiones. Nunca está solo. El contrato social no funda la sociedad, sólo la ordena jurídicamente.
Además, la solidaridad posee un trasfondo cosmológico. Todos los seres, desde los topquarks pero especialmente los organismos vivos, son seres de relación y nadie vive fuera de la red de inter-retro-conexiones. Por eso, todos los seres son solidarios recíprocamente. Cada uno ayuda al otro a sobrevivir —es el sentido de la biodiversidad— y no necesariamente son víctimas de la selección natural. A nivel humano, en vez de la selección natural, por causa de la solidaridad, introducimos el cuidado, especialmente para con los más vulnerables. Así no sucumben a los intereses excluyentes de grupos o de un tipo de cultura feroz que coloca la ambición por encima de la vida y de la dignidad.
Hemos llegado a un punto de la historia en el cual todos nos descubrimos entrelazados en una única geosociedad. Sin la solidaridad de todos con todos y también con la Madre Tierra no habrá futuro para nadie. Las desgracias de un pueblo son nuestras desgracias, sus lágrimas son nuestras lágrimas, sus avances, nuestros avances. Sus sueños son nuestros sueños.
Bien decía el Che Guevara: "La solidaridad es la ternura de los pueblos". Es la ternura que tenemos que dar a nuestros sufrientes hermanos y hermanas de Haití.
viernes, 26 de febrero de 2010
miércoles, 24 de febrero de 2010
Deuda pública, reservas internacionales y BCRA
Los debates del verano de 2010 se concentraron en la Deuda Externa y la autonomía del Banco Central. Fueron discusiones que incidieron en el cambio del escenario económico y político previsible a mediados de diciembre pasado, cuando se difundió el “Fondo del Bicentenario para el desendeudamiento y la estabilidad” creado por Decreto de Necesidad y Urgencia. Es probable que hasta marzo, cuando comience el periodo ordinario de sesiones parlamentarias, no haya definición sobre el Fondo de 6.569 millones de dólares, que en el imaginario del gobierno iba a servir para bajar el costo del crédito externo para actores privados y públicos. La polémica del verano ha dado lugar a un crecimiento de la tasa de interés para operaciones de crédito a realizar desde el país. Dicho de otro modo, volvió a subir el “riesgo país”, con tasas usurarias para el financiamiento externo de actividades en Argentina. Claro que un interrogante es si el país necesita en la coyuntura de fondos externos, o si modificando las orientaciones de la política económica que definen el modelo de acumulación, se puede pensar en utilizar fondos propios (reservas) para un desarrollo alternativo.
Sobre fines del año pasado se viene trabajando en una secuencia de arreglo con el Club de París por 7.000 millones de dólares, una deuda mayoritariamente asumida en tiempos de dictadura y por ende sujeta a ser considerada ilegítima y “odiosa”; la seguridad de los pagos para el 2010 con el Fondo del Bicentenario (cubre el 50% de los vencimientos del año) más los fondos previstos en el presupuesto; y la reapertura del canje de deuda del 2005 (beneficio para los que no aceptaron canjear deuda hace un lustro), votado mayoritariamente en el Parlamento, dando muestras de voluntad de cancelación de la deuda por parte de los diputados del oficialismo y la oposición legislativa de derecha. Es una secuencia asociada a la búsqueda de caminos para normalizar la situación del país con el FMI, que desde 2006 no realiza el monitoreo de la economía local, como ocurre con todos los países miembros (asociados) del organismo internacional. Aparece como una necesidad desde el momento que Argentina participa en el G20, ámbito de análisis de la crisis contemporánea en el sistema mundial. No olvidemos que el G20 establece como estrategia central la liberalización de la economía para superar la crisis y una reasignación privilegiada de funciones al FMI como entidad rectora del sistema financiero mundial.
La realidad económica y política de la Argentina se desordenaron y se reinstalaron viejos temas, impensados hace poco tiempo, entre ellos, la discusión sobre algunos estatutos neoliberales como la autonomía del BC, la ley de entidades financieras de la dictadura, una de las reformas centrales de la reestructuración reaccionaria del capitalismo local; y el tema de las reservas, su composición, utilidad y destino, que nos lleva al debate de fondo sobre la deuda pública, un asunto escamoteado desde el gobierno y el poder. Se enuncia una política de desendeudamiento, mientras esta política es asociada a la búsqueda de condiciones para reinstalar al país en el sistema financiero mundial. Nuestro interrogante se vincula con la necesidad de una crítica al sistema y la posibilidad de avanzar en una nueva arquitectura financiera mundial, conscientes de que parte de esta experiencia ya se lleva adelante en la región latinoamericana y caribeña, especialmente en los países del ALBA.
Los temas en debate
Autonomía del BCRA. ¿Sí o no?
Se trata de una institución de los 90´, resultado de la hegemonía política de Menem y Cavallo, totalmente funcional al paradigma de liberalización de la economía sustentada en el libre movimiento de los capitales internacionales y un BC al servicio de ese proceso. La modificación de la Carta Orgánica (C.O.) del BC del 92 completó la reforma financiera de la dictadura militar (1977). Lo curioso a destacar es que el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y el de Cristina Fernández propusieron y mantuvieron en la presidencia del BC a un orgánico de la autonomía y la ortodoxia neoclásica o neoliberal, como Hernán Martín Pérez Redrado. El debate de estas horas habilitó un discurso crítico que reclama la modificación de la C. O. del BC, incluso se reflotó un proyecto legislativo de Mercedes Marcó del Pont, actual Presidente del BC, que siendo Diputada por el oficialismo (FPV) presentó un proyecto sin éxito entre sus compañeros de bancada parlamentaria. Un interrogante es si Marcó del Pont bregará desde su función actual por los anteriores propósitos contra la institucionalidad liberalizadora.
Ley de Entidades Financieras.
El debate se extendió a la intocada legislación financiera, que data de 1977 y que fuera calificada como el instrumento más revolucionario del gobierno de la dictadura por su propio mentor, el Ministro de Economía, Alfredo Martínez de Hoz. En rigor, no solo se trata de la legislación, sino de la política financiera, cuando la Argentina presenta una de las menores relaciones entre préstamos y capacidad de producción de riqueza y donde el escaso crédito es a tasas muy elevadas. Junto a la Ley de Inversiones Externas, ambas leyes constituyen parte inseparable de la estrategia jurídica para adaptar el régimen local a la demanda liberalizadora y de concentración requerida por los capitales transnacionales. Nadie duda de la extranjerización del sistema financiero local y de la dominación transnacional en todas las ramas de la economía.
Reservas Internacionales (RI).
Se discutió su utilidad y cuál es el monto real de las mismas, pues además de los activos financieros en poder del BC, deben computarse una serie de pasivos que hacen disminuir el saldo de RI. Un debate no menor alude al carácter de reservas excedentes, producto de la vigencia del régimen convertible, aunque se haya modificado la paridad uno a uno entre el dólar y el peso, para pasar a un mecanismo de flotación administrada de la paridad cambiaria. Pero más importante que la cantidad de reservas, es la discusión que se abrió al uso de las mismas, cuando desde el oficialismo se pensaba en un destino de pago de los vencimientos de deuda y liberar recursos corrientes para gasto público, los legisladores y el arco político de la derecha y sus legisladores demandaron pagar la deuda con recursos fiscales corrientes, es decir, a costa del presupuesto y de la mano de un profundo ajuste en el gasto público social. Otros sectores, enmarcados en la izquierda parlamentaria, se pronunciaron por una investigación de la deuda, al estilo de la Auditoría realizada por Ecuador y que devino en una quita de la deuda exigible. Es cierto también, que en otros sectores políticos y sociales, más allá del debate parlamentario, se insistió en privilegiar la deuda social interna, repudiando cualquier estrategia de cancelación de deuda externa.
Lo que queda hasta ahora es el cambio en la presidencia del BC, que fue sorpresa, ya que el candidato con pergaminos favorables para el establishment del poder económico local e internacional, Mario Blejer, quedó en el camino por Mercedes Marcó del Pont que viene de presidir el Banco de la Nación Argentina (BNA). La trayectoria de Marcó del Pont explica expectativas de cambios legislativos y de política financiera a contramano de la orientación ortodoxa hegemónica en el BC. Mientras tanto y con la carta orgánica actual, para acercar más al BC con las necesidades de política económica se creó un “Consejo Económico” que integran los titulares del Ministerio de Economía y del BC, inspirados se dice, en la experiencia brasileña. Consultados varios colegas del país vecino señalan que la impronta la define Henrique Meirelles, el Presidente del Banco Central que proviene del Bank Boston y que fuera la carta de confianza y seguridad otorgada al poder económico mundial de parte de Lula. Dicen que el Ministro de Hacienda de Brasil, Guido Mantega es neo desarrollista y el titular del BC un neoliberal consumado. Queda el interrogante si en política se aplica la máxima matemática relativa a “que el orden de los factores no altera el producto”, ya que Marcó del Pont proviene del desarrollismo y Amado Boudou (Ministro de Economía de Argentina) registra antecedentes en la UCD, el partido que inspiró el pope del neoliberalismo argentino: el inefable Álvaro Alsogaray.
La experiencia de Brasil
Desde diciembre de 1964 funciona en Brasil el Consejo Monetario Nacional (CMN)[1] con el objetivo de coordinar la política macroeconómica con la política industrial, comercial, etc. Estamos hablando de un periodo desarrollista en el Brasil, de acelerada industrialización y el CMN funcionaba con los aportes de funcionarios de los ministerios de planeamiento, agricultura, industria, comercio, trabajo, interior; pero también lo hacían representantes de la banca regional o del propio Banco de Desarrollo (BNDES), e incluso expresiones del movimiento de trabajadores. La idea apuntaba hacia la convergencia de la política monetaria y fiscal, con presencia (por lo menos en la letra) de fuerzas sociales. Desde 1995 con el Plan Real (Fernando Henrique Cardoso), el CMN se redujo a las presencias de los ministerios de Hacienda y Planeamiento, junto al Presidente del BC.
La modalidad que inspira a la Argentina está más próxima a esta versión que a la originaria, aún cuando Marcó del Pont sostiene que se tratará de “profundizar el modelo económico de desarrollo industrial”. Algunas opiniones desde Brasil sostienen que el CMN en nada impide el accionar tradicional del BC, máxime con la titularidad de Henrique Meirelles, puesto en dicha función en la Presidencia Lula. Algunos esperaban que con la llegada de Guido Mantega al Ministerio de Hacienda en 2006 hubiera límites a la orientación del BC, especialmente luego de la convergencia de Meirelles con Antonio Palloci, primer ministro de hacienda del gobierno de Lula y claro promotor de la continuidad de las políticas neoliberales.
La experiencia brasileña reconoce también el Consejo de Desarrollo Económico (CDE) creado por la administración de Lula en 2003, inspirado conceptualmente en la composición del primer CMN, por lo menos tal como funcionó en los 60´ y 70´ y que luego mutó en los 80´ y como señalamos con la crisis de mediados de los noventa. La realidad de incidencia del CDE es escasa ante la presencia hegemónica de las concepciones subordinadas al mainstream, la corriente principal en política económica. Más allá de las voluntades políticas en el gobierno y los funcionarios del BC, sectores del movimiento social de Brasil insisten en la ausencia de una presencia más importante de la dinámica social “resistente” para constituir una fuerza sociopolítica que bregue por otro orden económico y social. La correlación de fuerzas políticas es lo que define la hegemonía a favor de la banca y su proyecto liberalizador. La práctica del CMN y más precisamente del Comité de Política Monetaria (COPOM), integrado por funcionarios del BC de Brasil, está concentrada en la metas de inflación, una estrategia sugerida desde los organismos financieros internacionales y que en la Argentina pretendió instrumentar Alfonso Prat Gay cuando estuvo al frente del BC (diciembre 2002 a setiembre 2004). Es la concepción mayoritaria de la banca central mundial y se asocia a la concepción monetarista de control inflacionario, con independencia del efecto que genera en el empleo y la producción de los países en que se aplica. Una de las políticas centrales del COPOM se concentra en la fijación de la tasa de interés. Los sectores menos concentrados de la economía brasileña reclaman por el excesivo nivel de los intereses que conspiran para el desarrollo de una producción no monopolista y se presentan presiones para extender la participación del movimiento popular en los ámbitos de decisión del COPOM. En Brasil como en Argentina, la cuestión se define según sea la capacidad de acumulación política de poder de las clases subalternas o de las dominantes.
La deuda como condicionante estructural
La deuda comprometida entre 1976 y 1983 condiciona el régimen constitucional hasta nuestros días. Sin esa hipoteca no habría habido financiamiento para la militarización del país, el conflicto con Chile y Gran Bretaña; pero sobre todo para la represión y disciplinamiento del movimiento popular. El objetivo final del régimen dictatorial apuntaba a debilitar la capacidad de resistencia para avanzar en la reestructuración regresiva del capitalismo en Argentina. El endeudamiento externo fue el mecanismo económico privilegiado para ese fin liberalizador.
Los recursos ingresados sirvieron para endeudar empresas públicas, usado luego como argumento para las privatizaciones en los 90´, con la secuela de desempleo, marginación, empobrecimiento, desarticulación del aparato productivo y extranjerización de la economía. Los préstamos obtenidos a bajo interés, pero con tasas variables elevaron los servicios de la deuda ante la política estadounidense que llevó la tasa de interés a casi 20% a fines de los 70´ (la iniciativa Volcker de 1979 bajo la administración de Ronald Reagan). Eso hizo impagable la deuda y motivó los recurrentes procesos de negociación en cada turno constitucional.
Del default con bancos transnacionales en 1983 se pasó, Plan Brady (1992) mediante, a la cesación de pagos con tenedores de títulos a fines del 2001. El cambio de acreedores (de bancos a titulares de bonos) resulta de la maniobra realizada por los banqueros, el tesoro estadounidense y el gobierno de Menem y Cavallo. Buena parte de esa deuda impagable estaba en manos de tenedores locales de títulos, situación que afectó a los fondos previsionales, propietarios de deuda por decisión gubernamental asociada a la privatización de las jubilaciones.
La deuda es ilegítima en origen y promovió una amplia concentración del ingreso y la riqueza. Ante la continuidad de una hipoteca impagable y ya cancelada varias veces, la sociedad necesita resolver su independencia, más aún en tiempos de bicentenario. Por lo tanto el debate prioritario es si Argentina continúa sometida a la disciplina del sistema mundial en crisis, o repudia la deuda y encara con decisión la construcción de una nueva arquitectura financiera mundial.
Es un camino que se recorre en la región, con la Auditoria de la deuda ecuatoriana; la salida de Bolivia del CIADI; la construcción del Banco del ALBA y el SUCRE, como moneda regional de intercambio. Un paso en ese sentido sería el funcionamiento del demorado Banco del Sur y el manejo compartido de reservas regionales que superan los 500.000 millones de dólares para cambiar el modelo productivo y el patrón de consumo. Todo con el fin de resolver las necesidades sociales insatisfechas y salir de la crisis capitalista con soberanía alimentaria, energética y financiera.
- Julio C. Gambina es Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Fundador de ATTAC-Argentina. www.juliogambina.blogspot.com
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[1]http://www.bcb.gov.br/?CMNCOMPOS Puede encontrarse en esta página oficial del BC de Brasil el listado de todos los participantes del CMN desde su creación, incluso los representantes de la clase trabajadora, de la banca regional y de los distintos ámbitos oficiales. No resulta un dato menor verificar que la información está en el sitio del Banco Central, lo que define el peso de la entidad en el Consejo.
Sobre fines del año pasado se viene trabajando en una secuencia de arreglo con el Club de París por 7.000 millones de dólares, una deuda mayoritariamente asumida en tiempos de dictadura y por ende sujeta a ser considerada ilegítima y “odiosa”; la seguridad de los pagos para el 2010 con el Fondo del Bicentenario (cubre el 50% de los vencimientos del año) más los fondos previstos en el presupuesto; y la reapertura del canje de deuda del 2005 (beneficio para los que no aceptaron canjear deuda hace un lustro), votado mayoritariamente en el Parlamento, dando muestras de voluntad de cancelación de la deuda por parte de los diputados del oficialismo y la oposición legislativa de derecha. Es una secuencia asociada a la búsqueda de caminos para normalizar la situación del país con el FMI, que desde 2006 no realiza el monitoreo de la economía local, como ocurre con todos los países miembros (asociados) del organismo internacional. Aparece como una necesidad desde el momento que Argentina participa en el G20, ámbito de análisis de la crisis contemporánea en el sistema mundial. No olvidemos que el G20 establece como estrategia central la liberalización de la economía para superar la crisis y una reasignación privilegiada de funciones al FMI como entidad rectora del sistema financiero mundial.
La realidad económica y política de la Argentina se desordenaron y se reinstalaron viejos temas, impensados hace poco tiempo, entre ellos, la discusión sobre algunos estatutos neoliberales como la autonomía del BC, la ley de entidades financieras de la dictadura, una de las reformas centrales de la reestructuración reaccionaria del capitalismo local; y el tema de las reservas, su composición, utilidad y destino, que nos lleva al debate de fondo sobre la deuda pública, un asunto escamoteado desde el gobierno y el poder. Se enuncia una política de desendeudamiento, mientras esta política es asociada a la búsqueda de condiciones para reinstalar al país en el sistema financiero mundial. Nuestro interrogante se vincula con la necesidad de una crítica al sistema y la posibilidad de avanzar en una nueva arquitectura financiera mundial, conscientes de que parte de esta experiencia ya se lleva adelante en la región latinoamericana y caribeña, especialmente en los países del ALBA.
Los temas en debate
Autonomía del BCRA. ¿Sí o no?
Se trata de una institución de los 90´, resultado de la hegemonía política de Menem y Cavallo, totalmente funcional al paradigma de liberalización de la economía sustentada en el libre movimiento de los capitales internacionales y un BC al servicio de ese proceso. La modificación de la Carta Orgánica (C.O.) del BC del 92 completó la reforma financiera de la dictadura militar (1977). Lo curioso a destacar es que el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y el de Cristina Fernández propusieron y mantuvieron en la presidencia del BC a un orgánico de la autonomía y la ortodoxia neoclásica o neoliberal, como Hernán Martín Pérez Redrado. El debate de estas horas habilitó un discurso crítico que reclama la modificación de la C. O. del BC, incluso se reflotó un proyecto legislativo de Mercedes Marcó del Pont, actual Presidente del BC, que siendo Diputada por el oficialismo (FPV) presentó un proyecto sin éxito entre sus compañeros de bancada parlamentaria. Un interrogante es si Marcó del Pont bregará desde su función actual por los anteriores propósitos contra la institucionalidad liberalizadora.
Ley de Entidades Financieras.
El debate se extendió a la intocada legislación financiera, que data de 1977 y que fuera calificada como el instrumento más revolucionario del gobierno de la dictadura por su propio mentor, el Ministro de Economía, Alfredo Martínez de Hoz. En rigor, no solo se trata de la legislación, sino de la política financiera, cuando la Argentina presenta una de las menores relaciones entre préstamos y capacidad de producción de riqueza y donde el escaso crédito es a tasas muy elevadas. Junto a la Ley de Inversiones Externas, ambas leyes constituyen parte inseparable de la estrategia jurídica para adaptar el régimen local a la demanda liberalizadora y de concentración requerida por los capitales transnacionales. Nadie duda de la extranjerización del sistema financiero local y de la dominación transnacional en todas las ramas de la economía.
Reservas Internacionales (RI).
Se discutió su utilidad y cuál es el monto real de las mismas, pues además de los activos financieros en poder del BC, deben computarse una serie de pasivos que hacen disminuir el saldo de RI. Un debate no menor alude al carácter de reservas excedentes, producto de la vigencia del régimen convertible, aunque se haya modificado la paridad uno a uno entre el dólar y el peso, para pasar a un mecanismo de flotación administrada de la paridad cambiaria. Pero más importante que la cantidad de reservas, es la discusión que se abrió al uso de las mismas, cuando desde el oficialismo se pensaba en un destino de pago de los vencimientos de deuda y liberar recursos corrientes para gasto público, los legisladores y el arco político de la derecha y sus legisladores demandaron pagar la deuda con recursos fiscales corrientes, es decir, a costa del presupuesto y de la mano de un profundo ajuste en el gasto público social. Otros sectores, enmarcados en la izquierda parlamentaria, se pronunciaron por una investigación de la deuda, al estilo de la Auditoría realizada por Ecuador y que devino en una quita de la deuda exigible. Es cierto también, que en otros sectores políticos y sociales, más allá del debate parlamentario, se insistió en privilegiar la deuda social interna, repudiando cualquier estrategia de cancelación de deuda externa.
Lo que queda hasta ahora es el cambio en la presidencia del BC, que fue sorpresa, ya que el candidato con pergaminos favorables para el establishment del poder económico local e internacional, Mario Blejer, quedó en el camino por Mercedes Marcó del Pont que viene de presidir el Banco de la Nación Argentina (BNA). La trayectoria de Marcó del Pont explica expectativas de cambios legislativos y de política financiera a contramano de la orientación ortodoxa hegemónica en el BC. Mientras tanto y con la carta orgánica actual, para acercar más al BC con las necesidades de política económica se creó un “Consejo Económico” que integran los titulares del Ministerio de Economía y del BC, inspirados se dice, en la experiencia brasileña. Consultados varios colegas del país vecino señalan que la impronta la define Henrique Meirelles, el Presidente del Banco Central que proviene del Bank Boston y que fuera la carta de confianza y seguridad otorgada al poder económico mundial de parte de Lula. Dicen que el Ministro de Hacienda de Brasil, Guido Mantega es neo desarrollista y el titular del BC un neoliberal consumado. Queda el interrogante si en política se aplica la máxima matemática relativa a “que el orden de los factores no altera el producto”, ya que Marcó del Pont proviene del desarrollismo y Amado Boudou (Ministro de Economía de Argentina) registra antecedentes en la UCD, el partido que inspiró el pope del neoliberalismo argentino: el inefable Álvaro Alsogaray.
La experiencia de Brasil
Desde diciembre de 1964 funciona en Brasil el Consejo Monetario Nacional (CMN)[1] con el objetivo de coordinar la política macroeconómica con la política industrial, comercial, etc. Estamos hablando de un periodo desarrollista en el Brasil, de acelerada industrialización y el CMN funcionaba con los aportes de funcionarios de los ministerios de planeamiento, agricultura, industria, comercio, trabajo, interior; pero también lo hacían representantes de la banca regional o del propio Banco de Desarrollo (BNDES), e incluso expresiones del movimiento de trabajadores. La idea apuntaba hacia la convergencia de la política monetaria y fiscal, con presencia (por lo menos en la letra) de fuerzas sociales. Desde 1995 con el Plan Real (Fernando Henrique Cardoso), el CMN se redujo a las presencias de los ministerios de Hacienda y Planeamiento, junto al Presidente del BC.
La modalidad que inspira a la Argentina está más próxima a esta versión que a la originaria, aún cuando Marcó del Pont sostiene que se tratará de “profundizar el modelo económico de desarrollo industrial”. Algunas opiniones desde Brasil sostienen que el CMN en nada impide el accionar tradicional del BC, máxime con la titularidad de Henrique Meirelles, puesto en dicha función en la Presidencia Lula. Algunos esperaban que con la llegada de Guido Mantega al Ministerio de Hacienda en 2006 hubiera límites a la orientación del BC, especialmente luego de la convergencia de Meirelles con Antonio Palloci, primer ministro de hacienda del gobierno de Lula y claro promotor de la continuidad de las políticas neoliberales.
La experiencia brasileña reconoce también el Consejo de Desarrollo Económico (CDE) creado por la administración de Lula en 2003, inspirado conceptualmente en la composición del primer CMN, por lo menos tal como funcionó en los 60´ y 70´ y que luego mutó en los 80´ y como señalamos con la crisis de mediados de los noventa. La realidad de incidencia del CDE es escasa ante la presencia hegemónica de las concepciones subordinadas al mainstream, la corriente principal en política económica. Más allá de las voluntades políticas en el gobierno y los funcionarios del BC, sectores del movimiento social de Brasil insisten en la ausencia de una presencia más importante de la dinámica social “resistente” para constituir una fuerza sociopolítica que bregue por otro orden económico y social. La correlación de fuerzas políticas es lo que define la hegemonía a favor de la banca y su proyecto liberalizador. La práctica del CMN y más precisamente del Comité de Política Monetaria (COPOM), integrado por funcionarios del BC de Brasil, está concentrada en la metas de inflación, una estrategia sugerida desde los organismos financieros internacionales y que en la Argentina pretendió instrumentar Alfonso Prat Gay cuando estuvo al frente del BC (diciembre 2002 a setiembre 2004). Es la concepción mayoritaria de la banca central mundial y se asocia a la concepción monetarista de control inflacionario, con independencia del efecto que genera en el empleo y la producción de los países en que se aplica. Una de las políticas centrales del COPOM se concentra en la fijación de la tasa de interés. Los sectores menos concentrados de la economía brasileña reclaman por el excesivo nivel de los intereses que conspiran para el desarrollo de una producción no monopolista y se presentan presiones para extender la participación del movimiento popular en los ámbitos de decisión del COPOM. En Brasil como en Argentina, la cuestión se define según sea la capacidad de acumulación política de poder de las clases subalternas o de las dominantes.
La deuda como condicionante estructural
La deuda comprometida entre 1976 y 1983 condiciona el régimen constitucional hasta nuestros días. Sin esa hipoteca no habría habido financiamiento para la militarización del país, el conflicto con Chile y Gran Bretaña; pero sobre todo para la represión y disciplinamiento del movimiento popular. El objetivo final del régimen dictatorial apuntaba a debilitar la capacidad de resistencia para avanzar en la reestructuración regresiva del capitalismo en Argentina. El endeudamiento externo fue el mecanismo económico privilegiado para ese fin liberalizador.
Los recursos ingresados sirvieron para endeudar empresas públicas, usado luego como argumento para las privatizaciones en los 90´, con la secuela de desempleo, marginación, empobrecimiento, desarticulación del aparato productivo y extranjerización de la economía. Los préstamos obtenidos a bajo interés, pero con tasas variables elevaron los servicios de la deuda ante la política estadounidense que llevó la tasa de interés a casi 20% a fines de los 70´ (la iniciativa Volcker de 1979 bajo la administración de Ronald Reagan). Eso hizo impagable la deuda y motivó los recurrentes procesos de negociación en cada turno constitucional.
Del default con bancos transnacionales en 1983 se pasó, Plan Brady (1992) mediante, a la cesación de pagos con tenedores de títulos a fines del 2001. El cambio de acreedores (de bancos a titulares de bonos) resulta de la maniobra realizada por los banqueros, el tesoro estadounidense y el gobierno de Menem y Cavallo. Buena parte de esa deuda impagable estaba en manos de tenedores locales de títulos, situación que afectó a los fondos previsionales, propietarios de deuda por decisión gubernamental asociada a la privatización de las jubilaciones.
La deuda es ilegítima en origen y promovió una amplia concentración del ingreso y la riqueza. Ante la continuidad de una hipoteca impagable y ya cancelada varias veces, la sociedad necesita resolver su independencia, más aún en tiempos de bicentenario. Por lo tanto el debate prioritario es si Argentina continúa sometida a la disciplina del sistema mundial en crisis, o repudia la deuda y encara con decisión la construcción de una nueva arquitectura financiera mundial.
Es un camino que se recorre en la región, con la Auditoria de la deuda ecuatoriana; la salida de Bolivia del CIADI; la construcción del Banco del ALBA y el SUCRE, como moneda regional de intercambio. Un paso en ese sentido sería el funcionamiento del demorado Banco del Sur y el manejo compartido de reservas regionales que superan los 500.000 millones de dólares para cambiar el modelo productivo y el patrón de consumo. Todo con el fin de resolver las necesidades sociales insatisfechas y salir de la crisis capitalista con soberanía alimentaria, energética y financiera.
- Julio C. Gambina es Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Fundador de ATTAC-Argentina. www.juliogambina.blogspot.com
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[1]http://www.bcb.gov.br/?CMNCOMPOS Puede encontrarse en esta página oficial del BC de Brasil el listado de todos los participantes del CMN desde su creación, incluso los representantes de la clase trabajadora, de la banca regional y de los distintos ámbitos oficiales. No resulta un dato menor verificar que la información está en el sitio del Banco Central, lo que define el peso de la entidad en el Consejo.
lunes, 22 de febrero de 2010
jueves, 11 de febrero de 2010
Venezuela y el cambio en América Latina
por Angel Guerra Cabrera - Fuente: La Jornada
A once años de gobierno de Hugo Chávez la revolución Bolivariana cuenta con un saldo muy positivo. No obstante sus brillantes conquista sociales, tal vez el hecho más importante en su haber sea la influencia que ha ejercido en el gran cambio político experimentado por América Latina, la única región del mundo donde se ha establecido un frente de gobiernos y fuerzas populares que se oponen al neoliberalismo y abogan por la independencia, la soberanía, la justicia social, la democracia participativa y la integración solidaria de sus naciones. Sin ese vuelco político continental que tanto ha impulsado, entrelazado y apoyado sin reservas Venezuela, me atrevería a afirmar que la revolución Bolivariana -y acaso la Cubana- difícilmente habrían podido atravesar solas el desierto ideológico, político y moral deja do por el derrumbe del socialismo real y la implantación de las políticas neoliberales. Cuando se escriba la historia de esta época en América Latina será indispensable valorar cuanto aportó a ella la creativa interacción surgida del compañerismo y la amistad entre Fidel Castro y Hugo Chávez.
Hablemos ahora sintéticamente de los logros del gobierno bolivariano. La aguda visión de Chávez sobre la importancia geopolítica del petróleo se manifestó en la revitalización de la moribunda OPEP bajo su liderazgo, que se tradujo en el aumento del precio desde 7 dólares el barril a los 70 actuales. Ello sentó las bases para romper con la subordinación colonial del petróleo venezolano a los intereses del imperio establecida por los gobiernos neoliberales. Quedó completado cuando la derrota del golpe de Estado y de la huelga petrolera retornó al Estado las palancas fundamentales de decisión sobre la industria. Esto permitió a Chávez convertir al petróleo en un poderoso instrumento de redistribución de riqueza, de verdadero desarrollo económico, de integración latinoamericana y de una política exterior independiente que diversificó sus relaciones políticas y económicas en el mundo. Fue así que pudo disponerse de los fondos para las Misiones Sociales, cuyo efecto ha sido muy benéfico en la elevación de la calidad de vida y de la conciencia política de los mayoritarios segmentos excluidos hasta 1998. Las misiones consiguieron sacar de la pobreza y la miseria a millones, liquidar el analfabetismo, hacer que creciera la matrícula escolar un 24 por ciento, incluyendo cientos de miles de adultos egresados de sexto grado, secundaria, bachillerato y carreras profesionales.
Las Misiones Barrio Adentro I y II han revolucionado los servicios de salud que ahora están al alcance de todos gratuitamente y cuentan con cientos de centros de excelencia, como los de diagnóstico integral.
La misión Mercal ha distribuido millones de toneladas de alimentos a precios subvencionados. Más de 4 millones de escolares reciben alimentos gratuitamente. Vene zuela ha pasado a ser un país de desarrollo humano alto, 7 puntos por encima de 1998, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Son avances sociales inimaginables antes de la revolución Bolivariana pero el propio Chávez no está conforme con ellos pues con los recursos energéticos de Venezuela no debería existir pobreza. Por eso insiste en la necesidad de avanzar hacia el socialismo radicalizando la revolución. De modo que ganar dos terceras partes de la Asamblea Nacional en septiembre es una cuestión de vida o muerte para el Partido Socialista Unido de Venezuela ya que ello asegura la radicalización de las conquistas sociales e impide que la contrarrevolución desmantele las leyes revolucionarias como ha alertado Chávez. Lograrlo exige un gran trabajo político pues aunque Chávez sea por mucho el líder más popular de Venezuela, esto no se traslada automáticamente a los candidatos del chavismo, a quienes los electores pueden pasar la cuenta por innumerables rémoras políticas con que carga la revolución a sus espaldas, sobre todo porque el poder popular no ha logrado aún suplantar al Estado burgués.
Pero la contrarrevolución prefiere la violencia a las elecciones -que teme perder- como se ha visto a lo largo de estos once años. Ello se inserta en el marco de la ofensiva de Estados Unidos contra las fuerzas revolucionarias y progresistas de América Latina, que tuvo jalones importantes con las bases en Colombia, el golpe en Honduras y la virtual ocupación militar de Haití pero cuyo objetivo principal es destruir la revolución Bolivariana.
A once años de gobierno de Hugo Chávez la revolución Bolivariana cuenta con un saldo muy positivo. No obstante sus brillantes conquista sociales, tal vez el hecho más importante en su haber sea la influencia que ha ejercido en el gran cambio político experimentado por América Latina, la única región del mundo donde se ha establecido un frente de gobiernos y fuerzas populares que se oponen al neoliberalismo y abogan por la independencia, la soberanía, la justicia social, la democracia participativa y la integración solidaria de sus naciones. Sin ese vuelco político continental que tanto ha impulsado, entrelazado y apoyado sin reservas Venezuela, me atrevería a afirmar que la revolución Bolivariana -y acaso la Cubana- difícilmente habrían podido atravesar solas el desierto ideológico, político y moral deja do por el derrumbe del socialismo real y la implantación de las políticas neoliberales. Cuando se escriba la historia de esta época en América Latina será indispensable valorar cuanto aportó a ella la creativa interacción surgida del compañerismo y la amistad entre Fidel Castro y Hugo Chávez.
Hablemos ahora sintéticamente de los logros del gobierno bolivariano. La aguda visión de Chávez sobre la importancia geopolítica del petróleo se manifestó en la revitalización de la moribunda OPEP bajo su liderazgo, que se tradujo en el aumento del precio desde 7 dólares el barril a los 70 actuales. Ello sentó las bases para romper con la subordinación colonial del petróleo venezolano a los intereses del imperio establecida por los gobiernos neoliberales. Quedó completado cuando la derrota del golpe de Estado y de la huelga petrolera retornó al Estado las palancas fundamentales de decisión sobre la industria. Esto permitió a Chávez convertir al petróleo en un poderoso instrumento de redistribución de riqueza, de verdadero desarrollo económico, de integración latinoamericana y de una política exterior independiente que diversificó sus relaciones políticas y económicas en el mundo. Fue así que pudo disponerse de los fondos para las Misiones Sociales, cuyo efecto ha sido muy benéfico en la elevación de la calidad de vida y de la conciencia política de los mayoritarios segmentos excluidos hasta 1998. Las misiones consiguieron sacar de la pobreza y la miseria a millones, liquidar el analfabetismo, hacer que creciera la matrícula escolar un 24 por ciento, incluyendo cientos de miles de adultos egresados de sexto grado, secundaria, bachillerato y carreras profesionales.
Las Misiones Barrio Adentro I y II han revolucionado los servicios de salud que ahora están al alcance de todos gratuitamente y cuentan con cientos de centros de excelencia, como los de diagnóstico integral.
La misión Mercal ha distribuido millones de toneladas de alimentos a precios subvencionados. Más de 4 millones de escolares reciben alimentos gratuitamente. Vene zuela ha pasado a ser un país de desarrollo humano alto, 7 puntos por encima de 1998, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Son avances sociales inimaginables antes de la revolución Bolivariana pero el propio Chávez no está conforme con ellos pues con los recursos energéticos de Venezuela no debería existir pobreza. Por eso insiste en la necesidad de avanzar hacia el socialismo radicalizando la revolución. De modo que ganar dos terceras partes de la Asamblea Nacional en septiembre es una cuestión de vida o muerte para el Partido Socialista Unido de Venezuela ya que ello asegura la radicalización de las conquistas sociales e impide que la contrarrevolución desmantele las leyes revolucionarias como ha alertado Chávez. Lograrlo exige un gran trabajo político pues aunque Chávez sea por mucho el líder más popular de Venezuela, esto no se traslada automáticamente a los candidatos del chavismo, a quienes los electores pueden pasar la cuenta por innumerables rémoras políticas con que carga la revolución a sus espaldas, sobre todo porque el poder popular no ha logrado aún suplantar al Estado burgués.
Pero la contrarrevolución prefiere la violencia a las elecciones -que teme perder- como se ha visto a lo largo de estos once años. Ello se inserta en el marco de la ofensiva de Estados Unidos contra las fuerzas revolucionarias y progresistas de América Latina, que tuvo jalones importantes con las bases en Colombia, el golpe en Honduras y la virtual ocupación militar de Haití pero cuyo objetivo principal es destruir la revolución Bolivariana.
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